Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05688-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05688-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05688-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
30 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05688-01
Accionante: Institución Universitaria de Envigado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05688-01
Accionante: Institución Universitaria de Envigado
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales de procedencia.
Subsidiariedad – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La Institución Universitaria de Envigado, por intermedio de apoderado judicial,
presentó escrito de tutela a través del cual solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia1 que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con
ocasión a la sentencia del 11 de abril de 2025, que modificó el fallo emitido el 5 de
septiembre de 2017 por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de
Medellín y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 05001-33-33-018-2016-00532-00/01.
2. Hechos
2.1. El señor Hugo de Jesús Mesa Yepes prestó sus servicios como docente de
dedicación específica en la Institución Universitaria de Envigado (en adelante IUE),
desde enero de 2006 y como docente de tiempo completo del programa de
ingeniería desde el 2008.
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
2D93F7F622A25DB8 87A3CE5C8D3DB742 B7A8DE21B80E6353 1F0258BABD3454AD .
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Accionante: Institución Universitaria de Envigado
2.2. Mediante Resolución No 010 del 17 de enero de 2008, el señor Hugo de Jesús
Mesa Yepes fue trasladado al cargo de docente de tiempo completo del programa
de ingenierías a partir del 17 de enero de 2008.
2.3. El 22 de julio y 16 de octubre de 2015, la Institución Universitaria expidió
constancias laborales del señor Mesa Yepes, en las que cambió la denominación
de docente de tiempo completo del programa de ingenierías para el cual había sido
nombrado por Resolución No 010 de 2008 por el de docente de tiempo completo
ocasional.
2.4. Por lo anterior, el accionante presentó una petición a la rectora de la IUE en la
que solicitó que le aclarara su vínculo con la entidad y le notificara los actos por
medio de los cuales se había dispuesto su cambio de cargo; sin embargo, no obtuvo
respuesta.
2.5. Luego, en vista de que no le fue cancelada la prima de servicios, presentó una
nueva petición, la cual fue respondida el 19 de agosto de 2015 por la rectora de la
IUA, en la que le informó que los docentes ocasionales no ostentaban la calidad de
servidores públicos y, por lo tanto, no tenía derecho a recibir la prima de servicios.
2.6. A través de comunicado 2104-1 del 18 de noviembre de 2015, la IUE dio por
terminado el contrato laboral del señor Mesa Yepes y otros docentes.
2.7. Por lo anterior, Hugo de Jesús Mesa Yepes presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad del comunicado radicado 2104-1 del 18 de noviembre de 2015
mediante el cual se da por terminado el presunto contrato para la facultad de
ingenierías suscrito por la jefe de la oficina de Gestión Humana.
A título de restablecimiento, solicitó que se ordenara su reintegro a un cargo de
igual, similar o superior jerarquía del que venía desempeñando conforme la
Resolución No 010 de 17 enero de 2008, así como el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir antes del retiro como consecuencia del cambio de
denominación del cargo y desde cuando fue retirado hasta la fecha en que por
sentencia que así lo ordene sea efectivamente reintegrado.
2.8. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Medellín bajo el radicado número 05001-33-33-018-2016-00532-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2017 accedió a
las pretensiones de la demanda, en razón a que no existía prueba que demostrara
que el demandante al momento de ser nombrado como docente de tiempo completo
se le haya fijado alguna temporalidad, transitoriedad o término para prestar los
servicios, requisito necesario al igual que la resolución de nombramiento para poder
afirmar que se trataba de un docente ocasional de tiempo completo como lo
consideró la entidad demandada en el acto por medio del cual terminó la
vinculación.
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Por lo tanto, consideró que se presentó una falsa motivación al no acreditarse la
existencia de la Resolución por medio de la cual se nombró al señor Mesa Yepes
como docente ocasional de tiempo completo, que haya sido notificada para que
surtiera efectos y fuera eficaz y oponible.
En consecuencia, declaró la nulidad de (i) los actos administrativos contenidos en
el comunicado 2104-1 del 18 de noviembre de 2015 y, de oficio, (ii) la Resolución
núm. 000971 del 18 de diciembre de 2015, por medio de la cual la Institución
Universitaria terminó la relación laboral de los docentes de tiempo completo
ocasional, en vista de que esta no fue notificada al actor, por lo cual resultaba
ineficaz. Por consiguiente, ordenó el reintegro del demandante al cargo que
ocupaba u otro de igual categoría, así como el pago de los sueldos y prestaciones
dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el retiro del servicio y hasta su
reintegro.
2.9. Inconforme con la anterior decisión, la IUE presentó recurso de apelación bajo
el argumento que la vinculación del señor Hugo de Jesús Mesa Yepes como
docente de tiempo completo y su reconocimiento en las constancias laborales como
docente de carrera obedecieron a un error administrativo. Sostuvo que, verificada
su situación, el cargo realmente correspondía a la categoría de docente ocasional.
