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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05657-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05657-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho de petición solicitado por Amable Andrés Rosero Bravo en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo Central y del Tribunal Administrativo de Nariño, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, allá Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05657-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05657-00
Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05657-00
Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo
Central y Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela

Derecho de petición. Ausencia de vulneración.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Amable Andrés
Rosero Bravo en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo Central y el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Amable Andrés Rosero Bravo, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados por el Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, Oficina
Judicial de Archivo Central y por el Tribunal Administrativo de Nariño, pues no le han
dado una respuesta de fondo, clara y completa a la solicitud que presentó el 14 de mayo
de 2025.

2. Hechos.

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. El 14 de mayo de 2025, el señor Amable Andrés Rosero Bravo, a través de correo
electrónico, presentó derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, Oficina Judicial de Archivo
Central, en el cual solicitó:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05657-00
Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo

“PETICIONES: Primero: solicito a esa entidad me entreguen copia completa del
expediente 980861, del cual yo soy el demandante. Segundo: De no ser competente
para resolver lo aquí pedido, solicito se corra traslado a quien corresponda, allegando
copia contentiva y sus anexos del documento donde se evidencie claramente el
radicado del traslado. Tercero: De no acceder favorablemente a lo aquí pedido, solicito
se informe de manera clara y detallada las razones de hecho y derecho que las
motivan, allegando copia contentiva y sus anexos.”1

2.2. En atención a dicha solicitud, el 15 de mayo de 2025, la Oficina de Archivo de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto indicó que, revisadas las bases
de datos, el proceso de la referencia no se encontraba dentro de aquellos archivados en
ese despacho. No obstante, precisó que la petición había sido redireccionada a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de adelantar las
averiguaciones pertinentes relacionadas con el asunto planteado.

2.3. Con fundamento en esta respuesta, el accionante manifestó que no tiene certeza
sobre lo ocurrido con su demanda, razón por la cual desconoce las resultas del proceso,
si se profirió sentencia en primera o en segunda instancia, si éstas fueron favorables o
desfavorables, si quedaron en firme, o si por causa del incendio el proceso no culminó
de manera adecuada. En tal medida, sostuvo que es su derecho fundamental obtener
copia íntegra del expediente.

2.4. Pese a lo anterior, el señor Rosero Bravo consideró que las entidades accionadas
no han dado una respuesta de fondo, clara y completa a la solicitud presentada el 14 de
mayo de 2025, motivo por el cual alegó la vulneración de sus derechos fundamentales
de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional que ordene al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, Oficina Judicial de
Archivo Central, y al Tribunal Administrativo de Nariño, la protección de los derechos
fundamentales invocados, así como la emisión de una respuesta de fondo, clara y
completa al derecho de petición presentado.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1 El Despacho de la magistrada ponente mediante auto proferido el 11 de septiembre
de 20252, admitió la solicitud de amparo formulada contra las autoridades accionadas y
ordenó: (i) al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración
Judicial de Pasto, Oficina Judicial de Archivo Central, y al Tribunal Administrativo de
Nariño, que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la notificación presentaran
informe sobre los hechos en que se fundamenta la presente acción; y (ii) la notificación
de la providencia en la forma más expedita posible.

1 Tomado de la Demanda de Tutela, ubicado en el Índice 002 del aplicativo Samai, certificado 671E2C3515C172DE

58EE2C75FD3AA644 57E12B9CB1976924 B12D2FDF0B9ACBFB.
2 Índice 004 del aplicativo Samai, certificado C9B0A00DC3B0449A B3F3272288D7CDA0 F438D315E8704E55

04B9B435711E1CAE.
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Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo

Una vez enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.2. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto3 presentó informe
en el que solicitó denegar el amparo, al considerar que no se configuró la vulneración de
los derechos fundamentales invocados. Señaló que, tras verificar las bases de datos y
los libros radicadores físicos del Tribunal Administrativo de Nariño, se constató que el
expediente núm. 1998-00861 fue archivado el 18 de julio de 2000. Dado que dicho archivo
fue anterior al incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2001 en las instalaciones del
Archivo Central de Pasto, se presume que el proceso fue afectado por ese siniestro, el
cual destruyó o deterioró aproximadamente 158.000 expedientes judiciales.

