Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05669-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05669-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05669-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05669-01
Demandante LUZ CARINE FRUTO BARANDICA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
Demandada DECISIÓN ORAL, SECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencias proferidas en incidente de
desacato. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La
subsidiariedad. Mesadas pensionales sin pagar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nueva EPS, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta sentencia ».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 20251, la señora Luz Carine Fruto Barandica interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
mínimo vital, a la seguridad social y a la salud con ocasión del auto de 31 de julio
de 2025, proferida en el incidente de desacato de tutela 08001-33-33 007-2024-
00143-02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«4.1. Solicito se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud, vulnerados por la
providencia del 31 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala
de Decisión Oral – Sección B – Despacho 006, dentro del Radicado 08-001-33-33 007-2024-
00143-02-H.
4.2. Pido se deje sin efectos dicha providencia, en la medida en que declaró la supuesta
“carencia actual de objeto por hecho superado”, cuando en realidad persiste el incumplimiento
de la orden judicial y no se han pagado las mesadas de marzo, abril, mayo, junio, julio ni
agosto de 2025.
4.3. Requiero se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico emitir una nueva decisión
ajustada a la Constitución, declarando el desacato de Colpensiones y garantizando el
cumplimiento integral del fallo de tutela de 2024.
4.4. Solicito que se compulsen copias a las autoridades competentes: • A la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, para que investigue la conducta del magistrado Ángel
Hernández Cano, quien convalidó un incumplimiento flagrante y vació de contenido una orden
1 Samai, índice 2.
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de tutela con cosa juzgada constitucional. • A la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia, para que se investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial
(art. 454 C.P.) en que incurrió Colpensiones, y también la eventual responsabilidad penal del
magistrado por haber legitimado dicho fraude con su providencia.
4.5. Pido finalmente que se prevenga tanto a Colpensiones como a los despachos judiciales
involucrados para que se abstengan de volver a desconocer la cosa juzgada constitucional
con simulacros de cumplimiento, recordándoles que el desacato no se extingue con actos
aparentes sino con la ejecución plena, efectiva y verificable de la orden judicial».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. La señora Luz Carine Fruto Barandica interpuso acción de tutela en contra de
la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social
y salud, ya que a partir del 1º de julio de 2024 tal autoridad le suspendió el
pago de la pensión de sobrevivientes reconocida mediante Resolución 015702
de 22 de octubre de 2010 y la retiró del sistema de seguridad social en pensión
sin explicación alguna y sin notificarle ningún tipo de actuación.
La tutelante manifestó que la suspensión de su mesada, además de violar su
derecho al mínimo vital por cuanto se le cercenó la posibilidad de recibir su
único ingreso para subsistir, también afectó su derecho a la salud. Esto se
debe a que al no percibir la mesada pensional no puede pagar el servicio de
EPS el cual cubría con el dinero de la pensión. Esta circunstancia es grave
dada su enfermedad crónica de insuficiencia renal (ERC) en etapa v, en virtud
de la cual debe asistir semanalmente a la IPS Fresenius Medical Center para
recibir tratamiento de hemodiálisis por ser candidata a trasplante.
2.2. Mediante sentencia de 29 de julio de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Barranquilla (expediente 08001-33-33 007-2024-00143-00) amparó los
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social en
salud y pensión de la accionante.
La autoridad judicial fundamentó su decisión en que Colpensiones no explicó
ni demostró haber realizado ningún procedimiento previo a la decisión de
suspender el pago de la mesada pensional reconocida años atrás por la propia
entidad. De manera que la referida suspensión se adelantó de manera
subrepticia.
Agregó que de requerirse iniciar una actuación administrativa o investigación
administrativa especial, Colpensiones tiene el deber de vincular a la tutelante,
para que aquella pueda constituirse como parte y hacer valer sus derechos y
aportar pruebas. Por consiguiente, solo hay lugar a expedir una decisión,
siempre y cuando previamente se haya dado oportunidad para que el afectado
defienda su interés.
