Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05649-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05649-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05649-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05649-00
Accionante: Segundo Bolívar Madroñero Hernández
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Rechaza por improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Segundo Bolívar Madroñero Hernández,
en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales “al debido proceso, igualdad,
coherencia de las decisiones, la ponderación de la sanción, derecho de defensa,
presunción de inocencia, acceso a la justicia y los que la honorable Corte
determine en el estudio de fondo”, supuestamente ocurrida con ocasión de la
providencia de fecha 4 de septiembre de 2025, al interior del proceso disciplinario
con radicado 52001-11-02-000-2020 00443-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el 15 de diciembre de
2023, el abogado accionante fue sancionado disciplinariamente con suspensión
por doce (12) meses por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño,
decisión que fue confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 4
de septiembre de 2025 dentro del proceso disciplinario con radicado 52001-11-
02-000-2020 00443-01. La actuación disciplinaria se originó en la compulsa
remitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto, en el marco del proceso
ejecutivo núm. 2019-002741.
1
En el que, de acuerdo con el expediente, el accionante interpuso recursos improcedentes y profirió expresiones
injuriosas contra la jueza, tales como “prevaricadora”, “irresponsable” y “llena de resentimientos”, configurando
faltas previstas en los artículos 32 y 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007. El señor Madroñero Hernández sostuvo
que actuó como particular en representación de su hermano, titular de una letra de cambio, y que no se requería
ser abogado para ejercer dicha gestión.
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Accionante: Segundo Bolívar Madroñero Hernández
3. El accionante sostuvo que la Juez Primera Civil Municipal de Pasto fue
recusada por haber conocido previamente asuntos relacionados con miembros
de su familia, pero que dicha recusación no fue tramitada. Señaló que esta
omisión afectó la imparcialidad del proceso ejecutivo, en el cual se encontraba
involucrado su hermano como beneficiario de un título valor.
4. Indicó que durante el trámite del proceso ejecutivo se cometieron graves
irregularidades, como la admisión de pruebas extemporáneas e ilegales, la
intervención directa de la juez en la práctica pericial y la omisión del deber de
permitir el derecho de contradicción. Afirmó que la funcionaria actuó de forma
parcializada, lo que devino en un perjuicio para su hermano y permitió que la
parte demandada incumpliera las órdenes judiciales sin consecuencia alguna.
5. Del plenario se evidenció que, ante la negativa de la juez a tramitar la
apelación, pese a que en su decisión advirtió que no procedían recursos, el actor
lo presentó directamente ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto,
siendo desestimada su apelación por improcedente.
6. El actor señaló que presentó una queja disciplinaria contra la juez, que fue
asumida por el magistrado Álvaro Raúl Vallejos Yela, de quien afirmó ha sido
denunciado por múltiples irregularidades y mantiene vínculos personales con la
funcionaria investigada. Indicó que el togado archivó la investigación contra la
juez y lo sancionó, ignorando su rol no litigante y el carácter social de su ejercicio
profesional.
7. Afirmó que el magistrado Vallejos también había sido objeto de recusación
por enemistad grave, pero que no se le había dado trámite a dicha solicitud. Adujo
que su actuación evidenciaba sesgo, parcialidad y retaliación por las denuncias
que realizó.
2.2. Fundamentos jurídicos2
8. El accionante alegó que la autoridad disciplinaria atacada incurrió en un
defecto fáctico, pues en su sentir no tuvo en cuenta que supuestamente la juez
valoró pruebas ilegales, extemporáneas y sin contradicción, como un informe
pericial presentado por ella misma, que no permitió controvertir.
9. Además, indicó que ignoró hechos relevantes que evidenciaban
parcialidad y actuaciones contrarias a derecho por parte de la funcionaria, como
el de no permitir el trámite de su recurso de apelación. Aunado a lo anterior
sostuvo que omitió tener en cuenta la recusación presentada contra esta por
enemistad grave.
