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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05673-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05673-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 9 de octubre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05673-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025, por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 10 de septiembre de 2025, Terapia Intensiva S.A.S. (en adelante Sociedad o
Terapia Intensiva), por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia1.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 13 de agosto de 2025, proferida
por la autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 2 que promovió contra el municipio de Itagüí. Con dicha demanda se
pretendía la declaratoria de nulidad de la Resolución 66934 del 10 de septiembre de
2018, mediante la cual la Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo
territorial impuso sanción por inexactitud en la declaración del impuesto de Industria
y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros para el año de ingresos de 2015.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se dejara en firme la declaración
privada presentada.

3.
Mediante la providencia acusada, se confirmó la decisión adoptada el 31 de marzo
de 2023 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín que negó
las pretensiones de la demanda. El Tribunal descartó que el acto administrativo
demandado hubiera sido notificado de forma indebida, al acreditarse que este se

1 También invocó el principio a la seguridad jurídica.
2 Con número de radicado: 05001-33-33-002-2018-00653-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

envió a una dirección válida acorde a lo dispuesto en el artículo 247 del ETN, a la
que se había remitido un requerimiento especial previo que fue atendido en término,
sumado a que la constancia de entrega fue firmada por la misma persona que recibió
con antelación otro acto administrativo del municipio. Por otro lado, encontró
procedente aplicar lo dispuesto en la sentencia del 4 de abril de 2019 sobre
desgravación del ICA respecto a los servicios de salud, por no incluirse exigencias
nuevas a las ya existentes al momento de presentarse la declaración privada por
parte de la sociedad y, en consecuencia, no accedió a reconocer que se estuviera
ante un error de prohibición.

4.
La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los
siguientes yerros:

5.
Defecto material y violación directa de la Constitución, al pasar por alto los
errores cometidos por el municipio de Itagüí en la notificación de la liquidación oficial
de revisión. Aunque reconoció que al dar respuesta a dicho requerimiento
administrativo, la sociedad actora indicó que recibiría notificaciones en otra dirección,
avaló que el acto administrativo demandado, proferido con posterioridad, se hubiera
notificado en el domicilio anterior, desconociendo que las normas procesales son
inviolables y que dicho actuar causó una grave afectación a sus derechos en especial
al debido proceso, porque se le cercenó la oportunidad de presentar recurso de
reconsideración contra esa decisión administrativa, a fin de esgrimir la respectiva
defensa, decidir si luego de ello acudía ante la jurisdicción contencioso-
administrativa o, incluso, si se allanaba a lo decidido por el municipio.

6.
Señaló que si bien es cierto que la notificación se hizo a la misma dirección a la
que se envió el requerimiento especial, esto último no sirve de excusa porque en el
mismo escrito de respuesta a la petición del municipio se requirió expresamente
tener en cuenta el cambio de domicilio.

7.
De otro lado, el hecho de que la constancia de entrega de la notificación de la
liquidación oficial de revisión fue firmada por quien previamente había recibido el
requerimiento especial sobre la declaración del ICA es una circunstancia aislada e
irrelevante que no justifica la omisión de normas procesales por parte de la autoridad
tributaria, pues no se probó que esa persona tuviera relación alguna con la empresa.
Tampoco era factible considerar que la notificación se surtió debidamente porque la
sociedad haya conocido por casualidad la resolución demandada hasta noviembre
de 2018.

8.
Finalmente, alegó que no era aplicable el artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012
proferido por el municipio de Itagüí, según el cual, la notificación de las actuaciones
de la administración tributaria debía efectuarse a la dirección informada por el
contribuyente, pero en todo caso, la antigua dirección continuaría siendo válida
durante los 3 meses siguientes. Existe regulación expresa y especial en lo que tiene
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que ver con la dirección procesal, el artículo 564 del ETN, según el cual la notificación
a la dirección procesal electrónica se debió aplicar de manera preferente a una vez
fuera implementada. Al desconocer la norma efectivamente aplicable, también se
incurrió en desconocimiento del artículo 29 de la Constitución Política.

9.
Defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas al decidir las pretensiones
principales de la demanda, y la subsidiaria formulada en el recurso de apelación,
sobre el error de prohibición invocado.