En consecuencia, el Juzgado profirió la siguiente orden dirigida a
Colpensiones:
«SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, ORDÉNASE a ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, que dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, incluya nuevamente
a la accionante de pensionada, quien venía disfrutando de ese derecho reconocido mediante
Resolución No. 015702 de 22 de octubre de 2010, y de existir actuación administrativa
profiera un nuevo acto administrativo en el que le comunique a la accionante señora LUZ
CARINE FRUTO BARANDICA la existencia de la Investigación Administrativa Especial, en
aras de verificar presuntas inconsistencias en su reconocimiento pensional, el objeto de la
misma, si la hubiere, para que pueda constituirse como parte y hacer valer sus derechos».
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2.3. Colpensiones impugnó la sentencia de primera instancia.
2.4. En sentencia de 25 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B confirmó la sentencia de primera
instancia, por razones semejantes a las allí expuestas.
2.5. La señora Luz Carine Fruto Barandica presentó incidente de desacato, por
considerar que Colpensiones no había acatado la orden de tutela.
2.6. En auto de 24 de julio de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla sancionó por desacato a la señora la señora Doris Patarroyo
como directora de nómina de pensionados de Colpensiones y, en
consecuencia, le impuso sanción de 3 días de arresto y multa de 3 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Para sustentar su decisión, sostuvo que Colpensiones expidió la Resolución
SUB 388679 de 7 de noviembre de 2024 en la que dispuso la inclusión
temporal en nómina de la señora Luz Carine Fruto Barandica por tan solo
cuatro meses. El Juzgado resaltó que la orden de tutela, confirmada en
segunda instancia, no fue limitada temporalmente, ni se profirió
provisionalmente como mecanismo transitorio.
Asimismo, subrayó que en la sentencia no solo se ordenó la inclusión de la
tutelante en la nómina pensional, sino que también se dispuso que en el
evento de existir alguna actuación administrativa en curso, Colpensiones
debía proferir un nuevo acto administrativo en el que le comunicara a la
accionante la existencia de la investigación administrativa especial, a fin de
que aquella pudiera constituirse como parte y hacer valer sus derechos.
En ese sentido, desestimó el argumento del Colpensiones según el cual esa
parte de la orden de tutela también se cumplió gracias a que la entidad expidió
el Oficio BZ2024_23927271 de 28 de noviembre de 2024. El Juzgado sostuvo
que ese oficio no hacía referencia al acto administrativo dispuesto en la orden
impartida, dado que con ese oficio tan solo se le remitió a la interesada copia
del acto administrativo SUB 388679 mediante el cual se reactivó
temporalmente en nómina a la accionante. De ahí que el referido oficio no es
un acto administrativo que permita a la tutelante ejercer su defensa en una
investigación administrativa especial.
En consecuencia, consideró que al incluir en la nómina de forma temporal a
la tutelante, la directora de nómina de pensionados cumplió parcialmente lo
dispuesto en la sentencia de tutela. Y agregó que tal actuar denota su
desinterés en el cumplimiento total de la orden.
2.7. En auto de 31 de julio de 2025 (providencia controvertida), el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B indicó que
Colpensiones allegó al expediente la Resolución SUB245122 del 29 de julio
de 2025, mediante la cual dispuso lo siguiente:
«Dar cumplimiento al fallo de tutela del JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA (…) mediante fallo de Acción de Tutela proferida el 25 de
septiembre de 2024 y en consecuencia reconocer y ordenar el pago de una pensión especial
de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de MURIEL FRUTO JOHAN ENRIQUE, en
los siguientes términos y cuantías:
FRUTO BARANDICA LUZ CARINE ya identificado(a), en calidad de Cónyuge o
Compañera(o) con un porcentaje de 100.00%, en los siguientes términos y cuantías: Valor
Mesada Beneficiario(a) al 01 de agosto de 2025: $1,423,500.00 La presente prestación junto
con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 202508 que se
paga el último día hábil del mismo mes en la central de pagos del banco (…)».
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Por lo anterior, el Tribunal consideró que Colpensiones adecuó su accionar
inicial y finalmente al proferir la Resolución SUB245122 del 29 de julio de 2025
cumplió las órdenes impartidas por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Barranquilla. En consecuencia, la autoridad judicial revocó la sanción
impuesta en providencia de 24 de julio de 2025 a la directora de nómina de
pensionados de Colpensiones. Consecuentemente, declaró configurada la
carencia actual de objeto por hecho superado.
