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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05706-01

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05706-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la improcedencia declarada en la sentencia de primera instancia proferida el 17 de octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05706-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., doce (12) diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y Juzgado 64 Administrativo de Bogotá.
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia.

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 17 de octubre
de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró la improcedencia.

SÍNTESIS1

La sociedad accionante cuestiona las sentencias que negaron sus pretensiones en el
proceso de reparación directa que promovió contra la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin de que se declarara
la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños ocasionados a la sociedad
con ocasión de la inmovilización de cien vehículos tipo taxi. Se confirma la improcedencia
declarada en primera instancia por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 12 de septiembre de 2025, la sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S., en
adelante Disuministros S.A.S., por medio de apoderado, presentó una demanda en
ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, “al detrimento patrimonial (…),
información (…), principio de igualdad ante las autoridades (…), principio de legalidad
sustancial (…), principio de contradicción (…), desconocimiento de la formas propias de
cada juicio (…) principio de publicidad”, entre otros, los cuales, a su juicio, fueron
vulnerados por las sentencias proferidas el 4 de febrero de 2022 y 12 de marzo de 2025
por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa identificado
con el radicado No. 11001334306420180021000/01, por medio de las cuales se
negaron las pretensiones de la demanda.

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

2. La sociedad accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
(REPARTO) el tutelar los derechos fundamentales invocados: Art. 29 de la Constitución.
(Debido Proceso). Sub reglas: 1. Artículo 2 Constitucional (las autoridades de la república
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus:
bienes...) 2. Derecho a la defensa. 3. Detrimento Patrimonial. 4. Derecho a la información.
5 .Principio de igualdad ante las autoridades. 6. Principio de legalidad sustancial. 7.
Artículo 13 de la CONSTITUCION. Derecho de revisar sentencias judiciales, 8. Principio
de contradicción, 9. Desconocimiento de las formas propias de cada juicio– 10. Principio
de publicidad, Además de los anteriores los estipulados en el Articulo 85 ibidem y el
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, Articulo 13 de la CONSTITUCION. Derecho de
revisar sentencias judiciales.

SEGUNDO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
(REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados, a favor de
DISUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 830111877-1 representada legalmente
por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA, se revoque el fallo de segunda instancia de
fecha 12 de marzo de 2025, obrante dentro del radicado No 110013343064201800210-
01, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C MAGISTRADO PONENTE: ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
confirma la sentencia proferida por el JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DE BOGOTA- SECCION TERCERA el día 4 de febrero de 2022, en donde se niegan las
pretensiones del medio de control Reparación directa invocado, por los derechos
fundamentales invocados.

TERCERO. TERCERO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO
DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados,
favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 830111877-1 representada
legalmente por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA, se revoque el fallo de primera
instancia obrante dentro del radicado No 110013343064201800210-01, proferida por el
JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTA- SECCION TERCERA el
día 4 de febrero de 2022, en donde se niegan las pretensiones del medio de control
Reparación directa invocado, por los derechos fundamentales invocados.

CUARTO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
(REPARTO) que, una vez tutelados los derechos fundamentales invocados, a favor de
DISUMINISTROS S.A.S., identificada con el Nit. 830111877-1 representada legalmente
por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA, se acceda a las pretensiones invocada en el
medio de control reparación directa obrante dentro del radicado No.
110013343064201800210-01.

B. Hechos

3. El 7 de octubre de 2016, la sociedad Disuministros suscribió con la Sociedad de
Activos Especiales, en adelante SAE, un contrato de arrendamiento de cien vehículos
tipo taxi, los cuales se encontraban relacionados con procesos de extinción de dominio
por delitos de narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos.

