RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05641-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05641-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05641-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: LEVANTAR la medida de suspensión provisional dictada en el auto del 12 de septiembre de 2025, proferido en el curso de la presente acción constitucional. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el Departamento de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05641-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05641-00
Accionante: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Tema: Tutela contra providencia judicial — subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de la Guajira.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del primero de agosto de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El Departamento de La Guajira presentó acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo de la Guajira, con el fin de que se proteja su derecho
fundamental al debido proceso.

2. La anterior garantía constitucional la estimó vulnerada con ocasión de los
autos con consecutivo 388 y 401 dictados el 30 de julio de 2025 por la autoridad
judicial accionada. Mediante estas decisiones, el tribunal libró mandamiento de
pago y decretó como medida cautelar el embargo y retención de unos dineros del
departamento de La Guajira. Esto, al interior del proceso ejecutivo con radicado
44001-23-40-000-2024-00134-00.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionadas al
Tribunal Administrativo de La Guajira. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Unión Temporal
del Norte, de la señora Esmeralda Villamil López, en su calidad de promotora del Acuerdo de
Reestructuración y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta última, en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
A su vez, se decretó la suspensión provisional del auto 401 del 30 de julio de 2025 que decretó
las medidas cautelares contra el Departamento de La Guajira en el proceso ejecutivo con
radicado 44001-23-40-000-2024-00134-00.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

SUSPENDER PROVISIONALMENTE -Y DE MANERA INMEDIATA- los
efectos de las decisiones contenidas en los autos del 30 de julio de 2025,
dictados por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en el marco del proceso
con radicado No. 44-001-23-40-000-2024-00134-00, a través de los cuales
se libró mandamiento de pago y decretaron medidas cautelares en contra del
Departamento de La Guajira.

DEJAR SIN EFECTOS los autos del 30 de julio de 2025, dictados por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, en el marco del proceso con radicado
No. 44-001-23-40-000-2024-00134-00, a través de los cuales se libró
mandamiento de pago y decretaron medidas cautelares en contra del
Departamento de La Guajira; en consecuencia:

ORDENAR al Tribunal Administrativo de La Guajira que SUSPENDA el
proceso ejecutivo adelantado bajo el radicado No. 44-001-23-40-000-2024-
00134-00, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 550 de
1999.

1.2. Hechos

4. Mediante Resolución 2384 del 3 de diciembre de 2020, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público dio inicio al proceso de reestructuración del
Departamento de la Guajira. El 30 de junio de 2022, se celebró el Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos del Departamento de la Guajira

5. Por su parte, la Unión Temporal del Norte adelantó un proceso de
controversias contractuales contra el Departamento de la Guajira, en el que el
Tribunal Administrativo de la Guajira dictó sentencia condenatoria del 26 de
octubre de 2022 contra el ente territorial y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

TERCERO: En lo que fue objeto de este proceso, DECLARAR liquidado
judicialmente el contrato de obra pública N.º 770 de 2009, suscrito entre la Unión
Temporal del Norte y el Departamento de La Guajira. En consecuencia, se
CONDENA al departamento de La Guajira, a pagar a la Unión Temporal del Norte
la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($8.222.580.161,91), por concepto de saldo a favor.
(…)
CUARTO: CONDENAR al departamento de La Guajira a pagar a la Unión
Temporal del Norte la suma de DOCE MIL TREINTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
($12.036.555.906), por concepto de intereses, por la mora en sobre las facturas
de cobro Nros. 0119, 0120, 0121, 0124, y 0125.

6. Esta sentencia no fue apelada por ninguna de las partes.

7. El 28 de octubre de 2023, se modificó el Acuerdo de Reestructuración de
pasivos de la entidad territorial y, entre otras cosas, se incluyó el valor indicado
en el ordinal tercero de la sentencia del 26 de octubre de 2022.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

8. La Unión Temporal del Norte presentó demanda ejecutiva en contra del
Departamento de La Guajira, con el fin de que se condenara a la entidad territorial
a pagar la suma de $20’259.136.067,92 en virtud de lo dictado en el ordinal
tercero y cuarto del fallo referenciado, con inclusión de los intereses moratorios
causados.

9. Mediante auto del 30 de julio de 2025, consecutivo 388, el Tribunal
Administrativo de la Guajira decidió lo siguiente: i) negó el mandamiento de pago
solicitado por la unión temporal por la suma de $8’222.580.161,92 contenida en
el ordinal tercero de la sentencia de controversias contractuales, en la medida en
que dicho monto se incluyó en el acuerdo de reestructuración, con la modificación
del 28 de octubre de 2023; ii) ordenó a la entidad territorial pagar a la unión
temporal la suma de $12’036.555.906, reconocida en el numeral cuarto de dicho
fallo, con inclusión de los intereses moratorios causados sobre dicho valor.