2.8. La accionante presentó solicitud de aclaración respecto de la decisión anterior,
a fin de que se esclarecieran los siguientes aspectos: «1. Cómo justificó la
revocatoria de la sanción, a pesar de que el acto administrativo invocado por Colpensiones no
estaba ejecutoriado y no incluía el pago de las mesadas de marzo a julio de 2025. 2. Si se
verificó el cumplimiento material de la orden de tutela en su integridad o si la decisión se basó
exclusivamente en la expedición del acto administrativo parcial. 3. Si el Tribunal valoró que la
exclusión de las mesadas referidas constituye un incumplimiento sustancial de la orden judicial
y un posible fraude a resolución judicial, con el consecuente deber de remitir copias a la
Fiscalía General de la Nación».
2.9. En auto de 25 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral, Sección B negó la solicitud de aclaración de la providencia
de 31 de julio de 2025.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y «Defecto de motivación».
3.1. Defecto fáctico: sostuvo que, si bien con la Resolución SUB245122 de 29 de
julio de 2025 se reconoció la mesada de agosto de 2025, la autoridad judicial
pasó por alto (i) el pago de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025, adeudados
con retroactivo e indexación, (ii) la inclusión efectiva en nómina, (iii) la
continuidad real en salud y (iv) el hecho de que tal acto no estaba ejecutoriado.
Agregó que a 10 de septiembre de 2025 aún no se ha pagado la mesada
correspondiente a agosto de 2025. En esa medida, afirmó que no hay hecho
superado, pues el incumplimiento material persiste.
3.2. Defecto sustantivo: aseguró que la figura de carencia de objeto procede solo
cuando desaparece integralmente el objeto litigioso. En el caso, sin embargo,
no fue incluida «plena e incondicionada en nómina», faltaban los pagos de las
mesadas de marzo a julio de 2025 y no se estaba garantizando la continuidad
en el servicio de salud. Insistió en que el hecho de que no se le haya pagado
las mesadas previas a agosto de 2025 «profundiza el desacato».
3.3. «Defecto de motivación»: indicó que no se explicó cómo se llegó a la
conclusión del cumplimiento, pese a que no se le pagaron cinco mesadas de
marzo a julio de 2025.
3.4. Adicionalmente, a los defectos indicados, la parte actora aseguró que la orden
impartida en la sentencia de inclusión en la nómina pensional no estuvo
condicionada ni se emitió con un carácter temporal. Aun así, fue reactivada en
la nómina pensional por tan solo cuatro (4) meses. Además, la Resolución
SUB245122 del 29 de julio de 2025, mediante la cual se reconoció la pensión
desde agosto de 2025, pasó por alto el pago de las mesadas de marzo, abril,
mayo, junio y julio de 2025.
Asimismo, recalcó que la falta de pagos de las mesadas pensionales impide
cubrir sus tratamientos esenciales y gastos básicos, lo cual la afecta
gravemente por ser una paciente renal en hemodiálisis tres veces por semana.
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4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Luz Carine Fruto Barandica contra la Sala de
Decisión Oral de la Subsección B del Tribunal Administrativo del Atlántico; se
vinculó como terceros con interés a la Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones, a la Nueva EPS, a la IPS Fresenius y al Juzgado
Séptimo Administrativo de Barranquilla; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones manifestó que la
tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad y que esta no
puede emplearse como una tercera instancia para analizar el litigio objeto de
debate. Además, afirmó que decidir de fondo las pretensiones de la accionante
y acceder a estas implica invadir la órbita del juez ordinario. Por ende, solicitó
la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
4.3. La Nueva EPS informó que la señora Luz Carine Fruto Barandica se encuentra
en estado activo en el sistema general de seguridad social en salud, bajo el
régimen subsidiado, a quien se le están garantizando los servicios en salud.
Aseguró que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que la tutela se
interpuso contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.
4.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B
sostuvo que en el fallo de tutela no se ordenó el reconocimiento y pago de
suma dineraria alguna ni de las mesadas pensionales supuestamente dejadas
de cancelar por parte de la accionada.
