Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05652-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05652-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05652-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
24 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05652-00
Demandante: Fanny Mercedes Meza Caro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05652-00
Demandante: FANNY MERCEDES MEZA CARO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente para discutir
la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, y además, las
inconformidades alegadas develan la intención de utilizar el trámite de tutela como una instancia
adicional.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la señora Fanny Mercedes Meza Caro
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 9 de septiembre de la presente anualidad, la señora la señora Fanny Mercedes
Meza Caro interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales en mención, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la seguridad social, con ocasión
de las sentencias proferidas el 25 de abril y el 22 de agosto de 2025, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-004-2024-
00017-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles
errores incluidos):
1.- Que se amparen mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad social.
2.- Que se ordene la suspensión provisional de los efectos de la sentencia
proferida el 22 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en lo
que respecta al reconocimiento y pago del 100% de la sustitución pensional y su
retroactivo a favor de ETILVIA MARÍA RUBIO ÁLVAREZ, hasta tanto el Consejo de
Estado decida de fondo el recurso extraordinario de revisión.
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Se advierte que el 30 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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3.- Que se ordene al Ministerio de Defensa abstenerse de efectuar pago total de
retroactivo y mesadas, y en su lugar, continúe con la consignación en cuenta de
depósitos judiciales, para garantizar la efectividad de los derechos en disputa.
2. Como medida provisional solicitó «(…) la suspensión inmediata de cualquier
desembolso de retroactivo y mesadas a favor de ETILVIA RUBIO ÁLVAREZ».
3. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Etilvia María Rubio Álvarez solicitó la nulidad de los actos administrativos mediante los
cuales el Ministerio de Defensa Nacional le negó el reconocimiento y pago de la
sustitución de la pensión que en vida percibió su compañero permanente, el exsoldado
Gustavo Barbosa Bayuelo.
5. La señora Fanny Mercedes Meza Caro, aquí accionante, fue vinculada a dicho
proceso como tercera interesada, teniendo en cuenta su condición de cónyuge
supérstite.
6. Mediante sentencia del 25 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Barranquilla accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento y
pago de la pensión de sustitución a favor de la señora Etilvia María Rubio Álvarez, en
calidad de compañera permanente del causante, en cuantía del 100%.
7. Inconforme con tal decisión, la aquí accionante, señora Fanny Mercedes Meza Caro,
la apeló y el recurso se resolvió desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante sentencia del 22 de agosto del año en curso.
8. Señaló que la providencia del Tribunal desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en relación con el derecho a la igualdad en cabeza de la compañera
permanente y la cónyuge supérstite, cuando existió convivencia simultánea. Sobre el
particular, citó las sentencias C-1035 de 2008, SU-149 de 2021. Asimismo, invocó la
sentencia SL149-2021 de la Corte Suprema de Justicia.
9. Sostuvo que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo de segunda instancia,
incurrió en los siguientes defectos:
10. Fáctico. Dado que desconoció pruebas determinantes para la decisión, como el
matrimonio, los registros civiles, la declaración extrajuicio y la existencia de la sociedad
conyugal vigente.
11. Sustantivo. Porque inaplicó jurisprudencia que reconoce el derecho de la cónyuge
supérstite a sustituir al causante, en casos de convivencia simultánea.
12. Aunado a lo anterior, manifestó que en el presente caso el perjuicio irremediable se
hace evidente ante la posibilidad de que la entidad encargada del pago de la prestación
gire el 100 % del retroactivo a la compañera permanente, dado que con posterioridad
será imposible ordenar su reembolso.
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B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo
del Atlántico y el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla; y, como terceros con
interés, ordenó la notificación al ministro de Defensa Nacional y a la señora Etilvia María
Rubio Álvarez, toda vez que intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 08-001-33-33-004-2024-00017-01. Asimismo, ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14. En la misma oportunidad negó la medida provisional solicitada.
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por
considerar que no cumple los requisitos generales de procedencia, así como tampoco
los específicos.
16. Agregó que, en su momento, el a quo negó las pretensiones ante la falta de
acreditación de la convivencia del causante con la cónyuge supérstite, señora Fanny
Mercedes Meza Caro; y, en segunda instancia, tal decisión se confirmó porque el
Tribunal verificó que, en efecto, la aquí accionante no demostró su convivencia efectiva
con el titular de la prestación, ya sea durante los cinco años anteriores al fallecimiento o
incluso en cualquier tiempo.
