Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05672-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05672-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05672-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante LUIS EDUARDO TRUJILLO OLAYA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, SALA DE ORALIDAD
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Operario
maquinaria pesada. Prueba del elemento subordinación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Luis Eduardo Trujillo Olaya, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 20251, Luis Eduardo Trujillo Olaya interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Tolima por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
principio de confianza legítima, con ocasión de la sentencia del 3 de abril de 2025
por la que el tribunal accionado revocó la decisión del juzgado en primera instancia
y negó las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 73001-33-33-006-2022-00235-00/01.
En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Tutélese, a mi favor, el derecho fundamental al debido proceso y, conexamente,
los derechos a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia vulnerados por
el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, M. P. Luis Eduardo Collazos
Olaya, con ocasión de la sentencia de 03 de abril de 2025, por configuración de defecto fáctico
en la valoración del acervo probatorio; en subsidio, por defecto procedimental por exceso de
ritual manifiesto y desconocimiento del precedente aplicable en materia de contrato realidad.
SEGUNDA. Como consecuencia del amparo, déjense sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 03 de abril de 2025 dentro del radicado 73001-33-33-006-2022- 00235-
01, y ordénese al Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Oralidad emitir nueva
providencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela,
con sujeción a los siguientes parámetros vinculantes: (i) valoración integral, razonable y
contextual de toda la prueba practicada, evitando lecturas aisladas; (ii) primacía de la realidad
sobre la forma contractual (art. 53 C.P.) y lectura conjunta de indicios de subordinación
(asignación de frentes, horarios y turnos, control de ausencias y reemplazos, uso de
maquinaria pública, alojamiento y alimentación a cargo de la entidad, supervisión funcional);
(iii) prohibición de imponer cargas probatorias desproporcionadas (p. ej., exigencia de
“órdenes textuales” o constancias disciplinarias como condición sine qua non), y deber de
practicar oficiosamente la prueba que resulte necesaria para reconstruir la cadena de mando
cuando sea pertinente; y (iv) motivación reforzada ante cualquier apartamiento de la prueba
esencial y de la decisión de primera instancia.
TERCERA. Adviértase y ordénese a los operadores judiciales de la causa (Tribunal y Juzgado
de conocimiento) no reiterar las conductas que dieron lugar a la vía de hecho aquí declarada,
disponiendo medidas de no repetición concretas, tales como: (a) observancia obligatoria de los
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Tutela radicada a través de la secretaría on line del aplicativo SAMAI.
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estándares constitucionales sobre defecto fáctico y valoración conjunta de la prueba en
controversias de contrato realidad con entidades públicas; (b) capacitaciones internas y
directrices para evitar la atomización del acervo y el formalismo probatorio que desconoce la
realidad material del servicio; y (c) justificación expresa de los cambios de peso probatorio
entre instancias cuando se revoque un fallo con base en las mismas pruebas».
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Luis Eduardo Trujillo Olaya se vinculó con la Secretaría de
Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima mediante la suscripción
de dos contratos de prestación de servicios: el primero, suscrito el 24 de marzo
de 2017 por término de 90 días y el segundo, a partir del 4 de julio de 2017 por
un plazo de 45 días, cuyo objeto fue ejercer funciones como operario de
maquinaria pesada para llevar a cabo las actividades de mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitación de la red vial del departamento del Tolima.
2.2. El actor presentó dos solicitudes al departamento del Tolima con el fin de que
se reconociera la existencia del contrato realidad y, en consecuencia le fueran
canceladas las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral:
(i) Solicitud presentada el 24 de julio de 2019 con respecto al primer contrato
suscrito el 24 de marzo de 2017, a lo que se dio respuesta negativa el 14 de
agosto de 2019.
(ii) Solicitud presentada el 8 de octubre de 2019 con respecto al segundo contrato
suscrito el 4 de julio de 2017, a lo que se dio respuesta negativa el 13 de
noviembre de 2019.
Actuaciones surtidas ante el Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué .
(Expediente 73001-31-05-006-2020-00087-00)
2.3. Inicialmente el actor promovió su demanda ante la justicia ordinaria laboral
pretendiendo que se declarara la existencia del contrato realidad con el
departamento del Tolima y que, en consecuencia se ordenara el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación
laboral encubierta, incluidas las cesantías, sus intereses y los aportes a la
seguridad social.
2.4. Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Ibagué que, por auto del 15 de julio de 2020 la admitió.
El 28 de junio de 2022 se llevó a cabo audiencia ordinaria en la que agotaron
las etapas previas de saneamiento del proceso, fijación del litigio, decreto de
pruebas y se fijó fecha para la audiencia de pruebas y de juzgamiento.
Posteriormente, mediante providencia del 9 de agosto de 2022 el juzgado
declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y ordenó
la remisión del asunto a los juzgados administrativos.
Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (Expediente 73001-33-33-006-2022-00235-00/01).
2.5. El Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué ( expediente 73001-33-33-006-2022-
00235-00/01) a quien correspondió conocer del asunto en primera instancia 2,
2
Inicialmente la demanda fue interpuesta ante el Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué que por auto del 9 de agosto de
2022 declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y dispuso la remisión del caso a los juzgados
administrativos de Ibagué.
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por auto del 8 de septiembre de 2022 ordenó adecuar la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.6. El actor adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Como pretensiones, pidió que se declarara la nulidad del acto
administrativo del 14 de agosto de 2019 por el que el departamento del Tolima
negó la existencia del contrato realidad y el consecuente pago de las
prestaciones sociales.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta, incluidas
las cesantías y los intereses a las cesantías y los aportes a la seguridad social.
2.7. Mediante providencia del 6 de octubre de 2022 el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué rechazó por caducidad la demanda, en relación con
el pago de las prestaciones sociales, cesantías e indemnizaciones que el actor
consideraba que se le adeudaban, y la admitió en lo relacionado con la
pretensión de la devolución de aportes al sistema general de seguridad social.
2.8. Posteriormente en audiencia inicial llevada a cabo el 25 de mayo de 2023 el
juzgado, en la etapa de saneamiento del proceso, indicó que debía entenderse
demandado no solo el primer acto administrativo que negó la existencia de la
relación laboral encubierta sino que también se entendía demandada la
segunda decisión negativa de la administración frente al segundo periodo por
el que se suscribió el contrato de prestación de servicios.
En la fijación del litigio se determinó si era procedente condenar a la parte
demandada al reconocimiento y pago de los aportes a seguridad social por el
periodo comprendido entre el 24 de marzo al 24 de junio de 2017, por haber
operado la caducidad con respecto a las demás pretensiones.
2.9. Agotadas las restantes etapas, el juzgado en sentencia del 2 de noviembre
de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda.
Señaló que del análisis de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre la administración y el accionante, se advertía que una de las obligaciones
del contratista fue la de obedecer a las órdenes emitidas por un jefe inmediato
lo que era indicador claro del elemento subordinación.
En esa línea, sostuvo que si el demandante hubiera querido ausentarse un día
laboral no le era permitido asignar una persona que lo remplazara ya que de
acuerdo con el testimonio del señor Orlando Rojas Riaño debía pedir permiso
al supervisor a quienes los operarios reconocían como la persona a cargo de
otorgar este tipo de permisos y definir quién supliría la ausencia, incluso era
reconocido como jefe, de acuerdo con lo manifestado por el testigo José
Manuel Ciro Mendoza.
También encontró acreditado el elemento subordinación al tener que cumplir el
actor un horario constante e invariable de 6 am a 6 pm en su condición de
operador de maquinaria pesada para mantenimiento de vías secundarias y
terciarias, lo que dijo además, era una función asignada legalmente a los
departamentos y, por tanto, se trataba de una función del giro ordinario de la
administración relacionada con la conservación de la red vial departamental.
