Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05723-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05723-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-05723-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05723-01
Accionante: Rafael Segundo Valencia Egea
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 27
de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 12 de septiembre de 20251 Rafael Segundo Valencia Egea, a través de
apoderado, interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, que considera vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Sucre, debido a que, mediante sentencia del 19 de
febrero de 2025, revocó la providencia de primera instancia del 1 de noviembre de
2024, emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar,
negarlas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 70-001-33-33-009-2018-00187-00/01.
2. Hechos
2.1. El señor Rafael Segundo Valencia Egea trabajó en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) desde el 27 de abril de 1978 hasta el 31 de mayo
de 2016.
2.2. La extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), mediante Resolución
013491 del 25 de octubre de 1996, reconoció al señor Valencia Egea una pensión
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Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 2D19B27E36B5D1D8 C3960578D394D91D
58C7AC519B7197C6 F50C6A5AF087E5FD.
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Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 0079B49FB67493EB E8AC194B4F006BAE
B5C0A8E4724E5D96 7564DF5B8AFBC3A6.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05723-01
Accionante: Rafael Segundo Valencia Egea
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
de jubilación equivalente al 75% del promedio de lo devengado entre el 1 de abril
de 1994 y el 7 de marzo de 1995, con la inclusión de la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados, en cuantía de $214.521,40.
2.3. Posteriormente, a través de la Resolución UGM 001030 del 14 de julio de 2011,
CAJANAL reliquidó la pensión del señor Valencia Egea por un valor de $1.056.666,26,
equivalente al 75% de lo devengado entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero
de 2011, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta los
factores salariales de asignación básica, sobresueldo y bonificación por servicios
prestados, condicionada al retiro definitivo del servicio.
2.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por medio de las Resoluciones RDP
029347 y RDP 039055 de 2017, negó la reliquidación de la prestación.
2.5. A raíz de lo anterior, Rafael Segundo Valencia Egea interpuso demanda3 contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que se declarara la nulidad
de las Resoluciones 012612 de 1995, 13491 de 1996, 37422 de 2008 (nulidad
parcial), UGM 001030 de 2011 y RDP 029347 y RDP 039055 de 2017. A título de
restablecimiento del derecho solicitó, entre otras cosas, reliquidar la pensión de
jubilación equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, comprendido desde junio de 2015
hasta mayo de 2016, esto es, asignación básica (sueldo y sobresueldo), bonificación
por servicios prestados, subsidios de unidad familiar, auxilio de transporte, primas
de vacaciones, de navidad, de servicios y de riesgo, en una cuantía de
$2.320.764,49.
2.6. El 1 de noviembre de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo, en
sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el entendido de declarar la nulidad de los actos demandados. A título
de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación
del señor Rafael Segundo Valencia Egea, con el 75% del promedio mensual de
salarios devengados durante el último año de servicio, es decir, entre el 1 de junio
de 2015 y el 31 de mayo de 2016, con inclusión de los siguientes factores:
3
Archivo denominado “008 Demanda y anexos”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente
de primera instancia, certificado 1E93F6425060A4DF 94853BE53A0764D7 F09CA76DC4898959 A454DE67EF0B9A22.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Rafael Segundo Valencia Egea
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asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte, bonificación por recreación, prima de navidad,
prima de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo y vacaciones.
2.7. Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación.
2.8. A raíz de ello, el 19 de febrero de 20254, el Tribunal Administrativo de Sucre
profirió sentencia de segunda instancia, en la que revocó la providencia apelada y,
en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
2.9. Mediante auto del 6 de agosto de 20255 el Tribunal Administrativo de Sucre
negó la solicitud de corrección interpuesta contra la providencia del 19 de febrero
de 2025.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La autoridad accionada incurrió en defecto fáctico porque no analizó las
pruebas que permitían establecer el monto real de su mesada pensional, entre ellas
la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)
202108800215546000130023 del 6 de agosto de 2021 (prueba decretada por el
juez de primera instancia), la certificación de factores salariales aportados al
Sistema General de Seguridad Social y la Circular 000027 de 2013, expedida por el
INPEC, las cuales demostraban que devengó y efectuó aportes sobre nueve factores
salariales durante el último año de servicio (asignación básica mensual, bonificación
por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo y vacaciones), de
conformidad con el Decreto 446 de 1994. Sin embargo, la sentencia censurada solo
reconoció tres de ellos, esto es, la asignación básica, sobresueldo y bonificación por
servicios prestados, enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
4
Archivo denominado “Setencia 02 […]”, carpeta “02 Cu. Segunda instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de
primera instancia, certificado 1E93F6425060A4DF 94853BE53A0764D7 F09CA76DC4898959 A454DE67EF0B9A22.