4.El 30 de mayo de 2017, la SAE emitió oficio con el siguiente asunto “TERMINACIÓN
ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE

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Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

100 VEHÍCULOS TIPO TAXI Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE
CONTRATO”, mediante el cual indicó que a la fecha no tenía conocimiento del
cumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad y que “Respecto al numeral
16 del contrato, hemos recibido comunicación por parte de Seguros del Estado,
informando que debido a la mora en el pago de la prima de la póliza No. 45-49-
101040930, vigencia febrero 01 de 2017 a octubre 01 del mismo año, decidieron aplicar
la TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO. Igualmente nos
informan que los cheques girados para el pago de la prima fueron devueltos por falta de
fondos. Dado lo anterior, le informamos que estamos terminando anticipadamente por
incumplimiento el contrato de arrendamiento firmado el día 07 de octubre de 2016, y le
solicitamos hacer entrega de los 100 vehículos tipo taxi objeto del citado contrato en las
bodegas ubicadas en la Cra. 21 No. 10-155 del municipio de Yumbo (V), empezando el
día 13 de junio de 2017 a las 8:00 a.m. y terminado el 15 del mismo mes a las 6:00 p.m.”

5.Mediante oficio No. CS 2017-046557 del 20 de junio de 2017, la SAE solicitó a la
Policía Nacional colaboración para inmovilizar y recuperar los vehículos objeto del
contrato de arrendamiento.

6. El 17 de julio de 2017, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN ingresó
las órdenes de inmovilización en el sistema de información integrada de automotores
de la Policía Nacional.

7.Por medio del oficio No. CS2017-050808 del 18 de agosto de 2017 con destino a la
Policía Nacional, la SAE solicitó la inmovilización de los vehículos que estaban
pendientes, por cuanto contaban con extinción de dominio a favor del Estado.
Posteriormente, los vehículos fueron detenidos.

8. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa con la intención de que se declarara la responsabilidad
extracontractual del Estado, con ocasión a la omisión que alegó respecto una falla en la
operación administrativa por responsabilidad objetiva en relación con “la Sociedad de
Activos Especiales S.A.S, por el incumplimiento del contrato y posterior solicitud
inmovilización de 100 vehículos, objeto de contrato de arrendamiento con la
demandante y por parte de la Policía Nacional, al no verificar que la orden de
inmovilización fuera producto de una providencia, orden judicial o acto administrativo
emanado por un funcionario judicial.”.

9. El 4 de febrero de 2022 el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá profirió sentencia y
resolvió negar las pretensiones de la demanda, por cuanto concluyó que las actuaciones
efectuadas por la SAE, en su calidad de administradora de los automotores, derivaron
del cumplimiento contractual y legal contenido en la Ley 1708 de 20142 y la Ley 1849
de 20173. Indicó que la solicitud ante la Policía Nacional fue consecuencia de la falta de
respuesta y entrega inmediata de los vehículos por parte de la sociedad. Así, concluyó
probada la ausencia en la falla en el servicio por parte de las entidades demandadas, la
existencia del deber legal de la SAE y la Policía Nacional y la inexistencia del daño
alegado.

2
Ley 1708 de 2014. “Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”
3
Ley 1849 de 2017. “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio” y se dictan
otras disposiciones.”

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

10. La sociedad Disuministros presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. Solicitó que se revocara la decisión judicial, y en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda. Argumentó, que dentro de las facultades
de la SAE no se encuentra la de administrar justicia, por ende, no tenía competencia
para ordenar la incautación e inmovilización de los vehículos, pues su competencia se
limita a la administración de los bienes de extinción de dominio, razón por la cual la
orden debió ser proferida por la fiscalía asignada al proceso.

11. El12 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C confirmó la sentencia del 4 de febrero de 2022 proferida por el
Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, debido a que la inmovilización de los vehículos
se “materializó en cumplimiento de una orden emitida por la Sociedad de Activos
Especiales, en virtud de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, el
Decreto 2136 de 2015, que otorgan una serie de facultades de policía administrativa a
la SAE para garantizar la adecuada gestión de los bienes que se encuentran bajo su
administración. En igual sentido, el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes,
estableció una serie de obligaciones en el que pactaron que de presentarse la
terminación del negocio jurídico surgía la obligación para la arrendataria de restituir los
bienes muebles; de allí que, la actividad efectuada por la entidad accionada se
encuentre acorde, por un lado, con las facultades legales a ella otorgadas en el
ordenamiento jurídico y, por el otro, de acuerdo con las obligaciones contraídas en el
contrato de arrendamiento suscrito con la entidad demandante y, por lo tanto, no se
presenta una extralimitación de sus atribuciones.”