10. El tribunal consideró que la Unión Temporal del Norte fue reconocida como
acreedora del Departamento de La Guajira en el del proceso de reestructuración
de pasivos, por el valor neto de $8’222.580.161,92, contenido en el ordinal tercero
del fallo. Por tanto, sostuvo que esta suma estaba cobijada por la regla de
inejecutabilidad consagrada en el numeral 13 del artículo 53 de la Ley 550 de
1999, dado que se incluyó como acreencia por pagar dentro de dicho acuerdo de
negociación de pasivos.

11. Indicó que, sin embargo, la suma de $12’036.555.906 dispuesta en el
numeral cuarto de la sentencia que constituye la base de recaudo ejecutivo, no
fue incluida en dicho acuerdo de reestructuración ni en su modificación.
Argumentó que, por tanto, dicho valor no estaba cobijado por la regla de
inejecutabilidad, en la medida en que surgió con posterioridad al inicio de la
negociación del ente territorial con sus acreedores. A su vez, concluyó que se
encontraban acreditados los requisitos formales y sustanciales del título
ejecutivo, por lo que ordenó el pago de dicha suma.

12. A su vez, en auto del 30 de julio de 2025, consecutivo 401, el Tribunal
Administrativo de La Guajira decretó el embargo y la retención de los dineros de
la entidad territorial que tuviera en cuentas de ahorro, corrientes, depósitos a
término de las siguientes entidades: Banco de Bogotá, Banco BBVA Colombia,
Banco Popular, Banco AV Villas, Bancolombia, Banco de Occidente, Banco
Agrario de Colombia, Bancoomeva S.A., Banco Davivienda S.A. Limitó esta
medida a la suma de $18.054’833.859, «que corresponde a una y media veces
el valor adeudado por la ejecutada, de conformidad con lo establecido en el 10
del artículo 593 del C.G.P., en concordancia con el inciso tercero del artículo 599
ibidem».

13. De igual forma, para la efectividad de la medida, decidió que no se
embargarían las cuentas de ahorro y corrientes que contengan los siguientes
recursos: i) los que pertenezcan al sistema general de participaciones; ii) dineros
pertenecientes al sistema general de seguridad social en sus componentes de

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

salud y pensiones; iii) recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas
exclusivamente a favor de la Nación Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, iv) los destinados
al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo de Contingencias.

14. Inconforme con ello, el ente territorial promovió recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación, contra el auto que decretó las medidas cautelares.
Sostuvo que, de conformidad con la Ley 550 de 1999 – en particular, el artículo
58, numeral 13 – y con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible
iniciar procesos ejecutivos ni embargos contra las entidades territoriales que
hayan celebrado acuerdos de reestructuración, como es el caso del
Departamento de La Guajira. En tal sentido, aseguró que cualquier orden judicial
que dicte medidas cautelares contra estas entidades va en contra del
ordenamiento jurídico. Agregó que dicha medida pone en riesgo la estabilidad
financiera del ente territorial, vulnera el principio de igualdad entre sus acreedores
y el orden de prelación establecido en el acuerdo de reestructuración.

15. Mediante providencia del 3 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
de La Guajira decidió no reponer el auto del 30 de julio de 2025 y concedió, «en
el efectivo suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada»
contra dicha decisión. Sostuvo que la regla contemplada en el artículo 58 de la
Ley 550 de 1999 relacionada con la prohibición sobre embargos de activos de
una entidad territorial en proceso de reestructuración, no es una cláusula general
para todas las obligaciones, bajo el entendido de que debe tenerse en cuenta si
el crédito surgió con posterioridad al acuerdo y si fue incluido o no en sus
modificaciones. Esto, de acuerdo con lo previsto por el artículo 34 de la Ley 550
de 1999.

16. Agregó que la obligación objeto de recaudo nació con posterioridad a la
suscripción del acuerdo de reestructuración de pasivos, no fue incluida en su
totalidad en la modificación del acuerdo y tampoco fue pagada dentro de los 10
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia del 26 de octubre de 2022, por
lo que el crédito reconocido en el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo no
está cobijado por la regla de inejecutabilidad.