2.9. Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
En segunda instancia el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad
mediante sentencia del 3 de abril de 2025 (notificada por correo electrónico a las
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partes el 11 de abril de 2025) revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda.
En criterio del tribunal, el elemento subordinación no se acreditó. Frente al
cumplimiento del horario precisó que si bien ese trataba de un indicio, no
constituía plena prueba del cumplimiento de este requisito ya que la entidad
contratante podía exigir al contratista el desarrollo del objeto contractual en el
horario de atención al público y sostuvo que en el caso, al tratarse de la
rehabilitación de la red vial del departamento el horario era de 6 am a 6 pm.
En lo relacionado con la dirección y control de las actividades a ejecutar,
consideró que no se logró probar que el ente territorial estableciera actividades
de control, vigilancia, imposición o seguimiento que sobrepasara la
coordinación natural entre contratante y contratista. Agregó que si bien los
testimonios de los señores Orlando Rojas Riaño y José Manuel Ciro
manifestaron que existía un supervisor que velaba por la seguridad, estaba
atento a todos y manejaba la logística de las volquetas, no se precisó de qué
manera eran las supuestas órdenes recibidas.
Explicó que la operación de maquinaria como bulldozer, volquetas y demás
debía tener un especial cuidado dado su tamaño y peligro en la operación de
las mismas lo que hacía que fuera necesaria la supervisión de las actividades y
la logística sin que esto implicara una imposición en cuanto al modo, cantidad y
forma en que debía realizar sus actividades.
3. Fundamentos de la acción
El actor hizo dos consideraciones:
3.1. De una parte, cuestionó la decisión del 6 de octubre de 2022 por la que el
Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué resolvió en su momento rechazar por
caducidad el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a
excepción de la pretensión relacionada con la devolución de aportes al sistema
general de seguridad social.
Al respecto indico que el juzgado de primera instancia desconoció la línea
unificada del Consejo de Estado según la cual en los casos donde se discute la
existencia de un contrato realidad y no la nulidad de un contrato laboral
previamente reconocido, no opera la caducidad como fenómeno jurídico, tal
como lo precisó la sentencia de unificación CE-SUJ2 del 5 de abril de 2016 en
la que se indicó que el debate sobre la desnaturalización del contrato de
prestación de servicios y la existencia de relación laboral no estaba sujeta al
fenómeno de caducidad al referirse a derechos laborales fundamentales
irrenunciables.
3.2. De otra parte, consideró que la decisión del 3 de abril de 2025 emitida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en
defecto fáctico.
Indicó que no se había hecho un adecuado estudio del material probatorio
allegado al proceso y que se había minimizado lo que le favorecía al tratar
como simple logística a la asignación de frentes, el control de ausencias y
remplazos, así como el alojamiento y la alimentación que fueron asumidos por
la entidad.
Que tampoco integró esos elementos con el uso de maquinaria pública y con el
horario de 6 am a 6 pm que cumplió a cabalidad.
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Dijo que se le impuso un estándar probatorio desproporcionado al exigirse
órdenes textuales y constancias formales de un poder disciplinario que se
hubiera ejercido, todo como condición para reconocer el elemento
subordinación y señaló que no observó que la sentencia T-168 de 2025 ordena
ajustar el estándar a la naturaleza del caso e incluso la posibilidad de un
impulso oficioso en caso de existir vacíos relevantes.
Agregó que el Tribunal no cruzó los desplazamientos con órdenes ni con
informe de supervisión con presencia en los frentes, ni los pagos fijos con
continuidad operativa sino que todo lo redujo a la palabra «coordinación» y que
no era posible que las mismas pruebas que en un momento sirvieron de
sustento para acceder a las pretensiones de la demanda ahora lo fueran pero
para negar las mismas.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Previo a resolver sobre la admisión de la demanda, el despacho ponente por
auto del 16 de septiembre de 2025 requirió a la parte actora con el fin de que
allegara los soportes que demostraran la voluntad inequívoca del accionante
para presentar la acción bien con la firma del escrito de tutela, así como las
constancias de notificación que permitan evidenciar que conoce de las
actuaciones surtidas y que está de acuerdo con la radicación de la tutela; de
ser el caso, pidió se allegara el poder específico del abogado que presentara la
acción de tutela.
