Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05710-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05710-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05710-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Daniel Raffan Rodríguez Ramírez
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05710-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se modifica el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
23 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentos obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Daniel Raffan Rodríguez Ramírez en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC solicitando
la nulidad del oficio 7646 de 2019, por medio del cual se dio por terminado
su nombramiento en provisionalidad y, a título de restablecimiento, se
ordenara el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir.
1.2. El Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 15 de octubre de 2024, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad
demandada terminó el nombramiento en provisionalidad del actor, bajo
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la simple consideración del cumplimiento del término para el que fue
nombrado, sin atender lo previsto en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto
1083 de 2015 y las reglas fijadas en la sentencia SU 947 de 2010, que
imponen a las entidades públicas el deber de motivar suficientemente
los actos administrativos de terminación de los nombramientos en
provisionalidad, sin que sea admisible invocar solo el vencimiento del
plazo.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de apelación.
1.4. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante decisión de 23 de julio de 2025, revocó la
sentencia de primera instancia, al considerar que “[…] el acto acusado
se encuentra debidamente motivado y los fundamentos que expresó la
entidad concuerdan con la realidad, son razonables, suficientes y
acordes a derecho, ya que el vencimiento del plazo es una causal válida
o admisible para la desvinculación, por lo que no le asiste el derecho
legal al demandante a permanecer en el empleo provisional y al
reintegro con el pago salarial y prestacional correspondiente […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo al desconocer los artículos 36 y 41 del Decreto 1083 de 2015 y el
artículo 174 del CPACA relacionados con la obligación de motivar los actos
administrativos de desvinculación.
Argumentó que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico porque la
decisión se basó en una valoración arbitraria de pruebas y, omitió documentos
y testimonios que acreditaban la ausencia de una causal objetiva para la
terminación del nombramiento.
Planteó que la decisión judicial ignoró la jurisprudencia que establece que la
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falta de motivación en el acto de desvinculación conlleva a su nulidad y el
consecuente reintegro.
Señaló que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial
dado que ignoró las decisiones que establecen que la falta de motivación
suficiente en el acto administrativo de desvinculación conlleva su nulidad, para
lo cual invocó la sentencia SU-917 de 2010 proferida por la Corte
Constitucional, la decisión dictada por el “[…] Consejo de Estado Sección
Segunda, rad. 11001-03-25- 000-2011-00013-00 […]” y la “[…] Providencia del
Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 51219 de 2021”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, dentro del
radicado 11001333501320200025400, vulneró los derechos fundamentales
del accionante.
2. Se deje sin efectos dicha sentencia y, en su lugar, se restablezca lo decidido
en primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bogotá.
3. Se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva
de los derechos vulnerados. […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 19 de septiembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y se vinculó al Juzgado Trece Administrativo
del Circuito de Bogotá y a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ETITC, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 23 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de
amparo de la referencia frente a los defectos sustantivo y fáctico y, negando
las pretensiones frente al cargo por desconocimiento del precedente judicial.
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3. Mediante auto de 10 de noviembre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por el actor contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que el acto acusado se encuentra debidamente motivado
y sus fundamentos concuerdan con la realidad, lo que constituye razones
suficientes y ajustadas a derecho. Adujo que el vencimiento del plazo
constituye una causal válida y admisible para la desvinculación, sin que le
asista derecho legal al demandante para permanecer en el empleo provisional
ni para el reintegro con el pago de salarios y prestaciones correspondientes.
Adujo que la acción de tutela es absolutamente excepcional en tanto que la
seguridad jurídica y el respeto al debido proceso impiden el carácter temporal
de tales decisiones y un proceder contrario, sería considerar que la acción de
tutela es última instancia de todos los procesos judiciales. Resaltó que no
incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales.
2. La Escuela Tecnológica – Instituto Técnico Central ETITC solicitó que se
declare que no hubo vulneración o afectación a los derechos fundamentales
del accionante.
3. El Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá adujo
que la decisión proferida en primera instancia se encontraba ajustada a
derecho.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de
octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que
no cumplía con el requisito general de relevancia constitucional respecto de
los defectos sustantivo y fáctico y, negó las pretensiones frente al
desconocimiento del precedente judicial.