10.
El Tribunal acogió el criterio jurisprudencial implementado por el Consejo de
Estado en el año 2019, aun cuando no era aplicable al caso concreto. En dicha
decisión, se determinó que para desgravar el ICA sobre los servicios de salud, ya no
bastaba solamente con acreditar que los recursos provinieran del sistema general de
seguridad social en salud (SGSSS) y que su propósito fuera exclusivamente el
indicado en el artículo 48 de la Constitución, sino también que el contribuyente hiciera
parte de ese sistema público. Acorde a ello, consideró que las pruebas aportadas no
eran suficientes para acreditar la desgravación alegada, omitiendo que las
circunstancias que se buscaban demostrar con esos documentos no aludían a los
presupuestos antes mencionados, sino a demostrar que efectivamente los servicios
prestados y, por lo tanto, la remuneración de estos, apuntaban a servicios de salud,
siendo este el único requisito exigido por la Ley y la doctrina antes del cambio
jurisprudencial de 2019.

11.
En consecuencia, considera que la autoridad demandada también erró por exigir
pruebas que al momento de presentar la declaración privada del ICA e incluso la
demanda, no eran exigibles, sin advertir el impedimento material y temporal por parte
de la sociedad para cumplir con ello. A su juicio, debió hacerse una revisión más
profunda de los elementos probatorios, sin limitarse a verificar si cumplían con los
presupuestos señalados en la sentencia de unificación, y advertir que los ingresos
recibidos por la sociedad aludían a ingresos del sistema, los cuales se transmitieron
a través de la ESE Hospital Rafael de Itagüí y la Clínica Antioquia.

12.
Según el Consejo de Estado 3 , dicha regla de unificación no es absoluta ni
estableció una tarifa legal para estudiar y acceder a la desgravación pedida, pues ha
concluido que los ingresos exentos son los que provienen del sistema general de
seguridad social en salud, acorde a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 788 de
2002, siendo la conclusión general del cambio de jurisprudencia que antes todos los
ingresos provenientes de servicios de salud eran desgravados con ICA,
independientemente si esos servicios se remuneraron con dineros del sistema
público o de fuentes privadas. En todo caso, pidió tener en cuenta que el Tribunal

3 Cita original: “Sentencia del 15 de junio de 2023, proferida dentro del expediente 26729, MP Myriam Stella

Gutiérrez Argüello”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

accionado podía solicitar pruebas de oficio si consideraba que con las allegadas era
insuficiente acreditar el origen de los ingresos.

13.
Relacionado con esto, no debió negarse la configuración del error de prohibición,
tal como se planteó como pretensión subsidiaria en el recurso de apelación. El litigio
estudiado apuntó a confirmar si los ingresos por servicios de salud son gravados con
ICA, y los presupuestos necesarios para dicho tratamiento, concurriendo en el
transcurso del proceso judicial un cambio de jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre el tema en discusión. En razón de lo anterior, se vislumbró una diferencia de
criterios en el derecho aplicable, pues tanto los argumentos presentados por la parte
demandante, como los expuestos por los falladores judiciales, contaban con soporte
doctrinal y jurisprudencial, siendo ambos válidos en algún momento de la discusión,
justificándose así el origen de la petición subsidiaria.

14.
No obstante lo anterior, el demandado determinó que no era posible estudiar la
diferencia de criterios solicitada porque las pruebas aportadas por la demandante no
lograron demostrar su pertenecía al SGSSS, lo cual no era necesario para atender
lo pedido. Para determinar una diferencia de criterio en este caso o una diferencia
en el derecho aplicable, no es necesario analizar ninguna prueba, sino estudiar los
argumentos sustanciales de presentación de la declaración.

15.
Desconocimiento del precedente, pues se desconocieron los precedentes
invocados, en los que el Consejo de Estado4 amparó la diferencia de criterios en
temas tributarios, en casos como el aquí discutido, avalando que el contribuyente
actuó en su momento bajo los preceptos normativos y jurisprudenciales vigentes en
ese momento, que precisamente se referían a la desgravación de ingresos
provenientes de servicios de salud en atención a la exclusión e interpretación
contemplada en el artículo 39 de la Ley 14 de 1989.

