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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05715-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05715-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de noviembre de 2025 que DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la parte actora. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Procuraduría General de la Nación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05715-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05715-01
Accionante: SANDRA LUCÍA SALAZAR DÍAZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 18 de noviembre
de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 17 de septiembre de 20252, la referida autoridad judicial admitió la
acción constitucional y, mediante la providencia del 23 de enero de 2026
concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Sandra Lucía Salazar Díaz, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y al trabajo.

2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de los
autos del 18 de julio de 2025 y 12 de agosto de 2025, proferidos por la autoridad
judicial accionada dentro del medio de control de nulidad electoral No. 25000-23-
41-000-2025-00700-00, que resolvieron decretar la suspensión provisional de los

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C. A su vez, ordenó la vinculación del Sindicato de Procuradores Judiciales –
PROCURAR y a la Procuraduría General de la Nación.

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Accionante: Sandra Lucía Salazar Díaz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C
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efectos del Decreto 2004 del 12 de diciembre de 2024, por medio del cual fue
nombrada en provisionalidad en el empleo de Procurador Judicial Il, código 3PJ,
grado EC (ID.1235), ubicado en la Procuraduría 361 Judicial Il para el Ministerio
Público en Asuntos Penales Bogotá y, no reponer el auto anterior.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

5.1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, al
mínimo vital y al trabajo y como consecuencia del amparo concedido, dejar sin
efectos los autos de 18 de julio de 2025 y 12 de agosto de 2025, por medio de
los cuales se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 2004
del 12 de diciembre de 2024, proferido por la Procuradora General de la Nación,
en ejercicio de las potestades constitucionales correspondientes.

5.2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Procuraduría General de la
Nación, revocar el Decreto 1070 del 31 de julio de 2025 por medio del cual se dio
cumplimiento a la orden de suspensión provisional, y adoptar las 39 decisiones
administrativas que dicha revocatoria conlleva tales como el reintegro y el pago
de los salarios y prestaciones dejadas de devengar durante el término en el que
he permanecido desvinculada temporalmente de la entidad.3

1.2. Hechos

4. Mediante el Decreto 2004 de 12 de diciembre de 2024, la procuradora
General de la Nación, nombró en provisionalidad de 6 meses a Sandra Lucía
Salazar Díaz en el empleo de Procurador Judicial II en Asuntos Penales de
Bogotá, quien tomó posesión del cargo el 8 de enero de 2025.

5. El 10 de marzo de 2025, el Sindicato de Procuradores Judiciales - Procurar
presentó demanda de nulidad electoral, asignada al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C4, con el fin de que se declarara
la nulidad del Decreto 2004 de 2024 y de cualquier otro acto administrativo que
reprodujera su contenido. Adicionalmente, solicitó como medida cautelar la
suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

6. La señora Salazar Díaz descorrió traslado de la medida cautelar el 26 de
mayo de 2025, en el que indicó la facultad del nominador para realizar
nombramientos en provisionalidad en un cargo de carrera con vacancia definitiva
por quienes reúnan requisitos de acuerdo con lo reglado en el Decreto Ley 262
de 2000. Refirió el precedente vertical obligatorio dispuesto en las sentencias de
constitucionalidad C-077 de 2000 y C-503 de 2020, así como el precedente
horizontal representado en decisiones de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el que han negado la medida cautelar
deprecada.

7. Mediante auto de 18 de julio de 2025, la autoridad judicial accionada
admitió la demanda de nulidad electoral en única instancia y, decretó la

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Radicado 25000-23-41-000-2025-00700-00.

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suspensión provisional de los efectos del Decreto 2004 de 2024, al considerar
que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban la apariencia de buen
derecho.

8. Como fundamento de su decisión indicó que, de conformidad con el
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, aplicable ante vacíos en la reglamentación
especial, en la vacancia de un empleo de carrera administrativa mientras se
adelanta el proceso de selección para su provisión definitiva, los empleados de
carrera tienen derecho a ser encargados en dichos cargos, siempre que acrediten
el cumplimiento de los requisitos para su ejercicio, las aptitudes y habilidades
para su desempeño, la ausencia de sanciones disciplinarias en el último año y
una evaluación de desempeño sobresaliente.

