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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05689-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05689-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en consideración a las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05689-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05689-01
Accionante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
• CARDER
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / No prospera porque
no se demostraron los defectos alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación1 presentada por la parte demandante contra el fallo
de 20 de octubre de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 11 de septiembre de 2025, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por la Sección Primera del Consejo de
Estado.

Hechos relevantes

2. La Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal, en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, instauró demanda
contra el municipio de Santa Rosa de Cabal, la Empresa de Obras Sanitarias de
Santa Rosa de Cabal -EMPOCABAL ESP EICE- y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER-, con el fin de obtener la protección de los derechos
e intereses colectivos a: (i) el goce de un ambiente sano; (ii) la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; (iii) la seguridad y salubridad públicas, y (iv) el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública, previstos en los literales a, c, g y h
del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.

1 El proceso ingresó al despacho para fallo el 28 de noviembre de 2025.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05689-01
Accionante: CARDER
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

3. Las pretensiones en ese proceso estuvieron dirigidas a que se ordenara al
municipio de Santa Rosa de Cabal y a EMPOCABAL realizar las acciones
pertinentes para la recuperación total del Río San Roque; además, que se exigiera
al ente territorial realizar un cotejo de daños y perjuicios por el deterioro de ese
afluente hídrico e iniciar las acciones administrativas pertinentes contra los
responsables de la socavación que originó los daños en el río.

4. Como fundamento, señaló que dentro de las actuaciones de seguimiento que
efectuó para prevenir el deterioro del río San Roque, realizó visitas y múltiples
requerimientos a las autoridades competentes con el objetivo de lograr acciones
precisas para mitigar los problemas de olores ofensivos, socavación del cauce del
río, inadecuado manejo de aguas de escorrentía, falta de demarcación del suelo de
protección, colapso de los colectores de alcantarillado e indebido manejo de aguas
residuales, sin obtener soluciones concretas.

5. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia de primera instancia,
el 4 de julio de 2024. Amparó los derechos colectivos invocados en la demanda y le
ordenó a las autoridades implicadas lo siguiente: (i) a EMPOCABAL ESP EICE rendir
un informe con indicación de las vías a pavimentar, las especificaciones técnicas y
lugar de instalación de los sumideros o colectores, y reparar el alcantarillado de
aguas residuales, así como reconstruir el canal disipador de la quebrada; (ii) al
municipio de Santa Rosa de Cabal realizar los trámites administrativos,
presupuestales y contractuales para las obras de pavimentación y construcción de
sumideros; implementar jornadas de limpieza de residuos contaminantes y adelantar
campañas de socialización y concientización con las comunidades del sector sobre
el cuidado del medio ambiente y la adecuada disposición de residuos; (iii) a la
CARDER realizar la demarcación de la zona protectora de la quebrada, hacer
acompañamiento y servir como apoyo a la entidad territorial para implementar
procesos dirigidos a la difusión, reducción, prevención, gestión del riesgo,
conservación y recuperación en el sector afectado, e implementar las medidas
administrativas necesarias frente a los daños en la zona; además, dar trámite a los
permisos sobre vertimientos.

6. Contra esa decisión interpusieron recurso de apelación EMPOCABAL ESP
EICE y el municipio de Santa Rosa de Cabal. La primera solicitó, entre otros, ordenar
a la CARDER y al ente territorial destinar recursos para el mejoramiento de la
infraestructura del servicio de alcantarillado del barrio Villa Diana etapa III y ejecutar
directamente obras para la defensa, protección, descontaminación y recuperación
del medio ambiente. El municipio, por su parte, cuestionó la orden dirigida a la
pavimentación de vías.

7. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de julio de
2025, confirmó el amparo de los derechos colectivos y modificó las órdenes dadas a
las demandadas. Entre otros, se modificó el mandato dirigido a EMPOCABAL ESP
EICE para la reparación del alcantarillado y la reconstrucción del canal disipador de
la quebrada, así:

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05689-01
Accionante: CARDER
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

5. ORDENAR al municipio de Santa Rosa de Cabal y a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda que, a partir de los resultados del diagnóstico
referido en el ordinal 3.° de esta providencia, apoyen a la Empresa de Obras
Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP EICE en el financiamiento de las obras
de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de servicios a su cargo,
solo si se demuestra que es necesario aplicar los principios de
complementariedad, concurrencia y subsidiaridad (sic), debido a la magnitud,
a los costos y a la deficiencia de las estrategias de financiación con las que ya
cuenta dicha empresa. […].