B. Sentencia de primera instancia

16.
Mediante sentencia del 9 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional, toda vez que el debate que se pretende usar la tutela
como una suerte de tercera instancia, a efectos de que el juez constitucional valide
la tesis que fue derrotada en el proceso ordinario. Además, el caso involucraba un
debate jurídico eminentemente legal y una discusión preponderantemente
económica.

C. La impugnación

4 Cita original: “Sección Cuarta del Consejo de Estado el día 04 de abril de 2019, dentro del expediente N°20204”

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17.
La parte actora indicó que el a quo erró al considerar que el presente asunto
carece de relevancia constitucional, desconociendo que la controversia gira en torno
a la evidente afectación de derechos fundamentales de especial y necesaria
protección, al adoptarse una decisión judicial sin la debida justificación jurídica y
fáctica, tal como se explicó al enunciarse los defectos endilgados al Tribunal
Administrativo de Antioquia. Afirmó que: (i) la tutela puede ser utilizada como una
especie de tercera instancia, siempre que, como en su caso, se evidencien flagrantes
violaciones a prerrogativas ius-fundamentales en sentencias judiciales, siendo esta
la finalidad con la que solicitó el amparo, denotar los graves yerros en que incurrió la
demandada, y (ii) al versar sobre un asunto tributario, es imposible desligar el
carácter económico de la decisión cuestionada.

18.
Reiteró que la autoridad accionada, valoró indebidamente las pruebas allegadas
al plenario y exige otras de imposible consecución y aporte para la época en que se
presentó la demanda. Además, desconoció el precedente invocado para la atención
de la pretensión subsidiaria esgrimida en el recurso de apelación, sobre el error de
prohibición.

II. CONSIDERACIONES

D. Análisis del caso concreto

19.
La revisión del escrito de tutela, las pruebas, el expediente contentivo del proceso
ordinario, el fallo de tutela de primera instancia y la impugnación, lleva a la Sala a
anticipar que en el presente caso se confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente la solicitud de amparo, porque se comparte que la misma carece de
relevancia constitucional. La parte actora busca reabrir la discusión respecto a la
valoración probatoria y la aplicación normativa y jurisprudencial efectuada en su caso
concreto.

20.
La Sala constató que los argumentos relacionados con la indebida notificación de
la liquidación oficial fueron alegados en iguales términos en el acápite 4.2. del
recurso de apelación interpuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, denominado “Indebida notificación de la Resolución 66934 del 10 de
septiembre de 2018”.

21.
Sobre este punto el Tribunal demandado efectuó un análisis de las normas
aplicables y de las pruebas aportadas al plenario sobre el proceso de notificación
que, a juicio de la Sala es razonable y denota que el fin de la interposición del amparo
es que se acoja el estudio probatorio que el accionante considera es acertado.

22.
Empezó el respectivo estudio precisando que, respecto a la dirección para
notificaciones, el artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012 proferido por el municipio de

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Itagüí indicaba que la notificación de las actuaciones de la administración tributaria
municipal debía efectuarse a la dirección informada por el declarante, en su última
declaración tributaria o mediante actualización del RIT, pero la antigua dirección
continuaría siendo válida durante los tres meses siguientes, sin perjuicio de la validez
de la nueva dirección informada. Acto seguido, mencionó expresamente lo dispuesto
en el artículo 564 del ETN, respecto a que, si durante el proceso de determinación y
discusión del tributo, el declarante señalaba una dirección para que se le notifiquen
los actos correspondientes, la administración debía hacerlo a dicha dirección.

23.
Acorde a ello, mencionó que en la declaración del ICA con radicado 201601283,
la sociedad actora indicó que la dirección de notificaciones era la Carrera 48 No. 19ª-
40, oficina 1509. A esa dirección se remitió por correo, el requerimiento especial
hecho por el municipio de Itagüí respecto de los descuentos por concepto de
exclusiones, ya que a su parecer estas no se encontraban debidamente justificadas.
En la guía de envío se dejó constancia de que quien recibió la correspondencia fue
“Sandra B”, quien se identificó con su respectivo número de cédula.