Por ende, si a juicio de la accionante lo dispuesto por el juez constitucional de
primer grado resultaba insuficiente al no incluir órdenes relativas al
reconocimiento y pago de mesadas dejadas de cancelar, debió canalizar dicha
insatisfacción impugnando la sentencia de primera instancia, con el fin de
obtener un pronunciamiento expreso sobre ese tópico. Por consiguiente,
desestimó la interpretación de la accionante según la cual la consulta de la
sanción se extiende a aspectos distintos a los previstos en el fallo.
Aseguró, por otra parte, que la decisión de no aclarar la providencia proferida
el 31 de julio de 2025 obedeció simple y llanamente a que no se cumplieron
los presupuestos habilitantes para tal figura jurídica.
Indicó que la Resolución SUB245122 de 29 de julio de 2025 expedida por
Colpensiones, a través de la cual se dio cumplimiento al fallo de tutela, es un
acto de ejecución, razón por la cual contra ella no procede recurso alguno. Por
lo tanto, queda sin respaldo normativo lo argumentado por la accionante, esto
es, que supuestamente debía esperarse la ejecutoria de ese acto para resolver
el grado jurisdiccional de consulta por el hecho superado.
De otra parte, indicó que en el caso no concurren los requisitos generales,
como tampoco alguna de las causales específicas de procedibilidad. En su
criterio, la acción de tutela se está utilizando deliberadamente para intentar
reabrir un debate ya clausurado y hacer prevalecer la interpretación de la parte
accionante.
En todo caso, de considerar que el caso amerita un estudio de fondo, aseguró
que la providencia que resolvió la consulta se basó única y exclusivamente en
las previsiones de la sentencia de tutela, pues cualquier exceso en este punto
habría quebrantado el principio de congruencia, consagrado en el artículo 281
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del Código General del Proceso. Tal actuar implicaría exigirle a la autoridad
incursa en desacato el cumplimiento forzoso de actuaciones a las que no fue
efectivamente condenado.
Por las razones expuestas, solicitó se declare la improcedencia de la acción o
en su defecto se niegue la protección invocada, en tanto no ha sido vulnerado
derecho fundamental alguno.
4.5. La sociedad Davita Colombia S.A.S. manifestó que es una institución
prestadora de los servicios de atención en salud especializada en nefrología y
tratamiento de pacientes con insuficiencia renal crónica a usuarios afiliados a
diferentes E.P.S.
Informó que la paciente Luz Carine Fruto Barandica cuenta con diagnóstico de
obesidad, enfermedades urinarias anuria y oliguria, hipertensión con vertientes
e insuficiencia renal crónica estadio 5, por lo cual hace parte del programa de
hemodiálisis como soporte vital, terapia a la cual debe asistir tres veces a la
semana.
Sostuvo que no se pronunciaría respecto a los hechos expuestos y
pretensiones de la paciente, pues lo solicitado corresponde a gestiones que
se encuentran a cargo de otra entidad. De ahí que la presunta vulneración de
derechos fundamentales a que hace referencia la parte accionante obedece a
actuaciones adelantadas por terceros, por lo que en nada puede endilgarse
responsabilidad a la sociedad. Por lo tanto, solicitó se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva y su desvinculación.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró la improcedencia de la acción de tutela por considerar que
no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, en tanto que dicho
mecanismo se está empleando como si fuera una instancia adicional.
En criterio del juez de tutela de primera instancia, la actora se limitó a exponer su
inconformidad con la decisión adoptada en el grado jurisdiccional de consulta al
considerar que el Tribunal accionado se equivocó, puesto que concluyó que
Colpensiones cumplió con las órdenes de amparo. Para la autoridad judicial, dicha
circunstancia se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el
juez natural y en la simple inconformidad de la accionante con las decisiones
adoptadas por la autoridad judicial accionada.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. Aseguró que el juez de
tutela confundió los linderos de la relevancia constitucional con una lectura
restrictiva que privilegia la forma sobre la eficacia. En su criterio, la relevancia
constitucional no se agota en lo abstracto del contenido normativo; por el contrario,
consideró que un asunto goza de tal relevancia cuando del análisis se deriva la
necesidad de preservar la eficacia de la tutela como remedio inmediato frente a un
incumplimiento judicial que amenaza derechos fundamentales.