9. Indicó que encontró probado que la provisión de la vacante no se hizo
mediante lista de elegibles porque no existe una vigente, sin embargo, que no se
acudió al encargo de empleados inscritos en carrera administrativa, ni se motivó
la imposibilidad de hacerlo, ni por qué recurrió a un nombramiento en
provisionalidad.

10. Finalmente, sostuvo que se satisfizo los requisitos de perjuicio de la mora
y ponderación de intereses, en la medida en que lo pretendido era garantizar el
acceso a la función pública por mérito, principio consagrado en el artículo 125 de
la Constitución Política y aplicable a todos los procesos de selección, y en ese
sentido, era necesario conjurar los efectos del acto demandado.

11. En cumplimiento de la medida cautelar decretada por el tribunal, el
Procurador General de la Nación expidió el Decreto 1070 de 31 de julio de 2025,
por medio del cual suspendió provisionalmente los efectos del nombramiento de
la señora Salazar Díaz, lo que determinó su separación del empleo.

12. Contra el auto del 18 de julio de 2025, la accionante presentó recurso de
reposición, al considerar que en su expedición se desconoció la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en particular las sentencias C-077 de 2004, C-503 de
2020 y C-102 de 2022, relacionadas con los nombramientos provisionales en
cargos de carrera administrativa. Asimismo, cuestionó que la medida cautelar se
hubiera sustentado en la Ley 909 de 2004, norma de carácter supletivo que, a su
juicio, no resultaba aplicable al régimen especial de carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación, regulado por el Decreto Ley 262 de 2000, lo
cual condujo a dejar sin efectos su acto de nombramiento.

13. El recurso interpuesto fue resuelto por el tribunal accionado mediante auto
del 12 de agosto de 2025, en el cual se decidió no reponer la providencia
recurrida con fundamento similar a aquel, esto es, la ausencia de provisión del
empleo a través del encargo de un empleado de carrera administrativa. A su vez,
sostuvo que la medida adoptada buscaba garantizar el acceso a la función
pública por mérito y reiteró que dicho mandato constitucional consagrado en el

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artículo 125 de la Constitución Política resultaba aplicable de manera transversal
a todos los sistemas de carrera.

14. Adicionalmente, hizo referencia a las sentencias C-503 de 2020 y C-102
de 2022, con el propósito de precisar que dichas providencias no consagraron la
aparente existencia de una facultad discrecional del procurador General de la
Nación conforme a parámetros constitucionales, como lo afirmó la actora, sino
que se indicó, de manera general, que el mérito constituye el criterio determinante
para la provisión temporal de los empleos.

15. Por último, señaló que el Consejo de Estado ha resuelto controversias
relacionadas con la Procuraduría General de la Nación, en las cuales ha exigido
el cumplimiento del mandato previsto en los artículos 185 y 192 del Decreto Ley
262 de 2000, consistente en la obligación de convocar a concurso de méritos
para la provisión de los cargos de carrera que se encuentren vacantes.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, en las providencias del 18 de julio y 12 de agosto
de 2025, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
fáctico.

17. En primer lugar, sostuvo que incurrió en un defecto sustantivo, por
cuanto aplicó de manera errada la Ley 909 de 2004, especialmente el artículo 24,
pese a su carácter supletorio, aun cuando el Decreto Ley 262 de 2000 regula de
forma integral las modalidades de vinculación junto con sus requisitos a los
cargos de la Procuraduría General de la Nación, sin que en el caso en concreto
se configurara un vacío normativo que habilitara acudir a dicha norma, la cual,
además, no resultaba aplicable a los regímenes especiales de carrera.

18. En segundo lugar, señaló el desconocimiento del precedente, en tanto
se apartó de la «correcta» interpretación realizada por la Corte Constitucional en
las sentencias C-077 de 2004, C-503 de 2020 y C-102 de 2022, en las que se
pronunció acerca de la facultad discrecional del Procurador General de la Nación
para optar entre el encargo o el nombramiento en provisionalidad para la
provisión de cargos de carrera vacantes, sin que exista un derecho de preferencia
en favor de los empleados de carrera, siempre que la persona designada cumpla
los requisitos legales y constitucionales del empleo.