Por lo tanto, manifestó que, con la expedición de la Resolución No. 000971 del 18
de diciembre de 2015 se pretendía depurar el error.
Manifestó que la Corte Constitucional, en sentencia C-006 de 1996 precisó que los
docentes ocasionales no gozaban del régimen prestacional propio de los docentes
de planta, sino de un régimen especial previsto en el artículo 71 de la Ley 30 de
1992, como excepción al artículo 122 de la Constitución.
Puso de presente que no eran claros los supuestos fácticos de la primera instancia
para acceder a las pretensiones, toda vez que citó dos sentencias del Consejo de
Estado y una de la Corte Constitucional, las cuales, en su sentir, eran claras en que
la diferencia entre los profesores ocasionales y los docentes de planta, no radican
en el cumplimiento de las obligaciones, sino en la forma de vinculación, reiterando
que prestar los servicios de docencia de manera continua no configura un
presupuesto de derechos adquiridos.
Finalmente, adujo que se violó el principio de congruencia porque el juzgado
extendió su decisión más allá de lo solicitado en la demanda.
2.10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 11 de abril de
2025, modificó la decisión en el sentido de declarar la nulidad solamente del
comunicado 2104-1 del 18 de noviembre de 2015, pues consideró que la Resolución
No. 000971 del 18 de diciembre de 2015 no produce efectos para el actor por no
habérsele notificado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05688-01
Accionante: Institución Universitaria de Envigado
2.11. La IUE solicitó aclaración de la sentencia en los siguientes términos: “Teniendo
presente que en los fallos aludidos se asimiló la vinculación del demandante a la
provisionalidad, y no a una contratación netamente institucional como docente
ocasional, solicitamos indicación en cuanto a la aplicación de lo dispuesto en la
sentencia de unificación SU-556 de 2014”.
No obstante, mediante auto del 16 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia-Sala Cuarta de Oralidad, negó la solicitud de aclaración en la medida en
que, en el escrito de alzada no se promovió argumento alguno en cuanto a la
aplicación o no de la sentencia SU-556 de 2014, máxime, cuando la demanda fue
presentada con posterioridad a la emisión de este fallo.
2.12. Posteriormente, la IUE interpuso un recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia ante el Consejo de Estado, bajo el argumento que las providencias
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho desconocieron lo dispuesto
en las sentencias de unificación SU-556 de 2014 y SU-354 de 2017 de la Corte
Constitucional. Sin embargo, con auto del 1 de septiembre de 2025, la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso en vista de que
las providencias cuyo desconocimiento alegaba la recurren te no eran sentencias de
unificación proferidas por el Consejo de Estado.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Pidió dejar sin
efectos las providencias proferidas el 5 de septiembre de 2017 y el 11 de abril de
2025, dictadas por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín y
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente y, en su lugar, que se
ordene al mencionado tribunal que emita una nueva decisión en la que tenga en
cuenta las consideraciones del presente amparo.
De manera subsidiaria y en caso de que el Tribunal Administrativo de Antioquia se
niegue a dar cumplimiento a lo ordenado, solicitó al Consejo de Estado que profiera
una sentencia de reemplazo, para garantizar de manera inmediata y efectiva la
protección de los derechos fundamentales de la Institución Universitaria de
Envigado y la supremacía del precedente constitucional fijado en las sentencias de
unificación.
Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que la autoridad judicial accionada
incurrió en desconocimiento del precedente constitucional fijado en la SU -556 de
2014 y SU-354 de 2017, mediante las cuales se precisó que en los casos de
desvinculación laboral, el restablecimiento del derecho debe tener un carácter
estrictamente resarcitorio, limitado al pago de las sumas efectivamente dejadas de
percibir.
4. Trámite de tutela en primera instancia e intervenciones
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El despacho ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 16 de septiembre de 20252, admitió la acción de tutela
en contra de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y
el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín ; vinculó como tercero
con interés a Hugo de Jesús Mesa Yepes; solicitó a las autoridades judicial que
remitieran el expediente objeto de amparo; y ordenó notificar a los sujetos
procesales.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
4.1. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín 3 realizó un
recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario y sostuvo que no
se vislumbraba que se hayan vulnerado los derechos fundamentales invocados por
el actor, en la medida en que el asunto fue direccionado bajo la rigurosidad del
trámite impartido por el CPACA, incluso se evidenciaba que las providencias fueron
proferidas en términos oportunos, con el respeto de los principios de celeridad,
defensa y contradicción de las partes.