17. En esencia, la autoridad judicial accionada sostuvo que la sola celebración del
matrimonio entre los señores Gustavo Barbosa Bayuelo y Fanny Mercedes Meza Caro
no era suficiente para estructurar el derecho a la sustitución pensional, dado que era
necesario demostrar de forma idónea y con suficiente respaldo probatorio la convivencia
real y efectiva durante los cinco (5) años previos al fallecimiento del causante o en
cualquier tiempo mientras se mantuvo vigente el vínculo conyugal.
18. El Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla se limitó a referir las
actuaciones surtidas en el proceso de origen y remitió el enlace para la consulta del
expediente.
19. El Ministerio de Defensa Nacional señaló que no avizora vulneración alguna y,
por consiguiente, dará cumplimiento a la sentencia censurada que sustituyó el 100% del
derecho pensional a favor de la compañera permanente del causante, de conformidad
con los artículos 192 y siguientes del CPACA.
20. La señora Etilvia María Rubio Álvarez adujo que en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho demostró con amplitud su convivencia con el
causante por más de 42 años, incluidos los cinco anteriores a su fallecimiento, razón por
la que obtuvo fallo favorable en primera y en segunda instancia. Seguidamente, advirtió
que la señora Fanny Mercedes Meza Caro no logró demostrar su convivencia con el
causante, ni que hayan compartido lecho simultáneamente, como esta lo aseguró en el
proceso de origen.
21. Adujo que a la señora Meza Caro se le respetaron los derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso, y que aún así insiste en que la entidad responsable del
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pago lo detenga hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión interpuesto
ante el Consejo de Estado.
22. Por lo anterior, solicitó que se niegue la medida provisional y se ordene al
Ministerio de Defensa Nacional dar cumplimiento al fallo censurado, disponiendo el pago
de los dineros adeudados.
23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento
Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
25. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
22 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico adolece de
los defectos fáctico y sustantivo y, por ende, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
E. Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
26. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente2 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
2 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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28. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
29. En el caso de estudio, la señora Fanny Mercedes Meza Caro cuestiona las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del contencioso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-004-2024-00017-01, por
considerar que incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo al reconocer el 100 % de
la prestación reclamada a favor de la compañera permanente del causante. Recuérdese
que ese proceso tuvo origen en la demanda instaurada por la señora Etilvia María Rubio
Álvarez, quien, en calidad de compañera permanente, reclamó la sustitución de la
pensión de jubilación que en vida percibió el señor Gustavo Barbosa Bayuelo.
30. De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque
no supera el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que (i) la demanda
carece de una carga argumentativa mínima que permita abordar el análisis de fondo de
la controversia y (ii) la accionante pretende reabrir un debate estrictamente legal que ya
fue definido por el juez de la causa. Máxime si, como se expondrá, la sentencia
cuestionada no se aprecia irracional, caprichosa o arbitraria.
31. En efecto, recientemente la Corte Constitucional 3 , a modo de reiteración
jurisprudencial, recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional contra
providencias judiciales, únicamente cuando se acredite la concurrencia de los requisitos
generales de procedencia4 -entre los que se encuentra la relevancia constitucional- y, al
menos uno de los requisitos específicos que vicien la validez constitucional de la decisión
cuestionada.
32. Así, respecto de la relevancia constitucional, ese alto tribunal5 sostuvo que para
que se cumpla tal requisito, se exige a la parte actora que cumpla con una carga
argumentativa mínima, que le permita al juez del amparo abordar el análisis del cargo
planteado en la demanda.
33. No obstante, en este caso, la Sala advierte que la parte accionante no se ocupó
de argumentar por qué el asunto trasciende la esfera de la mera legalidad para dar paso
a una afectación de sus derechos fundamentales.
34. Al contrario, bajo el cariz de los defectos fáctico y sustantivo, se limitó a reiterar
que: (i) se encuentra inconforme con la valoración del material probatorio, porque a su
juicio, en la sentencia censurada, el Tribunal accionado no tuvo en cuenta los medios de
3 Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.
4 La Corte aclaró que los requisitos generales son los siguientes: «1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6)
identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de
tutela».
5 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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prueba como los registros civiles de matrimonio y las declaraciones extrajuicio aportadas;
y (ii) se inaplicó el precedente jurisprudencial que le reconoce el derecho a la cónyuge
supérstite de sustituir al causante, cuando existe convivencia simultánea con la
compañera permanente.