17. A su vez, indicó que la medida cautelar decretada no pone en riesgo la
estabilidad o funcionamiento de la entidad territorial, puesto que el embargo
ordenado «se ajusta a los criterios de inembargabilidad del presupuesto general
de la Nación, motivo por el cual se encuentran a salvo los recursos necesarios
para su funcionamiento y el pago de las acreencias laborales de sus empleados».
Concluyó que esta medida resulta legítima dentro del ordenamiento procesal
para exigir el pago de acreencias derivadas de providencias judiciales, de
conformidad con los artículos 594 y 599 del Código General del Proceso, motivo
por el cual le corresponde al deudor asumir las consecuencias adversas que
aquello pueda generarle en el manejo de sus recursos.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

18. A la fecha en que se profiere el presente fallo de tutela, no se ha dictado
auto que resuelve el recurso de apelación promovido por el Departamento de La
Guajira.

1.3. Sustento de la vulneración

19. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de La Guajira
incurrió en un defecto procedimental absoluto por apartarse del procedimiento
establecido en el artículo 58 de la Ley 550 de 1999. Lo anterior, puesto que, en
lugar de suspender el proceso ejecutivo de conformidad con tal disposición, la
autoridad judicial libró el mandamiento de pago y decretó la medida cautelar de
retención y embargo de los dineros de la entidad territorial.

20. Sostuvo que dicha norma establece que durante la negociación y
ejecución del acuerdo de reestructuración no se podrán iniciar procesos
ejecutivos ni tampoco se podrán decretar embargos sobre activos o recursos de
la entidad. Agregó que los procesos que se inicien deberán ser suspendidos de
pleno derecho. Aseguró que tal disposición no distingue entre acreencias
anteriores y posteriores al acuerdo y, por tal motivo, no era posible que el juez
realizara dicha distinción la cual no se encuentra prevista en tal artículo.

21. Señaló que, si se sigue la interpretación llevada a cabo por la autoridad
judicial en relación con la interpretación armónica que debe darse de los artículos
19 y 34 de la Ley 550 de 1999, se configuraría una antinomia entre lo consagrado
en estas disposiciones –en particular, el numeral 9 del artículo 34– y el artículo
58 de dicha normatividad y, por tanto, sería necesario recurrir al artículo 5 del
Código Civil. Indicó que este dispone la preferencia de la norma posterior, en el
caso en que dos disposiciones de un mismo código entren en contradicción.
Añadió que, en aplicación de tal criterio, sería necesario aplicar lo estipulado en
el artículo 58 al ser posterior al 34.

22. Argumentó que se reúnen la totalidad de los elementos para la
configuración del cargo, en la medida en que: i) no es posible esperar a que el
tribunal corrija el yerro en el curso del proceso ordinario, puesto que se
configuraría un perjuicio irremediable que afectaría al conjunto del Departamento
de La Guajira; ii) el defecto es manifiesto, pues para su análisis únicamente es
necesario confrontar lo resuelto por el juez al decretar la medida cautelar, y lo
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 550 de 1999; iii) el yerro fue advertido en el
trámite ordinario y se radicaron los respectivos recursos; iv) la situación es
únicamente imputable al tribunal y, v) es evidente al vulneración de derechos
fundamentales.

23. Aseguró que el tribunal accionado incurrió en desconocimiento del
precedente de la Sentencia C-493 del 2002, en la que la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad del numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999.
Afirmó que, en dicha providencia, el alto tribunal indicó que las medidas allí
consagradas eran razonables y proporcionales, puesto que no constituían una

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia.

24. Puso de presente que en la Sentencia C-061 de 2010, la Corte
Constitucional manifestó que las restricciones dispuestas en dicho artículo eran
aplicables a todos los créditos, sin distinción entre si eran anteriores o posteriores
al acuerdo de reestructuración vigente. Agregó que, en tal sentido, la
imposibilidad de adelantar procesos ejecutivos se presenta sin distinción alguna
en relación con el momento de la acreencia.

25. Expuso que el tribunal desconoció su propio precedente establecido en un
asunto estudiado en el auto del 20 de mayo de 2023, en el proceso con radicado
44-001-23-40-000-2018-00077-00, en el que ordenó la suspensión del proceso
ejecutivo adelantado por la Unión Temporal Turismo Guajiro UT contra el
Departamento de La Guajira. Argumentó que, en tal sentido, el tribunal habría
variado su interpretación del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, sin cumplir con la
carga requerida para ello.

26. Ahora bien, en relación con el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, sostuvo que, si bien está en trámite el recurso de apelación
promovido contra el auto objeto de la acción de tutela, dadas las implicaciones
que las medidas cautelares decretadas contra el departamento pueden acarrear,
es necesaria la intervención del juez constitucional, a fin de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.