5
Índice 16 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre, certificado 322FC8768F944732 3E63B5DE3706D182
6A56DA6171919807 979817D84CEE4400, radicado 70001333300920180018701.
4
Sentencia de segunda instancia
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En la primera certificación, además, en el cuadro de ingreso básico de cotización se
señalan con la letra S los factores salariales sobre los que sí se cotizó y aparecen
con la letra N los factores sobre los que no se cotizó.
Tampoco tuvo en cuenta el formato N. 3 (B) - Certificación de Salario Mes a Mes, el
cual arrojaba el valor de la asignación básica devengada en el último año de servicio
comprendido entre junio de 2015 y mayo de 2016. En ese sentido, la liquidación de
la asignación básica mensual se efectuaría de la siguiente manera: $31.894.328/12
= $2.657.860,66 * 0,75 = $1.993.395,50.
Por tanto, la pensión para el momento del retiro del accionante debía ser de
$1.993.395,50; suma muy superior a $1.056.066,26, que fue establecida mediante
Resolución UGM 001030 del 14 de julio de 2011 y cancelada al momento del retiro
en el año 2016. Así, hay una diferencia de más de $900.000.
Además, omitió efectuar las operaciones aritméticas necesarias para determinar el
ingreso base de liquidación, lo que derivó en un cálculo equivocado de la mesada
pensional y dejó en evidencia una valoración errada del material probatorio,
comoquiera que el total devengado durante el último año fue de $31.894.328.
En consecuencia, no le asiste razón al tribunal cuando afirma que la prestación
liquidada en 2011, con tres factores salariales devengados en diez años de servicio,
es más favorable que con ocho o nueve factores percibidos en el último año de
servicio, en los términos del Decreto 446 de 1994.
3.2. El tribunal incurrió en defecto sustantivo porque desconoció que, al haber
laborado en el INPEC, es beneficiario del régimen pensional especial establecido en
el parágrafo transitorio 2.º y 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 32 de 1986,
el Decreto 1950 de 2005, que reglamenta el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, y
los Decretos 407 y 446 de 1994.
Si bien la prestación se reconoció desde 1995, la última reliquidación se realizó en
el 2011, con el 75% de lo devengado durante 10 años de servicio, esto es, entre el
1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2011, conforme al artículo 21 de la Ley 100
de 1993 y con la inclusión de los factores salariales de sueldo, sobresueldo y
bonificación por servicios prestados. No obstante, el tribunal aplicó el Decreto 1158
de 1994, régimen general, en lugar del régimen especial del INPEC previsto en la Ley
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Rafael Segundo Valencia Egea
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32 de 1986 y el Decreto 446 de 1994, con lo que desconoció el mandato
constitucional que ordena liquidar las pensiones con los factores sobre los que se
efectuaron las cotizaciones.
Así, durante el último año de servicio hizo aportes para pensión sobre nueve
factores salariales: asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados,
auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones, sobresueldo y vacaciones.
3.3. La sentencia censurada desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que en casos análogos ha aplicado el
régimen especial del INPEC, esto es, la reliquidación pensional con el 75% del
promedio del último año de servicio, con inclusión de todos los factores cotizados,
en observancia del principio de favorabilidad. Cita la sentencia del 30 de octubre de
2024, radicado 17001-23-33-000-2022-00044-01 (2987-2024).
