Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05693-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05693-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05693-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05693-00
Accionante: Andrea Jeraldine Grijalba Alvarado
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Acción de tutela por presunta mora judicial
Decisión: Declara improcedente por falta de legitimación en la causa por
activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela instaurada por la señora Andrea Jeraldine Grijalba Alvarado, quien actúa
en nombre propio contra la Sección Quinta del Consejo de Estado por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y participación política, ocurrida con ocasión de una
presunta mora judicial al interior del medio de control de nulidad electoral con
radicado 15001-23-33-000-2023-00457-00 [05].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El Grupo de Asesorías y Representación Jurídico Legal de Colombia S.A.S, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011,
interpuso demanda, a fin de que se declarara la nulidad de la elección del señor
Mikhail Krasnov como alcalde del municipio de Tunja para el periodo 2024 – 2027,
en virtud de su doble nacionalidad y la suscripción de un contrato de prestación de
servicios profesionales con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
el 6 de diciembre de 2022, inhabilidades contempladas en el numeral 7° del artículo
40 de la Constitución Política y el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
respectivamente.
3. El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Boyacá,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 27 de febrero de 2025 argumentó que
la doble nacionalidad no era causal de inhabilidad ni requisito que determinara la
validez del acto de elección. No obstante, determinó que la suscripción de un
contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia el 6 de diciembre de 2022, esto es, dentro del año anterior a su
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elección, contravino la legislación que establece un periodo de inhabilidad para
aspirantes a cargos de elección popular. En consecuencia, declaró la nulidad de la
elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde del municipio de Tunja.
4. Inconformes con la decisión anterior, la parte demandada, el tercero impugnador
Joseph Esteban Montenegro Galindo y la Registraduría Nacional del Estado Civil
interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido por la autoridad judicial y
asignado a la Sección Quinta del Consejo de Estado para su respectivo análisis. Sin
embargo, la parte accionante sostuvo que, a la fecha, no ha sido resuelto.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte accionante argumentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, con ocasión de una presunta mora judicial en el proceso
de nulidad electoral con radicado 15001-23-33-000-2023-00457-05.
2.3. Pretensiones
6. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
PRIMERA: Que se tutele mi derecho fundamental Y EL DE LA
CIUDADANÍA TUNJANA al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y participación política, amenazados por la mora injustificada
de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDA: Que se ordene a dicha Corporación que, en un término
perentorio no superior a diez (10) días hábiles, profiera decisión de fondo
de segunda instancia dentro del expediente correspondiente al proceso
de nulidad electoral del alcalde de Tunja.
TERCERA: Que se tomen las medidas necesarias para evitar nuevas
dilaciones procesales que afecten el ejercicio democrático de la
ciudadanía de Tunja». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
7. La acción de tutela objeto de estudio fue admitida mediante auto del 12 de
septiembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar a la Sección Quinta del
Consejo de Estado como accionados y al Grupo Jurídico Legal de Colombia SAS y
a todos los demás vinculados al proceso de nulidad electoral como terceros
interesados en el resultado del proceso.
8. El Grupo de Asesorías y Representación Jurídico S.A.S solicitó que se
amparen los derechos fundamentales objeto de tutela ante la presunta mora judicial
en la resolución del recurso de apelación por parte de la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
9. El Consejo de Estado, Sección Quinta indicó que la señora Andrea Jeraldine
Grijalba Alvarado no es parte ni ha sido reconocida como interviniente en el medio
de control de nulidad electoral, de modo que no cuenta con legitimación en la causa
por activa para presentar la acción de tutela de referencia. De otra parte, sostuvo
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que el proceso se ha tramitado con diligencia, a pesar de no haber concluido aún
debido a las múltiples solicitudes elevadas por el demandado. Finalmente, precisó
que los términos establecidos en el artículo 184 de la Ley 1437 de 2011 no resultan
aplicables al proceso de nulidad electoral, sino a la nulidad por inconstitucionalidad.
10. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, argumentando que no ha participado directa ni
indirectamente en la configuración de los hechos que motivaron la presentación de
la acción de tutela.
11. La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, pues no ha incurrido en ninguna actuación u
omisión que transgreda los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante. En consecuencia, solicitó que se desvincule a la entidad.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
12. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
13. Aunque el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron su desvinculación al considerar que carecen de legitimación en la
causa por pasiva, lo cierto es que su vinculación obedeció a que en el proceso de
nulidad electoral fungen como entidades demandadas y, en virtud de ello, es claro
que les asiste interés en el resultado del presente proceso. Por lo tanto, se negarán
sus peticiones.
