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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05716-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05716-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 21 Ibid. 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01 Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05716-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05716-01
Accionante: DARLY ESTHER NAVARRO RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
de 14 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Darly Esther Navarro Rodríguez solicitó, en nombre propio, la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de febrero de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de reparación directa con número de radicación 08001-23-31-
000-2012-00346-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades, a fin de que se
les declarara responsables por la falta de pago de unos créditos reconocidos en el
proceso de liquidación forzosa de la sociedad ARC International Ltda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01
Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

2.2. Afirmó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
del Atlántico, autoridad judicial que, mediante providencia de 25 de marzo de 2021,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de providencia
de 21 de febrero de 2025, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda.

2.4. Adujoque la providencia mencionada anteriormente vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por incurrir
en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente, decisión sin motivación y
en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Sostuvo que “[…] el juez administrativo en segunda instancia, al juzgar si el Estado
tuvo responsabilidad en la precitada falla en el servicio, no tuvo en cuenta el tipo de
crédito que se reconoció, califico (sic) y graduó dentro del proceso concursal
mencionado, teniendo en cuenta que estos eran derechos laborales, reconocido (sic)
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla y que estos mismos
tienen el carácter de irrenunciables, tanto a nivel Constitucional como en las Normas
Internacionales del Trabajo (NIT) que integran el bloque de constitucionalidad […]”.

2.6. Expresó que “[…] El apelante no cuestionó entonces de manera detallada la
conclusión del a quo, pues no se centró en las razones medulares del a quo para
negar las pretensiones de la demanda, las relacionadas con la antijuridicidad del
daño alegado en su recurso de apelación, desplazando la responsabilidad del daño
al extremo más débil, quien comportaba créditos laborales en el proceso concursal.
En ese sentido, el artículo 320 del Código General del Proceso Norma aplicable de
manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo, según lo señalado
en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que prevé que el superior puede examinar
la cuestión decidida, “únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante”, de modo que la competencia del ad quem se circunscribe a los
argumentos expuestos en la apelación en tanto confronten la ratio decidendi del fallo
cuestionado […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que se resguarden los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
vulnerados por los yerros encontrados en la providencia del Honorable Consejo
de Estado – Sección Tercera Subsección A, de radicado 08001-23-31-000-2012-
00346-01 (68.086) de veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025),
notificada en fecha once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia
del Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección A, de radicado
08001-23-31-000-2012-00346- 01 (68.086) de veintiuno (21) de febrero de dos

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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

mil veinticinco (2025), notificada en fecha once (11) de marzo de dos mil
veinticinco (2025). […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al superintendente de Sociedades, al ministro de Comercio,
Industria y Turismo y al presidente y magistrados integrantes de la Subsección C del
Tribunal Administrativo del Atlántico.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que la
tutela no está llamada a prosperar en la medida que “[…] i) la sentencia está fundada
en los elementos probatorios obrantes en el expediente, las normas y lineamientos
jurisprudenciales aplicables al caso y ii) se profirió en estricto apego a las garantías
sustanciales y procesales que informan el debido proceso, sin que sea procedentes
los reproches de la accionante en torno al examen de la legitimación material en la
causa por activa efectuado por esta judicatura […]”.

5.2. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó negar las pretensiones
de la parte tutelante, en la medida que, “[…] no existe ningún defecto de los
indicados en la jurisprudencia en el que haya incurrido las decisiones atacadas. Las
mismas fueron completamente respetuosas del ordenamiento vigente […]”.

5.3. La Superintendencia de Sociedades señaló que no se satisface “[…] el requisito
de la relevancia constitucional indispensable para la procedencia excepcional de la
tutela contra la sentencia del 21 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, toda vez que el estudio oficioso de la legitimación material en la causa, como
presupuesto para el pronunciamiento de fondo dentro del proceso de reparación
directa incoado por la accionante, no puede catalogarse como ostensiblemente
arbitrario, ilegítimo o violatorio de las garantías básicas del derecho al debido
proceso […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 14 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela.

7. Al respecto consideró que:

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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

“[…] 4) Como viene de leerse, la providencia cuestionada, lejos de aplicar de
manera arbitraria o descontextualizada el artículo 320 del Código General del
Proceso, resolvió de forma expresa un argumento que fue planteado por la parte
apelante, relativo a la causa exclusiva del daño y la pérdida del interés jurídico
de la demandante.

5) En efecto, la autoridad judicial demandada no introdujo de oficio un nuevo
fundamento ajeno a la controversia, como lo sostuvo la actora, sino que atendió
una censura contenida en el recurso de apelación formulado por la
Superintendencia de Sociedades, quien atribuyó el perjuicio a la conducta de la
propia señora Darly Esther Navarro Rodríguez por rehusar la cesión de bienes
adjudicados para el pago de su crédito laboral.