4.2. Posteriormente por auto del 6 de octubre de 2025 se ordenó a la secretaría
general de la corporación notificar al actor a los correos electrónicos
evidenciados por el despacho ponente en el expediente a efectos de que diera
cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 16 de septiembre de 2025.
4.3. Cumplido lo anterior, por auto del 22 de octubre de 2025 se admitió la acción
de tutela y se ordenó la notificación de las partes accionante y accionada, esto
es, al Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad e igualmente se
dispuso la notificación al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué; como
terceros con interés se ordenó vincular al departamento del Tolima y a la
Secretaría de Infraestructura y Hábitat quienes fueron parte demandada en el
proceso ordinario; igualmente se dispuso vincular a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público quienes fueron vinculados
al proceso ordinario.
4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, manifestó en el
escrito de oposición que lo pretendido por la parte actora era insistir en un
debate ya analizado y resuelto por el juez natural de modo que la tutela no era
el escenario para insistir nuevamente en argumentos ya estudiados en su
oportunidad.
Indicó que la sentencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales
del actor y que en la decisión estaban contenidas las consideraciones que
fueron tenidas en cuenta para revocar la decisión del juzgado y negar las
pretensiones de la demanda.
4.5. El departamento del Tolima, por conducto de apoderado manifestó
pronunciarse de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura y
Hábitat.
Indicó que la tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional al
buscar el actor una instancia adicional con el fin de insistir en los argumentos
resueltos de manera suficiente por la autoridad judicial.
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Dijo que tampoco cumplía con el requisito de la subsidiariedad al contar el
actor con la posibilidad de presentar recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia de estimarlo procedente.
Finalmente manifestó que no le asistía legitimación en la causa por pasiva al
tratarse de un asunto en el que se cuestionaban decisiones judiciales en las
que no tenía injerencia alguna la entidad territorial y por lo que pidió ser
desvinculado de la presente acción.
4.6. El Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, remitió el enlace del proceso
ordinario sin pronunciarse del fondo de la controversia.
4.7. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no
pronunciaron en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y
así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico,
(ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, (vi) defecto
por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Cuestión Previa. Legitimación en la causa por pasiva
El departamento del Tolima pidió ser desvinculado de la presente acción por carecer
de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,
el departamento del Tolima fue vinculado al proceso constitucional en calidad de
tercero con interés al haber sido parte demandada en el proceso ordinario y no como
parte accionada.
De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19917, le asiste interés legítimo en el resultado de este proceso
constitucional y por tal motivo debe permanecer vinculado a éste en la calidad de
tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala
negará la solicitud de desvinculación propuesta.
4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
4.1. Lo primero que debe precisar la Sala es que la parte accionante en los
fundamentos de la acción hace mención del auto del 6 de octubre de 2022
proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué y censura que en su
momento se hubiera declarado la caducidad del medio de control a excepción
de lo relacionado con los aportes a seguridad social, indicando que tal decisión
desconocía lo dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
CE-SUJ2 del 5 de abril de 2016.
Al respecto, advierte la Sala que, de un lado, esta no fue una pretensión de
la demanda de tutela pues solo se dirige a cuestionar la sentencia de cierre del
3 de abril de 2025 emitida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
del Tolima, Sala de Oralidad y, de otra parte, se trató de una decisión que pudo
cuestionar en esa oportunidad procesal, a través de la interposición de los
recursos procedentes, esto es, concretamente el recurso de apelación en los
términos del artículo 243 del CPACA.
4.2. Definido lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra
providencia judicial deberá verificarse previamente el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad y, de estar acreditados, corresponderá a la Sala
determinar si al emitir la providencia del 3 de abril de 2025 en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo del
Tolima, Sala de Oralidad incurrió en defecto fáctico en los términos en que fue
propuesto por el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya.
