Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05714-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05714-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05714-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia mediante la cual se confirmó la
decisión de negar el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente como
compañera permanente.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Ángela Paola Gómez
Ruíz en contra del Tribunal Administrativo de Nariño.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 12 de septiembre de 2025, Ángela Paola Gómez Ruiz, mediante
apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección a la
familia y a la vida en condiciones dignas, con ocasión de la Sentencia de 7
de marzo de 2025, proferida por dicha autoridad judicial dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 52-001-33-33-001-2015-
000020-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERA. - Tutelar los derechos fundamentales de la seguridad social, mínimo
vital, a la protección de la familia y a la vida en condiciones dignas y la
prevalencia del derecho sustancial del accionante, por defecto sustantivo,
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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violación directa de la constitución desconocimiento de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDA.- Dejar parcialmente sin efectos la sentencia de segunda instancia
de fecha 07 de marzo de 2025, notificada el 13 de marzo de 2025, proferida en
el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicación No.
520013333001201500002001 (11360) referido en este libelo y ordenar al
Honorable Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que en
el término de 48 horas, siguientes a la notificación del fallo, proceda a dictar la
providencia correspondiente, modificando la sentencia objeto de tutela, para
incluir como beneficiaria de la Pensión de Sobrevivientes a mi poderdante la
señora ANGELA PAOLA GOMEZ RUIZ, ordenando reconocer y 1 pagar dicha
prestación por su condición de compañera permanente del extinto patrullero
Juan Carlos Guarnizo Ayala. Pensión de sobrevivientes que disfrutaría como
beneficiaria, junto con los menores Juan Sebastián Guarnizo Gómez y Danna
Valentina Guarnizo Rodríguez, hijos del patrullero, a quienes les fue reconocido
el derecho en dicha sentencia.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Juan Carlos Guarnizo Ayala inició una unión marital de hecho con
Ángela Paola Gómez Ruíz, la cual se mantuvo desde el 15 de junio de 2007
hasta su fallecimiento. De dicha relación nació Juan Sebastián Guarnizo
Gómez, el 5 de agosto de 2009.
5. 2) El 6 de diciembre de 2009, Juan Carlos Guarnizo Ayala falleció en el
corregimiento La Victoria, departamento de Nariño, mientras se encontraba
vinculado a la Policía Nacional en calidad de patrullero2.
6. 3) Mediante Resolución No. 00606 de 13 de mayo de 2010, la Policía
Nacional ordenó el pago de una compensación por muerte en favor de los
menores Juan Sebastián Guarnizo Gómez y Danna Valeria Guarnizo
Rodríguez, hijos del patrullero Juan Carlos Guarnizo Ayala, por valor de
$30.246.620,88. En la misma resolución, se dejó en suspenso el pago de la
cuota correspondiente a las señoras Ángela Paola Gómez Ruíz y Anita Lía
Rodríguez Rodríguez, quienes se presentaron como compañeras
permanentes del causante, hasta tanto se acreditara el mejor derecho ante
la autoridad competente.
7. 4) El Juzgado 4 de Familia de Ibagué, mediante Sentencia de 25 de
enero de 2012, declaró la existencia de la unión marital de hecho entre
Ángela Paola Gómez Ruíz y Juan Carlos Guarnizo Ayala, desde el 15 de junio
de 2007 hasta el 6 de diciembre de 2009.
2 El 31 de enero de 2007, ingresó a la Policía Nacional como auxiliar bachiller, luego se desempeñó como agente
alumno desde el 14 de julio hasta el 11 de diciembre de 2008, y finalmente como patrullero desde el 12 de
diciembre de 2008 hasta la fecha de su fallecimiento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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8. 5) Ángela Paola Gómez Ruíz, en nombre propio y en representación
de su hijo menor de edad, Juan Sebastián Guarnizo Gómez, presentó una
solicitud ante la Policía Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente en calidad de beneficiarios del
patrullero Juan Carlos Guarnizo Ayala.
9. 6) Mediante Oficio No. 231295 de 24 de julio de 2014, la Policía
Nacional negó la solicitud, con fundamento en que el tiempo de
vinculación del patrullero Juan Carlos Guarnizo Ayala como parte de la
planta de personal no cumplía el mínimo de 1 año exigido por el artículo 29
del Decreto 4433 de 2004.