24.
El Tribunal accionado indicó que la sociedad respondió en término el
requerimiento especial, sin que alegara una indebida notificación, de lo cual infirió
que fue notificado en la dirección correcta. Luego de esto, expuso que fue proferida
la Resolución 66934 del 10 de septiembre de 2018 (acto demandado), por medio de
la cual se practicó la liquidación oficial de revisión, la cual se remitió a la dirección
previamente indicada por Terapia Intensiva S.A.S., y la recibió el 18 de septiembre
de ese año la misma persona que suscribió el acuse de recibo correspondiente al
requerimiento especial.

25.
Acorde a esto, determinó que no era cierto que se hubiera efectuado una indebida
notificación de la liquidación de revisión, pues no existía nota de devolución o causal
de no entrega. En todo caso, si bien era cierto que en la respuesta al requerimiento
especial la demandante informó una nueva dirección de notificación, de conformidad
con el citado artículo 247 del Acuerdo 030 de 2012, ese lugar de domicilio podía
usarse por tres meses, por lo que para el momento en que se envió la liquidación
oficial (septiembre de 2018) todavía era válida la antigua dirección.

26.
Además, la accionante en la demanda afirmó que el 18 de noviembre, en un acto
fortuito, se enteró de la existencia de la resolución y, al no tener certeza de la fecha
de entrega a quien ahora se encontraba ubicada en su anterior dirección, le fue
imposible interponer recurso de reconsideración. Acorde a esto, reiteró que no logró
probarse la indebida notificación del referido acto administrativo, por el contrario, de
las pruebas obrantes en el proceso podía concluirse que se notificó en debida forma,
sin que se viera afectado el derecho fundamental al debido proceso y, en todo caso,
si en gracia de discusión se admitiera que no fue notificada en debida forma, de
acuerdo con lo manifestado por la parte demandante, se tendría notificada por

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conducta concluyente desde el 18 de noviembre de 2018, por lo que tampoco habría
lugar a predicar la indebida notificación ni la inoponibilidad de la resolución.

27.
Destacó que en estos asuntos no era necesario agotar el recurso de
reconsideración, toda vez que la parte actora atendió en debida forma el
requerimiento especial y acorde al artículo 720 del ETN y lo dispuesto por el Consejo
de Estado en sentencia del 20 de noviembre de 20195, por competencia per saltum
podía acudir directamente a demandar el acto administrativo ante a jurisdicción
contencioso administrativa, como efectivamente lo hizo.

28.
Para esta Sala, el análisis efectuado por el Tribunal demandado es razonable,
pues tomó en consideración todas las falencias que se anotaron y descartó la
afectación endilgada, pues además de que la administración contaba con respaldo
legal para proceder como lo hizo, no se probó la incidencia de ese supuesto yerra en
la garantía de contar con una debida defensa. El recurso de reconsideración no
ejerció por decisión propia y, de cualquier manera, aquel no era indispensable para
acudir a la jurisdicción.

29.
Lo propio puede decirse respecto a los defectos sustantivo y fáctico. La parte
accionante estimó que se le exigieron pruebas que para el momento en que hizo la
declaración privada del ICA, se profirió la liquidación oficial de revisión y se interpuso
la demanda, no le eran exigibles a fin de desgravar ciertos emolumentos.

30.
En la sentencia objeto de tutela, el Tribunal mencionó que era cierto lo afirmado
por el demandante respecto a que, antes de proferirse la sentencia del 4 de abril de
2019 6 , la jurisprudencia del Consejo de Estado determinó que la prohibición de
gravar a los hospitales adscritos y vinculados al Sistema Nacional de Salud se
encontraba vigente porque aunque el sistema que existía cuando se sancionó la Ley
14 de 1983 mutó a un Sistema de Salud (Ley 10 de 1990) y luego a un SGSSS (Ley
100 de 1993), tránsitos legislativos que no implicaron la pérdida de eficacia de la
prohibición contenida en el artículo 39 -numeral 2, literal d- de la Ley 14 de 1983.