3.3. Problema jurídico
14. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala, inicialmente, determinar
si la señora Andrea Jeraldine Grijalba Alvarado se encuentra legitimada para discutir
la presunta mora judicial en la resolución del recurso de apelación propuesto por la
parte demandada en el proceso de nulidad electoral, el tercero impugnador Joseph
Esteban Montenegro Galindo y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Solamente en caso afirmativo se estudiará el fondo del asunto, pues de lo contrario
se declarará la improcedencia del amparo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
15. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger derechos constitucionales fundamentales ante
vulneraciones o amenazas derivadas de la acción u omisión de autoridades o
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particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre que no se disponga que otro medio de defensa judicial para tales efectos.
16. En ese orden de ideas, se puede afirmar que el mecanismo constitucional de
tutela tiene un carácter residual o subsidiario, es decir, opera cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
3.5. Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
17. La legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto esencial en el
marco de la acción de tutela, en la medida en que asegura que el derecho
fundamental cuya protección se reclama corresponda afectivamente al demandante
y no a un tercero ajeno al proceso. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, esta exigencia se erige como una garantía de titularidad del derecho,
pues delimita quién está habilitado para activar el aparato judicial en procura de la
salvaguarda de derechos constitucionales.
18. Aunado a lo anterior, se ha precisado que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, ya que implica examinar la
calidad subjetiva de las partes frente al interés sustancial que se debate en el trámite
de tutela1. En consecuencia, si bien el ordenamiento admite que la defensa de
derechos fundamentales se ejerza no solo de manera directa, sino también a través
del representante legal, apoderado judicial o agente oficioso, el análisis de este
requisito resulta ineludible 2.
19. En la sentencia T – 435 de 2016, la Corte reiteró que la legitimación en la causa
por activa se configura cuando concurren dos condiciones: i) que la persona actúe
en nombre propio, por intermedio de representante legal, apoderado judicial o
agente oficioso, y ii) que la pretensión esté orientada a obtener la protección
inmediata de derechos fundamentales. De allí que no se trate de un simple
formalismo, sino de un elemento que define la procedencia de la acción de tutela.
20. En relación con el asunto bajo análisis, la Corte Constitucional a través de la
sentencia SU 329 de 2024 unificó su jurisprudencia, así:
«En las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas en el marco
de un proceso de nulidad electoral en las que se alegue la protección de los
derechos a la representación política y a elegir y ser elegido, en adelante,
quienes no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se
profirió la decisión cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar
la acción de tutela. En consecuencia, los tutelantes deben acreditar que
participaron en el respectivo proceso en calidad de demandados, demandantes
o terceros y que, por ende, les asiste un interés legítimo».
21. En ese orden de ideas, corresponde al juez constitucional, constatar la
legitimación en la causa de las partes como un verdadero presupuesto procesal de
la demanda. Esta verificación inicial asegura no solo la validez del trámite, sino
también la eficacia del derecho de acceso a la administración de justicia y la debida
1 Corte Constitucional, sentencia T -416 de 1997.
2 Corte Constitucional SU -454 de 2016.
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protección de los derechos fundamentales, preservando el equilibrio entre el acceso
amplio a la tutela y la necesidad de evitar actuaciones contrarias a la intención del
legislador en la creación del mecanismo constitucional de tutela.
3.5.1. Caso concreto
22. La parte accionante argumentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, con ocasión de una presunta mora judicial en el proceso
de nulidad electoral referido.
23. Sin embargo, esta Subsección considera imprescindible realizar un recuento de
las actuaciones surtidas al interior del proceso cuestionado con el objetivo de
determinar si la señora Grijalba Alvarado se encuentra legitimada en la causa por
activa para presentar la acción de tutela objeto de análisis.
24. En consecuencia, se tiene que el Grupo de Asesorías y Representación Jurídico
Legal de Colombia S.A.S, interpuso demanda a fin de que se declarara la nulidad
de la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde del municipio de Tunja pare
el periodo 2024 – 2027.
25. El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Boyacá,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 27 de febrero de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el señor Krashnov se encontraba
incurso en la inhabilidad contemplada en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136
de 1994.
