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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05648-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05648-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las solicitudes de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hermes Fabián Medina Fajardo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05648-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

23 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05648-00
Demandante: Hermes Fabián Medina Fajardo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 23 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05648-00
Demandante: HERMES FABIÁN MEDINA FAJARDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tema: Contra providencia que denegó en segunda instancia demanda de
nulidad electoral. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito
general de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Hermes Fabián Medina Fajardo contra
el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 9 de septiembre de 2025 1 , en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, el demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio del tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 20 de febrero de 2025, con la que el Consejo de Estado, Sección Quinta,
decidió en segunda instancia el proceso de nulidad electoral 41001-23-33-000-2024-
00010-00/01/02.

2. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes pretensiones:
Ordenar al Consejo de Estado - Sección Quinta que, en sede de revisión de tutelas, anule la Sentencia
de Segunda Instancia proferida el 20 de febrero de 2025, Radicado No 41001-23-33-000-2024-00010-
02 y, en su lugar, emita un nuevo fallo donde se valore integral y razonablemente las pruebas aportadas
de conformidad con la jurisprudencia, en especial las que demuestran la conducta pública de apoyo al
partido político diferente por el cual fue elegido, y se DECLARE NULA LA ELECCIÓN del concejal ABEL
MENDOZA VÁSQUEZ por el municipio de Neiva.

8.4. Ordenar al Consejo de Neiva y demás autoridades competentes que, una vez ejecutoriada la
sentencia que anule la elección, proceda a cubrir la curul conforme a lo establecido en la ley para estos
casos.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Abel Mendoza Vásquez se inscribió como candidato al concejo de Neiva por el
Partido Alianza Social Independiente (ASI) a las elecciones del 29 de octubre de 2023, en
las que alcanzó el número de votos requerido para ser designado como cabildante de esa
ciudad en el período 2024-2027.
1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05648-00
Demandante: Hermes Fabián Medina Fajardo

En la contienda también participó el señor Hermes Fabián Medina Fajardo, quien no logró
obtener los sufragios necesarios para desempeñarse como concejal Neiva por el partido
ASI.

3.1 Proceso de nulidad electoral

El señor Hermes Fabián Medina Fajardo promovió demanda de nulidad electoral contra la
elección de Abel Mendoza Vásquez (a la que se le asignó el número de radicación 41001-
23-33-000-2024-00010-00/01/02), al considerar que había incurrido en doble militancia al
apoyar públicamente al candidato a la asamblea del Huila por el Partido Liberal
Colombiano, Sergio Andrés Trujillo Perdomo.

Que el mencionado apoyo se realizó durante una reunión organizada el 21 de octubre de
2023 por el aspirante a la alcaldía de Neiva Amín Losada Perdomo, en la que el señor Abel
Mendoza Vásquez preguntó al público «¿dónde están los amigos de nuestro próximo diputado
Sergio Trujillo?», quien no integraba el ASI y tampoco la coalición «Alma del Huila», creada
con las organizaciones Dignidad y Compromiso, Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente y
Gente en Movimiento, las cuales apoyaban a Jhon Alexander Trujillo Ninco a la Asamblea
del Huila.

El asunto lo conoció el Tribunal Administrativo del Huila, que el 29 de enero de 2024 lo
admitió, por lo que se avisó a la comunidad de ese trámite en cumplimiento del literal c del
artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa
(CPACA), ante lo cual el señor Alfonso Durán Villareal acudió a las diligencias como
coadyuvante del demandante, para lo cual allegó unas pruebas2, decretadas el 20 de junio
de 2024.

Con sentencia del 2 de septiembre de 2024, el aludido Tribunal declaró la nulidad de la
elección de Abel Mendoza Vásquez como concejal de Neiva al considerar que incurrió en
doble militancia en la modalidad de apoyo, comoquiera que al preguntar a los asistentes
en una reunión política «¿dónde están los amigos de nuestro próximo diputado Sergio Trujillo?»
secundó a este candidato, quien no pertenecía al partido político ASI ni integró la coalición
«Alma del Huila».

Que el señor Abel Mendoza Vásquez debía apoyar al candidato a la asamblea del Huila
Jhon Alexander Trujillo Ninco, porque fue inscrito por el partido ASI, y no a un aspirante de
otra colectividad, pero ello ocurrió, tal como se evidenciaba en los videos allegados, los
cuales se presumían auténticos en virtud de los artículos 243 del CPACA y 244 del Código
General del Proceso (CGP), máxime cuando el allí demandado no formuló tacha de
falsedad conforme al artículo 270 ibidem y se colmaron los parámetros jurisprudenciales3
para valorar esos mensajes de datos.