19. Por otro lado, expuso un desconocimiento del precedente reflejado en las

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decisiones proferidas por las subsecciones A5 y B6 de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Tribunal Administrativo del
Atlántico7, en las que indicó que, en asuntos análogos con identidad fáctica y
jurídica, negaron la adopción de la medida cautelar de suspensión provisional de
los actos de nombramiento.

20. Por último, adujo un defecto fáctico, por cuanto, en su opinión, hubo una
indebida valoración probatoria para decretar la medida. Ello, toda vez que se citó
como antecedente la sentencia del 2 de noviembre de 2018, proferida dentro del
medio de control de nulidad electoral No. 2018-00096-00 por la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual no se
encontraba entre las pruebas documentales aportadas dentro del proceso, y en
todo caso, no tenía identidad fáctica con el asunto objeto de tutela, en tanto en el
caso citado existía lista de elegibles vigente al momento del nombramiento, y en
el presente asunto no se encontraba vigente ninguna lista de elegibles.

1.4. Intervenciones

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, expuso las razones de derecho que sustentaron la decisión
cuestionada y solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
superar el requisito de subsidiariedad, en la medida en que lo pretendido era
controvertir decisiones adoptadas al interior de un proceso de nulidad electoral
en curso, y, de manera subsidiaria, pidió negar el amparo solicitado al no
configurarse defecto alguno.

22. La Procuraduría General de la Nación indicó que se debía declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no era la autoridad llamada
a responder por las peticiones de la tutela, pues se limitó a acatar órdenes
judiciales y no adelantó ninguna actuación en detrimento de los intereses de la
accionante.

23. El Sindicato Procurar, pese a haber sido debidamente notificado de la
acción de tutela, guardó silencio.

1.5. Sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 18 de noviembre de 2025, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
por no superarse el requisito de relevancia constitucional, al considerar que la

5 Radicados: 25000-23-41-000-2025-00427-00, 25000-23-41-000-2025-00142-00, 25000-23-41-

000-2021-00217-00 y 25000-23-41-000-2021-00221-00.
6 Radicados: 25000-23-41-000-2025-00495-00, 25000-23-41-000-2025-00197-00, 25000-23-41-

000-2024-00832-00, 25000-23-41-000-2021-00216-00, 25000-23-41-000-2021-00197-00,
25000-23-41-000-2021-00004-00 y 25000-23-41-000-2020-00927-00.
7 Radicados: 08001-23-33-000-2025-00238-00, 08001-23-33-000-2025-00135-00, 08001-23-33-

000-2025-00122-00 y 08001-23-33-000-2025-00063-00.

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accionante pretendía reabrir una controversia ya resuelta por el juez natural,
desnaturalizando el carácter excepcional de la acción constitucional al intentar
convertirla en una instancia adicional.

25. Precisó que, si bien la accionante señaló los aparentes defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico, los reproches formulados
se limitaron a insistir en que no había lugar al decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional, bajo el entendido de que le correspondía
discrecionalmente al procurador General de la Nación decidir si proveía la
vacante de empleo mediante nombramiento en provisionalidad o en encargo, la
Ley 909 de 2004 no era aplicable por tener carácter supletorio y, existía un
régimen especial sin vacíos al respecto, reflejando meras diferencias o
discrepancias interpretativas respecto de la decisión adoptada.

26. Destacó que tales reparos fueron expresamente abordados y resueltos por
la autoridad judicial enjuiciada, la cual realizó una integración normativa del
régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación consagrado
en el Decreto Ley 262 de 2000, interpretándolo a la luz del artículo 125 de la
Constitución, la Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia constitucional vigente,
concluyendo que el mérito constituye un factor determinante para la provisión
temporal de los empleos.

27. En cuanto al defecto fáctico alegado, concluyó que carecía de carga
argumentativa suficiente, pues la discusión sobre si la sentencia del 2 de
noviembre de 2018 fue aportada al proceso o si existía similitud fáctica con el
caso en concreto no cuestionaba el fundamento de la medida cautelar, esto es,
la utilización de la figura del encargo para proveer cargos vacantes tampoco
explicó de qué manera su valoración o no habría incidido en la decisión adoptada.