10. Finalmente, sostuvo que se vulneraron los términos procesales, incluyendo
el plazo legal para fallar lo que afectó el debido proceso, en particular su derecho
2
El actor invocó como normativa de sustento, sin profundizar al respecto, los artículos 1, 2, 4, 29, 86, 228 y 229
constitucionales, el Decreto 2591 de 1991 y la Ley 1952 de 2019.
2
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de defensa.
2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
al acceso a la justicia, presunción de inocencia, sanciones no exageradas y no
coherente de la supuesta falta, gradualidad. 2. Que se deje sin efectos la providencia
de fecha 21 de agosto de 2021 y notificada el 4 de septiembre de 2025 proferida
dentro del proceso disciplinario No. 2021-00443-01. Que se ordene a la autoridad
judicial accionada dictar una nueva decisión conforme a los parámetros
constitucionales.» Sic a toda la cita
2.4. Intervenciones
12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 10
de septiembre de 20253, a través del cual ordenó notificar a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial4 como accionado y a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Nariño5, al Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto y al señor Álvaro
Vicuña López como terceros interesados en el resultado del proceso.
2.4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño6, por
intermedio del magistrado Álvaro Raúl Vallejos Yela, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al no haberse demostrado vulneración
alguna de derechos fundamentales en el trámite disciplinario. Advirtió que los
señalamientos irrespetuosos del actor contra la administración de justicia no
tienen fundamento y desvirtúan la seriedad del recurso constitucional interpuesto.
2.4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial7, a través del magistrado
Alfonso Cajiao Cabrera enfatizó que los señalamientos del actor sobre el proceso
ejecutivo, el endoso del título valor y supuestas relaciones entre funcionarios
fueron examinados y decididos en sede disciplinaria, por lo que reabrir el debate
mediante tutela desconoce su carácter subsidiario y residual, pues no puede
utilizarse como tercera instancia para controvertir decisiones ya ejecutoriadas.
13. Adicionalmente, anexó copia de una acción de tutela promovida por el
accionante tramitada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural bajo el radicado 11001-02-30-000-2025-00992-008, por
los mismos hechos, frente a la misma corporación y con idénticas
motivaciones, a la que respondió el 12 de septiembre de la presente anualidad.
2.4.3. No se rindieron más informes.
3
Índice 4 del aplicativo SAMAI.
4
Despacho del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera.
5
Despacho del magistrado Álvaro Raúl Vallejos Yela.
6
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
7
Índice 11 del aplicativo SAMAI.
8
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
15. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir el proveído 4
de septiembre de 2025 que confirmó la providencia 15 de diciembre de 2023
dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño dentro del
proceso disciplinario con radicado 52001-11-02-000-2020 00443-01, incurrió en
un defecto fáctico.
16. Previo a lo anterior, la Sala verificará si es viable dicho estudio, toda vez
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó en su informe que el actor
presentó otra acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural bajo el radicado 11001-02-30-000-2025-00992-
009, por los mismos hechos, frente a la misma corporación y con idénticas
motivaciones.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
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19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. De la temeridad en la acción de tutela
21. Es necesario tener en cuenta que en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991 se previó la imposibilidad de presentar múltiples acciones de tutela
idénticas, en los siguientes términos:
«Artículo 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona
o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar».
22. En relación con el propósito de esta disposición la Corte Constitucional
señaló:
«Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución,
que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas y el
segundo a los deberes de las personas en los numerales primero y séptimo
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así: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (subrayas de
la Sala) y "Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la
justicia".
Por último, el artículo 209 de la Constitución dispone que el Estado debe
actuar regido por los principios de economía y eficacia.
Luego la explicación de ello consiste en el hecho que el abuso desmedido e
irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda
la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la
administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado
de la repetición de casos idénticos necesariamente implica una pérdida
directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender
los requerimientos del resto de la sociedad civil.
Igualmente, el artículo primero de la Constitución Política corrobora lo
anterior al consagrar la "prevalencia del interés general" como uno de los
fundamentos del Estado Social de Derecho de Colombia, se concluye sin
esfuerzo que la coexistencia de tutelas idénticas lesiona el interés
general»10.