Pretensiones

8. La parte accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29
C.P.) y al Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.P.) de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, los cuales fueron
vulnerados por la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado con la
expedición de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil
veinticinco (2025), dentro de la Acción Popular con radicado No. 66001-23-33-
000-2022-00168-01.

SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado
que profiera una sentencia de reemplazo dentro del proceso de Acción Popular
radicado bajo el número 66001-23-33-000-2022-00168-01, en la cual se
resuelva el recurso de apelación interpuesto por EMPOCABAL sin agravar la
situación jurídica de la CARDER, absteniéndose de imponerle obligaciones de
financiación completamente ajenas a su competencia y que no fueron objeto
de debate y prueba durante el trámite de las instancias.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La CARDER adujo que la sentencia de segunda instancia incurrió en los
siguientes defectos:

i) Defecto procedimental absoluto por violación de la garantía del juez natural y
del principio de congruencia, toda vez que se estudió y acogió una pretensión
introducida por EMPOCABAL en el recurso de apelación que interpuso contra la
decisión de primera instancia (el apoyo financiero por parte de CARDER para el
desarrollo de obras), que carecía de soporte probatorio, pese a que esta no hizo
parte de la fijación del litigio porque no se mencionó en la demanda ni en los escritos
de contestación a la misma.

ii) Violación del derecho de defensa y contradicción porque la condena se basó
en un aspecto que no fue objeto de debate.

iii) Defecto fáctico absoluto por violación del principio de necesidad de la prueba y
motivación racional, por cuanto la obligación económica que se le impuso a la
CARDER no se fundó en prueba sobre la supuesta incapacidad financiera de
EMPOCABAL.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05689-01
Accionante: CARDER
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

iv) Defecto sustantivo por el desconocimiento del principio de legalidad, eficacia e
igualdad en la función pública, en tanto se fijó una orden a CARDER, ajena a sus
competencias, establecidas en la Ley 99 de 1993, y sin soporte legal, lo que afecta
su capacidad para atender las responsabilidades indelegables que tiene en materia
de ecosistemas estratégicos, control de la contaminación y gestión del riesgo
ambiental; además, altera la carga que por ley le corresponde al municipio y a
EMPOCABAL, según lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994, 715 de 2001, 1523 de
2012, y la jurisprudencia 2 que se ha referido a la incompetencia de las corporaciones
autónomas regionales para ejecutar obras civiles y de infraestructura.

v) Vulneración de derecho de acceso a la administración de justicia, porque la
decisión impuso «una solución arbitraria que quiebra la confianza legítima de
CARDER en el sistema, toda vez que se le niega el derecho a una justicia efectiva,
al reemplazarla por una decisión voluntarista que vulnera sus derechos patrimoniales
y su autonomía institucional».

Trámite en primera instancia

10. A través de auto de 16 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador
admitió la tutela de la referencia, ordenó notificar la decisión al ponente de la
sentencia cuestionada, y a la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, a la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal, al Municipio de Santa
Rosa de Cabal, a la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal ESP
EICE y a Cotty Morales Caamaño, como terceros interesados en las resultas del
proceso, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

11. Adicionalmente, se requirió el aporte de las piezas procesales de la acción
popular que no hubieran sido agregadas al expediente y que resultaren necesarias
para resolver la controversia.

Intervenciones

12. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional o, en su defecto, negar las
pretensiones de la demanda. Señaló que no se cumple el requisito general de
procedibilidad por cuanto el debate no gira en torno al alcance, aplicación y/o
desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la inconformidad con la decisión
adoptada en la sentencia cuestionada.

13. Agregó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron
analizados por el juez popular y señaló que, en todo caso, la competencia de las
corporaciones autónomas regionales comprende la ejecución de obras de
saneamiento básico dentro de la jurisdicción territorial, en concurrencia con la
competencia de los municipios, siempre y cuando la intervención de la autoridad

2 Hizo mención a las sentencias del 7 de marzo de 2013, rad. 2010-00233-01, y del 20 de junio de

2013, rad. 2010-00304-0, proferidas por el Consejo de Estado.

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Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

ambiental sea para la defensa, protección, descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales no renovables, según lo dispuesto por las
Leyes 99 de 1993, 1450 de 2011, 1523 de 2012, 1551 de 2012, el Decreto 1076 de
2015, y la jurisprudencia de esta Corporación.