28. En consecuencia, determinó que no se evidenciaba la necesidad de
intervención del juez constitucional al tratarse de un asunto ya resuelto por el juez
natural, quien expuso de manera suficiente las razones para adoptar la medida
cautelar, de modo que los planteamientos de la accionante revelaban únicamente
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial demandada.

1.6. Impugnación

29. La parte accionante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia,
para que, en su lugar, se estudie de fondo los argumentos expuestos en su
demanda, y se decrete el amparo de sus derechos invocados como vulnerados.

30. Sostuvo que la sentencia de primera instancia erró al declarar
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, al omitir
un análisis material de los cargos formulados y reducirlos indebidamente a meras
discrepancias interpretativas.

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31. Reprochó que el fallo se centró exclusivamente en el auto del 12 de agosto
de 2025 que resolvió el recurso de reposición, omitiendo examinar el auto del 18
de julio de 2025, que fue el que originó directamente la vulneración de sus
derechos fundamentales al decretar la suspensión provisional de su
nombramiento.

32. Afirmó que subsistió una arbitrariedad judicial luego de agotado el único
recurso procedente, reiterando el desconocimiento del precedente constitucional
y horizontal, la configuración de defectos sustantivo y fáctico, y la aplicación
indebida de la Ley 909 de 2004 pese a la existencia de un régimen especial
completo.

33. Adujo, además, que el juez natural otorgó apariencia de buen derecho con
fundamento en antecedentes fácticamente disímiles, sin acreditar el perjuicio de
la mora, lo que produjo una afectación grave y actual de sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital.

II. CONSIDERACIONES

34. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora, motivo por
el cual se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.

2.1. Cuestión previa

35. Al revisar el trámite de instancia de la tutela, la Sala advirtió que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció
sobre la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva elevada por la Procuraduría General de la Nación.

36. La Sala no accederá a la anterior petición, toda vez que dicha entidad no
fue tenida como la entidad accionada, sino que fue vinculada como un tercero
con interés en la presente acción constitucional por conformar el extremo
demandado al interior del proceso de nulidad electoral con radicado 25000-23-
41-000-2025-00700-00.

2.2. Caso concreto

37. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

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cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la
Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

38. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

39. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
como pasa a explicarse.

40. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

41. La Sala advierte que la señora Sandra Lucía Salazar Díaz está legitimada
en la causa por activa, porque conformó la parte demandada al interior del medio
de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía.
A su vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, también está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido
la decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.

42. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se

10 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)

defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
12 Sentencia SU-215 de 2022.

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desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

43. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha los autos del
18 de julio y 12 de agosto de 2025 proferidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que decretó la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos del Decreto 2004 del 12 de diciembre
de 2024, por el cual se realizó su nombramiento en provisionalidad en el cargo
de Procurador Judicial Il, código 3PJ, grado EC (ID.1235), ubicado en la
Procuraduría 361 Judicial Il para el Ministerio Público en Asuntos Penales
Bogotá, y se decidió no reponer la providencia inicial.

44. Al respecto indicó que, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos, sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico, en atención
a que se realizó una aplicación errada de la Ley 909 de 2004 que tiene un carácter
supletivo, frente al Decreto Ley 262 de 2000 que se configura como una norma
especial que reglamenta las diferentes modalidades de vinculación para los
cargos de la Procuraduría General de la Nación.

45. Expuso que la decisión acusada se debió guiar por el contenido de las
sentencias C-077 de 2004, C-503 de 2020 y C-102 de 2022, las cuales, a su
juicio, establecieron la constitucionalidad de los nombramientos en
provisionalidad del procurador general, sin preferencia entre encargo y
provisionalidad, siempre que la persona designada cumpla los requisitos legales
y constitucionales del empleo.

