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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05661-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05661-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Nubia Torres Ordoñez, Rubén Darío Ospina Torres, María Isabel Guerrero Torres, Mary Yorley Suárez Guerrero, Norbey García Valencia, Alberto Azael Martínez Torres, Yesica Suárez Guerrero, Edgar Suárez Bonilla y Sorenid Ospina Torres, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada la providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05661-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05661-00
Accionante: NUBIA TORRES ORDÓÑEZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// improcedencia por falta de
relevancia constitucional // la acción de tutela se utiliza como una tercera instancia
para reabrir debates ya concluidos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, los ciudadanos y las ciudadanas Nubia Torres
Ordóñez, Rubén Darío Ospina Torres, María Isabel Guerrero Torres, Mary Yorley
Suárez Guerrero, Norbey García Valencia, Alberto Azael Martínez Torres, Yesica
Suárez Guerrero, Edgar Suárez Bonilla y Sorenid Ospina Torres promovieron acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por la providencia que
puso fin al proceso de reparación directa identificado con No. 76109-33-33-001-
2015-00094-01.

2. En atención a que se trata de una acción de tutela contra providencia judicial. En
primer lugar, sucintamente se presentan las etapas procesales del medio de control
de reparación directa que llevaron a que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca profiriera la sentencia atacada, y en un segundo acápite se presentan las
etapas procesales de la acción de tutela que actualmente se resuelve.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo de reparación directa
76109-33-33-001-2015-00094-01

3. La parte actora argumentó que, el 11 de febrero de 2013, la Armada Nacional
detuvo a Rubén Antonio Ospina por el transporte de combustible. Este fue privado
de la libertad por cuenta de la justicia, desde el 11 de febrero de 2013 hasta el 22
de julio del mismo año. El proceso penal concluyó con preclusión por ausencia de
pruebas y aplicación de in dubio pro reo.

4. Rubén Antonio Ospina y sus familiares interpusieron demanda de reparación
directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional y Nación-Fiscalía
General de la Nación. En sentencia de 27 de septiembre de 2019, el juzgado primero
administrativo de Buenaventura negó las pretensiones. Argumentó que la

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05661-00
Accionante: Nubia Torres Ordoñez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda primera acción de tutela

responsabilidad recaía únicamente en la rama judicial. En el recurso de apelación
se insistió en que la responsabilidad era de la Fiscalía General de la Nación, en
tanto fue la que sostuvo la medida de aseguramiento.

5. En sentencia de 7 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la decisión de primera instancia. Adujo que solo la rama judicial
podía ser condenada en casos de privación injusta de la libertad y que la fiscalía
general de la nación carecía de legitimación en la causa por activa.

La acción de tutela y sus fundamentos

6. En el escrito de tutela, la parte actora sostiene que el tribunal incurrió en un yerro
que afecta la validez de la decisión cuestionada. En primer lugar, vulneró el deber
de valorar en sana crítica las pruebas contenidas en el expediente. En criterio de
los tutelantes, hay documentos contenidos en el proceso, conforme a los cuales, la
Fiscalía General de la Nación fue la que capturó a Rubén Antonio Ospina, fue la
que solicitó la medida de aseguramiento, fue la que formuló la imputación y la
“acusación formal”. Por lo anterior, argumentó que se produjo un defecto fáctico.

7. En su criterio, el recurso de apelación expresamente indicó que la Fiscalía
General de la Nación tenía legitimación en la causa, y la sentencia de segunda
instancia “omitió dar respuesta de fondo”, al limitarse a repetir que solo la rama
judicial podía ser condenada. Igualmente aseveró que se presentó un
desconocimiento del precedente constitucional y de lo contencioso administrativo,
puntualmente la SU-072 de 2018. Además, incurrió en un defecto sustantivo por la
interpretación errada del régimen de responsabilidad extracontractual del Estado en
materia de privación injusta de la libertad.

Trámite de la acción de tutela

8. La petición de amparo fue admitida y se vinculó Juzgado Primero Administrativo
Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura – Valle del Cauca, a la Nación –
Ministerio de Defensa – Armada Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al
Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación
directa con radicado núm. 76109-33-33-001-2015-00094-00/01.

9. En el índice Samai 9 reposa la contestación de la acción de tutela suscrita por el
magistrado sustanciador de la providencia cuestionada. Indicó que más allá de los
varios defectos alegados en el escrito de tutela, el reproche fundamental de la parte
actora se fundamenta en que, no se condenó a la rama judicial puesto que esta no
fue demandada. Explicó que el escrito de demanda de reparación directa se erigió
a partir de la imputación a un error jurisdiccional pero no se demandó a esta entidad.
Motivo por el cual, las decisiones proferidas en instancia adoptan la consecuencia
de esta situación. Por tal razón solicitó negar el amparo pues la providencia
cuestionada es razonable. En índice Samai 10 se encuentra el informe enviado por
el juzgado primero administrativo de Buenaventura en el que solicitó no amparar los
derechos de la parte actora, toda vez que las decisiones se profirieron de manera
razonada y conforme la normatividad aplicable. En el índice Samai 16 se allegó
intervención del Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional. Solicitó que se

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05661-00
Accionante: Nubia Torres Ordoñez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda primera acción de tutela

declare improcedente la acción de tutela pues las providencias cuestionadas no
incurrieron en los defectos alegados.