10. 7) El 19 de marzo de 2015, Ángela Paola Gómez Ruíz, mediante
apoderado judicial y en representación de su hijo, presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional3. En
dicha acción se solicitó la nulidad de las Resoluciones No. 00606 de 13 de
mayo de 2010 y No. 231295 de 24 de julio de 2014 y se pretendió el
reconocimiento de la accionante y del menor como beneficiarios de la
pensión de sobreviviente del patrullero Juan Carlos Guarnizo Ayala, en
calidad de compañera permanente y de hijo del causante,
respectivamente.
11. 8) Por su parte, Anita Lía Rodríguez Rodríguez, mediante apoderado
judicial y en representación de su hija menor de edad, Danna Valeria
Guarnizo Rodríguez, presentó demanda de reconvención en la que solicitó
la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente. En dicha acción también se pretendió
el reconocimiento de la menor y de su hermano paterno, Juan Sebastián
Guarnizo Gómez, como beneficiarios del patrullero Juan Carlos Guarnizo
Ayala.
12. 9) Mediante Sentencia de 22 de julio de 2021, el Juzgado 1
Administrativo de Pasto condenó a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional a reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes al menor Juan Sebastián Guarnizo Gómez, como beneficiario
único del patrullero fallecido. En relación con la demanda de reconvención
presentada por Anita Lía Rodríguez Rodríguez y la pretensión de reconocer
la pensión a Ángela Paola Gómez Ruíz, declaró de oficio la excepción de
cosa juzgada relativa respecto de la primera, y la falta de legitimación
activa en la causa respecto de la segunda. Sobre esta última, el despacho
consideró (se trascribe):
3 Rad. 52001-33-33-001-2015-00020-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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“La señora Ángela Paola Gómez Ruíz acude al presente medio de control para
que se le reconozca su pensión de sobrevivientes, señalando que ostentaba la
condición de compañera permanente del extinto P.T. Juan Pablo Guarnizo
Ayala, para lo cual aporta únicamente como medio probatorio, copia simple
de una sentencia de primera instancia de 25 de enero de 2012, dictada por el
Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué, en la que se los reconoce como
compañeros permanentes.
(…)
En esta medida, ante la falta de prueba adicional que dé cuenta de la calidad
de compañera permanente de Ángela Paola Gómez Ruiz del Pt Juan Pablo
Guarnizo Ayala y toda vez que el hecho de que hayan tenido un hijo en común
no demuestra por sí, la convivencia permanente y ayuda mutua que requiere
dicha figura jurídica, se debe declarar la falta de legitimación en la causa por
activa de dicha demandante, debiéndose estudiar únicamente las
pretensiones del niño Juan Sebastián Guarnizo Gómez.”
13. 10) La anterior decisión fue apelada. El Ministerio de Defensa – Policía
Nacional reiteró que, con el tiempo de servicio del causante de 11 meses y
24 días, no había lugar a la pensión de sobreviviente bajo el régimen
pensional en la Ley 923 de 2004 ni en el régimen general de la Ley 100 de
1993; Anita Lía Rodríguez Rodríguez señaló que a su hija se le debía aplicar
el principio de igualdad respecto de su hermano paternal, y Ángela Paola
Gómez Ruíz cuestionó la valoración probatoria sobre su calidad de
compañera permanente del patrullero Juan Carlos Guarnizo Ayala, y solicitó
el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en su favor. Para sustentar
su recurso, invocó como precedente la Sentencia SL1730 de 2020 de la
Corte Suprema de Justicia4.
14. 11) Mediante Sentencia de 7 de marzo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Nariño revocó la decisión de primera instancia, en el
sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los
cuales se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor
de los hijos del patrullero Juan Carlos Guarnizo Ayala: Danna Valeria
Guarnizo Rodríguez y Juan Sebastián Guarnizo Gómez. En consecuencia,
condenó a la entidad demandada al pago de dicha prestación
económica en favor de los menores mencionados. Por otra parte, respecto
4 “Sin embargo, esta misma corporación, en sentencia SL1730 de 2020, sienta una nueva línea jurisprudencial
frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, a la
luz del precepto constitucional de favorabilidad e in dubio pro operario. Concluye que, para ser beneficiario
de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge, compañero o compañera permanente
supérstite del afiliado que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que, con
la simple acreditación de la calidad exigida —cónyuge o compañero(a)— y la conformación del núcleo
familiar con vocación de permanencia vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al
supuesto previsto en el literal a) de la norma.