31.
Esto, porque se entendía que los hospitales adscritos y vinculados al Sistema
Nacional de Salud eran equiparables, en la actualidad, a las entidades prestadoras
de salud de que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, y a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud señaladas en el artículo 156 ibidem.
Adicionalmente, porque se mencionaba que el propósito del legislador en la Ley 14
de 1983 fue excluir a las entidades de salud de cualquier obligación formal o
sustancial relacionada con el ICA. Por lo tanto, se sostenía que los servicios de salud

5 Sección Cuarta. Sentencia del 20 de noviembre de 2019. Radicado: 50001-23-31-000-2009-00285-01. C.P.

Stella Jeannette Carvajal Basto.
6 Sección Cuarta. C.P. Roberto Piza Rodríguez. Sentencia del 4 de abril de 2019. Radicación: 05001-23-31-000-

2008-00671-01(20204).
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prestados por estas entidades estaban exentos del impuesto, salvo cuando
desarrollaran actividades industriales o comerciales.

32.
Finalmente, porque se sostuvo que la Ley 788 de 2002 no derogó expresamente
el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, así como tampoco existía una incompatibilidad
normativa entre este último artículo con la nueva disposición (artículo 111 de Ley 788
de 2002) que llevara a concluir que existió una derogatoria tácita; por el contrario, se
afirmaba que ambas disposiciones coexistían y se complementaban, pues mientras
una recaía sobre el sujeto pasivo del gravamen, la otra recaía sobre la base gravable.

33.
Sin embargo, con la sentencia del 4 de abril de 2019, el Consejo de Estado produjo
un cambio en la posición jurisprudencial, pues determinó que el criterio de no
sujeción al ICA es el contemplado en el artículo 111 de la Ley 788 de 200242, debido
a que la Ley 100 de 1993 supuso un cambio en el sistema de salud que terminó
subrogando el anterior, por lo que sería incorrecto sostener que actualmente
subsisten las instituciones del Sistema Nacional de Salud dentro del actual SGSSS.
Sumado a que, la Ley 14 de 1983 tenía como propósito la protección de los recursos
públicos destinados a la salud, pero con la implementación de la Ley 100 de 1993 y la
posterior expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 se reconoció la legitimidad de la
actividad lucrativa de las EPS, especialmente en la prestación de servicios financiados con
recursos ajenos al SGSSS, como los provenientes de Planes voluntarios de Salud, los cuales
sí pueden estar sujetos a cargas impositivas.

34.
En esta medida, el Consejo de Estado señaló que la única prohibición
constitucional que existía respecto de cargas impositivas en materia de salud es
aquella que se desprende de los artículos 48 de la Constitución Política y 111 de la
Ley 788 de 2002 que excluyen del impuesto ICA, los recursos del SGSSSS, y no
otros, esto en concordancia con lo indicado por la Corte Constitucional en la
sentencia C 1040 de 2003.

35.
El Tribunal expuso que en la referida sentencia del 4 de abril de 2019, esta
Corporación hizo un estudio amplio sobre la evolución jurisprudencial respecto a la
desgravación de las actividades relacionadas con la salud, y advirtió que desde el
año 2009 se empezó a especificar que tipo de recursos serían o no objeto del ICA:
(i) en sentencia del 13 de agosto de 2009 (Rad. 16.881, C.P. Martha Teresa Briceño),
se precisó acorde al origen de los ingresos es que se determinaba si eran gravables,
por ende, se dijo que los ingresos recibidos por concepto de servicios de salud
vinculados al POS, esto es, aquellos remunerados con la UPC, no podían ser
gravados con el ICA, puesto que se trata de transferencias del SGSSS.; (ii) en fallo
del 3 de marzo de 2011 (Rad. 17.459, C.P. Hugo Fernando Bastidas), se adoptó un
criterio de desgravación relacionado con la naturaleza del servicio, esto es, si se
trataba de servicios prestados de manera obligatoria por mandato del legislador o en
virtud de seguros médicos, planes complementarios de salud y otros; (iii) en
sentencia del 24 de mayo de 2012 (Rad. 17.914, C.P. Martha Teresa Briceño), se
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señaló que el «beneficio» establecido en la letra d) del ordinal 2.º del artículo 39 de
la Ley 14 de 1983 cobijaba de forma general a todos los ingresos que obtenían los
hospitales y clínicas por la prestación del servicio público de salud, fueran POS o sus
complementarios.