Contra la anterior decisión el señor Abel Mendoza Vásquez interpuso recurso de apelación,
en razón a que no debían tenerse en cuenta las pruebas allegadas por Alfonso Durán
Villareal y que el allí demandante no probó que fuera público el acuerdo de coalición «Alma
del Huila», en consecuencia, no acreditó que se conociera algún compromiso de «fidelidad
partidista», máxime cuando Jhon Alexander Trujillo Ninco no lo buscó para obtener su
respaldo.

Que como no había certeza de que Sergio Andrés Trujillo Perdomo hubiera obtenido algún
provecho por la pregunta que derivó en la demanda, que debía asumirse que no incurrió
en doble militancia en aras de salvaguardar su derecho fundamental a elegir y ser elegido.
También indicó que la doble militancia no estaba estipulada como causal de nulidad en los
artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 147 de 2011, por ende, no era dable
anular su elección. Por último, señaló que la aludida pregunta no comportaba un acto

2 Videos en los que el señor Abel Mendoza Vásquez aparecía discutiendo con otras personas.
3 Consejode Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, expediente 11001-03-28-000-2020-00017-00.
2

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Demandante: Hermes Fabián Medina Fajardo

positivo de apoyo a otro candidato.

Por medio de sentencia del 20 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
desató la mencionada apelación en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y
denegar la nulidad de la elección de Abel Mendoza Vásquez como concejal de Neiva.
Adujo que no era factible emitir un pronunciamiento sobre los argumentos del apelante
consistentes en que (i) la doble militancia no estaba prevista como causal de nulidad en los
artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011, ya que no fue
planteado a lo largo del proceso, por tanto, no era posible sorprender al demandante; y (ii)
debían excluirse los elementos de convicción allegados por Alfonso Durán Villareal, ya que
cobró ejecutoria el auto que decretó pruebas.

Que la pregunta «¿dónde están los amigos de nuestro próximo diputado Sergio Trujillo?»,
realizada por el demandado en la reunión política celebrada el 21 de octubre de 2023, no
comportaba el apoyo que exige la doble militancia en esa modalidad, dado que aconteció
a modo de saludo a las personas que allí estaban y dentro de un diálogo con Sergio Andrés
Trujillo Perdomo, en el que fingían que no había participación de la ciudadanía en el mitin,
lo que involucraba un acto de cortesía y no de apoyo.

Concluyó que la Corporación había precisado que la expresión «nuestro candidato» no
involucraba un apoyo indebido y, por ende, no conllevaba la configuración de doble
militancia, situación por la que debía revocarse la sentencia de primera instancia y
denegarse la anulación de la elección de Abel Mendoza Vásquez como concejal de Neiva.

4. Fundamentos de la tutela

El tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Adujo que la providencia cuestionada incurría en defecto fáctico, porque no advirtió que
Sergio Andrés Trujillo Perdomo no era candidato a la asamblea del Huila por el partido ASI,
por ende, el señor Abel Mendoza Vásquez lo apoyó públicamente al preguntar en una
reunión política «¿dónde están los amigos de nuestro próximo diputado Sergio Trujillo?», por
tanto, incurrió en doble militancia. Además, con la consideración en virtud de la cual se
denegó la nulidad de la elección del señor Mendoza Vásquez se impuso un «estándar
probatorio desproporcionado e irrazonable para acreditar la modalidad de apoyo de la doble
militancia».

Que la sentencia atacada también adolecía de desconocimiento de su precedente del
Consejo de Estado, pues su postura era uniforme en que el apoyo puede ser instantáneo
y no necesariamente sucesivo o repetitivo4, regla en virtud de la cual debió declararse la
nulidad de la elección de Abel Mendoza Vásquez, ya que la pregunta «¿dónde están los
amigos de nuestro próximo diputado Sergio Trujillo?», involucró respaldo político.

Concluyó que sus inconformidades se apoyaban en el salvamento de voto de una de las
integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el que se indicó que sí se
acreditó la modalidad de apoyo del entonces candidato Abel Mendoza Vásquez a un
aspirante a la asamblea del Huila que no era de su colectividad, por tanto, incurrió en doble
militancia.

5. Trámite procesal

Con auto del 12 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y
vincular como terceros con interés (i) a los magistrados de la Sala Tercera de Decisión

4 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias (i) 31 de octubre de 2018, expediente 11001-03-28-000-2018-00032-

00, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (ii) 8 de mayo de 2025, expediente 11001-03-28-000-2024-00057-00, M. P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
3

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Demandante: Hermes Fabián Medina Fajardo

del Tribunal Administrativo del Huila, quienes decidieron en primera instancia la demanda
de nulidad electoral 41001-23-33-000-2024-00010-00/01/02, (ii) a los señores Abel
Mendoza Vásquez, a los presidentes del Consejo Nacional Electoral y del Concejo de
Neiva y al registrador Nacional del Estado Civil por haber sido demandados en ese asunto
contencioso-administrativo, y (iii) al señor Alfonso Durán Villareal, quien actuó como
coadyuvante del tutelante en esas diligencias.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
19 de septiembre de 2025.