Advirtió que la controversia planteada no superaba el requisito de relevancia
constitucional, en tanto: “(i) versa sobre un asunto meramente legal, de connotación
patrimonial y privada, (ii) no se advierte a primera vista una actuación arbitraria o
ilegítima por parte de las autoridades judiciales, y (iii) Los accionados han obrado
conforme a derecho y sin incurrir en los yerros que sostiene la parte actora, los
cuales incluso no se encuentran probados pretendiendo revivir términos o apelando
a una tercera instancia sin argumentos diferentes a los ya decididos por los jueces
de instancia. iv) En caso de tomarse una decisión contraria, si se estaría vulnerando
los derechos fundamentales del tercero vinculado, es decir del señor HUGO DE
JESÚS MESA YEPES, quien después de varios años de litigio, 9 años para ser
exactos, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a través de sus funcionarios
junciales, declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el restablecimiento del
derecho perseguido en la demanda con las consideraciones realizadas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, el 11 de abril de la presente anualidad” 4.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó copia del expediente digital,
sin embargo, guardó silencio respecto de las pretensiones de amparo.
4.3. El señor Hugo de Jesús Mesa Yepes, a pesar de haber sido notificado en debida
forma, no se pronunció en esta etapa procesal.
5. Sentencia de primera instancia
2 Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado D4F16C20D859E72F
0BBF36B8BF777B55 35BB753D46E1D571 E01843900833EA89 .
3 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
DBACBA0181ABB552 036D1539F2532FE4 A4818D42B51BAC2B 0C1BECEA2DC0C4CB.
4 Ibid.
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El 20 de octubre de 20255 el a quo constitucional profirió sentencia de primera
instancia, en la cual declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de subsidiariedad.
Sostuvo que los reproches que la accionante plantea en sede de tutela —en
particular, la supuesta inobservancia del precedente constitucional— no fueron
oportunamente propuestos dentro del proceso ordinario. Puso de presente que la
entidad no los formuló ni en la contestación de la demanda ni en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 5 de septiembre de 2017, a pesar de
que las sentencias SU-556 de 2014 y SU-354 de 2017 ya habían sido proferidas y
podían invocarse en esa oportunidad.
Explicó que permitir que la tutela prospere en estas condiciones implicaría
desconocer su carácter excepcional, alterar el principio de seguridad jurídica y
desnaturalizar su función constitucional como mecanismo residual de protección de
los derechos fundamentales.
6. Impugnación6
La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia y reiteró los reparos esbozados en la solicitud inicial. Sostuvo que no
compartía los argumentos de la providencia por las siguientes razones: (i) La
aplicación del precedente no es facultativa ni discrecional, sino un deber
constitucional del juez derivado de la supremacía de la Constitución; (ii) el
desconocimiento injustificado del precedente configura un defecto sustantivo y
orgánico, al sustituir la autoridad normativa de la Corte Constitucional por criterios
subjetivos del juez; y (iii) la acción de tutela contra providencias judiciales fue
diseñada precisamente para corregir desviaciones hermenéuticas que, al apartarse
sin justificación del precedente constitucional, lesionan derechos fundamentales.
Advirtió que la carga de identificar y aplicar el precedente recaía, en primer lugar,
sobre el juez, y solamente si una parte lo invoca y el fallador se aparta de él, el
accionante debe asumir dicha carga.
Puso de presente que la decisión de primera instancia se limitó a afirmar que la
accionante no invocó el precedente en sede ordinaria, sin ofrecer una justificación
constitucional válida de por qué ello releva al juez de aplicar una norma de rango
superior.
5
Índice 00019 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
679F957FEA010057 EE40374C0B17544F 812CCE6616FFC9D6 569E883F2E1E7E50 .
6 Índices 00024 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
769ADF94579191A5 D7F398391A979A1E 52549FB6A3BC162A 59A30B8A5D5ABA7B .
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05688-01
Accionante: Institución Universitaria de Envigado
El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de auto del 14 de noviembre de 20257, concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la Institución Universitaria de Envigado es la titular de las garantías constitucionales
que afirma fueron vulneradas, en su condición de demandada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-018-
2016-00532-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva dado que el
Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad que profirió la decisión, que
según el tutelante vulneró sus derechos fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la sentencia del 11
de abril de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por cuanto fue
la providencia que puso fin al proceso.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 20 de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de subsidiariedad.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
7 Índice 00026 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
390D3A427837518A D54866FADFBAAC4D AC89B7438C484871 6879BF1D2C777E90 .
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Accionante: Institución Universitaria de Envigado
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1. Subsidiariedad
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8
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establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten
idóneos y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida
de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren
o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión
de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso
judicial 12.
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear
para “obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias
ordinarias de la respectiva jurisdicción”13, los tutelantes no pueden pretender que el
juez constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el
conflicto.