36.
Resaltó el Tribunal que la línea jurisprudencial tenida en cuenta en la sentencia
de unificación de 2019 tuvo variables en las que subyacía el criterio objetivo sobre el
origen de los ingresos para la desgravación del ICA, y no el criterio meramente
subjetivo adoptado inicialmente. Acorde a esto, el Consejo de Estado adoptó como
criterio de decisión la posición según la cual descartó la aplicación de la desgravación
prevista en el literal d) del numeral 2.º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983,
incorporado en el artículo 259 del Decreto 1333 de 1986 y determinó que solo
aplicaría la que estaba contemplada en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, de
acuerdo con los ajustes introducidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-
1040 de 2003. Decisión de unificación que, en todo caso, la autoridad judicial refirió
que se compaginaba con lo dispuesto por el Alto Tribunal Constitucional en sentencia
C-524 de 2023, con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta
contra la norma que surge de la interpretación que el Consejo de Estado ha dado a
los artículos 39 de la Ley 14 de 1983 (parcial), 52 de la Ley 10 de 1990 (parcial) y
155 de la Ley 100 de 1993 (parcial).

37.
Acorde al criterio jurisprudencial descrito, en el caso concreto concluyó que la
parte actora no acreditó los dos supuestos establecidos en la sentencia del 4 de abril
de 2019 para que prosperara la desgravación del ICA por el año de ingresos 2015
declarados en 2016 en el municipio de Itagüí, esto es, primero, que la entidad
efectivamente hiciera parte del SGSSS y segundo, que los recursos provinieran de
dicho sistema y su propósito fuera exclusivamente el indicado en el artículo 48 de la
Constitución Política.

38.
Respecto al primer requisito, expuso que si bien se allegó certificado de existencia
y representación legal de Terapia Intensiva S.A.S., en este se indicó que su objeto
social era “la empresa que se constituye podrá realizar cualquier tipo de actividad
civil o comercial, lícita” y sus actividades específicas solamente decían: actividades
de apoyo terapéutico y otras propias de asistencia social sin alojamiento. Además,
tuvo en cuenta que se aportaron constancias expedidas por la ESE Hospital Rafael
de Itagüí y la Clínica Antioquia, en las que se mencionaba que la sociedad ejercía
actividades relacionadas con la salud.

39.
No obstante, precisó que estos documentos no eran suficientes para acreditar el
primer requisito, porque de ellos no era posible inferir que la sociedad demandante
integrara el Sistema General de Seguridad Social en Salud, considerándose que
para ello era necesario que aportara la certificación expedida por la Secretaría de
Salud competente o la constancia de inscripción en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social
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Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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(REPS), documentos con los que se hubiese llegado a la convicción de su
pertenencia al Sistema General de Seguridad Social en Salud a la luz del artículo
155 de la Ley 100 de 1993.

40. En cuanto al segundo requisito, determinó que se allegó certificado expedido por el revisor

fiscal de la entidad en el que se consignan los ingresos para periodo gravable 2015 en el
municipio de Itagüí que, si bien se indicaba que estos correspondieron a servicios de salud
prestados en las UCE y UCI, no lograba acreditar que dichos ingresos provinieran de
recursos del SGSSS, de acuerdo con lo precisado por la Jurisprudencia de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, situación que es la que prueba el derecho a la desgravación
contemplada en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002.

41.
En tal sentido y, conforme lo dispuesto en la sentencia del 4 de abril de 2019,
concluyó que era claro que no bastaba con la afirmación hecha por la parte
demandante de que prestaba servicios de salud, sino que le era exigible, de acuerdo
con el principio de carga probatoria consagrado en el artículo 167 del CGP, acreditar
de manera discriminada cuáles de los ingresos percibidos durante el año gravable
2015 tenían como fuente el SGSSS. Esto, porque podían coexistir ingresos
derivados de la prestación de servicios asociados a planes voluntarios de salud (NO
POS), los cuales, al no tener origen en el SGSSS, no se encontraban amparados por
el beneficio de desgravación previsto en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, ni
cobijados por la garantía constitucional establecida en el artículo 48 de la Carta
Política. Dicha omisión, a juicio del Tribunal accionado, implicaba el incumplimiento
de la carga procesal de demostrar los hechos constitutivos del derecho que se
pretende hacer valer, razón por la cual dispuso que la actora no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado en este aspecto.