CONSIDERACIONES

Competencia

10. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 en concordancia
con el artículo 13 del acuerdo 080 de 2019, reglamento de la corporación.

Problema jurídico

11. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, y en caso de resolver
positivamente el anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.

12. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la sección
reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela contra
providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.

Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente.

13. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección de
derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean
afectados por hechos u omisiones de una autoridad pública -incluidas las
autoridades1 judiciales2- e inclusive de particulares3. Con todo, la procedibilidad de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, precisa de un mayor rigor, dadas las
presunciones de acierto y validez que les acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto4.

1 Corte Constitucional, Sentencias SU-487 de 2024 y SU-387 de 2022.
2 “…de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que

los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no
están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales … “C-543 de 1992.
3 Inciso 5° de la Constitución.
4 “La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario

para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema
jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.// Se
comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más
aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución,
dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección,
aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05661-00
Accionante: Nubia Torres Ordoñez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda primera acción de tutela

Causales genéricas de procedencia, reiteración de precedente.

14. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir de
requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido reiterándose
por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales posibilitan el
estudio de fondo del asunto y que se han resumido así5:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. La
Corte Constitucional extendió la imposibilidad de cuestionar en tutela a
las decisiones proferidas con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de
Estado7, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la
Paz -JEP-8.

15. Toda acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. A continuación, se
examina si la providencia atacada satisface los requisitos de procedibilidad general.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
7 Ibid.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2023.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05661-00
Accionante: Nubia Torres Ordoñez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda primera acción de tutela

Si los satisface, se proseguirá con el examen dirigido a resolver el problema jurídico
de fondo.

16. En relación con el requisito de relevancia constitucional, las SU-033 de 20189,
SU-128 de 202110 y la SU-215 de 202211, la Corte Constitucional ha indicado que la
acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para cuestionar providencias
judiciales con base en argumentos de índole legal que ya fueron estudiados y
resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada como una tercera
instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos12. Se indica que: “Este
enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”
y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.

17. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.

18. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

19. En el caso concreto, la acción de tutela no implica un asunto de relevancia
constitucional, pues el objetivo de la parte actora es presentar como cargos de
inconstitucionalidad de la sentencia, aspectos que fueron debatidos durante las dos
instancias del proceso ordinario ante el juez de lo contencioso administrativo dentro
del proceso de reparación directa. En efecto, la acción de tutela se utiliza para
reabrir una discusión procesal zanjada dentro de las dos instancias del proceso
ordinario, pues tanto en primera como segunda instancia, las autoridades judiciales
indicaron que la demanda de reparación directa centraba su imputación en
decisiones de jueces de la república, sin embargo, la rama judicial no fue
demandada.

20. A juicio de esta subsección, la parte actora utiliza la acción de tutela como una
tercera instancia para corregir un yerro de la demanda de reparación directa
consistente en que no demandó a la rama judicial. Por este motivo, la parte

9 M.P. Alberto Rojas Ríos.
10 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05661-00
Accionante: Nubia Torres Ordoñez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Segunda primera acción de tutela

demandante centra su reproche en las decisiones de la Fiscalía General de la
Nación, la cual, no tomó decisiones relacionadas con la libertad de Rubén Antonio
Ospina, pues si bien, en ejercicio de sus facultades constitucionales, la Fiscalía tiene
la potestad de solicitar medidas de restricción de libertad, las únicas autoridades
competentes para restringir la libertad de una persona, son los jueces de la
especialidad penal, de la jurisdicción ordinaria.

21. Las decisiones de instancia señalaron esta omisión de la demanda de
reparación directa, y ante estas providencias, la parte actora acude al medio de
amparo constitucional para reabrir la discusión que fue resuelta adecuadamente por
las autoridades accionadas. Por lo anterior, esta Corporación, en sede de juez de
tutela de primera instancia concluye que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional pues es utilizada como tercera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Nubia Torres
Ordoñez, Rubén Darío Ospina Torres, María Isabel Guerrero Torres, Mary Yorley
Suárez Guerrero, Norbey García Valencia, Alberto Azael Martínez Torres, Yesica
Suárez Guerrero, Edgar Suárez Bonilla y Sorenid Ospina Torres, por no satisfacer
el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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