6) En todo caso, la referencia al artículo 68 de la Ley 550 de 1999 no constituyó
un exceso ritual ni una aplicación caprichosa del derecho, sino la materialización
del análisis sobre la legitimación en la causa, elemento sustancial que podía
examinarse en segunda instancia inclusive aún si no se hubiese propuesto por
tratarse de un presupuesto procesal de la acción que debe estar acreditado, so
pena de que no se pueda dictar una decisión de mérito.

7) En ese contexto, la decisión de revocar la sentencia del tribunal no obedeció
a una interpretación extensiva o irracional de la norma, sino al ejercicio legítimo
de la competencia funcional del juez ad quem, sustentada en un razonamiento
jurídicamente válido y acorde con el principio de autonomía judicial. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[...] Es evidente que en el caso que se presenta al interior del proceso de
reparación directa 08001-23-31-000-2012-00346-01 (68.086), existe una verdad
objetiva, que no es otra que el tardío y negligente actuar del juez de concurso
dentro del proceso de liquidación obligatoria de la compañía ARC internacional
que ocasiono el impago de los crédito reconocidos, calificados y graduados de
la aquí accionante por los que finalmente seria condenada la superintendencia
de sociedades en primera instancia, APLICANDO EL CONSEJO DE ESTADO
RIGIDAMENTE UNA NORMA QUE OBSTACULIZA EL DERECHO
SUSTANCIAL VULNERANDO EL DEBIDO PROCESO, que a entendimiento de
la corte constitucional deriva en un defecto procedimental que para el caso sería
absoluto al presentarse un exceso ritual manifiesto por la aplicación estricta de
una norma (art 68 de la ley 550 de 1999 – renuncia tacita de la acreencia)
RENUNCIANDO A LA VERDAD JURIDICA OBJETIVA, que no es otra que el
daño causado por una prestación del servicio ineficaz.

De modo que, la entidad accionada, dejo de valorar todo el material probatorio,
aplicando tajantemente una norma (art 68 de la ley 550 de 1999 – renuncia tacita
de la acreencia) sin tener en cuenta que la discusión en reparación directa se
determina en la falla de la prestación del servicio, constituyendo una doble
afectación al acceso a la pronta y cumplida administración de justicia, tanto por
el proceso concursal adelantado que como se relató en los hechos convirtió en
chatarra los MIL OCHOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/L ($1.822.223.400), con los
que hubiera podido cancelarse mi acreencia, y por otro lado la renuncia a la
verdad jurídica con la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa, que extiende los efectos que tiene la aplicación del artículo
68 de la ley 550 de 1999 hacia afuera del proceso para negar la falla en el servicio

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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

por parte de la superintendencia de sociedades que es el verdadero fondo del
proceso […]”. [Sic en toda la cita].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente,
decisión sin motivación y en la causal de violación directa de la Constitución.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6
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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

17. Setrata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

7
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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. La señora Darly Esther Navarro Rodríguez solicitó, en nombre propio, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de
febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
08001-23-31-000-2012-00346-01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el
de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar y/o
cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual
sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01
Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir
la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena
del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”. [Negrilla
fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno

17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01
Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales19.

27. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución
Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de estudio
la accionante alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por incurrir
en un defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente, decisión sin motivación
y en la causal de violación directa de la Constitución.

29. Sostuvo que “[…] el juez administrativo en segunda instancia, al juzgar si el Estado
tuvo responsabilidad en la precitada falla en el servicio, no tuvo en cuenta el tipo de

18 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P.

Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

crédito que se reconoció, califico (sic) y graduó dentro del proceso concursal
mencionado, teniendo en cuenta que estos eran derechos laborales, reconocido (sic)
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla y que estos mismos
tienen el carácter de irrenunciables, tanto a nivel Constitucional como en las Normas
Internacionales del Trabajo (NIT) que integran el bloque de constitucionalidad […]”.

30. Expresó que “[…] El apelante no cuestionó entonces de manera detallada la
conclusión del a quo, pues no se centró en las razones medulares del a quo para
negar las pretensiones de la demanda, las relacionadas con la antijuridicidad del
daño alegado en su recurso de apelación, desplazando la responsabilidad del daño
al extremo más débil, quien comportaba créditos laborales en el proceso concursal.
En ese sentido, el artículo 320 del Código General del Proceso Norma aplicable de
manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo, según lo señalado
en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que prevé que el superior puede examinar
la cuestión decidida, “únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante”, de modo que la competencia del ad quem se circunscribe a los
argumentos expuestos en la apelación en tanto confronten la ratio decidendi del fallo
cuestionado […]”.

31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, y ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por natural del asunto.

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada a
sus derechos fundamentales”.

33. Se observa que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante providencia de 21 de febrero de 2025, consideró lo siguiente:

“[…] En el caso concreto está demostrado que en el marco del proceso de
liquidación obligatoria de los bienes y haberes de la sociedad ARC Internacional
Ltda. abierto mediante auto 630-0211 del 26 de junio de 2007, a la señora Darly
Esther Navarro Rodríguez y demás herederos del señor Raúl de Jesús Castro les
fue reconocido un derecho de crédito, al que posteriormente renunciaron, al
negarse a recibir los bienes que les fueron asignados a título de pago. […]”.