35. Sin embargo, no puntualizó cuáles fueron los medios de prueba cuya valoración
se omitió o se realizó erróneamente, ni explicó cuál era la conclusión distinta a la que
supuestamente hubiera podido llegar el operador judicial, de haber efectuado el análisis
que se echa de menos.
36. Tampoco expuso la regla jurisprudencial concreta que estima inaplicada, y aunque
manifiesta que la autoridad judicial accionada desconoció su derecho a la sustitución
pensional, pese a que también convivió con el causante, lo cierto es que no desarrolló
dicho argumento; al contrario, ese justamente es el fundamento de las decisiones
censuradas, dado que, en ambas instancias, las autoridades judiciales coincidieron en
señalar que la esposa del causante no demostró la convivencia por el tiempo exigido en
la ley, a efectos de acceder al derecho reclamado.
37. Es decir, si bien existe un evidente desacuerdo con el fallo del 22 de agosto de
2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, los argumentos expuestos no
cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela realice el estudio de fondo,
dado que la parte actora no se preocupó por detallar las razones por las cuales considera
que la providencia judicial que censura a través de esta acción constitucional incurrió en
la violación de sus garantías superiores.
38. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de
tutela contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera
escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario que
tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un
discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás
de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen
fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra
las providencias judiciales6.
39. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento del
requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
40. Aunado a lo anterior, la Subsección encuentra que la señora Meza Caro pretende
revivir el debate suscitado en el proceso de origen, tendiente a demostrar que tiene
derecho a que le reconozcan como beneficiaria de la pensión que en vida percibió el
señor Gustavo Barbosa Bayuelo, pues sostiene que mantuvo convivencia
simultáneamente con el causante, es decir, que compartió vida de pareja con él, mientras
6
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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que aquel convivía con su compañera permanente, asunto que ya fue abordado de fondo
por las autoridades judiciales en primera y segunda instancia.
41. En efecto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, en la sentencia del
25 de abril de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora
Etilvia María Rubio Álvarez, en calidad de compañera permanente del causante, y le
asignó el 100 % de la pensión reclamada, habida consideración de que descartó que la
esposa del causante hubiera convivido con él el tiempo exigido por la normativa aplicable
para sustituirlo. En esa oportunidad, el operador judicial discurrió (transcripción textual
con posibles errores incluidos):
En lo tocante al tiempo de convivencia y la acreditación de vínculos de solidaridad
y ayuda mutua, se observa que, respecto a la relación entre la señora Fanny
Mercedes Meza Caro y el señor Gustavo Barbosa Bayuelo, no se ve de manera
clara y evidente cual fue el tiempo de convivencia, cohabitación y en general el
lapso en que tuvieron una vida en común.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la declaración extra proceso rendida por la
señora Fanny Mercedes Meza Caro y el señor Gustavo Barbosa Bayuelo, que surge
en el expediente, de fecha 11 de noviembre de 2008, aparece incompleta, además
se echa de menos la prueba testimonial, de valiosa asistencia en este tipo de
procesos.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la única prueba que obra en el expediente
sobre el tiempo de convivencia entre la señora Fanny Mercedes Meza Caro y el
señor Gustavo Barbosa Bayuelo, es el propio dicho de la misma demandada, dado
que, se añora la prueba testimonial respecto al tiempo de convivencia, para esta
operadora judicial no es posible establecer el tiempo exacto de dicha convivencia,
ni tener certeza si fue o no simultánea con la relación que surgió con la compañera
permanente.
Ahora, respecto con el tiempo de convivencia y la acreditación de vínculos de
solidaridad y ayuda mutua, entre el señor Gustavo Barbosa Bayuelo y la señora
Etilvia María Rubio Álvarez, se encuentra mejor soportado, con la declaración
extraproceso de la demandante, respecto a las fechas en que convivió con el
difunto, la declaración extraproceso rendida por el señor Gustavo Barbosa Bayuelo
y la señora Etilvia María Rubio Álvarez, acompañadas de las las declaraciones
extraproceso de los señores Héctor Antonio Fria Bernet y Roberto López Thalliens,
el encontrarse afiliada como beneficiaria del servicio de salud del Ministerio de
Defensa Nacional y como miembro del núcleo familiar del causante de la prestación,
en calidad de compañera permanente, demuestran que la señora Etilvia María
Rubio Álvarez refrendó con suficiencia la convivencia con el señor Gustavo Barbosa
Bayuelo.