(…)
Descendiendo al caso concreto, los presupuestos que hacen beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
a Ángela Paola Gómez Ruiz con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Juan Carlos
Guarnizo Ayala son:
1. Mi representada ostenta la calidad de compañera de Juan Carlos Guarnizo en razón a la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad de Ibagué, que declara la existencia de la unión
marital de hecho entre la señora Ángela Paola Gómez Ruiz y el señor Juan Carlos Guarnizo Ayala (q.e.p.d.).
2. Juan Carlos Guarnizo Ayala era afiliado al sistema pensional.
3. Ángela Paola Gómez Ruiz procreó un hijo con el extinto patrullero.
4.Los anteriores presupuestos hacen que no sea exigible ningún tiempo de convivencia entre los
compañeros permanentes.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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de la pretensión orientada al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en favor de la señora Ángela Paola Gómez Ruíz, confirmó lo
decidido por el juez de primera instancia, al considerar que no se acreditó
el requisito de convivencia mínima de 5 años con el causante. Sobre este
último punto la Sala consideró lo siguiente (se trascribe):
“Ahora bien, respecto del cumplimiento de los requisitos para acceder al
beneficio pensional en calidad de compañera permanente de la señora
Gómez Ruiz, se tiene que para acreditar tal situación aporta copia de la
sentencia proferida el 25 de enero de 2012 por el Juzgado Cuarto de Familia de
Ibagué, en la que se reconoce como compañeros permanentes a la
demandante y el fallecido patrullero; sin embargo, en atención a lo normado
en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no es suficiente con la
acreditación de la existencia de la unión marital, sino también la convivencia
durante los 5 años anteriores al deceso.”
15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
decisión judicial cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, al realizar
una interpretación “irrazonable” del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al
exigir el requisito de convivencia durante 5 años anteriores al fallecimiento
del causante, pese a que este no era pensionado sino afiliado al sistema.
Señaló que dicha exigencia no se encuentra prevista en la norma para los
casos de fallecimiento de afiliados, y que su aplicación desconoce el
alcance normativo de la disposición legal.
16. Además, alegó la configuración de un defecto por desconocimiento
del precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en tanto la
providencia objeto se abstuvo de aplicar el criterio fijado por la Sala Laboral
en la Sentencia SL-1730 de 2020, según el cual el requisito de convivencia
por 5 años solo resulta exigible en caso de muerte del pensionado, y no
cuando se trata de la muerte de un afiliado. Indicó que dicho precedente
ha sido reiterado por la Sala Plena y la Sala de Descongestión de esa
Corporación en decisiones posteriores, y que la interpretación adoptada
por el Tribunal Administrativo de Nariño desconocía la línea jurisprudencial
vigente.
17. Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico. Indicó que el
Tribunal valoró de forma inadecuada el acervo probatorio, al desconocer
la sentencia del Juzgado 4 de Familia de Ibagué que declaró la existencia
de la unión marital de hecho entre la accionante y el causante desde el 15
de junio de 2007 hasta el 6 de diciembre de 2009, fecha de su fallecimiento.
Afirmó que dicha prueba, junto con el nacimiento de su hijo en común y la
dependencia económica acreditada, permitía inferir la existencia de una
convivencia efectiva, conforme con los criterios establecidos por la
jurisprudencia sobre la acreditación de vínculos afectivos y comunidad de
vida.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
18. La Policía Nacional6 contestó la acción de tutela y solicitó su
denegación, al considerar que no se acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.
En su criterio, la acción de tutela no podía convertirse en una instancia
adicional para reabrir el debate legal ya resuelto por el juez natural, máxime
cuando no se demostraron los presupuestos de urgencia, gravedad o
inminencia de la afectación alegada.