6. Intervenciones

La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del ponente de la providencia
cuestionada, afirmó que la tutela de la referencia no cumplía la exigencia de inmediatez,
comoquiera que fue presentada cuando ya habían trascurrido más de los 6 meses
previstos por la jurisprudencia constitucional como el término razonable para incoar la
solicitud de amparo contra decisiones judiciales.

Que el fallo reprochado se emitió en atención a una interpretación razonable de las
pruebas que obraban en el proceso de nulidad electoral 41001-23-33-000-2024-00010-
00/01/02, las cuales no demostraban que el señor Abel Mendoza Vásquez hubiese
incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo, por ende, no era procedente anular
su elección como concejal de Neiva. Además, el accionante pretendía obtener un nuevo
pronunciamiento sobre aspectos que fueron desestimados en sede contencioso-
administrativa, esto es, como una tercera instancia, lo desconocía su naturaleza
excepcional.

El Consejo Nacional Electoral, por conducto de apoderada, adujo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva en razón a que el demandante no le atribuyó
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio del jefe de su Oficina
Asesora Jurídica, aseveró, luego de trascribir la tutela, que sus funciones no se
relacionaban con las pretensiones del accionante, de ahí que careciera de legitimación
en la causa por pasiva. Asimismo, señaló que el accionante empleaba el amparo como
un mecanismo para reabrir el debate jurídico debidamente concluido a través de la
providencia cuestionada.

El señor Abel Mendoza Vásquez, por conducto de apoderado, adujo que la tutela de la
referencia devenía en improcedente por no satisfacer la exigencia de procedibilidad de
inmediatez, pues no se promovió dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la
sentencia que decidió en segunda instancia la demanda de nulidad electoral 41001-23-
33-000-2024-00010-00/01/02.

Que de las pruebas allegadas al mencionado asunto contencioso-administrativo no se
logró acreditar que haya incurrido en doble militancia en la modalidad de apoyo, pues la
pregunta que hizo durante la reunión celebrada el 21 de octubre de 2023 sobre Sergio
Andrés Trujillo Perdomo no comportó un respaldo político, sino un saludo protocolario, de
ahí que no haya incurrido en alguna actuación contraria el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Administrativo del Huila envió el link en el que reposa el proceso de nulidad
electoral 41001-23-33-000-2024-00010-00/01/02, pero no se pronunció sobre las
pretensiones del tutelante.

El presidente del Concejo de Neiva y Alfonso Durán Villareal guardaron silencio a pesar
de que se les notificó el auto admisorio de la presente acción de tutela.

4

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II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el sub examine, la Sala evidencia que en las contestaciones de la acción de tutela de
la referencia el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
adujeron que carecían de legitimación en la causa por pasiva porque el demandante no
les atribuyó vulneración de sus derechos fundamentales, solicitudes que deben
desestimarse puesto que esos organismos fueron demandados en el proceso de nulidad
electoral 41001-23-33-000-2024-00010-00/01/02, dentro del cual se emitió la providencia
aquí cuestionada, de manera que le asiste interés en este trámite constitucional.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 20 de febrero de 2025, con la
que el Consejo de Estado, Sección Quinta, decidió en segunda instancia el proceso de
nulidad electoral 41001-23-33-000-2024-00010-00/01/02.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela porque no cumple el
requisito general de inmediatez. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada 6 meses
y 13 días después de haber sido notificada la providencia cuestionada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5

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término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable y prudencial y sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda7,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las
situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»8.

5. Análisis del caso concreto

Para la Sala, la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez. En efecto,
consultado el proceso de nulidad electoral 41001-23-33-000-2024-00010-00/01/02 en el
aplicativo Samai, se advierte que la providencia del 20 de febrero de 2025, con la que el
Consejo de Estado, Sección Quinta, decidió en segunda instancia ese asunto
contencioso-administrativo, fue comunicada electrónicamente a las partes el 21 de
febrero de 2025, por lo que se entiende notificada el 26 de los mismos mes y año, en
atención al numeral 2 del artículo 2059 del CPACA.

Por su parte, la tutela fue presentada el 9 de septiembre de 2025, esto es, 6 meses y 13
días después de notificarse el fallo cuestionado, término que supera el plazo razonable
previsto por la Sala Plena de esta Corporación para formular el amparo constitucional
contra providencias judiciales.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.

En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y el demandante tampoco la
expone.

Si la parte demandante estimaba que la providencia 20 de febrero de 2025 vulneró
derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como
fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

7 Sentencia T- 123 de 2007.
8 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 «La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
6

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Lo anterior es suficiente para declarar la improcedencia de la solicitud de amparo
presentada por Hermes Fabián Medina Fajardo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar las solicitudes de desvinculación del Consejo Nacional Electoral y de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en esta
providencia.

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hermes Fabián
Medina Fajardo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

7

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