Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05704-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05704-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05704-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05704-01
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia - Subsidiariedad - Relevancia constitucional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 7 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado – Sección
Primera, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 11 de septiembre de 2025, el señor Luis Fernando Vélez Vergara interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima
de Oralidad, con el fin de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa técnica y juez imparcial. Consideró que dichas prerrogativas fueron
vulneradas con la providencia de 12 de marzo de 20251, emitida dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería, cuyo propósito era la nulidad de las resoluciones
a través de las cuales se le impuso como sanción la suspensión en el ejercicio de la
profesión de ingeniero.
2. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín en decisión del
13 de mayo de 2019 concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. El
Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó
y, en consecuencia, declaró probada la excepción de caducidad y se inhibió de
pronunciarse de fondo.
3. El señor Luis Fernando Vélez Vergara presentó acción de tutela en contra del fallo
del Tribunal por considerar que se incurrió en defecto sustantivo. La Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como juez de segunda instancia,
revocó la decisión del a quo y amparó el derecho al debido proceso del actor,
1 Notificada el 13 de marzo de 2025.
2 Radicado 05001-33-33-036-2018-00122-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05704-01
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
ordenando a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
proferir una providencia de reemplazo.
4. En cumplimiento de la anterior orden, la mencionada Sala decidió nuevamente los
recursos de apelación y, en sentencia del 12 de marzo de 2025, confirmó la decisión
del Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín.
5.La parte actora expuso que a pesar de que la autoridad judicial accionada emitió
sentencia de reemplazo, aquella fue proferida sin que la magistrada ponente se
declarara impedida.
6.Agregó que aun cuando el daño de fondo fue eventualmente reconocido en la
decisión, persiste la necesidad constitucional de que quienes conozcan y decidan el
nuevo asunto sean jueces imparciales y que no hubieren adoptado decisiones con
base en normas inaplicables.
7. Afirmó que el objeto de esta acción se contrae, de manera exclusiva, a la omisión
de manifestar el impedimento pues ello constituyó una violación autónoma y
diferenciada del derecho fundamental al juez imparcial, protegido por el artículo 29
de la Constitución. Agregó que el principio de prevalencia del derecho sustancial y el
carácter residual de la tutela habilitan al juez constitucional a pronunciarse sobre la
garantía a contar con un juez imparcial, que no fue materia de examen en la acción
anterior.
8. Expuso que la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa ha
reconocido que ciertas circunstancias objetivas, por ejemplo, la adopción de criterios
jurídicos contrarios a normas vigentes o la actuación previa que revele parcialidad,
pueden configurar causal objetiva de impedimento. Adicionó que el principio pro
actione impone que el proceso sea conocido por autoridades que no tengan
cuestionamientos razonables sobre su neutralidad.
9. Por otra parte, como jurisprudencia relevante aplicable citó apartes de las
decisiones SU-918 de 2013, C-037 de 1996 y C-392 de 2019, el auto 1572 de 2024
y las sentencias de tutela del 21 de febrero y 12 de marzo de 2025. Así como los
artículos 140 y 141 del Código General del Proceso.
10. Concluyó que aunque la decisión de reemplazo subsanó el vicio material, la
actuación inicial de la magistrada afectó su derecho a ser juzgado por quien no haya
aplicado normas manifiestamente inaplicables y que por ende pueda ser
objetivamente cuestionado en su imparcialidad. Sostuvo que la tutela es procedente
en su modalidad excepcional, para ordenar la declaración de impedimento y que la
nueva decisión sea adoptada por un magistrado distinto, a fin de garantizar la
confianza pública en el órgano jurisdiccional y la tutela efectiva de los derechos
fundamentales.
11. Por otra parte, mediante auto de 19 de septiembre de 2025, se le requirió al actor
para que indicara cuál era la decisión que cuestionaba. Ante ello afirmó que era la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05704-01
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
del 12 de marzo de 2025. Además, agregó que la decisión acusada desconoció lo
decidido en la sentencia de primera instancia, perpetuando los efectos de una
sanción que ya fue anulada judicialmente. Situación que generó un grave impacto en
sus derechos fundamentales y en diferentes esferas de su vida, en particular los
daños morales, profesionales, laborales y la vida familiar.