Además, sostuvo que la relevancia constitucional no exige a la ciudadana formular
un tratado doctrinal sobre la Constitución Política, sino probar que una orden judicial
ha sido frustrada de manera que ponga en riesgo derechos fundamentales. Afirmó
que esa prueba existe en el caso y es palmaria: la persistencia de la mora pensional
y la inexistencia de pagos sobre periodos ya ordenados judicialmente.
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Indicó que el caso no se reduce a un simple pasivo económico, sino a la
consumación de un fraude a resolución judicial y a una afrenta directa al principio
de seguridad jurídica, mediante «la burla abierta al instituto de la cosa juzgada».
Sostuvo que la orden judicial dirigida a Colpensiones para el pago efectivo de la
mesada pensional ha sido abiertamente burlada, y aun así los jueces de instancia
fingen un cumplimiento inexistente. En consecuencia, la declaratoria de hecho
superado «que sirvió de excusa para cerrar el examen constitucional en sede de revisión del
desacato no es más que un montaje jurídico grotesco, un esperpento procesal destinado a favorecer
a COLPENSIONES y a proteger a los magistrados que revocaron la sanción de desacato impuesta
por el Juzgado Séptimo Administrativo de Barranquilla».
Añadió que en vez de negar el amparo, se declaró improcedente la acción «para
evadir el control de revisión de la Corte Constitucional» y reprochó que se haya utilizado un
lenguaje técnico deliberadamente oscuro para dificultar la acreditación del dolo ante
terceros.
Por otra parte, manifestó que según la Corte Constitucional el carácter económico
de una pretensión no excluye el amparo cuando su incumplimiento pone en riesgo
derechos fundamentales como la dignidad, la salud o la vida. No obstante, sostuvo
que la Sala del Consejo de Estado prefirió sacrificar a la víctima antes que contrariar
el poder institucional.
Reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, sustantivo y
«de motivación»; y aseguró que la independencia judicial no justifica la abstención
frente a la arbitrariedad, pues de ser así todas las tutelas contra providencias
judiciales serían improcedentes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro
de un incidente de desacato
A pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la
procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, se ha
reiterado insistentemente que esta es excepcional. Por ende, para que la acción de
tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se cumplan
estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que deben analizarse
con sumo rigor.
Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se reprocha no sea una
decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra
vez se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es absoluta. En
la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su jurisprudencia señalando
cuándo es procedente la acción de tutela contra sentencias de tutela. Uno de los
supuestos que analizó es la posibilidad de que mediante una tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato. Sobre este evento señaló
que la acción es procedente «si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional»3.
En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó sobre las
condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato. Aseguró
que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la configuración de, por lo
menos, uno de los defectos especiales.
A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la tutela
solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez esté
debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como «la instancia
obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza»4.
Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite
incidental y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en
el curso del desacato.
En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró
el derecho al debido proceso.
En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en
incidentes de desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se controvierta la
decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos argumentos o pruebas
que no alegadas previamente, que además de comprobarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales se
sustente la configuración de un defecto especial, que se busque la protección del
debido proceso y que su trasgresión se haya originado en el curso del desacato o
cumplimiento de fallo.
3. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, en principio le correspondería a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente
la tutela, por considerar que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Sin embargo, la Sala no centrará su estudio en dicho requisito de
procedibilidad, pues de entrada se observa su cumplimiento. No podría entenderse
que la tutela se está empleando como una instancia adicional, pues no fue la parte
actora la que impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, lo cual desvirtúa
la tesis de la utilización de la presente tutela como un recurso más de la acción.
Por otra parte, no se desconoce que la tutelante fundó el escrito de tutela en los
mismos argumentos expuestos en la solicitud de aclaración interpuesta contra el
auto que revocó la sanción. Aun así, no se considera que la tutela se esté
empleando como una instancia adicional, porque en el auto que resolvió la
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
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aclaración tales cargos no fueron analizados de fondo, en consideración a que el
Tribunal sostuvo que la parte resolutiva del auto no contenía enunciados ambiguos
que ameritaran la aclaración.