1.4. Intervenciones

27. El Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción constitucional al no cumplirse con el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que los recursos promovidos por el ente
accionante en el proceso ejecutivo son el escenario en el que se debe dar trámite
al debate jurídico planteado en este mecanismo de amparo. Agregó que la
apelación se encuentra en curso y que será el Consejo de Estado, como juez de
la segunda instancia, quien deberá definir el fondo del asunto, por lo que no es
posible la intervención del juez de tutela en este caso.

28. A su vez, sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional, pues
lo pretendido es imponer a la autoridad judicial la interpretación del numeral 13
del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 que más se ajusta a los intereses de la
parte actora. Argumentó que, en esta medida, el asunto que se debate es de
simple legalidad, lo que desnaturaliza el objeto de esta acción constitucional.

29. La Unión Temporal del Norte solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción, en la medida en que la parte actora interpuso el recurso de
reposición y, en subsidio, el de apelación, mecanismos que son idóneos para la
defensa judicial de la entidad territorial. Aseguró que en el asunto no se configura
un perjuicio irremediable puesto que las medidas cautelares decretadas no
fueron practicadas por las entidades financieras, lo cual desestima la urgencia de

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

la acción de tutela.

30. Puso de presente que la parte actora no acreditó el perjuicio irremediable
cuya configuración alega, en la medida en que no aportó ninguna documentación
equivalente a algún balance, estado de cuenta, obligación económica, etc. que
probara que la retención de dineros ordenada por el tribunal generaría tal daño
impostergable.

31. La señora Esmeralda Villamil López, en su calidad de promotora del
acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento de La Guajira, brindó
un contexto detallado sobre dicho trámite y la normatividad que lo regula. Sostuvo
que el proceso ejecutivo adelantado contra la entidad territorial con el fin de que
se efectúe el pago de los intereses reconocidos en la sentencia del 26 de octubre
de 2022 desconoce los efectos de la negociación, celebración y ejecución de un
acuerdo de dicha naturaleza. Señaló que, a su vez, ello implica una desatención
a los principios de universalidad, colectividad e igualdad que gobiernan estos
procedimientos y un desconocimiento del numeral 8 del artículo 34 de la Ley 550
de 1999 que establece que todas las acreencias son susceptibles de
negociación, con inclusión de los intereses.

32. Argumentó que, de aceptar la tesis propuesta por el demandante en el
proceso ejecutivo, se desnaturalizaría el acuerdo de reestructuración, lo que
implicaría una afectación a las finanzas del departamento y el patrimonio público
de los guajiros. Lo anterior, debido a que es imposible financiar adicional a las
acreencias reestructuradas y la indexación reconocida, los intereses moratorios,
lo que, a su juicio, impediría la satisfacción de las necesidades básicas
insatisfechas de su población y el cumplimiento de sus competencias.

II. CONSIDERACIONES

33. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el Departamento de La Guajira. En tal sentido, se demostrará que en el asunto
no se supera el requisito general de subsidiariedad.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

34. El Consejo de Estado3 y la Corte Constitucional4, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

cumplimiento de ciertos requisitos generales5 y a la configuración de algún
defecto especial6 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

35. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

36. Esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos
los requisitos de procedibilidad, como pasa a exponerse.

37. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

38. La Sala advierte que el Departamento de La Guajira está legitimado en la
causa por activa, en la medida en que fungió como demandada en el proceso
ejecutivo objeto de esta acción. A su vez, se evidencia que el Tribunal
Administrativo de La Guajira está legitimado en la causa por pasiva al haber
proferido la providencia controvertida en este proceso.

39. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales7: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo8 y eficaz9; y, ii) como mecanismo de protección transitorio.

40. Para la Sala, este requisito no se advierte cumplido en la medida en que,
como se expuso con antelación, la entidad accionante interpuso recurso de

5 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
6 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
8 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
9 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

reposición y, en subsidio, el de apelación, contra el auto del 30 de julio de 2025
mediante el cual el Tribunal Administrativo de La Guajira decretó la medida de
embargo y retención de dineros del ente territorial. Por medio de tal mecanismo,
la demandante alegó que, de conformidad con la Ley 550 de 1999 y con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible iniciar procesos ejecutivos
ni embargos contra las entidades territoriales que hayan celebrado acuerdos de
reestructuración. A su vez, advirtió que las medidas dictadas ponen en riesgo la
estabilidad financiera del departamento.