C. Fundamentos de la vulneración

12. La sociedad accionante alega que se transgredieron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, “al detrimento patrimonial (…), información (…),
principio de igualdad ante las autoridades (…), principio de legalidad sustancial (…),
principio de contradicción (…), desconocimiento de las formas propias de cada juicio
(…) principio de publicidad”, entre otros.

13. Adujo que la incautación de los vehículos fue consecuencia de un supuesto
incumplimiento en los cánones de arrendamiento, sin embargo, indicó que ni los
demandados, ni los accionados tuvieron en cuenta el pago que realizó el señor Diego
Duque (representante legal) por valor de $444.526.400 para las reparaciones de los
vehículos, toda vez que dicho pago debió ser descontado del pago de los cánones de
arrendamiento, tal como consta en la demanda y en el informe aprobado por la SAE,
razón por la cual no había razón para incautar los automotores.

14. Señaló que se vulneraron sus derechos, ya que el representante legal de la
sociedad invirtió un capital en la reparación de los vehículos tipo taxi y esos recursos se
perdieron, causando una grave afectación a su patrimonio, pues le entregaron unos
vehículos al señor Diego Duque, los cuales, en su mayoría, se encontraban en mal
estado y cuando salieron del taller y ya se encontraban reparados, le ordenaron a la
Policía Nacional recogerlos.

15. Indicó que existe un perjuicio irremediable, por cuanto el Juzgado y el Tribunal
omitieron valorar las pruebas en las cuales se establecía el pago que el señor Diego
Duque había realizado por valor de $444.526.400 para las reparaciones de los

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
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Se confirma la improcedencia de la demanda

vehículos, dinero que iba a ser descontado de los cánones de arrendamiento.

D. Trámite procesal

16. Mediante auto del 15 de septiembre de 20254, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y vincular a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., al
Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que,
rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

17. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá indicó que las actuaciones de la SAE y la
Policía Nacional fueron legitimas y se ajustan a la normatividad vigente en cumplimiento
de los deberes legales y contractuales, razón por la cual no se configuró una falla en el
servicio.

18. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, debido a que el mecanismo constitucional no
puede convertirse en una herramienta para reabrir el debate que ya fue resuelto en el
marco del proceso ordinario y tampoco debe ser utilizado para sustituir al juez natural,
más aún cuando el accionante no demostró la existencia de algún defecto.

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C indicó
que no modificó la providencia judicial de primera instancia, debido a que constató que
no se configuraron los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado y no
se acreditó ningún tipo de falla en el procedimiento adelantado, pues la incautación de
los vehículos no tuvo un carácter antijuridico, ya que los demandados actuaron de
acuerdo con lo contenido en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.

20. La Sociedad de Activos Especiales – SAE solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela y se desvinculara a la entidad del trámite
constitucional, ya que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y no ejerce
funciones judiciales, pues las actuaciones que desplegó en relación con la incautación
de los vehículos se fundamentaron en las funciones legales y reglamentarias que le
fueron asignadas en la administración de los bienes afectados con medidas cautelares
o respecto aquellos que son propiedad del Fondo de Rehabilitación para la Inversión
Social y Lucha contra el Crimen Organizado en Colombia – FRISCO en virtud del
derecho de extinción de dominio.

21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio Público y la Policía Nacional, fueron debidamente notificados, pero guardaron
silencio.

F. Fallo impugnado

22. Mediante sentencia del 17 de octubre de 2025 la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela por

4
Índice 4 del expediente digital disponible en Samai, radicado No. 11001031500020250570600.

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cuanto la sociedad accionante no enunció ni desarrolló alguna causal especifica de
procedibilidad en la que hubiesen podido incurrir los accionados, de manera que no
superó los requisitos específicos para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

23. Indicó que los fundamentos de la acción se limitaron a reiterar el conflicto contractual
con la SAE al ser una sociedad sometida al régimen de derecho privado, así como la
vulneración a sus garantías por los recursos que invirtió en la reparación de los
automotores. Aunque la sociedad afirmó que la situación descrita afecto su patrimonio
y reiteró la falla del servicio atribuible a la actuación administrativa, no explicó de qué
manera las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en alguna causal especifica
de procedibilidad.