5. La acción de tutela supera el análisis general de procedibilidad para
discutir providencias judiciales
La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la
providencia objeto de amparo se notificó formalmente a través de mensaje de datos
remitido a las partes el 11 de abril de 2025 y la acción de tutela fue radicada el 10 de
septiembre de ese año.
7
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
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Además, el actor agotó los recursos ordinarios procedentes para procurar la
garantía de sus derechos en el curso del proceso, en el caso no se cumplen los
presupuestos para eventualmente presentar recurso extraordinario de revisión por
ninguna de las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA; no se trata de una
tutela contra una sentencia de tutela y los hechos y pretensiones fueron presentados
de manera clara, detallada y comprensible.
Finalmente se considera que se cumple con el presupuesto de relevancia
constitucional, pues la sentencia del tribunal accionado revocó lo resuelto por el
juzgado en primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda
y en esa medida, la parte accionante considera que eventualmente la sentencia de
cierre pudo afectar derechos fundamentales en el caso por la presunta configuración
de un defecto fáctico y va más allá de la simple inconformidad del accionante con la
decisión desfavorable, razón por la que la Sala advierte que debe analizarse el caso
de fondo conforme con los fundamentos presentados en la demanda de tutela y
verificar si se vulneraron los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y el principio de confianza legítima como lo propone el
actor.
6. Defecto fáctico y su análisis en el caso concreto
6.1. El defecto fáctico ha sido entendido como aquel vicio relacionado con la
práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la
decisión. En este sentido, para que exista el defecto fáctico, es necesario que
de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
La Corte Constitucional ha establecido que la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales es «estrictamente excepcional»8, en defensa de la
autonomía e independencia judicial y de los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada. Por ello, el análisis del defecto fáctico exige un escrutinio
riguroso, dado que el juez natural goza de un amplio margen de
discrecionalidad9 en la valoración de la prueba, conforme al sistema de libre
valoración del Código General del Proceso. Sin embargo, esa discrecionalidad
no es ilimitada ni arbitraria. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha
sido consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto
fáctico cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea
«ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»10
En suma, la intervención del juez de tutela en el juicio de valoración probatoria
del fallador solo procede cuando la irregularidad es ostensible, fragrante y
8
Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56); sentencia SU132 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4)
10
Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
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manifiesta11, pues este mecanismo no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad judicial o en una herramienta para imponer una
valoración distinta de la prueba. En contraste, si la decisión judicial se apoya en
una valoración razonable y racional de la prueba, dentro del margen legítimo
que otorga el sistema de libre apreciación, el juez constitucional no estará
facultado para revocar la providencia, aunque considere que pudo valorarse de
manera diferente.
Según la Corte Constitucional, este defecto comprende dos dimensiones: una
negativa, que se configura por omisiones del juez como ignorar o no valorar
injustificadamente una prueba determinante12, decidir sin soporte probatorio
suficiente13 o abstenerse de decretar pruebas de oficio cuando está obligado a
hacerlo14; y una positiva, que ocurre cuando el juez valora y decide con base en
pruebas ilícitas15 o utiliza medios de prueba que por disposición legal no
pueden acreditar el hecho en cuestión16.
La jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en que las discrepancias
respecto de la valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la
revocación por vía de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto
como admitir la superioridad del criterio de valoración del juez de tutela
respecto del juez natural, en directo menoscabo del principio de autonomía
judicial. No pueden reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la
valoración y apreciación de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela
está fijada en clave de violación de derechos fundamentales, no de diferencias
de juicio o de opinión.
6.2. De acuerdo con lo manifestado por la parte actora, la autoridad judicial
accionada no valoró de manera integral las pruebas aportadas, que en su
sentir, daban cuenta de una relación subordinada con el departamento del
Tolima y que, por el contrario, en la sentencia acusada se indicó que el acervo
probatorio aportado era insuficiente para tener por demostrado el elemento
subordinación propio de una relación laboral encubierta.