42.
De otro lado, descartó que fuera errado aplicar “retroactivamente” el criterio
adoptado por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de abril de 2019, pese a
que el periodo gravable discutido databa del 2015 y fue declarado en 2016, y la
demanda ordinaria fue presentada el 19 de diciembre de 2018, es decir, antes de
que se profiriera la mencionada sentencia. La autoridad judicial accionada tuvo en
cuenta que la sentencia de unificación referida, se aplicó en aquella oportunidad a
un caso en el que el periodo gravable discutido correspondía al 2004, situación que
no impidió que se decidiera dicho asunto bajo los parámetros de esta nueva posición
jurisprudencial. Sumado a que, en el caso de Terapia Intensiva S.A.S. no se había
configurado la cosa juzgada respecto del periodo gravable 2015, por lo que la litis se
encontraba sometida a los criterios jurisprudenciales que para el momento de dictar
sentencia estuvieran orientando el sentido de la decisión.

43.
Acorde a lo hasta aquí expuesto, es claro para la Sala que el Tribunal demandado
efectuó el análisis probatorio de los documentos allegados con la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, en atención al criterio jurisprudencial que era
aplicable a su caso concreto, al momento en que se iba a proferir sentencia de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

segunda instancia. Se considera acertado y razonable el estudio del caso por parte
de la autoridad demandada en lo referente a la desgravación del ICA sobre los
servicios de salud porque analizó si en efecto, el Consejo de Estado en el fallo de
unificación de 2019 había cambiado sustancialmente los requisitos aplicables en el
año 2015 para acceder a ese beneficio tributario, y una vez advirtió que no fue así,
sino que, esta Corporación hizo una nueva interpretación de las normas vigentes
acorde a los cambios de criterio jurídico que se venían dando desde la propia
institución, concluyó que al no haberse probarse algo que desde el 2015 ya le era
exigible a Terapia Intensiva S.A.S., esto es, hacer parte del SGSSS debidamente,
no era factible acceder a las pretensiones de la demanda.

44.
Lo mismo se concluye frente al segundo argumento para sustentar el defecto
fáctico y sustantivo endilgado al Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es, la
indebida valoración probatoria que impidió acceder a la revocatoria de la sanción que
le impuso el municipio, debido a la diferencia de criterios que dio lugar a la
configuración de un error de prohibición.

45.
Contrario a lo dicho por la accionante, la autoridad judicial decidió no acceder a
dicha pretensión subsidiaria aplicando una exigencia que desde el 2015 debía
acreditar para acceder al beneficio del SGSSS, como bien se indicó en el fallo de
unificación.

46.
Expuso que en la sentencia de 4 de abril de 2019, en efecto, se accedió a revocar
la sanción por inexactitud, al estimar que la autoliquidación inadecuada se originaba
en las vicisitudes de la normativa y de la jurisprudencia que habían afectado la
materia y que llevaron al contribuyente a considerar que su situación particular se
encontraba bajo el amparo del artículo 39 de la ley 14 de 1983. No obstante, en el
caso concreto ello no era posible porque: (i) en el caso decidido por el Consejo de
Estado la demandante acreditó la calidad de IPS y con ello su pertenencia al SGSSS,
de ahí que esta circunstancia la llevó a considerar que sus actividades se
encontraban amparo en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 por lo que vería
desgravados sus ingresos derivados de la prestación de servicios de salud y (ii) en
el caso bajo examen, por el contrario, la parte recurrente no logró probar, a partir de
las pruebas aportadas al plenario, su pertenencia al SGSSS, razón por la cual no
habría lugar a sostener que se configuró un error de prohibición referido a la
interpretación del derecho aplicable en cuanto al origen de sus ingresos, cuando ni
siquiera acreditó su pertenencia al Sistema, pese a que el municipio de Itagüí la
requirió para tales efectos, y le puso de presente tal circunstancia en el auto N° 142
del 18 de enero de 2018 “Por medio del cual se formula un emplazamiento previo a
corregir” en el que se le indicó que “… se puede verificar que la sociedad TERAPIA
INTENSIVA S.A.S., desarrolla la actividad económica descrita con el código CIIU
8692 (Actividades de apoyo terapéutico) y no tienen Registro Especial de
Prestadores de Salud – REPS”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