41. Como se puso de presente, si bien el recurso de reposición ya fue resuelto
por el tribunal accionado mediante el auto del 3 de octubre de 2025, a la fecha
en que se profiere el presente fallo de tutela no se ha dictado la respectiva
providencia de segunda instancia en la que se dé trámite a la apelación
promovida por la entidad territorial. A su vez, tampoco se ha llevado a cabo la
respectiva asignación por reparto al despacho judicial que corresponda en el
Consejo de Estado, de conformidad con la información que reposa en Samai.

42. En tal sentido, se concluye que a la fecha en la que se profiere esta
sentencia se encuentra en trámite un mecanismo promovido por la entidad
tutelante contra la providencia objeto de esta acción constitucional, motivo por el
cual el juez de tutela no puede intervenir de manera previa al agotamiento de
dicho medio judicial idóneo para la protección de las garantías constitucionales
invocadas por el actor. En efecto, es la autoridad competente de conocer el
recurso de apelación promovido quien debe pronunciarse, en sede de segunda
instancia del proceso ejecutivo, sobre la legalidad de las medidas cautelares de
embargo y retención de dineros del Departamento de la Guajira que ordenó el
tribunal accionado. Dado que el objeto de este mecanismo de amparo es,
precisamente, la suspensión inaplicación de tales medidas, el juez de tutela no
puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, puesto que estaría invadiendo la
órbita de competencia del juez natural de la causa.

43. De igual forma, será el Consejo de Estado la autoridad que, como órgano
de cierre en la materia, deberá decidir sobre la continuidad del proceso ejecutivo
y estudiar si el ordenamiento jurídico brinda la posibilidad de que se adelante este
trámite contra el Departamento de La Guajira, tomando en consideración el
acuerdo de reestructuración de pasivos que ha suscrito el ente territorial.

44. Ahora bien, la entidad territorial argumentó que, a pesar de que se
encuentra en trámite el recurso de apelación promovido contra el auto objeto de
esta acción constitucional, es necesaria la intervención del juez de tutela con el
fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Esto, dado que, a su
juicio, las medidas cautelares decretadas afectan la estabilidad financiera del
conjunto del Departamento de La Guajira.

45. Al respecto, es necesario poner de presente que, mediante la providencia
del 3 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira concedió «en
el efectivo suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada»

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

contra el auto del 30 de julio de 2025, motivo por el cual los efectos del decreto
del embargo y retención de los dineros del ente departamental se encuentran
suspendidos hasta que el Consejo de Estado dicte la decisión de segunda
instancia que corresponda. Esto cuenta con la suficiencia para descartar
cualquier argumento sobre el perjuicio irremediable alegado por la entidad
territorial10.

46. Por su parte, se enfatiza en que del embargo de dineros ordenado en la
providencia censurada, se excluyeron los siguientes recursos: i) los que
pertenezcan al sistema general de participaciones; ii) dineros pertenecientes al
sistema general de seguridad social en sus componentes de salud y pensiones;
iii) recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas exclusivamente a
favor de la Nación Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, iv) los destinados al pago de
sentencias y conciliaciones y al Fondo de Contingencias.

47. A su vez, en el auto del 3 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
de La Guajira aseguró que la medida decretada no pone en riesgo la estabilidad
o funcionamiento de la entidad territorial, puesto que el embargo ordenado «se
ajusta a los criterios de inembargabilidad del presupuesto general de la Nación,
motivo por el cual se encuentran a salvo los recursos necesarios para su
funcionamiento y el pago de las acreencias laborales de sus empleados».

48. Finalmente, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, ninguna de las entidades financieras a las que se dictó la medida de
embargo de recursos ejecutó la medida, debido a que todas las cuentas que
reposan bajo su administración poseen recursos de naturaleza inembargable,
según fue informado por aquellas en el curso del proceso ejecutivo.

49. En virtud de lo anterior, se concluye que, actualmente, no se acredita la
configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
de tutela en la controversia propuesta por la entidad territorial. Por tanto, será en
el marco del proceso ejecutivo en curso que el juez competente estudiará los
reparos expuestos por el Departamento de La Guajira.

2.2. Conclusión

50. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de subsidiariedad

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

10 Al respecto, es necesario poner de presente que, si bien el magistrado ponente de la presente

decisión dictó como medida provisional la suspensión de los efectos del auto objeto de la presente
acción, lo cierto es que a ese momento el Tribunal Administrativo de La Guajira no había dictado
la providencia que concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Departamento de La Guajira
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05641-00

III. FALLA

PRIMERO: LEVANTAR la medida de suspensión provisional dictada en el auto
del 12 de septiembre de 2025, proferido en el curso de la presente acción
constitucional.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por el Departamento de La Guajira, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.