Indicó, además, que el Consejo Superior de la Judicatura adelantó convenios con la
Universidad del Cauca (2004) y con el Archivo General de la Nación (2018) para
recuperar e inventariar los expedientes afectados. Sin embargo, la mayoría de los
procesos, en especial los de materias distintas a familia, permanecen en estado de
deterioro o destrucción, estimándose que aún quedan entre 100.000 y 120.000
expedientes pendientes de inventario.

Finalmente, precisó que esta información fue comunicada al solicitante el 19 de mayo de
2025, indicándole que podía solicitar certificación de “expediente afectado por siniestro”,
previo pago del arancel judicial establecido en el Acuerdo PCSJA23-12106 de 31 de
octubre de 2023. No obstante, el actor no ha manifestado interés en la expedición de
dicho certificado ni ha llegado el comprobante de pago correspondiente.

4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño4, indicó que, frente a la petición elevada por
el actor, el 15 de mayo de 2025 el Grupo de Archivo comunicó al peticionario, que tras la
revisión de los registros físicos disponibles no se encontró el expediente entre los
archivados en esa dependencia. Dicha respuesta fue enviada con copia a la Secretaría
del Tribunal.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, el Grupo de Archivo emitió una segunda
comunicación, igualmente enviada al correo del solicitante y con copia a esta Secretaría,
en la que se indicó que, según el libro radicador físico, el expediente núm. 1998-00861
había sido remitido al archivo central antes del año 2001, por lo que es probable que
resultara afectado por el incendio ocurrido en noviembre de ese año en el Palacio de
Justicia de Pasto. En esa misma respuesta se ofreció al actor la posibilidad de expedir
una certificación de pérdida del expediente por siniestro.

La Secretaría precisó, además, que al revisar el libro radicador físico se constató que el
expediente en mención, correspondiente a un proceso de “asuntos administrativos”
promovido por el señor Amable Andrés Rosero Bravo contra la Policía Nacional, fue

3 Índice 0008 del aplicativo Samai, certificado 2EC01099EDB3C675 6B541745CECBAC32 7E7D10E6B7E0E9B1
18F5D9443F9091DF.
4 Índice 0009 del aplicativo Samai, certificado C1497A323B087A8A C84EB2BFE71059B8 59E43681647F55B2

1A15AC5211F7A8B9.
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Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo

archivado el 18 de julio de 2000 y remitido desde esa fecha al archivo central, por lo cual
no reposaba en el Tribunal.

4.4. El Consejo Superior de la Judicatura5, solicitó se declare probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que no resulta viable atribuirle
responsabilidad dentro del trámite de la presente acción, toda vez que las actuaciones u
omisiones señaladas por el accionante recaen exclusivamente sobre la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto.

Explicó que esta Corporación únicamente custodia el archivo de sus propias actuaciones
administrativas, mientras que la autoridad competente para atender la petición elevada
es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, a la cual se encuentra
adscrita la Oficina de Archivo de esa ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del
Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 2017.

Agregó que, en consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a
responder o a cumplir las órdenes que eventualmente se profieran para amparar los
derechos fundamentales del accionante, máxime cuando no obra prueba de que la
solicitud hubiere sido radicada en los canales oficiales de esta Corporación, razón por la
cual no ha tenido conocimiento de la misma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor
Amable Andrés Rosero Bravo al ser el titular del derecho que afirma fue vulnerado, en
tanto presentó la petición del 14 de mayo de 2025.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo Central y del
Tribunal Administrativo de Nariño, en la medida en que la primera fue la autoridad ante
la cual se radicó el derecho de petición y la segunda lo recibió en razón de su competencia
y conocimiento del asunto.

3. Problema jurídico

5 Índice 0010 del aplicativo Samai, certificado F7529566D4CE3A81 5DE4B9716D7794D5 4712AFC42390CF5C
0ED04E68846D23D3.
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Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo

Corresponde a la Sala determinar si la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Pasto – Oficina Judicial de Archivo Central y el Tribunal Administrativo de Nariño
vulneraron los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al no emitir respuesta de fondo a la solicitud presentada por el
accionante el 14 de mayo de 2025.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en los casos que
establece la ley.

5. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está establecida en el Titulo
II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo6, y de acuerdo con el artículo 137 de dicho cuerpo normativo, las personas
tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interés general o
particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.