Lo que, si se demostró, respecto a la compañera permanente, es que, si mantuvo
una relación de convivencia y asistencia con el difunto hasta su muerte, en tanto
que, la cónyuge Fanny Mercedes Meza Caro, solo probó que tuvo inicialmente una
relación de hecho con el causante y posteriormente contrajo matrimonio civil.
En ese entendido, es evidente que la demandante señora Etilvia María Rubio
Álvarez y la demandada señora Fanny Mercedes Meza Caro, sí acreditaron que
mantuvieron una relación con el causante, una en calidad de compañera
permanente y otra inicialmente como compañera permanente y después en calidad
de cónyuge, e incluso que tuvieron hijos en común. Sin embargo, al plenario no se
aportaron pruebas suficientes que dieran cuenta del tiempo total de convivencia,
respecto de la señora Fanny Mercedes Meza Caro ni tampoco es dable inferir que
haya existido una convivencia simultanea porque tampoco se probó de manera
fehaciente la misma.
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(…)
Del análisis de los medios de prueba, el Despacho advierte que de los 3 requisitos
que exige la norma, la señora Fanny Mercedes Meza Caro tan solo se probó el de
la calidad de cónyuge sobreviviente; mientras que los de vida marital con el
causante hasta su muerte y convivencia con el fallecido por no menos de 5 años
continuos, inmediatamente anteriores a su muerte, no fueron acreditados.
En efecto, la exigencia de la cohabitación es fundamental en el análisis del
cumplimiento de los requisitos respecto al cónyuge supérstite que reclama la
prestación.
Precisamente en este caso esa convivencia entre la señora Etilvia María Rubio
Álvarez y el causante Gustavo Barbosa Bayuelo, fue acreditada efectivamente,
pues las pruebas documentales allegadas por la interesada, las advertidas en las
pruebas extraproceso, las cuales dan fe de los límites temporales exigidos por la
norma para la procedencia del reconocimiento pensional y de la vocación de
estabilidad y permanencia de la unión, las relaciones de apoyo y comprensión
mutua. Por todo ello, quedó demostrado que para el 21 de septiembre de 2019 la
señora Etilvia María Rubio Álvarez convivía con el causante y que esa convivencia
se dio por no menos de 5 años continuos, inmediatamente anteriores a su muerte,
por lo que materialmente, se cumplieron los requisitos teleológicos de la norma que
regula dicha prestación.
Colofón de todo lo expuesto, se dispondrá declarar la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las resoluciones Nro. 0078 del 14 de enero del año
2020 y No. 1579 expedida el 27 de marzo del año 2020, proferidas por el Ministerio
de Defensa Nacional.
En consecuencia, se ordenará a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, reconocer y pagar la sustitución de la pensión de invalidez reconocida
al señor Gustavo Barbosa Bayuelo (q.e.p.d.), a favor de la señora ETILVIA MARÍA
RUBIO ÁLVAREZ, en su condición de compañera permanente, y, en cuantía del
cien por ciento (100%), a partir del 22 de septiembre de 2019, día siguiente al
fallecimiento del causante.
42. Inconforme con la decisión, la señora Fanny Mercedes Meza Caro la apeló bajo
el argumento de que en el plenario se encontraba suficientemente demostrada su
convivencia con el causante, partiendo de la confesión realizada en la demanda
presentada por la señora Etilvia María Rubio (hecho 13). Además, sostuvo que se probó
el vínculo marital vigente, a razón de un matrimonio que perduró desde el 2 de febrero
de 1967 hasta el 21 de septiembre de 2021 (fallecimiento del causante), por lo que la
decisión impugnada, a su juicio, es contradictoria.
43. Asimismo, hizo alusión a la existencia de una declaración extrajuicio rendida por
ella y el causante el 11 de noviembre de 2008, a la legitimación de los hijos procreados
en el matrimonio, evidenciada en el registro civil, y a las fotografías de la pareja aportadas
al expediente.
44. En suma, la apelante cimentó la alzada en una supuesta falta de apreciación en
conjunto del material probatorio y en la contradicción en la motivación de la sentencia,
que pese a reconocer la existencia del matrimonio no tuvo por demostrada la convivencia
de la pareja.