De manera concreta, el tutelante consideró que no se hizo un estudio
adecuado de las pruebas que obraban en el proceso, cuestionando que el
argumento se redujera a una logística por parte del supervisor y que se dejara
de lado lo relacionado con la asignación de frentes, el control de ausencias y
remplazos, así como el alojamiento y la alimentación que fueron asumidos por
la entidad, así como también que se utilizaron elementos de la entidad como la
maquinaria pesada y que siempre cumplió un horario de 6 am a 6 pm todos los
días.
También censuró que se exigieran pruebas en las que constaran
formalmente las órdenes y constancias que dieran cuenta de un poder
disciplinario ejercido sobre él para entender configurado el elemento
subordinación, entendiendo todo como una simple «coordinación».
Para reforzar su argumento, se refirió a la sentencia T-168 de 2025 que dijo,
ordena ajustar el estándar a la naturaleza del caso e incluso la posibilidad de
un impulso oficioso en caso de existir vacíos relevantes.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
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6.3. Al respecto, advierte la Sala que en la sentencia cuestionada, el Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad efectúo un análisis de las pruebas
obrantes en el proceso en su conjunto, que lo llevaron a concluir que en el caso
del señor Trujillo Olaya no existió una relación laboral subordinada, pues las
pruebas aportadas daban cuenta era del cumplimiento de las obligaciones
propias del contrato de prestación de servicio, y que les son exigidas a los
contratistas como colaboradores del Estado.
Textualmente el análisis hecho en la sentencia fue la siguiente:
«Respecto del horario de labores, es imperioso antes de analizar tal indicio, aunque es un
indicio de la subordinación, este no es por sí mismo no constituye una prueba de la
subordinación, en tanto la entidad contratante puede exigir al contratista que desarrolle el
objeto contractual en el horario de atención al público, además debe analizarse la naturaleza
de las actividades para las que fue contratado el contratista. Así, al tratarse de rehabilitación de
la red vial del departamento, se tiene que el horario establecido para esto era desde las 06:00
am hasta las 06:00 pm. Frente a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, no se logró probar que el
ente territorial estableciera actividades de control, vigilancia, imposición o seguimiento que
sobrepasara la coordinación natural y normal entre el contratante y el contratista, de manera
que en audiencia de pruebas los testigos Orlando Rojas Riaño y José Manuel Ciro
manifestaron que existía un supervisor que velaba por la seguridad, estaba pendiente de todos
y manejaba la logística de las volquetas, empero, no precisó como eran las supuestas órdenes
recibidas, pues se desprende de la operación de maquinaria como lo son bulldozer, volquetas
y demás debe existir un cuidado debido a las magnitudes en tamaño y el peligro en la
operación de las mismas por lo cual la supervisión de las actividades y de la logística es
necesaria sin que con ello se pueda predicar que exista imposición de modo, cantidad y forma
en que debía realizar sus actividades, por tanto este indicio no se encuentra probado. De las pruebas aportadas a proceso no se puede concluir que haya existido la subordinación
requerida para el contrato realidad, es así que las documentales como contratos de prestación
de servicios y los testimonios practicados en audiencia de pruebas a los señores Orlando
Rojas Riaño y a José Manuel Ciro solo permiten evidenciar que el señor Luis Eduardo Trujillo
prestaba sus servicios de manera personal, que por dichos servicios recibía una
contraprestación económica denominada honorarios y los cuales tenían un carácter mensual,
sin embargo, es ausente en el cartulario prueba que permita evidenciar la existencia de
subordinación, debido a que, de lo manifestado en audiencia de pruebas por los testigos, el
supervisor estaba pendiente de la seguridad y logística de todos los operarios de maquinaria
(bulldozer, volquetas entre otros) ejerciendo una coordinación para el correcto desarrollo del
objeto contractual, ninguno de los testigos manifestó qué ordenes eran impartidas por el
referido supervisor, sumado esto, el señor José Manuel Ciro manifestó que tenían un
supervisor “a veces”, de ello se desprende que entre el contratista y el mentado supervisor
existió una coordinación permitida para el desarrollo de las actividades relacionadas con el
mantenimiento o rehabilitación de la vías. En efecto el demandante cumplía sus actividades contractuales de manera personal y recibía
como remuneración una suma mensual, de manera que los dos elementos antecedentes no
están en discusión pues fueron acreditados en el proceso, frente a la subordinación se tiene
que existía un supervisor encargado de la logística y seguridad, en virtud de que no se tiene
prueba de en qué consistían las ordenes así como tampoco de que este impusiera el modo, la
cantidad y forma en que debía desarrollar sus funciones no es procedente tener como
acreditado el elemento de la subordinación.