En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta
improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por
negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente
resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de la Corporación
Constitucional, se ha indicado:
“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a
la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.
En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.”14
12
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
14 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217
de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
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Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica
y desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos
fundamentales debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa
previstos en la ley. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la
tutela se convierta en una instancia adicional del proceso judicial o en un medio para
corregir omisiones y errores de las partes.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme las
razones que se exponen a continuación:
5.1. La parte actora cuestiona en esencia que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional al no tener en cuenta las sentencias SU-556 de 2014 y SU-354 de
2017, mediante las cuales se precisó que en los casos de desvinculación laboral, el
restablecimiento del derecho debe tener un carácter estrictamente resarcitorio,
limitado al pago de las sumas efectivamente dejadas de percibir. Esto, en el
entendido que la indemnización reconocida no podrá ser inferior a los seis (6)
meses, que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la
provisionalidad, estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma
indemnizatoria de hasta 24 meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la
ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.
5.2. Pues bien, en el fallo de primera instancia el Juzgado Dieciocho Administrativo
del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2017, accedió
a las pretensiones de la demanda y condenó a la aquí accionante, en razón a que
no existía prueba que demostrara que el demandante al momento de ser nombrado
como docente de tiempo completo, se le haya fijado alguna temporalidad,
transitoriedad o término para prestar los servicios, requisito necesario al igual que
la resolución de nombramiento para poder afirmar que se trataba de un docente
ocasional de tiempo completo como lo consideró la entidad demandada en el acto
por medio del cual terminó la vinculación.
Por lo tanto, consideró que se presentó una falsa motivación al no acreditarse la
existencia de la Resolución por medio de la cual se nombró al señor Mesa Yepes
como docente ocasional de tiempo completo, que haya sido notificada para que
surtiera efectos y fuera eficaz y oponible.
En consecuencia, declaró la nulidad de (i) los actos administrativos contenidos en
el comunicado 2104-1 del 18 de noviembre de 2015 y, de oficio, (ii) la Resolución
núm. 000971 del 18 de diciembre de 2015, por medio de la cual la Institución
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05688-01
Accionante: Institución Universitaria de Envigado
Universitaria terminó la relación laboral de los docentes de tiempo completo
ocasional, en vista de que esta no fue notificada al actor, por lo cual resultaba
ineficaz. Por consiguiente, ordenó el reintegro del demandante al cargo que
ocupaba u otro de igual categoría, así como el pago de los sueldos y prestaciones
dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el retiro del servicio y hasta su
reintegro.
5.3. Por tanto, si la Institución Universitaria tenía alguna inconformidad frente al
precedente aplicado por el a quo para la resolución del caso, debió alegarlo en el
recurso de apelación, que era el escenario procesal idóneo para exponer a la
autoridad accionada las razones por las cuales estimaba que las providencias
invocadas en esta sede constitucional le eran aplicables y, de esta manera, brindar
al fallador la oportunidad no solo de pronunciarse sobre dichas decisiones, sino
también, de ser necesario, desplegar un ejercicio argumentativo orientado a
justificar las razones para apartarse de aquellas.
5.4. Sin embargo, tal y como se narró en los hechos, en el recurso de apelación el
instituto se limitó a exponer que no eran claros los supuestos fácticos de la primera
instancia para acceder a las pretensiones, toda vez que citó dos sentencias del
Consejo de Estado y una de la Corte Constitucional, las cuales, en su sentir, eran
claras en que la diferencia entre los profesores ocasionales y los docentes de planta,
no radican en el cumplimiento de las obligaciones, sino en la forma de vinculación,
reiterando que prestar los servicios de docencia de manera continua no configura
un presupuesto de derechos adquiridos. No obstante, no se refirió sobre las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-354 de 2017 emitidas por la Corte Constitucional.
5.5. En este punto, huelga precisar que, tal y como lo consideró el juez constitucional
de la primera instancia, se hace evidente la falta de subsidiariedad del presente
caso, toda vez que los reparos formulados para sustentar el vicio endilgado a la
providencia acusada no fueron expuestos en el proceso ordinario, lo que impide que
sean objeto de estudio por el juez constitucional.
Al respecto, la Sala pone de presente que aceptar lo contrario, implicaría reemplazar
los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para la protección de los
derechos, y suplir la inactividad de la parte que no hizo uso de estos oportunamente.
La solicitud de amparo constitucional es de carácter supletorio y residual, lo que
conlleva a que no sea utilizada como un elemento alternativo de aquellos a los que
el legislador ha determinado para solución de conflictos, por cuanto estos
mecanismos establecen las pautas conforme deben debatirse y darle solución a las
controversias.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera
instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05688-01
Accionante: Institución Universitaria de Envigado
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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