Así las cosas, la Sala circunscribirá su estudio a establecer si en el caso se satisface
el presupuesto de subsidiariedad, a fin de establecer si la accionante tiene otros
mecanismos de defensa judiciales para ventilar las inconformidades expuestas en
la presente acción de tutela.
4. Alcance del requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante.
En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un perjuicio
irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
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de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 5.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.
5. Análisis en el caso
5.1. De entrada, la Sala considera necesario precisar cuál fue el alcance de la
orden de tutela impartida.
Tal mandato se limitó exclusivamente dos puntos específicos: (i) a la inclusión
de la tutelante en la nómina de pensionados y (ii) a que en caso de estarse
adelantando alguna actuación administrativa respecto de la pensión de
sobrevivientes reconocida en el año 2010, se le notificara a la accionante la
existencia de la referida investigación administrativa especial, mediante un
nuevo acto administrativo, a fin de que aquella pudiera ejercer su derecho de
defensa. Veamos la orden impartida:
«PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora LUZ
CARINE FRUTO BARANDICA vulnerado por ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES -COLPENSIONES- y, de contera, los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social en salud y pensión, conforme a las consideraciones de esta
providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, ORDÉNASE a ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, que dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, incluya
nuevamente a la accionante de pensionada, quien venía disfrutando de ese derecho
reconocido mediante Resolución No. 015702 de 22 de octubre de 2010, y de existir
actuación administrativa profiera un nuevo acto administrativo en el que le comunique a
la accionante señora LUZ CARINE FRUTO BARANDICA la existencia de la Investigación
Administrativa Especial, en aras de verificar presuntas inconsistencias en su
reconocimiento pensional, el objeto de la misma, si la hubiere, para que pueda constituirse
como parte y hacer valer sus derechos».
En criterio de la parte actora, sin embargo, tal orden judicial también implica el
pago de las mesadas que dejaron de cancelarse; situación originada en la
decisión de Colpensiones de excluirla intempestivamente de la nómina. Si bien
la falta de pago se generó por la disposición repentina de Colpensiones de
dejar de pagar la pensión de la accionante sin un procedimiento administrativo
previo, tal circunstancia no significa que en el fallo de tutela realmente se haya
ordenado el pago de tales mesadas. Por el contrario, de su lectura se advierte
que el juez de tutela no ordenó el pago de ninguna mesada pensional.
Así las cosas, al no haberse dispuesto ningún pago se desestima la
argumentación de la accionante, cuyo cargo principal justamente consistió en
que el fallo de tutela no había sido cumplido, dado que aún no se habían
pagado varias mesadas pensionales.
En todo caso, nada obsta para que la accionante solicite a Colpensiones el
pago de las mesadas pensionales no canceladas. Y en el evento de obtener
una decisión desfavorable, la accionante puede acudir a los medios de control
dispuestos en la Ley 1437 de 2011 o incluso a la acción de tutela.
Sobre esto último, en la sentencia T-255 de 2022 la Corte Constitucional
reconoció la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se
persigue el pago de las mesadas de una pensión ya reconocida, en
consideración a que la falta de pago atenta contra el derecho al mínimo vital.
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Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
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La Sala subraya que, de acuerdo con las pretensiones formuladas, la presente
acción se formuló como una tutela contra providencia judicial cuyo propósito
era dejar sin efectos el auto de 31 de julio de 2025. De ahí que en la presente
acción la tutelante no solicitó el pago de mesada alguna.
En ese orden de ideas, se insiste que en el evento de obtener una respuesta
desfavorable sobre el pago de las mesadas no canceladas, después de acudir
a la administración, la accionante podrá acudir a los medios de control
consagrados en el ordenamiento jurídico o inclusive a una nueva acción de
tutela, a diferencia de la presente, sí persiga el pago de tales mesadas.
5.2. Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo las
proferidas en un incidente de desacato de tutela, está sujeta al cumplimiento
de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no hay lugar a
estudiar el asunto de fondo. Entonces, es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
la tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala considera que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, dada la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial que le permiten a la parte actora exponer la inconformidad ventilada
a través de la presente acción de tutela, relativa a la falta de pago de varias mesadas
pensionales.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en la que se
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pero por considerar que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, pero por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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