Dicho esto, no existe medio probatorio que permita evidenciar que el accionante estaba
subordinado, ya que los testigos respondieron frente al interrogante del trámite que debía
surtirse en una eventual de ausencia que el demandante nunca se había enfermado o
ausentado, de manera que no se avizora ese poder subordinante que supuestamente ejercía
la entidad y al no existir elementos de prueba que den cuenta de ello, este despacho da por no
probado el elemento subordinante y en consecuencia, se tiene la no existencia de una relación
laboral por lo cual se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar se negarán las
pretensiones de la demanda».
De acuerdo con el análisis hecho por el tribunal en la decisión que se
cuestiona, se advierte que partió de la valoración conjunta y razonable de los
medios de prueba aportados legal y oportunamente al expediente ordinario,
concretamente la prueba documental y testimonial que lo llevaron a concluir
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que las labores desempeñadas por el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya no
estuvieron sujetas al elemento subordinación propio de una relación laboral.
Fue explícita la providencia al explicar que aspectos como el cumplimiento del
horario y la imposición de órdenes no se configuraron en el caso presente,
veamos:
Del cumplimiento de horario, entendido como la obligación del trabajador de
cumplir con una serie de horas estipuladas con el empleador en el respectivo
contrato o acto de vinculación, encuentra la Sala que el tribunal explicó que al
tratarse de la reparación y conservación de obras en la red vial del
departamento, debía atenderse a unas franjas específicas que iban de las 6 de
la mañana a las 6 de la tarde, todo lo cual hacía parte de la coordinación para
la ejecución de las labores que en el caso del accionante estaba circunscrito a
la operación de la maquinaria pesada para tal propósito.
De la imposición y el cumplimiento de órdenes, atendió no solo a la prueba
documental sino a la testimonial que le dio una visión de la forma como se
ejecutaron las obligaciones pactadas en el contrato señalando al respecto que
se trató de un asunto de coordinación entre contratante y contratista más aún
cuando se hacía necesaria una supervisión continua que requería un manejo
logístico en atención a los equipos de maquinaria pesada que debían utilizarse
para el desarrollo del objeto contractual como volquetas y bulldozer que eran
de gran tamaño y su uso y manipulación comportaban un peligro en la
operación de las mismas, incluso, de acuerdo con la manifestación de uno de
los testigos, evidenció que esa supervisión se ejercía de manera ocasional, lo
que dio lugar a concluir que no era una subordinación continua lo que se
estuviera ejerciendo a los contratistas encargados del apoyo en la
recuperación y conservación de la malla vial.
Lo anterior permite concluir a la Sala que, dadas las particularidades de la labor
que debía ser desempeñada para el desarrollo del objeto contractual, era
necesario que los operarios contaran con una supervisión y que los trabajos
debieran ser ejecutados en unas franjas horarias determinadas al tratarse de
vías sin que esto implicara una relación laboral y que, tampoco existieron
pruebas que demostraran ausentismos ni la forma como se le daba manejo a
ese tipo de situaciones, así como tampoco que fuera un control constante de
modo que, como se dijo, se trataba de un asunto de coordinación de
actividades a ejecutar conforme al objeto del contrato y durante el plazo por el
que fue contratado.