45. El Tribunal accionado, al resolver la alzada en la providencia censurada del 22 de
agosto de 2025, luego de hacer un examen minucioso de la totalidad del material
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probatorio allegado al expediente, abordó los reproches efectuados por la accionante y
expuso:
En el presente asunto, la apelante (FANNY MERCEDES MEZA CARO) repara
que la A quo desacertó al no reconocerle la cuota parte de la sustitución pensional,
toda vez que es la cónyuge sobreviviente e insiste en que la convivencia fue
simultánea pues convivió bajo el mismo techo con el señor GUSTAVO BARBOSA
BAYUELO y éste a su vez mantenía una relación con la señora ETILVIA MARIA
RUBIO ALVAREZ.
En el sub lite no se discute la calidad de compañera permanente de la actora
(ETILVIA MARIA RUBIO ALVAREZ), pues de las pruebas recaudadas se tiene
acreditado que se cumple con el requisito de convivencia con el causante por el
lapso superior a los cinco (5) años anteriores a la fecha de la muerte exigidos por
el Decreto 4433 de 2004 (artículo 11, parágrafo 2), que son los factores que
legitiman el derecho reclamado, así como la dependencia económica de la
potencial beneficiaria.
En virtud de lo anterior, se entrará a estudiar de acuerdo con el material probatorio,
si a la demandada señora FANNY MERCEDES MEZA CARO le asiste el derecho
a sustituir la pensión del causante.
En efecto, revisadas las pruebas obrantes en autos y que fueron aportadas dentro
de la oportunidad legal para ello, se advierte que, con ocasión del fallecimiento del
señor GUSTAVO BARBOSA BAYUELO el 21 de septiembre de 2019, se
presentaron a reclamar la sustitución de la pensión de invalidez las señoras
ETILVIA MARIA RUBIO ALVAREZ, en calidad de compañera permanente, y,
FANNY MERCEDES MEZA CARO, en calidad de cónyuge. Ante tales
requerimientos, el Ministerio de Defensa decidió dejar en suspenso el
reconocimiento pensional con ocasión del fallecimiento del señor GUSTAVO
BARBOSA BAYUELO.
En lo que se refiere a la demandada FANNY MERCEDES MEZA CARO, quien
reclama lo aquí pretendido en calidad de cónyuge supérstite del causante, yace
dentro del proceso declaración extrajuicio rendida por ella misma en donde
manifiesta que convivió en unión marital de hecho con el finado GUSTAVO
BARBOSA BAYUELO, desde el 2 de febrero de 1967 hasta el 21 de septiembre
del 2019, fecha en que el señor GUSTAVO falleció, tuvieron tres hijos de nombres
GUSTAVO, GERMAN ENRIQUE y ALFREDO BARBOSA MEZA y dependía
económicamente de su difunto esposo.
También obra en el plenario declaración extraproceso realizada por los señores
GUSTAVO BARBOSA BAYUELO y FANNY MERCEDES MEZA CARO el 11 de
noviembre de 2008, cuya declaración está incompleta por lo que se transcribe su
contenido: “Declaramos que convivimos bajo el mismo techo desde hace (sic)
conformando UNION MARITAL DE HECHO”
Así mismo se aportó la copia del Registro Civil de Matrimonio celebrado entre el
señor GUSTAVO BARBOSA BAYUELO y FANNY MERCEDES MEZA CARO, el
día 4 de julio de 2013, en donde aparece en observaciones que quedan
legitimados los hijos Germán Enrique, Gustavo y Alfredo Barbosa Meza.
También aportó varias fotografías las cuales no ofrecen el convencimiento
suficiente al no definirse mediante las mismas las situaciones de tiempo, modo y
lugar de lo representado en ellas, por lo cual se hace necesario que, a efectos de
otorgarles mérito probatorio, su contenido sea ratificado, verificado o cotejado con
otros medios de prueba allegados al proceso.
Se tiene también que, COLPENSIONES mediante la Resolución SUB39487 del
12 de febrero de 2020 resolvió el reconocimiento y pago de la pensión de
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sobreviviente del señor GUSTAVO BARBOSA BAYUELO a favor de la Sra.
ETILVIA MARIA RUBIO ALVAREZ y le negó esta prestación a la señora FANNY
MERCEDES MEZA CARO.