24. Señaló que el accionante no especificó la vulneración de derechos fundamentales
que se configura a partir de la expedición de las sentencias enjuiciadas, razón por la
cual no cumplió con la carga argumentativa requerida para la procedencia de la acción
constitucional. Sólo se limitó a cuestionar que el conflicto contractual debió resolverse
con el derecho privado, a pesar de que fue la misma sociedad quien promovió el medio
de control de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

25. Concluyó que el accionante no cumplió con la carga argumentativa requerida para
promover la demanda de tutela, pues no se especificó cuáles fueron los yerros que
cometieron las autoridades judiciales accionadas, motivo por el cual la Sala indicó que
carecía de elementos para examinar de fondo el asunto.

G. Impugnación

26. La sociedad accionante impugnó la sentencia del 17 de octubre de 2025 y contrario
a lo que afirmó el a quo, indicó que, en el contenido de la acción de tutela, en el acápite
“III. Hechos Relevantes”, se demostró con suficiencia las razones por las cuales las
decisiones adoptadas por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneraron sus derechos fundamentales.

27. Agregó que en la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se omitió valorar las transgresiones expuestas en el escrito de tutela
y solo se limitó a manifestar que no se cumplió con el requisito de carga argumentativa
para cuestionar las decisiones adoptadas.

28. Insistió que se demostró la existencia de la afectación desproporcionada en la cual
incurrieron los accionados, toda vez que no se tuvo en cuenta las pruebas allegadas al
proceso, mediante las cuales se demostró que el representante legal de la sociedad
pago por adelantado $444.526.400, tal como consta en el contrato suscrito por la
sociedad Disuministros y la SAE. En este sentido, adujo que en el contrato de
arrendamiento se estableció que el valor que fue pagado para la reparación de los
vehículos iba a ser descontado de los cánones de arrendamiento generados, razón por
la cual se generó un incumplimiento por parte de la SAE, lo cual no fue valorado por los
accionados ni en primera ni en segunda instancia.

29. Reiteró que la SAE no se conformó con omitir el incumplimiento contractual descrito,

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Se confirma la improcedencia de la demanda

sino que se extralimitó en sus funciones solicitando a la Policía Nacional que incautaran
los vehículos.

30. Concluyó que “estas omisiones son trascendentes, porque dejaron a mi poderdante
en una situación difícil económica que lo llevo a la quiebra, situación que le afecto su
vida personal, familiar y profesional, presentándose así una afectación
desproporcionada al debido proceso, producto de las omisiones de los accionados”.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

31. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la sociedad Disuministros S.A.S.,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el
Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

32. La Sala confirmará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, toda vez que el accionante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para indicar de qué manera las providencias judiciales
cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales. En ese sentido, y por razones
metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos
generales de procedencia de la demanda de tutela5.

J. El requisito de relevancia constitucional

33. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.6 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada7, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.

5 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional

ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
6 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
7 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Se confirma la improcedencia de la demanda

34. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.8

35. En la sentencia SU-215 de 20229, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

36. Para la Corte Constitucional10, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

37. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez

8 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”11.

K. El caso concreto

38. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso
de reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte
de las autoridades judiciales accionadas.

39. Se evidencia que los argumentos presentados por la parte accionante son los
mismos que expuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 4 de febrero
de 2022 proferida por el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá.

40. En efecto, en el recurso de apelación el accionante manifestó lo siguiente:

“Dentro de los elementos materiales que se encuentran en el proceso, podemos establecer
que la demandada SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE, está regulada por
la Ley 1708 de 2014, y la misma al tenor de su artículo 9 expresa que existe Autonomía e
independencia Judicial de las decisiones de los funcionarios judiciales, lo cual en este caso
no se cumple, pues la Sociedad de Activos Especiales SAS- SAE, no es una entidad que
dentro de sus facultades este la de administrar justicia por ende, esta entidad no es la que
tiene competencia para ordenar la incautación e inmovilización de los vehículos, ya que su
competencia solo se limita a la administración de los bienes de extinción de dominio, esta
orden de incautación e inmovilización debió ser proferida por la Fiscalía asignada al proceso
N° 4720 EXTINCION DE DOMINO.”