La Corte Constitucional8 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del
término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real
de lo solicitado”. En esa dirección también ha indicado que a este derecho se adscriben
tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii)
la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al
peticionario”.

Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este derecho
bajo los siguientes términos:

6 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
7 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado,
o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.
8 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-718

de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de
2017, entre otras.
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Demandante: Amable Andrés Rosero Bravo

“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles
que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser
intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte
ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la
petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al
peticionario de la decisión”9.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito,y
proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al
peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo10.

Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondoy
de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera que es
necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga competencia,
explicando las razones de su decisión; dentro de los términos previstos en la ley.

No obstante, el deber de responder a una petición no implica acceder a lo solicitado, pues
ello dependerá de que la ley así lo permita y de lo que se pruebe en la respectiva
actuación administrativa. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del
derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución11.

Otro punto para destacar es, que a través de la Ley 1755 de 201512 se reguló el término
para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) días
después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o información se
deberá resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da
respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y por ende las
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. Por su parte, el artículo 20
ibídem prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un
derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para evitar un perjuicio
irremediable al peticionario.

En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado
como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para hacer efectiva la
democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos pueden acudir
ante autoridades con el fin de informarse y hacer efectivos los demás derechos
fundamentales.

9 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
10 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
11 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1998.
12 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Códigode Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.
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6. Caso concreto

La Sala anuncia que negara el amparo solicitado, en la medida en que no se acreditó la
vulneración del derecho fundamental de petición, conforme a las razones que se exponen
a continuación:

6.1. En el caso bajo estudio, el señor Amable Andrés Rosero Bravo solicitó la protección
de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración
de justicia, que consideró vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo
Central y el Tribunal Administrativo de Nariño, al no haber recibido respuesta de fondo a
la solicitud que presentó el 14 de mayo de 2025, con el fin que se le entreguen las copias
completa del expediente 980861, proceso en el cual fue el demandante.

6.2. Con base en los documentos aportados por las entidades accionadas y la
información registrada en el expediente digital SAMAI, esta Sala constata que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo Central y el
Tribunal Administrativo de Nariño respondieron a la petición del accionante en los
siguientes términos:

• El 15 de mayo de 2025, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
envió respuesta al correo electrónico anselmorosero2014@gmail.com, informando
sobre las verificaciones realizadas.

• Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, y con fundamento en la comunicación
remitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, la Dirección Seccional indicó que,
según el libro radicador físico de la Secretaría del Tribunal, el expediente en
cuestión había sido remitido al archivo central antes del año 2001. Se señaló,

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además, que probablemente el expediente fue afectado por el incendio ocurrido
en noviembre de ese año en el Palacio de Justicia de Pasto.

De los informes remitidos y las respuestas aportadas, se verifica que las entidades
realizaron diversas validaciones, tales como la revisión de los registros físicos disponibles
y del libro radicador físico de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. En
atención a lo anterior, el Grupo de Archivo ofreció al solicitante la posibilidad de expedir
una certificación de presunta pérdida del expediente por incendio, conforme a lo previsto
en el Acuerdo PCSJA23-12106, previo pago del arancel judicial correspondiente.

6.3. En estas circunstancias, la Sala no advierte vulneración de los derechos de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia alegados por el accionante, toda
vez que, mediante las comunicaciones del 15 y 19 de mayo de 2025, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Pasto dio respuesta clara, oportuna y congruente
con lo solicitado. Las entidades brindaron una solución razonable frente a la imposibilidad
material de entregar un expediente que se perdió como consecuencia de los problemas
de orden público ocurridos en Pasto, en los que terceras personas atentaron contra el
inmueble destinado al Archivo Central, generándose un incendio que afectó procesos de
los diferentes despachos judiciales de la cabecera del circuito de Pasto.

6.4. Por último, cabe señalar que, el derecho de petición no exige una respuesta
favorable a las pretensiones, sino una contestación emitida en debida forma, es decir,
clara, precisa, coherente y dentro del término legal correspondiente.

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III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho de petición solicitado por Amable Andrés
Rosero Bravo en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto – Oficina Judicial de Archivo Central y del Tribunal
Administrativo de Nariño, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, allá Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

ECG

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