En dicho acto administrativo, la administradora de pensiones para negar la
sustitución pensional a la señora FANNY MERCEDES MEZA CARO sostuvo que
según investigación administrativa no se acreditó el contenido y la veracidad de la
solicitud presentada por Fanny Mercedes Meza Caro pues de acuerdo a la
información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo,
no se logró establecer que el señor Gustavo Barbosa Bayuelo y la señora Fanny
Mercedes Meza Caro, hubieran convivido los últimos cinco (5) años de vida del
causante y por el tiempo manifestado por la solicitante, desde el día 5 de marzo
de 1967, donde inician convivencia en unión libre hasta el día 4 de julio de 2013,
contraen matrimonio, hasta el día 21 de septiembre de 2019 fecha de fallecimiento
del causante.
Se anota que los testimonios de las labores de campo mencionan que la pareja
implicada se separó, razón por la cual el causante inicia convivencia en unión libre
con la señora Etilvia María Rubio Álvarez.
Que el señor Alfredo Barbosa Meza confirma la separación de sus padres, desde
el año 1977 y que el causante inicia una convivencia en unión libre con la señora
Etilvia María Rubio Álvarez.
Analizados los medios de prueba recaudados, la Sala puede concluir que el
causante inició una unión marital de hecho con la señora FANNY MERCEDES
MEZA CARO desde el año 1967, luego, en el año 1977 el señor GUSTAVO
BARBOSA BAYUELO inició otra unión marital de hecho con la señora ETILVIA
MARÍA RUBIO ÁLVAREZ, y posteriormente, contrae matrimonio con la señora
FANNY MEZA CARO el 4 de julio de 2013.
Pues bien, en el presente asunto, se tiene que la señora FANNY MEZA CARO
tuvo en un comienzo la calidad de compañera permanente y luego la de cónyuge,
sin embargo, en ninguna de las dos calidades demostró la convivencia exigida
tanto por la norma especial Decreto 4433 de 2004 o conforme a los lineamientos
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003.
En efecto, en calidad de compañera permanente para ser acreedora de la
sustitución pensional debía demostrar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos inmediatamente anteriores a su muerte (parágrafo 2° del artículo
11 del Decreto 4433 de 2004), sin embargo, la Sala solo encuentra probado que
convivió en unión marital de hecho con el finado GUSTAVO BARBOSA
BAYUELO, desde el 2 de febrero de 1967 y que dicha pareja tuvo a su primer hijo
en el año 1968, el segundo hijo nació en el año 1970 y el tercero nació en el año
1971.
Si bien está probado que el señor GUSTAVO BARBOSA BAYUELO en
declaración extraproceso rendida el 11 de noviembre de 2008, manifestó que vive
en unión marital de hecho FANNY MERCEDES MEZA CARO, dicha prueba no es
indicativa de que la relación se haya mantenido hasta el día 21 de septiembre de
2019, pues solo demostraría la unión marital de hecho hasta el año 2008, por lo
que no tendría derecho a la prestación reclamada en condición de compañera
permanente.
Ahora, la señora FANNY MEZA CARO, acude al Ministerio de Defensa a reclamar
la sustitución pensional en calidad de cónyuge, pues probado está que contrajo
matrimonio con el señor GUSTAVO BARBOSA BAYUELO, por lo que ostentó tal
calidad del 4 de julio de 2013 al 21 de septiembre de 2019.
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No obstante, tampoco tiene derecho en tal calidad, pues conforme al parágrafo 2°
del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, la disposición exige el requisito de la
convivencia con el fallecido durante los últimos cinco años, si la convivencia es
simultánea, que es el caso que aquí se predica según el recurso de apelación.
En dicho caso, como ya se indicó, si bien la señora FANNY MERCEDES MEZA
CARO y el señor GUSTAVO BARBOSA BAYUELO contrajeron matrimonio civil el
4 de julio de 2013, tal como se acredita con la copia del respectivo registro civil
obrante en el expediente, lo cierto es que la parte demandada no logró demostrar
el cumplimiento del requisito legal de convivencia continua, efectiva y permanente
durante el período mínimo exigido por la normatividad aplicable.