19. El Juzgado 1 Administrativo de Pasto7 sostuvo que la providencia
objeto de tutela fue proferida con observancia del debido proceso, en
ejercicio legítimo de la función jurisdiccional. Indicó que la decisión
adoptada se fundamentó en la falta de acreditación del requisito de
convivencia ininterrumpida durante los 5 años anteriores al fallecimiento del
causante, exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y reiterado por la
jurisprudencia constitucional. Señaló que, si bien la accionante demostró la
calidad de compañera permanente, no cumplió con la carga probatoria
de acreditar todos los presupuestos para acceder a la pensión de
sobreviviente, por lo que no se configuró ninguna de las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
20. El Tribunal Administrativo de Nariño, a pesar de haber sido notificado
del auto admisorio de la presente acción el 19 de septiembre de 20258,
guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
21. Le corresponde a la Sala verificar, en primer lugar, si la presente acción
de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia contra
providencia judicial. En caso de superarse dicho examen, deberá
determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño, en su calidad de juez de
segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y/o
desconocimiento del precedente al negar el reconocimiento de la pensión
5 Mediante Auto de 17 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió: (1) admitir la solicitud de amparo;
(2) tener como accionados al Tribunal Administrativo de Nariño y; (3) vincular al Juzgado 1 Administrativo de Pasto,
la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a DVGR, representada por su madre Anita Lía Rodríguez
Rodríguez, como terceros con interés en el asunto.
6 índices 10 de SAMAI.
7 Índices 11,12,13 y 16 de SAMAI.
8 Índice 7 de SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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de sobreviviente a la señora Ángela Paola Gómez Ruíz, por considerar que
no se acreditó una convivencia de 5 años.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
23. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.
24. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.
25. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313, estableció
que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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26. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
acreditó el requisito de relevancia constitucional. Esta conclusión se
fundamenta en que los hechos y argumentos jurídicos que sustentan la
presente acción de tutela ya fueron objeto de estudio por el juez natural en
sede ordinaria, específicamente en la sentencia de segunda instancia
dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
52001-33-33-001-2015-00020-01.
27. En efecto, tanto la presente acción14 como el recurso de apelación15
interpuesto contra la Sentencia de 22 de julio de 2021 del Juzgado 1
Administrativo de Pato se fundan en los mismos argumentos relativos al
reconocimiento de la pensión de sobreviviente. En ambos escritos se sostuvo
que, tratándose del fallecimiento de un afiliado al sistema de seguridad
social, no se requería acreditar un tiempo mínimo de convivencia, sino
únicamente la condición de compañera permanente. Bajo esa premisa,
señaló que la Sentencia proferida el 25 de enero de 2012 por el Juzgado 4
de Familia de Ibagué —mediante la cual se declaró la existencia de la unión
entre la accionante y el causante desde el 15 de junio de 2007 hasta el 6 de
diciembre de 2009— demostraba plenamente el cumplimiento del requisito
exigido para acceder a la prestación económica. Esta postura fue
respaldada, en ambos escritos, por la interpretación realizada en la
Sentencia SL1730 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido,
no solo se reiteró la tesis planteada en el recurso ordinario, sino que también
se acudió a las mismas razones jurídicas y fácticas, lo que evidencia una
plena identidad argumentativa entre ambos escritos.
28. La tesis descrita ya fue objeto de estudio y desestimación por el juez
natural, quien consideró que, para el presente caso, la sentencia
declarativa proferida por la jurisdicción en su especialidad de familia no era
suficiente para acreditar la convivencia exigida por la ley. Sostuvo que,
conforme con la normativa aplicable y a la jurisprudencia vigente, dicha
situación de hecho debía demostrarse por un término no inferior a 5 años,
14 “ (…) Es importante resaltar, que bajo esta misma línea de interpretación, recientemente la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia realizó una aclaración muy importante, si bien para acceder a la pensión de
sobreviviente por la muerte del afiliado no se requiere acreditar los cinco años de convivencia, si quien aspira a la
prestación lo hace en calidad de compañero o compañera permanente, se deberá demostrar la convivencia
para la fecha del deceso, pues en este evento es la única forma de comprobar la existencia de vida marital. En
el caso concreto ANGELA PAOLA GOMEZ RUIZ, acreditó su calidad de compañera permanente, como lo afirma
la sentencia del Tribunal de Nariño y demostró la convivencia hasta la fecha del deceso de su compañero,
situaciones probadas dentro del proceso ordinario adelantado en el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagué, donde
se declaró la existencia de la unión marital de hecho entre la señora demandante ANGELA PAOLA GOMEZ RUIZ y
el causante señor JUAN CARLOS GUARNIZO AYALA (qepd) desde el 15 de junio de 2007 hasta el 6 de diciembre
de 2009.”