(…)

La acción que tomaron los funcionarios de la Policía Nacional, al inmovilizar estos rodantes
de servicio público; sin que mediara una orden judicial, genera a todas luces lo que se
pregona como “CULPA”, en contra de los demandados, POR LA OMISIÓN EN QUE
INCURRIERON, al no cumplir lo estipulado en el Artículo 2 de Nuestra Carta Magna, que a
su tenor dice: FINES ESCENCIALES DEL ESTADO, Inciso Segundo: “Las autoridades de
la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su Vida, honra y bienes…………”, toda vez que existió una extralimitación en las
funciones tanto de la SAE, como de estos policiales que ingresan al sistema unos vehículos
reportándolos como hurtados, sin que exista una orden judicial, que termino con la captura
e incautación de los mismos, perjudicando a mi poderdante en su esfera económica.”

41. La Sala observa que en la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C los argumentos
esbozados en el escrito de apelación presentados contra la sentencia de primera
instancia del proceso de reparación directa se resolvieron, así:

“no se compromete la responsabilidad de las accionadas, teniendo en cuenta que la
inmovilización de los vehículos objeto del contrato de arrendamiento suscrito el 7 de octubre

11 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

de 2016, se materializó en cumplimiento de una orden emitida por la Sociedad de Activos
Especiales, en virtud de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, el Decreto
2136 de 2015, que otorgan una serie de facultades de policía administrativa a la SAE para
garantizar la adecuada gestión de los bienes que se encuentran bajo su administración. En
igual sentido, el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, estableció una serie de
obligaciones en el que pactaron que de presentarse la terminación del negocio jurídico
surgía la obligación para la arrendataria de restituir los bienes muebles; de allí que, la
actividad efectuada por la entidad accionada se encuentre acorde, por un lado, con las
facultades legales a ella otorgadas en el ordenamiento jurídico y, por el otro, de acuerdo
con las obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento suscrito con la entidad
demandante y, por lo tanto, no se presenta una extralimitación de sus atribuciones.

(…)

Finalmente, la Sala considera oportuno precisar que si bien la recurrente alega que la SAE
debió acudir a un centro de arbitramento como mecanismo de solución de conflictos de
forma previa a la terminación unilateral del contrato, lo cierto es que las pretensiones de la
demanda se encuentran dirigidas a declarar la responsabilidad extracontractual y
administrativa del extremo pasivo de la Litis por la presunta indebida incautación de los
vehículos tipo taxi por una presunta extralimitación de las funciones asignadas a las
entidades accionadas, por lo tanto, las imputaciones relacionadas con el presunto
desconocimiento de los mecanismos pactados para la resolución de las controversias
derivadas del contrato de arrendamiento no corresponden con las pretensiones planteadas
en el escrito introductorio, situación que impide en el presente asunto emitir algún tipo de
pronunciamiento al respecto.

42. No obstante, en el escrito de tutela la sociedad accionante, en sede de tutela, reitera
parte de los argumentos que expuso en el recurso de apelación, pues alegó que:

“El acto jurídico nace con el incumplimiento por parte de la SAE, en un contrato de
arrendamiento de 100 taxis a mi poderdante y el hacer inducir en un error a la Policía
Nacional DIJIN, por solicitar la captura de estos vehículos de servicio público, sin que
mediara una orden judicial posterior al contrato de arrendamiento suscrito y firmado y la
POLICÍA NACIONAL al no verificar la existencia de esta orden judicial y proceder con una
sola solicitud formal que hizo la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. SAE,
debido a la extralimitación en sus funciones al inmovilizar estos rodantes sin que hubiese
mediado una orden judicial, acciones que vulneraron los derechos fundamentales
invocados.