14. La personera municipal de Santa Rosa de Cabal indicó que las corporaciones
autónomas regionales son la máxima autoridad ambiental en sus jurisdicciones y
deben llevar a cabo procesos de planificación de desarrollo sostenible frente a los
recursos naturales no renovables, «por lo que se deberá en el respectivo fallo dar el
alcance necesario a la CARDER para que se logre cumplir con la finalidad buscada
con la respectiva acción popular interpuesta por esta agencia del Ministerio Público».

15. EMPOCABAL ESP EICE sostuvo que según lo dispuesto por la Ley 99 de
1993, la CARDER tiene la obligación de coordinar y ejecutar proyectos, programas
y obras necesarias para la recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, por lo que sí es viable que destine recursos presupuestales,
administrativos y técnicos para la construcción, ampliación, rehabilitación y/o
mejoramiento de la infraestructura del servicio público y colector del barrio Villa Diana
etapa III, con el fin de mitigar las afectaciones causadas por terceros.

16. Añadió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que las
corporaciones autónomas regionales tienen competencia para ejecutar e invertir en
obras de saneamiento básico cuando estas son necesarias para la defensa,
protección o recuperación del medio ambiente, a la luz de lo dispuesto en los
artículos 23 y 31 de la Ley 99 de 1993 3.

17. Manifestó que su capacidad para realizar intervenciones de gran envergadura
es limitada, pues se financia con las tarifas que pagan los usuarios. Además, el juez
de la acción popular está facultado para adoptar las medidas que considere
conducentes y pertinentes para obtener la protección de los derechos colectivos, con
cierta flexibilidad, de modo que no se presentó una extralimitación de funciones en
el caso analizado.

18. Anotó que la problemática ambiental y de infraestructura del barrio Villa Diana
requiere la intervención coordinada de todas las entidades competentes, y refirió que
la acción de tutela es improcedente porque no existe una vulneración de derechos
fundamentales, así mismo, el juez de la acción popular no está limitado por los
argumentos del recurso de apelación.

19. Por último, hizo alusión al artículo 22 de la Ley 1450 de 2011 para resaltar
que esa disposición autoriza expresamente a las corporaciones autónomas
regionales a financiar obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico
y entregarlas como aportes a los municipios o a las empresas de servicios públicos,
lo cual no constituye un detrimento patrimonial del Estado.

3 Para soportar esta afirmación, se hizo mención a la sentencia de 21 de junio de 2018, rad. 5001 -

23-31-000-2011-00206-01(AP), y al auto de 6 de febrero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2022-
00129-00

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Sentencia de primera instancia

20. El 20 de octubre de 2025, la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación profirió fallo de primera instancia, a través del cual negó el amparo
deprecado. Consideró que no se incurrió en los defectos sustantivo y fáctico
alegados en la demanda, por cuanto se dio aplicación al numeral 20 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993; además, se reconoció que en el proceso no estaba probada la
insuficiencia de las estrategias de financiamiento de EMPOCABAL y, por esa razón,
se ordenó desarrollar el diagnóstico de la problemática y las medidas idóneas para
su corrección y mitigación.

21. Aclaró que no fue posible tener acceso a los supuestos precedentes del
Consejo de Estado, de modo que no se cumplió con la carga mínima argumentativa;
no obstante, de los apartados transcritos se podía entender que en esas providencias
se estableció que la CARDER no era la entidad competente para realizar la
adecuación de la infraestructura de alcantarillado o la ejecución de las obras
necesarias, pero nada se dijo frente al apoyo en la financiación de obras de
mantenimiento y reconstrucción, junto al ente territorial.

Impugnación

22. La CARDER señaló que el fallo de primera instancia incurrió en graves errores
de apreciación fáctica y en indebida interpretación jurídica. Refirió que en la demanda
de la acción popular no se elevó ninguna pretensión de cofinanciación frente a esa
corporación autónoma, y EMPOCABAL tampoco hizo una solicitud semejante en el
escrito de contestación a la tutela, pues solo se refirió al tema en el recurso de
apelación contra la decisión del a quo. Por ello, en su criterio, no tuvo oportunidad
de ejercer el derecho de defensa respecto de dicha pretensión.

23. Agregó que al expediente del proceso popular no se aportó prueba de la
incapacidad financiera de EMPOCABAL, de modo que la condena impuesta a la
CARDER carece de sustento probatorio. Mencionó que el juez constitucional de
primera instancia advirtió el defecto fáctico, pero «en una pirueta lógica insostenible»
concluyó que no se trataba de un vicio sino de un acto de prudencia, en cuanto se
ordenó un diagnóstico futuro y se condicionó el pago a los resultados de esa prueba,
con lo que se invirtió la carga de la prueba y se premió a la parte que incumplió sus
deberes en materia probatoria.