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Declaró la improcedencia de los cargos relacionados con los defectos fáctico
y sustantivo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional ante la
ausencia de carga argumentativa para su análisis de fondo.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, el a quo indicó que el
tribunal accionado no incurrió en esta causal de procedibilidad, sino que acogió
el criterio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-407 de
2016, al aducir que en el acto administrativo de nombramiento se estableció,
de manera clara, la fecha de inicio y culminación del vínculo y que el actor
aceptó.
Además, que no existe jurisprudencia unificada frente a si el vencimiento del
plazo del nombramiento constituye una razón válida para la desvinculación de
empleados designados en provisionalidad.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos generales
los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto. Indicó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sacrificó la justicia material por errores de digitación, ignorando
el concepto de violación que estaba sustentado en la sentencia SU-917 de
2010.
Señaló que el concepto de violación está vigente y que la autoridad judicial al
desechar el argumento por un error en el número prefirió aplicar la norma que
conocía, en vez de aplicar el principio iura novit curia (el juez conoce el
derecho).
Manifestó que el juez de tutela confundió la ratio decidendi de la sentencia SU-
917 de 2010 respecto de la cual los empleados en provisionalidad gozan de
una estabilidad laboral relativa y, por tanto, cualquier acto que ponga fin a su
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vínculo debe estar fundado en causales objetivas y razonables.
Resaltó que el juez de tutela, al avalar la tesis del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pretende que el vencimiento del plazo sea una causal objetiva
y justa causa legal, lo que considera es imposible jurídicamente. Señaló que
el plazo en un nombramiento provisional no es una causal en sí misma, es una
condición temporal supeditada a la causal objetiva real, como es la provisión
definitiva del cargo por concurso.
Enfatizó en que la administración no puede fijar un plazo de seis (6) meses
como quedó en la Resolución 359 de 2019 y usarlo como única motivación
para terminar el vínculo, salvo que coincida con la llegada del ganador del
concurso.
Con la tesis del juez de tutela se desnaturaliza la protección provisional,
permite a la administración burlar el deber de motivación, cambiando la forma
del acto, sin que se expida un acto de insubsistencia sino dejando vencer el
plazo.
Adujo que tanto el tribunal como el juez de tutela desconocieron el Oficio 7646-
2019, que notificó que su vínculo no sería prorrogado. Este era el “verdadero
acto de retiro y carecía de motivación”, contrario a lo entendido correctamente
por el juez de primera instancia en el proceso ordinario.
Indicó que la sentencia de tutela erró al considerar el argumento del tribunal
respecto del cual no existe un criterio unificado, lo cual está ratificado por la
Corte Constitucional y tiene que ver con la estabilidad relativa, que exige una
motivación objetiva para cualquier forma de retiro, sin que el vencimiento del
plazo sea una de ellas.
Por último, indicó que el a quo se valió de un error formal en la cita de unas
normas (art.36 y 41 del Decreto 1083 de 2015) para declarar la improcedencia
del defecto sustantivo. Sacrificó así el derecho sustancial y el acceso a la
justicia por un formalismo procesal, a pesar de que el concepto de la violación
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era inequívoco.
Esta actuación del a quo está prohibida por la jurisprudencia, porque a pesar
de que la acción de tutela denunciaba la obligación de motivar los actos
administrativos de desvinculación y citaba la sentencia SU-910 de 2010, el
juez se aferró al error en la cita numérica para no estudiar de fondo el defecto
sustantivo.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado1, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en
el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
número 11001-33-35-013-2020-0254-02.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que, a su juicio, la autoridad accionada erró al validar una causal
ilegal de retiro, por lo que incurrió en defecto sustantivo, fáctico, en
desconocimiento del precedente y en exceso ritual manifiesto, circunstancias
que se traducen en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez
natural de la causa judicial.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección considera que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, motivo
por el cual se modificarán los ordinales primero y segundo del fallo impugnado
y, en su lugar, se declarará improcedente el mecanismo de amparo de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero y segundo del fallo de tutela de
23 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
los cuales quedarán así:
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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