(…)

la incautación de estos vehículos deviene de un supuesto incumplimiento en el pago
mensual por parte de mi poderdante; Pero ni la SAE, ni los accionados, no tuvieron en
cuenta el pago que el señor DIEGO DUQUE, realizo por el valor de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
PESOS M/L/V ($ 444.526.400), para las reparaciones de estos rodantes, dinero que iba a
ser descontado de los cacones de arrendamiento generados, tal y como consta en la
demanda, y en el informe aprobado por la SAE, por lo que no se habia dado lugar a que
recogieran estos vehiculos de esa manera, a mi poderdante se le vulneraron los derechos
fundamentales invocados, toda vez que invirtió un capital en la reparación de estos
vehículos; Capital que lo tiene perdido perjudicando así su patrimonio, y la SAE, le entrega
unos vehículos al señor DIEGO DUQUE, en su mayoría para reparar motor y en mal estado,
y cuando salen del taller y están en buen estado decide ordenarle a la policía nacional que
los recoja.”

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

43. Empero, dicho debate ya fue resuelto en el marco del proceso ordinario, por cuanto
se determinó que las inmovilizaciones de los vehículos tipo taxi se realizaron con
ocasión a lo establecido en el artículo 9112 de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción
de Dominio), el Decreto 2136 de 201513 y de acuerdo con el contenido del contrato
suscrito el 7 de octubre de 2016, razón por la cual se concluyó que la SAE no se
extralimitó en sus funciones y las actuaciones que llevó a cabo las realizó en el marco
de sus facultades legales.

44. Por otra parte, en la impugnación formulada por la sociedad accionante contra la
sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida en primera instancia por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del presente asunto, se reiteran los
argumentos según los cuales:

“se está demostrando la existencia de la afectación desproporcionada en que incurrieron
los accionados, al desconocer los derechos que tenía mi poderdante en la parte probatoria,
toda vez que en ese proceso se allegaron pruebas contundentes en donde el señor DIEGO
DUQUE, pago por adelantado el valor de $ CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L/V ($
444.526.400), estipulados en el contrato suscrito por DISUMINISTROS S.A.S., identificada
con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO DUQUE OLAYA,
y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, en el contrato de arrendamiento de los 100
vehículos tipo taxi, dinero que iba a ser descontado de los cánones de arrendamiento
generados, tal y como consta en la demanda, por lo que se generó un incumplimiento del
contrato por parte de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, incumplimiento que tanto la
primera instancia, como la segunda instancia desconocieron

(…)

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S, no se conformó con omitir este incumplimiento
contractual, si no que se extralimito en sus funciones solicitando a las autoridades (policía
nacional) que recogieran los vehículos dándoles una orden de captura”

45. Así las cosas, la Sala considera evidente que los cuestionamientos planteados por
la parte accionante frente a las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, y del Juzgado 64 Administrativo de Bogotá constituyen
únicamente la reiteración de los argumentos expuestos en el proceso ordinario y, en
todo caso, ninguno de ellos evidencia una vulneración de sus garantías fundamentales.

12
ARTÍCULO 91. ADMINISTRACIÓN Y DESTINACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 210 de la Ley 2294 de 2023. El nuevo
texto es el siguiente:> Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, descontando aquellos destinados para el pago
gradual y progresivo de los pasivos de dicho Fondo, los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la entidad
encargada de la administración de los bienes, y las destinaciones específicas previstas en la ley y aquellas secciones del inventario
de bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE) que sean considerados estratégicos para los propósitos de
política pública del Gobierno Nacional, se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la
Rama Judicial, en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación, en un diez por ciento ( 10%) a la Policía Judicial
de la Policía Nacional para el fortalecimiento de su función investigativa, en un cinco por ciento (5%) para la Defensoría del Pueblo
para el fortalecimiento de la defensa pública en los procesos de extinción de dominio y el treinta y cinco por ciento (35%) restante
para el Gobierno Nacional, quien reglamentará la distribución de este último porcentaje, teniendo como prioridad la reparación de las
víctimas.
[…].
PARÁGRAFO 3o. El administrador del Frisco tendrá la facultad de policía administrativa para la recuperación física de los bienes que
se encuentren bajo su administración. Las autoridades de Policía locales, municipales, departamentales y nacionales estarán
obligadas a prestar, de manera preferente y sin dilación injustificada, el apoyo que requiera el representante legal o su delegado, para
hacer efectiva la administración de los bienes que ingresan al Frisco.
En el evento en que el administrador del Frisco ejerza la facultad de policía administrativa a través de las Alcaldías y Secretarías de
Gobierno, las mismas deberán proceder a asignar la Inspección de Policía, para ello contarán con un término máximo de quince (15)
días contados a partir de la comunicación del administrador. En igual término los inspectores estarán obligados a fijar, practicar y
culminar la diligencia. […].
13
“Por el cual se reglamenta el Capítulo VIII del Título III del Libro III de la Ley 1708 de 2014”.