23. En el presente asunto, se advierte que el señor Segundo Bolívar
Madroñero Hernández presentó dos acciones constitucionales que guardan
identidad fáctica y jurídica, y que fueron admitidas el 10 de septiembre de 2025
tanto por el despacho sustanciador, como por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural bajo el radicado 11001-02-30-000-2025-00992-
0011.
24. Lo anterior, se puede constatar en el portal web de la Corte Suprema de
Justicia, como se observa a continuación:
11001023000020250099200
Fecha de la consulta: 2025-09-28 12:22:26
Fecha de sincronización del sistema: 2025-09-26 19:18:23
Datos del Proceso
Fecha de 2025-09-0 Clase de Proceso TUTELAS PLENA
Radicación
Despacho DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE Recurso Sin Tipo de Recurso
JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *
Ponente DRA.MARTHA PATRICIA GUZMÁN Ubicación del SECRETARIA CIVIL
ÁLVAREZ Expediente
Tipo de ESPECIAL PLENA Contenido de Acción de tutela - Reparto
Proceso Radicación de Sala Plena
Sujetos Procesales
Tipo Es Nombre o Razón Social
Emplazado
Demandante No SEGUNDO BOLIVAR MADROÑERO HERNANDEZ
Demandado No COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tercero No COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE NARIÑO
Interviniente
Tercero No JESUALDO VILLERO PALLARES PROCURADOR DELEGADO SALA
Interviniente DISCIPLINARIA DE INSTRUCCIÓN
Tercero No JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PASTO
10
Corte Constitucional, sentencia T-010 de 22 de mayo de 1992, magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero, reiterada en la sentencia C-054 de 1993.
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Tipo Es Nombre o Razón Social
Emplazado
Interviniente
Adicionalmente, en aquel proceso ya se profirió una decisión al respecto, de
fecha 16 de septiembre de 2025, notificada el día 19 del mismo mes y anualidad:
25. Así las cosas, la situación expuesta en precedencia hace que el estudio
de la presente acción devenga en definitiva como improcedente, teniendo en
cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional se ha establecido que:
«(…) la duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo constitucional
torna improcedente el mecanismo y, en caso de que se acredite ausencia
de motivo expresamente justificado, permite considerar la actuación como
temeraria. En efecto, la Corporación ha reprochado la formulación
simultánea o sucesiva de acciones de tutela sobre la misma materia, por
cuanto una actuación en tal sentido, además de atentar contra los principios
de economía procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por
comprometer la capacidad judicial del Estado (…)12». Negrilla fuera de texto.
26. Es importante entonces recordarle al accionante, que no se puede abusar
del ejercicio de la acción de tutela, pues con ello se sobrecarga al sistema
judicial y en últimas lo perseguido por el amparo termina disolviéndose,
pues el despacho judicial está en la obligación de rechazar o decidir de manera
desfavorable todas las solicitudes presentadas si las mismas se presentan por la
misma persona o su representante, sin motivo expresamente justificado, ante
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-502 de 2008.
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varios jueces o tribunales.
27. Los supuestos que no se acreditaron en este caso para que esta acción
pudiera presentarse de manera excepcional, sin que se considerara temeraria,
son los que se citan a continuación:
«(…) -Supuestos que facultan a interponer nuevamente una acción sin que
sea considerada temeridad : (i) La condición de ignorancia o indefensión
del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y
no por mala fe; (ii) El asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; (iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite
de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base
para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de
proteger los derechos fundamentales del demandante; y (iv) Se puede
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional
profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso
si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los
mismos hechos y con la misma pretensión. (…)13».
28. En ese orden de ideas, se considera que hay lugar rechazar por
improcedente de la acción de tutela por temeridad, pues la conducta en este caso
resulta aún más reprochable si se considera que el accionante es profesional del
derecho, a quien le corresponde actuar con mayor diligencia y respeto por las
reglas procesales dado el conocimiento especializado, que le impone un deber
reforzado de prudencia y responsabilidad en el ejercicio de mecanismos
judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
el señor Segundo Bolívar Madroñero Hernández en contra de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
13 Corte Constitucional SU-027 de 2021, magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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