47.
A su vez, indicó que la Resolución N° 66934 de 2018 se indicó expresamente que
el contribuyente no había aportado el certificado que lo avalara como vinculado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, tales como el certificado de la Seccional
Antioquia, ni el permiso del Ministerio de Salud. Por lo tanto, consideró que no había
lugar a revocar la sanción por inexactitud impuesta en el acto administrativo
demandado, pues no era posible inferir que se había configurado el alegado error de
prohibición, cuando la entidad ni siquiera acreditó su pertenencia al SGSSS, requisito
sobre el que no había duda que, tanto en la anterior como en la actual posición
jurisprudencial, debía acreditarse para efectos de no ser sujeto pasivo del ICA.

48.
Acorde a lo anterior, tampoco se considera procedente el argumento de la
accionante, según el cual, la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, porque no tuvo en cuenta los precedentes
en los cuales se ha accedido a estudiar la diferencia de criterios existentes entre las
partes, dada la sentencia de unificación de 2019 y ha declarado que no es posible
sancionar al contribuyente, al haber declarado impuestos considerando que acorde
a las exigencias legales de la época, ciertos emolumentos estaban desgravados.
Como se explicó, a no haber probado su pertenencia al SGSSS, exigencia que le era
aplicable desde que presentó la declaración inicial del ICA para el año 2015, no
existió error de prohibición y por ende, lo dicho en esos fallos, no constituyó
precedente aplicable para su caso concreto.

49.
En términos concretos, la Sala estima que a pesar de que se aplicó el criterio
jurisprudencial fijado en la unificación de 2019, el Tribunal ponderó adecuadamente
su actuación y su decisión responde a un análisis exhaustivo del asunto y no a una
postura arbitraria y caprichosa, pues las normas que exceptúan la causación del ICA
son anteriores a 2015 (fecha de causación del impuesto), y lo que hizo la Sección
Cuarta en 2019 fue unificar el criterio interpretativo, que resultaría aplicable a los
casos pendientes de fallo.

50.
El accionante contó con la posibilidad de ajustar su defensa, pues la sentencia de
primera instancia fue proferida con posterioridad a la unificación, por lo que alegadas
cargas probatorias pudieron ser asumidas. En tal sentido, la discusión sobre el
impuesto fue abordada en forma adecuada. Ahora, en punto a la sanción y al alegado
error de prohibición, los argumentos de la parte actora podrían ser de recibo porque
para 2015 no conocía que en 2019 se fijarían dos condiciones para la exención (la
pertenencia al SGSSS y que los recursos tuvieran origen en el mismo sistema), sin
embargo el Tribunal precisó que, no se podía requerir la acreditación del segundo
presupuesto relativo al origen de los recursos, pero sí del primero asociado a que se
tratara de una entidad perteneciente al SGSSS, pues eso se exigía antes de la
sentencia de unificación. En otras palabras, para el Tribunal el nuevo criterio de
unificación acogió un presupuesto más para la exención, relativo a que los pagos por

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05673-01
Demandante: Terapia Intensiva S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

los servicios provinieran del SGSSS, y ese no era exigible en este caso, pero aún
obviando ese requisito, la parte accionante omitió probar el primer requisito, que
hacía parte de ese sistema, lo cual no es un tema novedoso, pues también debía
hacerlo antes de la unificación. De ahí que estimara que no se podía hablar de error
de prohibición, razonamiento que no se antoja arbitrario.

51.
Así las cosas, como ya se indicó, la Sala habrá de confirmar el fallo proferido el 9
de octubre de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

52.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 9 de octubre de 2025 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

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