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46. De todas maneras, tal como lo advirtió la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la sociedad accionante no cumplió con la carga argumentativa
mínima necesaria para demostrar que las providencias judiciales cuestionadas
configuraron una vulneración de sus derechos fundamentales. Al respecto, es
importante destacar que no basta con la simple enunciación de las garantías
iusfundamentales que se consideran transgredidas, sino que es indispensable explicar
de manera clara y razonada cómo las decisiones judiciales incurrieron en defectos
específicos que afectaron de forma grave dichos derechos.

47. De tal modo que la sociedad accionante lo que en realidad pretende es reabrir el
debate respecto a la responsabilidad administrativa y extracontractual de la SAE y de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con ocasión a la inmovilización de
los 100 vehículos tipo taxi, para lo cual presenta en sede de tutela argumentos ya
discutidos y resuelto en el proceso de reparación directa.

48. Por último, la sociedad accionante alega que no se valoró por parte de los
accionados el pago que el representante legal efectuó por $444.526.400 para la
reparación de los vehículos, sin embargo, se debe aclarar que en la demanda
interpuesta en el marco del proceso de reparación directa el demandante indicó lo
siguiente:

“Por el incumplimiento por parte de la SAE desde su inicio de este contrato mi poderdante
acudió a un centro de arbitramento con el fin de dirimir esta controversia contractual y
habiendo notificado a la SAE oportunamente esta no se presentó, agotando este requisito
de procedibilidad se radico una demanda de restablecimiento de contrato a la cual le
correspondió por reparto el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá.”, razón por la cual
posteriormente el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá señaló “Frente al planteamiento
invocado por el apoderado de la parte demandante, se destaca que revisados los hechos
objeto de demanda, la parte demandante no pretende establecer el incumplimiento
contractual, pues como se indicó en el hecho octavo del escrito de demanda, se expuso
que frente a este punto, la parte demandante había interpuesto demanda contractual la cual
por competencia estaba en el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, situación que se vio
reflejada en la fijación del litigio, en la que en ningún momento se indicó declarar o no la
existencia de un incumplimiento contractual, fijación que no fue objeto de recurso alguno
por las partes, pretensión que de igual manera no prosperaría por no ser este el medio
idóneo.”

49. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló:

“Finalmente adujo que si bien en los alegatos de conclusión se hizo alusión a un
incumplimiento del contrato de arrendamiento, el Juez de Instancia manifestó que la parte
no presentó ninguna pretensión relacionada con este tipo de solicitud, por el contrario, se
manifestó en los hechos que la sociedad demandante había interpuesto demanda
contractual que está siendo tramitada por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá,
tornando en consecuencia improcedente algún tipo de manifestación sobre este aspecto.”

50. Por lo tanto, contrario a lo afirmado por la sociedad accionante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sí se pronunció sobre el pago efectuado. No obstante,
conforme a lo indicado en la demanda del medio de control de reparación directa, el
demandante no formuló ninguna pretensión relacionada con el incumplimiento
contractual; por el contrario, señaló que dichos hechos estaban bajo conocimiento del

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-01
Accionante: Sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S.
Se confirma la improcedencia de la demanda

Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá. En consecuencia, los accionados consideraron
improcedente pronunciarse sobre ese aspecto, dado que corresponde al juez natural
que conoce del proceso.

51. En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se pretende es utilizar la
acción constitucional como una instancia adicional para discutir asuntos ya debatidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la improcedencia declarada en la sentencia de primera
instancia proferida el 17 de octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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