Y si aún en virtud del principio de favorabilidad se aplicara las previsiones
establecidas por el régimen general y por ende la tesis sostenida por la Altas
Cortes, referida a que los cinco (5) años de convivencia para el cónyuge supérstite,
se pueden configurar en cualquier época, no sólo previos a la muerte del causante,
aun así, la demandada no logró demostrar que en el interregno en que permaneció
casada con el causante existiera una verdadera comunidad de vida, entendida
como la voluntad mutua de conformar un hogar, caracterizado por el
acompañamiento espiritual y material, el auxilio recíproco, la solidaridad y el
sostenimiento económico compartido.
Debe señalarse que, si en gracia a discusión se dijera que “tiene derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional, aun cuando no haya habitado bajo el
mismo techo del causante hasta el momento de su muerte, siempre que exista
una causa justificada para ello”, tal y como lo señaló recientemente la Corte
Constitucional16 , lo cierto es que en el sub lite no se halla demostrada ninguna
causa justificada, pues por el contrario, ni siquiera se acreditó que el señor
GUSTAVO BARBOSA BAYUELO hubiera prestado apoyo económico a la señora
FANNY MERCEDES MEZA CARO, ni que aquél la hubiese afiliado a la seguridad
social como beneficiaria, ni que existiera entre ambos una vida en común que
reflejara la unidad de intereses propios de una relación conyugal efectiva y
consolidada.
Por lo tanto, la sola celebración del matrimonio no resulta suficiente para
estructurar el derecho a la sustitución pensional, al no haberse demostrado de
forma idónea y con suficiente respaldo probatorio la convivencia real y efectiva, ya
sea durante los cinco (5) años previos al fallecimiento del causante o en cualquier
tiempo mientras se mantuvo vigente el vínculo conyugal, tal como lo exige el
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia.
Por lo tanto, la Sala concluye que ETILVIA MARIA RUBIO ALVAREZ tiene
derecho a la sustitución pensional como compañera permanente, mientras que no
procede el reconocimiento de este derecho a favor de FANNY MERCEDES MEZA
CARO, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la demanda.
46. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la
normativa aplicable; de la jurisprudencia vigente en la materia, tanto del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional; y de las piezas procesales obrantes en el
expediente, a partir de lo cual concluyó que la señora Fanny Mercedes Meza Caro no
tiene derecho a sustituir al causante.
47. En efecto, el operador judicial analizó la reclamación de la aquí accionante bajo
varias aristas, a fin de determinar si le asistía el beneficio deprecado, no obstante,
concluyó que en calidad de compañera permanente (por el tiempo que convivió en unión
marital entre el año 1967 a 1977), la norma exige demostrar cinco años de convivencia
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efectiva anteriores al fallecimiento, razón por la cual no cumple el requerimiento para
acceder al derecho.
48. En calidad de cónyuge supérstite -sin la existencia de compañera permanente-,
hubiera tenido que acreditar la convivencia durante cinco años en cualquier tiempo, pero
no lo hizo, en tanto que, si bien es cierto se acredita que el vínculo matrimonial se
consolidó el 4 de julio de 2013, no se probó que en ese tiempo la pareja tuviera vida en
común.
49. Ahora bien, la señora Meza Caro reclamó la pensión en calidad de cónyuge con
convivencia simultánea, razón por la cual, en el escenario alegado, era preciso que
demostrara que efectivamente convivió con el señor Barbosa Bayuelo durante cinco
años, porque así lo exige la normativa aplicable, circunstancia que no probó.
50. Ahora bien, incluso el Tribunal analizó una probabilidad basada en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual no era necesario demostrar esa
convivencia efectiva bajo el mismo techo, si existieran causales justificantes de una
separación de hecho entre la pareja (razones de salud, trabajo, violencia, etc), sin
embargo, en el caso concreto tampoco se acreditó tal situación, tal como se evidenció
en la providencia censurada.
51. Nótese que la autoridad judicial accionada realizó una valoración conjunta y
exhaustiva del material probatorio allegado al proceso, de cara a la normatividad vigente
y a la jurisprudencia aplicable en la materia, de manera que no se advierte que su
decisión haya sido caprichosa o arbitraria, todo lo contrario, la misma emerge como
razonable desde el punto de vista legal y probatorio.
52. Por todo lo anterior, la Sala evidencia que la controversia planteada por la señora
Meza Caro, en ejercicio del valioso mecanismo constitucional de la tutela, constituye una
reiteración de un debate estrictamente legal, ya surtido ante el juez natural de la causa.
53. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Fanny Mercedes Meza Caro, de conformidad con lo razonado en la parte motiva.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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