15 “(…) De la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia, se concluye que, la señora Angela Paola
Gómez Ruiz, ostenta la calidad de compañera permanente del extinto patrullero, a esta premisa se llega sin
necesidad de ningún esfuerzo de análisis. (…) en sentencia SL1730 de 2020 sienta una nueva línea jurisprudencial
frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la ley 797 de 2003 a la luz del
precepto constitucional de favorabilidad e in dubio pro-operario. Concluye que, para ser beneficiario de la
pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge, compañero o compañera permanente supérstite del afiliado
que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que, con la simple acreditación de la
calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia,
vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal a) de la norma. (…)
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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incluso cuando el causante solo ostentaba la calidad de afiliado al sistema
de seguridad social. En particular, el Tribunal Administrativo de Nariño analizó
tanto el valor probatorio de la sentencia declarativa como la línea
jurisprudencial aplicable, en los siguientes términos (se trascribe):
“Este requisito temporal fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia
de unificación SU – 461 de 2020, en la que explicó que cuando existe una
sociedad conyugal vigente, la demostración del tiempo de convivencia no
inferior a 5 años puede haberse suscitado en cualquier tiempo; sin embargo,
respecto de los y las compañeros y compañeras permanentes, los 5 años deben
haberse convivido de forma ininterrumpida con anterioridad al fallecimiento del
causante, aunado a que se «deberá demostrar que se hace acreedor a la
protección, en cuanto efectivamente hace parte de la familia del pensionado
o afiliado fallecido, y por esa razón su muerte le ha generado esa carencia
económica, moral o afectiva, que es la que busca atender la seguridad social
y que justifica su intervención»19.
Bajo ese entendido, la Sala concluye, tal como lo hizo el juzgador de primer
grado que la sola sentencia de reconocimiento como compañera permanente
aportada por la señora Ángela Paola Gómez Ruíz, no permite inferir la existencia
de dicho acompañamiento mutuo y dependencia económica con el
causante, por lo que correspondiéndole dicha carga, no cumplió con su
acreditación. En consecuencia, no resulta viable el reconocimiento pensional
pretendido.
Es por lo anterior que, si bien no resulta acertada la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por activa de la señora Gómez Ruiz, por cuanto sí
demostró la calidad en la que concurría al proceso (compañera permanente)
y su interés legítimo, lo cierto es que no es posible acceder a su pretensión
pensional, en tanto no demostró la acreditación de los requisitos para ser
acreedora a tal beneficio, por lo que lo correcto es negar las pretensiones en
ese sentido.”
29. En ese contexto, la identidad argumentativa expuesta pone de
manifiesto que la presente acción obedece a una mera inconformidad o
discrepancia interpretativa frente a lo decidido por el juez natural. Por tanto,
se evidencia la ausencia de relevancia constitucional, en la medida en que
se pretende reabrir un debate ya resuelto por el juez natural.
30. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas entre la parte
demandante y el juez natural no constituyen, por sí solas, una causa que
habilite la intervención del juez de tutela. En otras palabras, la sola
exposición de inconformidades frente a lo decidido no satisface la carga de
demostrar por qué el asunto reviste relevancia constitucional. Con mayor
razón cuando se trata de una tutela contra providencia judicial, por ser un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional16.
16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05714-00
Demandante: Ángela Paola Gómez Ruíz
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________
2.3. Conclusión
31. La Sala se abstendrá de analizar los demás requisitos de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales y declarará su improcedencia
ante el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por
Ángela Paola Gómez Ruíz, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlos, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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