24. Reiteró que se creó una competencia de cofinanciación que la ley no le asignó
a las corporaciones autónomas regionales y se creó una diferenciación falaz entre
las acciones de financiar y de ejecutar. En su entender, «financiar una obra de
alcantarillado es obligarla a ejecutar una completamente ajena a su marco
competencial».

25. Añadió que se tuvieron en cuenta las reglas generales de la Ley 99 de 1993,
ignorando el principio de especialidad que obliga a aplicar las normas específicas de
las Leyes 142 de 1994, 715 de 2001 y 1523 de 2012, que asignaron la

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responsabilidad primaria y directa de la construcción, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura de servicios públicos a los municipios y a las empresas
prestadoras de servicios públicos. Resaltó que EMPOCABAL dedicó gran parte del
escrito de contestación a la demanda a explicar que el único responsable de la
gestión del riesgo y las obras es el municipio de Santa Rosa de Cabal. Consideró
que se creó «una competencia ultra vires para CARDER».

CONSIDERACIONES

Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de
segunda instancia en el presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos
86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado
en el Acuerdo 080 de 2019 4, por el cual se expidió el reglamento interno de esta
corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

27. La Subsección debe establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de 20 de octubre de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación, por medio del cual se negó el amparo deprecado.

Análisis de la Sala

28. La Sala confirmará el fallo de primera instancia, por cuanto no se advierte la
configuración de los defectos señalados en la demanda, ni la equivocación que se
le atribuye al a quo, que ameriten proferir una orden de amparo del juez
constitucional.

29. Los cargos de la tutela, igualmente invocados en el recurso de impugnación,
se circunscriben a tres aspectos: (i) la extralimitación en la que incurrió la Sección
Primera del Consejo de Estado, porque le impuso una carga financiera a la
CARDER, aun cuando el debate judicial no versó sobre ese aspecto, lo que además,
denota la incongruencia en la sentencia cuestionada; (ii) la falta de sustento
probatorio que justificara la condena contra la tutelante, porque no se acreditó la
incapacidad financiera de EMPOCABAL, y (iii) la falta de competencia de la
CARDER para cofinanciar la obra ordenada.

30. De entrada, la Sala advierte que los reproches al fallo de primera instancia
no se dirigen a cuestionar los argumentos del a quo, sino a reiterar los fundamentos

4 Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de

dicha sala.

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de la demanda de tutela, aun cuando fueron absueltos en su totalidad en la instancia
anterior.

31. Al margen de lo anterior, analizados cada uno de los reparos planteados en
la acción de tutela, esta Sala coincide en que la sentencia cuestionada no adolece
de ninguno de los vicios de los que se le acusó, según las razones que se exponen
a continuación.

32. i) Sobre el defecto procedimental absoluto. Según la demandante, se violó
su derecho de defensa, porque la demanda de la acción popular no pretendió una
orden a CARDER para la cofinanciación de proyectos de obra, ni EMPOCABAL lo
solicitó en la contestación de la demanda.

33. Al respecto, se observa que la acción popular se dirigió contra el municipio
de Santa Rosa de Cabal, EMPOCABAL ESP EICE y la CARDER, con el fin de que
se realizaran las acciones necesarias para lograr la recuperación del río San Roque.

34. En esa medida, si bien no se incluyó una pretensión concreta frente a la
CARDER para que cofinanciara proyectos con esa finalidad, esto no implica que el
juez hubiera excedido su competencia al imponerle cargas de esa naturaleza, pues
lo cierto es que esa corporación autónoma sí integró el litigio y la orden que se le
impuso está dirigida a la protección de los derechos colectivos conculcados;
además, se encuentra acorde con sus funciones, como se verá más adelante.

35. Un entendimiento como el que plantea la accionante llevaría a pensar que,
en realidad, esa entidad no tenía legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
ninguna de las pretensiones hizo mención a una orden o condena concreta en su
contra. Ese supuesto no se compadece de la realidad procesal que evidencia que
el litigio versó sobre la necesidad de reparar los daños en el río San Roque y se
dirigió contra las autoridades con competencia para proteger esa fuente hídrica,
entre ellas, la CARDER, en su condición de máxima autoridad ambiental en dicha
jurisdicción 5.