26. Inconformes con la decisión anterior, la parte demandada, el tercero impugnador
Joseph Esteban Montenegro Galindo y la Registraduría Nacional del Estado Civil
interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido por la autoridad judicial y
asignado a la Sección Quinta del Consejo de Estado para su respectivo análisis.
27. Luego, la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del auto del 12 de
mayo de 2025, admitió los recursos de apelación y negó el decreto de unas pruebas
documentales. Contra esta decisión, la parte demandada interpuso recurso de
súplica, el cual fue rechazado por la autoridad judicial por medio del auto proferido
el 30 de mayo de 2025.
28. Con posterioridad, el señor Yeison Sebastián García Bueno interpuso apelación
adhesiva en contra de la sentencia de primera instancia, y de igual forma, presentó
recurso de reposición contra el auto del 12 de mayo de 2025. Por su parte, el señor
Omar Gómez Mosquera, presentó solicitud para ser vinculado como parte
demandada. No obstante, la autoridad judicial rechazó dichas peticiones mediante
auto del 10 de junio de 2025.
29. El 20 de junio de 2025 la parte demandada presentó solicitud probatoria, la cual
fue rechazada por extemporánea por la autoridad judicial, a través de la providencia
del 2 de julio de 2025.
30. De conformidad con el aplicativo SAMAI, se observa que el 2 de julio de 2025 el
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expediente pasó al despacho para proferir decisión judicial de segunda instancia.
31. Luego, el apoderado del demandado solicitó nulidad del proceso por indebida
notificación al Ministerio Público, así como también, el decreto de pruebas de oficio,
pero la Sección Quinta, mediante auto del 9 de julio de 2025 rechazó sus peticiones.
32. Con posterioridad, esto es, el 29 de julio de 2025 se registró proyecto, de acuerdo
con el aplicativo SAMAI.
33. Sin embargo, la profesional en derecho Neidy Bibiana Muñoz Ortega allegó
poder para actuar en representación del demandado y formuló recusación contra la
consejera Gloria María Gómez Montoya y los consejeros Luis Alberto Álvarez Parra,
Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil de la Sección Quinta de
la Corporación, conforme a la causal establecida en el numeral 2° del artículo 141
del Código General del Proceso. Este escrito fue reiterado por el señor Mikhail
Krashnov.
34. Sobre el particular, los consejeros previamente mencionados, mediante
providencia del 21 de julio de 2025, señalaron que la causal no se encontraba
configurada y no aceptaron la recusación, argumento confirmado por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 31 de julio de 2025.
35. El 12 de agosto de 2025 la parte demandada interpuso recurso de reposición
contra la decisión judicial anterior y solicitó la nulidad de lo actuado a partir de esta.
Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado, a través del auto del 29 de
agosto de 2025 rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto y
rechazó de plano la solicitud de nulidad formulada.
36. Finalmente, el señor Krashnov solicitó aclaración, adición y/o corrección del auto
del 29 de agosto de 2025. No obstante, la Sección Primera de la Corporación,
mediante auto del 26 de septiembre de 2025 negó dichas peticiones y conminó a
los sujetos procesales para que se abstuvieran de presentar actuaciones procesales
con el fin de entorpecer o dilatar el desarrollo del proceso.
37. En vista de lo anterior, se evidencia que la parte accionante no fue vinculada al
proceso que, a través del mecanismo constitucional de tutela pretende cuestionar
ni actúa en calidad de representante legal, apoderada judicial o agente oficioso de
alguna de las partes del mismo, circunstancia que denota su falta de legitimación
en la causa por activa y le impide activar el aparato judicial en procura de la
salvaguarda de los derechos fundamentales que estima vulnerados.
38. En consecuencia, se advierte que esta Sala de Subsección procederá a declarar
improcedente la acción de tutela formulada por la señora Andrea Jeraldine Grijalba
Alvarado ante la falta de legitimación en la causa por activa, pues
independientemente del interés que pudiera tener toda la comunidad del municipio
de Tunja, lo cierto es que una eventual mora judicial afecta a las partes del proceso,
quienes son las únicas que están legitimadas para alegarla; máxime cuando, de
conformidad con el artículo 277 del CPACA, en el marco del proceso de nulidad
electoral se publica un aviso informando a la comunidad de la existencia del
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proceso, para que cualquier ciudadano con interés intervenga impugnando o
coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto demandado.
39. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil por los motivos
consignados en esta decisión judicial.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por la
señora Andrea Jeraldine Grijalba Alvarado ante la falta de legitimación en la causa
por activa, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de este
proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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