Adicionalmente, trajo a colación varios fallos dictados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, subsecciones A y B y por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en los que se habían resuelto casos con
situaciones fácticas y jurídicas similares. Alegó una indebida valoración
probatoria, en especial de la sentencia del 2 de noviembre de 2018, proferida al
interior del medio de control de nulidad electoral No. 2018-00096-00 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
porque no había sido aportado entre las pruebas documentales aportadas por el
demandante, y en todo caso no tenía correspondencia fáctica.

46. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que, como lo señaló el
a quo, lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate ordinario ya definido
por el juez natural y que se realice nuevamente un análisis sobre la medida
cautelar, con el fin de obtener una decisión favorable a sus intereses.

47. Esto, debido a que todos los cargos propuestos por la actora fueron
expuestos ante el juez ordinario en su pronunciamiento frente a la solicitud de
medida cautelar y en el recurso de reposición interpuesto contra el auto que la
decretó. De allí que tanto la solicitud de tutela como la impugnación,
correspondan a meras reiteraciones de argumentos tendientes a imponer el

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criterio de la señora Salazar Díaz en lo que respecta a: (i) la potestad del
procurador General de la Nación de optar por la provisionalidad por encima del
encargo para la provisión de cargos de carrera vacantes, (ii) el alcance del
Decreto Ley 262 de 2000 y si este contiene una obligación de nombrar en
encargo y, (iii) la indebida aplicación de la Ley 909 de 2004 a su caso concreto.

48. Todas esas cuestiones —que la accionante ahora propone como defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico— corresponden a las
mismas discusiones ya resueltas por la autoridad judicial accionada.

49. En tal medida, no se advierte la relevancia constitucional del asunto, que
justifique la intervención del juez constitucional. Esto, porque el debate que
propone la accionante implica reabrir debates jurídicos ya zanjadas por el tribunal
accionado, en el marco de su autonomía e independencia judicial.

50. Por otro lado, la accionante también adujo que las decisiones
cuestionadas habrían omitido el precedente reflejado en las decisiones proferidas
por las subsecciones A y B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en las que indicó
que, en asuntos análogos con identidad fáctica y jurídica, negaron la adopción
de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos de nombramiento.

51. Sin embargo, para la Sala, tal reproche tampoco reviste de relevancia
constitucional, en tanto no cuenta con la carga argumentativa suficiente que
justifique un estudio de fondo, por al menos dos razones.

52. Primero, como lo ha señalado esta Sección en otras oportunidades13, uno
de los presupuestos para proceder con el estudio de fondo de dicho cargo es que
las decisiones hayan sido proferidas por la misma sala de decisión en todos los
casos. Sin embargo, la accionante funda el pretendido defecto en que el tribunal
accionado desconoció providencias de las subsecciones A y B de la Sección
Primera del tribunal accionado y del Tribunal Administrativo del Atlántico, es
decir, salas de decisión distintas a la Subsección C de la Sección Primera del
tribunal accionado.

53. Segundo, si en gracia de discusión se aceptara que el referido cargo puede
construirse a partir de decisiones proferidas por salas de decisión distintas a la
accionada, en este caso, tampoco se superaría la relevancia constitucional por
falta de carga argumentativa. Al respecto, de conformidad con la postura de la
Sala, por regla general, se entiende como precedente aquella sentencia o

13 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de abril de 2025, M.P. Luis Alberto

Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2025-01617-00; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia de 18 de septiembre de 2025, M.P. Pedro pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-
2025-05074-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 16 de octubre de 2025, M.P.
Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-03-15-000-2025-03081-01; Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 30 de octubre de 2025, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-
03-15-000-2025-04403-01.

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conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
estudio en materia de supuestos fácticos, problemas jurídicos y la ratio decidendi
que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar
el caso reciente. No obstante, en este caso, la accionante no indica por qué las
decisiones proferidas por tales salas de decisión resultaban un precedente
obligatorio y vinculante para la subsección demandada, de conformidad con la
similitud fáctica y jurídica de los casos.

54. Finalmente, se enfatiza en que formular una simple disconformidad con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el caso puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

55. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales de la causa. Por ende, la Sala confirmará la improcedencia de la acción
de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de noviembre de 2025 que
DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la parte
actora.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Procuraduría
General de la Nación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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Sección Primera, Subsección C
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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