[…]

“[…] De entrada, se aclara que si bien en las pretensiones de la demanda la señora
Darly Esther Navarro Rodríguez solicita el valor total de la acreencia de primer
grado que le fue reconocida no solo a ella sino a los demás herederos del señor
Raúl de Jesús Castro; lo cierto es que la demandante acudió a esta jurisdicción
invocando sus propios intereses y no en representación de aquéllos, tal como se
desprende del libelo inicial y del poder otorgado al profesional del derecho para
adelantar la presente acción de reparación directa, de manera que, el interés que
le asiste en el proceso este representado únicamente en la suma de

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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

$246’943.320,38, valor que le fue reconocido directamente por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Barranquilla, esto es, el 37,45% de la totalidad de la
acreencia.

Ahora bien, como se dejó visto, la renuncia de la acreencia fue realizada por parte
de la señora Darly Esther Navarro Rodríguez y los demás herederos del señor Raúl
de Jesús Castro, respecto de la totalidad del crédito, lo que implicó que aquéllos
perdieran definitivamente la calidad de acreedores en el proceso de liquidación y,
por consiguiente, que la señora Navarro Rodríguez perdiera la titularidad del
derecho subjetivo que invocó en la demanda.

Sobre este aspecto, se aclara que aun cuando en el plan de pagos se asignaron
bienes avaluados en una suma inferior - $246’521.740- a la acreencia que fue
reconocida por el juez del concurso -$659’298.327-, no debe perderse de vista que
en virtud del principio de universalidad que caracteriza al proceso de liquidación,
“todos los bienes del deudor conforman una masa patrimonial que se constituye en
prenda general de garantía de los acreedores; [y] así mismo, los acreedores
establecen una comunidad de pérdidas, lo que significa que sus créditos serán
cancelados a prorrata, o en proporción a las posibilidades económicas”. Por ende,
la negativa de aceptar la cesión de los bienes en la proporción que permitían los
activos de la sociedad ARC Internacional Ltda. en liquidación obligatoria, implicó la
renuncia de la totalidad de la acreencia, en tanto que el repudio de los mismos fue
pleno.

Así las cosas, a partir del 30 de julio de 2014, momento en que la aquí demandante
y demás herederos de manera libre y voluntaria renunciaron a su derecho de
crédito, dejaron de ser titulares del mismo y se sustrajeron de cualquier interés
jurídico y económico derivado de las actuaciones u omisiones en que hubiera
incurrido la Superintendencia de Sociedades durante el proceso liquidatorio de
ARC Internacional Ltda. Por consiguiente, ha de concluirse que, al reclamarse la
afectación de un derecho de naturaleza personal, cuyo beneficiario inicial -quien
aquí demanda- lo renunció, ningún interés legítimo le asiste en la relación jurídica
sustancial debatida y, por tanto, carece de legitimación material en la causa.

En este punto, conviene aclarar que la renuncia del derecho de crédito efectuada
por la accionante comprende el reclamo del perjuicio moral solicitado, pues tal
como se extrae del petitum, es consecuencial a la supuesta pérdida patrimonial
derivada del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que
supuestamente incurrió el juez del concurso frente al incumplimiento de los deberes
del liquidador; por manera que si no está acreditada la legitimación material en la
causa por activa para solicitar la responsabilidad patrimonial de la Superintendencia
de Sociedades por el referido defecto, tampoco lo está para reclamar los perjuicios
derivados del mismo, más aún cuando no se trata de derechos personalísimos e
intransferibles.

En este orden, se colige que la renuncia del derecho de crédito implicó que la
demandante -otrora acreedora de un crédito de primera clase- perdiera el interés
jurídico en las pretensiones que fórmula y, por tanto, al no ostentar la titularidad del
derecho que reclama, carece de la legitimación material en la causa por activa para
obtener una decisión de mérito.

En consecuencia, se impone revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda […]”.

34. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen

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Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

35. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el caso,
de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió revocar la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al advertir
que se configuró una falta de legitimación en la causa por activa, en la medida que, al
reclamarse la afectación de un derecho de naturaleza personal, cuyo beneficiario inicial
-quien aquí demanda- lo renunció, ningún interés legítimo le asiste en la relación
jurídica sustancial debatida.

36. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado
[…]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial […]”; ya que en
“[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”21.

37. La Sala precisa que, si bien la accionante no indicó expresamente el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia,
de los argumentos expuestos se puede advertir que existe algún tipo de reparo al
respecto, frente a lo cual esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso
extraordinario de revisión, amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para
controvertir la falta de congruencia externa y/o interna de la sentencia.

38. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.

39. Con fundamento en lo anterior la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar,
se declarará improcedente la presente acción de tutela, como se dispondrá en la
parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05716-01
Accionante: Darly Esther Navarro Rodríguez

IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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