6.4. Por lo anterior, para la Sala resulta razonable que el juez natural concluyera
que en el asunto bajo estudio no se hubiera encontrado demostrado el
elemento subordinación y por ende una relación laboral encubierta, conforme
las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, análisis que se hizo
por el juez natural conforme a los principios de la sana crítica y autonomía
judicial con los que cuenta la autoridad judicial, cosa distinta es que el actor no
esté de acuerdo con esa valoración.
Para la Sala el juez de segunda instancia procedió con la valoración de los
medios de prueba de manera individual y conjunta, y en su juicio aplicó las
reglas de la sana crítica. Además, en el cuerpo de la sentencia está
debidamente consignado el examen crítico que realizó la autoridad judicial, así
como la explicación razonada del valor de convicción que otorgó a los medios
de prueba.
6.5. Ahora bien, no pasa desapercibido la Sala que el actor, si bien no planteó la
existencia de un desconocimiento del precedente jurisprudencial en estricto
sentido, sí hizo mencionó la sentencia T 168 de 2025 con respecto a la que debe
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indicarse que se trata de un pronunciamiento de responsabilidad del Estado
por la muerte de una persona producto de una mina antipersonas de quien se
dedicaba a la erradicación de cultivos ilícitos.
Tal supuesto no se ajusta a los supuestos fácticos del caso que ocupa la
atención de la Sala, además, no es relevante en la discusión, pues en esta
decisión se hizo un análisis de la caracterización general del defecto fáctico
concretamente desde la omisión de la totalidad de los elementos de juicio, al
alcance inadecuado de las pruebas que hizo que se interpretaran de forma
descontextualizada y a la imposición de una carga desproporcionada que
además se catalogó como revictimizante.
Aunque pudiera la Sala entender, de acuerdo con el contexto que propone el
actor en la demanda de tutela, que buscó reforzar el argumento de la carga
desproporcionada que se le impuso de demostrar un poder disciplinario o de
imposición por parte de la parte contratante para probar el elemento
subordinación, para la Sala que en el caso no se trató de cargas excepcionales
o desproporcionadas en materia de pruebas, sino en la demostración de una
relación laboral encubierta que no se configuró en el caso concreto como se
analizó en líneas precedentes con argumentos que para la Sala resultan
razonables y acordes con lo probado en el proceso.
Finalmente, tampoco es posible aplicar lo mencionado en el precedente en
relación con la posibilidad excepcional del decreto de pruebas de oficio como lo
da a entender el actor, pues en el contexto que se propuso el decreto oficioso
de pruebas en la sentencia de la Corte Constitucional, se trató de un caso
relacionado con el conflicto armado y la reclamación que por la vía de la
reparación directa hicieron las víctimas frente al Estado en aras del
esclarecimiento de los hechos, lo que tampoco guarda relación con el caso
concreto del actor.
6.6. En ese contexto, esta Sala concluye que los argumentos de la acción de tutela
constituyen alegatos de desacuerdo con el peso probatorio que otorgó el juez
de la causa a los medios de convicción, pero no comportan un escenario de
real vulneración de derechos fundamentales.
Se recuerda que la Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la
protección constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se
identifique que el juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error
ostensible y flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la
decisión17. En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los
requisitos de razonabilidad y trascendencia18.
En el caso concreto, el juez de la causa presentó su juicio de valoración
probatoria, a partir de un análisis particular y conjunto de estos, y en aplicación
de las reglas de la sana crítica.
Por lo anterior, no se configura el defecto fáctico alegado, como quiera que las
razones que le sirven de fundamento corresponden a la exteriorización de la
inconformidad del tutelante con la decisión del juez de la causa, por resultar
desfavorable a sus intereses.
7. Conclusión
17
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de
tutela interpuesta por el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya, por no encontrarse
configurado el defecto fáctico en los términos propuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Luis Eduardo
Trujillo Olaya, por las razones expuestas en la parte motiva.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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