36. Ahora, si lo que la accionante aduce es una vulneración del principio de
congruencia, es preciso aclarar que ese reproche no cumple el requisito de
subsidiariedad para ser ventilado a través de la acción de tutela, porque para eso
cuenta con el recurso extraordinario de revisión. En efecto, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que uno de los supuestos transgresores del derecho al
debido proceso, que puede dar lugar a la nulidad de la sentencia, es la falta de
congruencia por condena extra, ultra o infra petita, de suerte que es viable invocar

5 En la acción popular, en el escrito de contestación a la demanda, la CARDER propuso la excepción

de falta de legitimación en la causa por pasiva, con el argumento de que no tenía competencia para
realizar lo pretendido por la parte accionante. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en la sentencia
de primera instancia de 4 de julio de 2024, negó la excepción, por considerar que la legitimación de
la entidad no dependía de la demostración de su responsabilidad, sino de la imputación en su contra,
la que sí existía, por lo que se encontraba legitimada en la causa por pasiva, de manera formal.
Precisó que el estudio de la responsabilidad correspondía al fondo del asunto.

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la causal quinta de revisión 6, a través del recurso extraordinario de revisión, para
controvertir ese concreto aspecto.

37. ii) Acerca del defecto fáctico. En la demanda y en la impugnación se adujo
que la Sección Primera del Consejo de Estado impuso una carga económica a la
accionante, aunque no estaba probada la incapacidad financiera de EMPOCABAL
ESP EICE y excedía sus competencias funcionales.

38. En relación con este punto, basta señalar que la autoridad judicial implicada,
consciente de la necesidad de proteger el derecho colectivo afectado y del origen
antrópico multicausal de las afectaciones en el cuerpo fluvial, estimó necesario
impartir una orden extensiva para definir las acciones pertinentes para la
recuperación de la fuente hídrica afectada. Dispuso, así, lo siguiente:

(…) El municipio de Santa Rosa de Cabal, la Empresa de Obras Sanitarias de
Santa Rosa de Cabal ESP EICE y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, especialmente en materia de gestión del riesgo ante el
fenómeno de erosión y socavamiento, realicen un diagnóstico actual de la
problemática, y definan las medidas estructurales y no estructurales más
idóneas para su corrección y mitigación.

113. Igualmente, se les ordenará la elaboración y ejecución de un plan de
acción, para la materialización de las acciones definidas en el diagnóstico.
Dicho plan se ejecutará en un plazo máximo de doce (12) meses e incluirá un
cronograma de trabajo. Allí se identificará al responsable de cada una de las
actividades y/u obras, cuyos plazos serán pasibles de verificación y estarán
sujetos a la aprobación del a quo.

39. Para resolver el cargo de la apelación formulado por EMPOCABAL ESP
EICE respecto a la asignación de recursos económicos por parte de la CARDER y
el municipio de Santa Rosa de Cabal, la Sección Primera evidenció que conforme
a los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia, complementariedad,
subsidiariedad y armonía regional, aplicables al régimen de los servicios públicos
domiciliarios y al funcionamiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA), conforme
a los artículos 288 y 356 de la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 1551 de
2012, y el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, era viable la articulación de las entidades
demandadas, «en el ejercicio de sus competencias propias», para financiar las
obras de saneamiento básico. Para justificar la orden impuesta a la CARDER,
indicó:

121. De otro lado, respecto de las competencias de las corporaciones
autónomas regionales, en los términos de los numerales 12, 17 y 20 del artículo
31 de la Ley 99, estas autoridades se encargan de: (i) evaluar, controlar y
supervisar los usos del agua; (ii) imponer y ejecutar medidas de policía y

6 CPACA. Artículo 250. Causales de revisión. «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley

797 de 2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación. (…)».

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sanciones por violaciones a normas ambientales; (iii) exigir la reparación de los
daños ambientales; y (iv) coordinar con las entidades territoriales la realización
de proyectos y obras de infraestructura para proteger y recuperar el ambiente
y los recursos naturales renovables.

122. Aunado a ello, el artículo 42 de la Ley 99, modificado por el artículo 211
de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011 y el artículo 20 del Decreto 2667 de
2012, compilado en el Decreto 1076, plantearon que los recaudos de la tasa
retributiva por vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en
descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua. Mientras que el
artículo 22 de la Ley 1450 prevé que las autoridades ambientales deberán
realizar inversiones en el sector de agua potable.