12. Afirmó que la providencia impugnada desechó que conforme a los artículos 2, 25
y 29 de la Constitución Política, la protección del debido proceso y del derecho al
trabajo no pueden limitarse a la anulación formal de un acto administrativo, sino que
exige restablecer efectivamente los derechos conculcados, incluyendo el
reconocimiento de los perjuicios ocasionados por la sanción irregular; por lo que la
decisión ignoró las consecuencias jurídicas y materiales de los daños ocasionados.
B. Sentencia de primera instancia
13.
En fallo de 7 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado – Sección Primera
declaró improcedente el amparo solicitado. Indicó que, en cuanto al presunto
impedimento de la magistrada ponente de la sentencia cuestionada, no se cumplía
el requisito general de subsidiariedad. Esto, por cuanto el señor Vélez Vergara pudo
hacer uso de la figura de la recusación prevista por el artículo 130 del CPACA; sin
embargo, no la presentó, ni expuso en sede de tutela algún motivo para justificar su
inactividad.
14.
Frente a la falta del restablecimiento efectivo de los derechos en el proceso
ordinario, estimó que no cumplía el requisito general de relevancia constitucional.
Ello, en la media en que el actor pretendía convertir esta acción en una instancia
adicional al proceso ordinario; por cuanto sigue insistiendo en que tiene derecho al
restablecimiento de sus derechos en virtud de la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados, lo cual ya fue objeto de debate en el fallo acusado.
C. La impugnación
15.
El accionante indicó que frente al requisito de subsidiariedad la recusación no era
un mecanismo idóneo ni eficaz para proteger los derechos vulnerados, pues de
acuerdo con el artículo 147 del CGP aquella no procede respecto de providencias ya
emitidas y la causal de imparcialidad surgió de manera sobreviniente cuando el
Tribunal profirió la sentencia de reemplazo. Lo que significa que no existía un
momento oportuno para plantear la recusación previamente.
16.
Respecto de la relevancia constitucional, manifestó que no pretende reabrir el
debate legal sino proteger sus derechos fundamentales. Adicionó que el problema
planteado es constitucional, no probatorio, ya que su solicitud central fue (i)
garantizar la imparcialidad judicial; (ii) corregir un defecto procesal derivado de la
falta de impedimento; y, (iii) exigir que la sentencia de reemplazo cumpliera
adecuadamente con la decisión de tutela previa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05704-01
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
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Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
17.
Expresó que la sentencia de reemplazo omitió lineamientos constitucionales
impartidos en el fallo de tutela anterior, pues la Subsección ordenó corregir el defecto
sustantivo que afectó el debido proceso del disciplinado. Sin embargo, el Tribunal
reiteró razonamientos previos, omitió motivaciones esenciales y negó el
restablecimiento de derecho sin desarrollar el estándar fijado por la Corte
Constitucional en múltiples precedentes (SU-159 de 2018 y SU-072 de 2018). Esto
configura un defecto por desconocimiento del precedente, que también tiene
relevancia constitucional.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
E. Análisis del caso concreto
19. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, al no encontrar
superado los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional.
20.
El actor sustenta su solicitud de amparo en dos yerros que endilga a la
providencia cuestionada. El primero se refiere a la omisión de declarar el presunto
impedimento para conocer del asunto y, el segundo, la negación del restablecimiento
de sus derechos, a pesar de la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado.
21. Respecto del primer asunto, la Sala advierte que no supera el requisito general de
subsidiariedad. De conformidad con el artículo 864 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 65 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela únicamente
procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de
tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y eficaces- que
el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o
lesiona sus derechos, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
5 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
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Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
22.