123. En el marco de esas competencias, esta Sección explicó en la sentencia
de 21 de mayo de 20217 que las corporaciones autónomas regionales podrán
financiar obras de saneamiento básico de acueducto y alcantarillado, “[…] en
concurrencia con la competencia de los municipios de adelantar obras
necesarias para el progreso municipal y la solución de saneamiento ambiental
y garantía de prestación de servicios públicos […]”.

124. Ese precedente agregó que dicha facultad “[…] se encuentra limitada por
la legislación especial de servicios públicos, lo que significa que la intervención
de las corporaciones autónomas regionales se justifica en tanto sea para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables […]”.

40. Y, precisamente para evitar un desplazamiento en las funciones de
mantenimiento y reposición de las redes asignadas a la empresa de servicios
públicos, señaló que «en cada caso el juez debe valorar si la magnitud de la obra o
las estrategias de financiamiento previstas en el esquema tarifario de la empresa,
en el PSMV o en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, entre otros
mecanismos, son insuficientes, de manera que operan los principios de
complementariedad, concurrencia y subsidiaridad».A partir de lo anterior,
expuso que:

127. En el caso concreto, hasta que las entidades demandadas no elaboren el
diagnóstico actualizado que se ordenará en la parte resolutiva de esta
sentencia, no es posible impartir una orden de esta naturaleza al municipio y a
la autoridad ambiental, máxime cuando la empresa no acreditó que sea
insuficiente el esquema de financiamiento enunciado en el PSMV, el cual
incluye partidas presupuestales del municipio.

128. Por lo tanto, únicamente se modificará el ordinal 5.° de la parte resolutiva
de la sentencia de 4 de julio de 2024 en el sentido de precisar que, a partir de
los resultados del diagnóstico, el municipio de Santa Rosa de Cabal y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda apoyarán a la empresa de
servicios públicos en el financiamiento de las obras de mantenimiento y
reconstrucción de las redes del caso concreto a su cargo, si se demuestra que
es necesario aplicar los principios de complementariedad, concurrencia y
subsidiaridad, debido a la magnitud, a los costos y a la deficiencia de las
estrategias de financiación existentes.

Consejo de Estado, Sección Primera del Consejo de Estado, C.P. Nubia Margoth Peña
7 «Cfr.

Garzón, radicación núm. 76001-23-33-000-2016-01827-01(AP)».

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05689-01
Accionante: CARDER
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

41. Lo anterior resulta suficiente para corroborar que la orden de financiamiento
impuesta a la CARDER es subsidiaria y sólo se concretará, en caso de que el
diagnóstico actualizado de la problemática y de las medidas para su corrección y
mitigación evidencie la insuficiencia de recursos de EMPOCABAL ESP EICE para
solventar el menoscabo ambiental.

42. Con todo, la tutelante no presentó argumentos serios y suficientes para
concluir un supuesto error en la aplicación e interpretación de las normas en las que
se basó la Sección Primera para colegir la competencia de esa autoridad ambiental,
en materia de financiamiento en este tipo de proyectos.

43. Por el contrario, se observa que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 contempla
las funciones de las corporaciones autónomas regionales, entre las que se hallan
las de «promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo
de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con
los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes» (numeral 19), y «ejecutar, administrar, operar y mantener en
coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables» (numeral 20).

44. Dichas funciones incluyen la ejecución coordinada de obras de
infraestructura; luego no es cierto que la financiación de una obra para proteger una
fuente hídrica sea ajena a la entidad. Por lo demás, el hecho de que otras
normativas impongan a las entidades territoriales funciones de financiamiento de
infraestructuras no excluye las obligaciones asignadas a las corporaciones
autónomas regionales en materia de ejecución de obras, que en todo caso, son
coordinadas con otras entidades.

45. Finalmente, la supuesta diferencia que aduce la entidad tutelante sobre la
definición de las acciones de «financiar una obra» y «ejecutar una obra» tampoco
encuentra sustento lingüístico, normativo o jurisprudencial. Antes bien, la primera
acepción del verbo «ejecutar» del diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española, lo define como «tr. Poner por obra algo», cuyos sinónimos son
«hacer, realizar, efectuar, elaborar, emprender, cumplir, verificar y concluir». En ese
entendido, a criterio de esta Sala, la función de ejecutar obras de infraestructura
efectivamente comprende la de desarrollar la obra, con todas las acciones que le
son inherentes, entre ellas, las de planeación, financiación y construcción.

46. Las razones expuestas resultan suficientes para confirmar el fallo de primera
instancia, toda vez que no prosperó ninguno de los cargos de la impugnación.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05689-01
Accionante: CARDER
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en consideración a las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

12

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