En el presente caso, si bien el señor Vélez no podía presentar recusación después
de proferida la decisión cuestionada, tal como lo manifestó en su escrito de
impugnación, lo cierto es que la orden impartida en el fallo de tutela de 21 de febrero
de 2025 era clara y estaba dirigida única y exclusivamente a la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. Por lo que era previsible que
quiénes iban a emitir la decisión de reemplazo eran los mismos magistrados que
dictaron la primera sentencia. Ante cualquier duda sobre el particular, pudo solicitar
aclaración al juez constitucional, o si tenía objeción formular la recusación respectiva.
23.
Aunado a lo anterior, el argumento que sustenta el reproche también carece de
relevancia constitucional por falta de carga argumentativa. El accionante trae a
colación una supuesta causal de impedimento, relacionada con haber dictado una
decisión previa con criterios jurídicos contrarios a normas vigentes. Sin embargo, las
causales de impedimento están taxativamente señaladas en el artículo 130 del
CPACA y ninguna contempla el supuesto señalado por el señor Vélez.
24.
Sumando a lo anterior, en estricto sentido en el caso no existe una decisión
anterior; pues el primer fallo de 22 de mayo de 2024 fue dejado sin efectos jurídico
a través de la sentencia de tutela de 21 de febrero de 2025. En ese sentido, dicho
yerro no tiene vocación de prosperidad.
25.
Por otro lado, frente a la segunda censura, se observa que tampoco cumple el
requisito general de relevancia constitucional, ya que el actor pretende convertir la
solicitud de amparo en una tercera instancia.
26.
Lo anterior es claro, en la medida en que el señor Vélez trae a colación los mismos
reparos que esgrimió en el escrito de apelación presentado contra el fallo ordinario
de primera instancia, relacionados con el reconocimiento de los perjuicios materiales
e inmateriales solicitados como restablecimiento del derecho.
27.
Respecto a este tópico el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió de forma
extensa en la decisión acusada que el demandante no logró acreditar ninguno de los
perjuicios reclamados, por lo que no había lugar a su reconocimiento.
28.
En esa medida, se estima que lo que el actor pretende es continuar de forma
indefinida con el mismo asunto, para que su postura sea acogida, pasando por
encima del criterio y análisis de los jueces naturales de la causa; cuando tanto en
primera como en segunda instancia, de la valoración ponderada de las pruebas
arrimadas al proceso, los jueces lograron establecer que los perjuicios no estaban
demostrados.
29.
Esta Sala de Subsección no identifica algún motivo por cual deba intervenir en el
caso bajo estudio, pues del contenido de la decisión acusada se observa que en
ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los criterios de libre apreciación
probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de forma razonable el acervo
probatorio obrante en el expediente de cara a los reproches puestos a su
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Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
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Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
consideración, confrontándolo con las perspectivas legales y jurisprudenciales
respectivas.
30. Por último, el señor Vélez en su impugnación afirmó que la sentencia de
reemplazo omitió lineamientos constitucionales del fallo constitucional que amparó
su derecho al debido proceso. No obstante, ese es un argumento nuevo, que no
planteó ni en el escrito de tutela, ni cuando dio respuesta al requerimiento de 19 de
septiembre de 2025. Así, en relación con este cargo nuevo, la Sala no se
pronunciará, toda vez que vulneraría las garantías de defensa y contradicción de la
accionada y de los demás sujetos procesales vinculados al presente trámite, quienes
fundamentaron sus intervenciones en los hechos alegados en la solicitud de amparo
y la respuesta al requerimiento, las cuales les fueron entregadas al momento de
practicarse la notificación de la demanda. Cabe agregar que la impugnación es el
mecanismo por medio del cual se expresan las inconformidades con el fallo de tutela
de primera instancia, más no una oportunidad para presentar nuevos hechos y
pretensiones que no fueron expuestos en el escrito de tutela.
31.
Aunado a lo anterior, ese es un tema que, de ser el caso, se debe resolver
mediante un incidente de desacato. Por lo que ese reparo si hipotéticamente fuera
analizado, ni siquiera superaría el requisito general de subsidiaridad, por existir el
mecanismo idóneo para ser estudiado por el juez natural de la causa.
32.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 7 de
noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
6 VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05704-01
Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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