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“Se deje sin efecto la sentencia del 19 de febrero de 2025 proferida por la Sala Tercera
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.”6 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 23 de septiembre de 20257 se admitió la acción de tutela y
se vinculó al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Sincelejo y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP). También se dispuso la notificación a las partes y a los
vinculados.
5.2. El Tribunal Administrativo de Sucre8 manifestó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, porque las
pretensiones formuladas por el actor buscan reabrir un debate jurídico que fue
previamente analizado por los jueces naturales del asunto.
6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 0079B49FB67493EB E8AC194B4F006BAE
B5C0A8E4724E5D96 7564DF5B8AFBC3A6, folio 30.
7
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 198E7F650D301988 30683A3E8240A98D
16F4715384352449 B45B648374034518.
8
Índice 10 de SAMAI, certificado CBA05F481A690A96 2ADB6632768E5D16 DAA36233E272DCD5 3FA9D804E0900E4D,
ibid.
6
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Rafael Segundo Valencia Egea
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Por otro lado, sostuvo que la decisión censurada se fundamentó en una
interpretación autónoma y razonada del derecho aplicable al caso de reliquidación
pensional de servidores del INPEC. Tras el análisis probatorio, el tribunal determinó
que el actor, aunque ingresó a dicha entidad antes del Decreto 2090 de 2003, no
tenía derecho a una nueva reliquidación, ya que la pensión que percibía era más
favorable que la que resultaría de aplicar el régimen especial. Es decir, el
reconocimiento y la reliquidación pensional que actualmente devenga el accionante
son más beneficiosos, ya que fueron determinados tomando como factores para el
IBL la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y el sobresueldo,
conforme a la Resolución UGM 001030 del 14 de julio de 2011.
5.3. El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Sincelejo9 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en esa instancia; precisó, además, que se respetaron las
garantías propias del proceso hasta la terminación, con la posterior remisión del
expediente al superior.
5.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)10 no se pronunció.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 27 de noviembre de 202511 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del accionante.
En consecuencia: i) dejó sin valor ni efecto la sentencia del 9 de febrero de 2025,
proferida por la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-
33-009-2018-00187-01; ii) ordenó a dicho tribunal que, dentro del término de 20 días
contados a partir de la notificación de esa decisión, dictara la providencia de
reemplazo con sujeción a las consideraciones allí expuestas; y iii) negó el cargo
relacionado con el defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
9
Índice 11 de SAMAI, certificado 959EF085F310FBE6 93CA3419462421DD C3A39A6D75DAAD80 114A9DDC08C49B4B,
ibid.
10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la UGPP, pese a ser notificada por la
Secretaría General de esta corporación, visible en el índice 7 de SAMAI, hubiera realizado actuación alguna.
11
Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 97F74BB868D9478A DD262B4A7CD6ECB5
4114E77D12617A90 B0D96573E03943C2.
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Por un lado, el a quo constitucional consideró que no se acreditaba el
desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado, porque, si bien las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado comparten la
competencia en materia de controversias laborales y pensionales del sector público,
sus criterios de interpretación respecto del régimen especial previsto en la Ley 32
de 1986 y el Decreto 446 de 1994 no son pacíficos, especialmente en lo
concerniente a la inclusión de factores salariales y a la prueba de cotización.
Precisó que el tribunal, en el marco de su autonomía judicial, acogió la postura de
la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en la que se ha reiterado
que la inclusión de los factores en la base pensional no es automática, sino que
exige material probatorio sobre la cotización de cada emolumento. Es decir, aplicó
los criterios relativos a la necesidad de acreditar la cotización de los factores
reclamados, así como la aplicación supletoria del régimen general de pensiones
cuando no se demuestran aportes sobre determinados emolumentos.
Por su parte, encontró configurados los defectos fáctico y sustantivo, comoquiera
que, a pesar de aceptar que el demandante solicitó la reliquidación de su pensión
teniendo en cuenta el último año de servicio comprendido entre el 1 de junio de 2015
y el 31 de mayo de 2016, y de estar probado dicho hecho en el proceso, decidió
revocar en su totalidad la sentencia de primera instancia sin explicar razonadamente
por qué no era procedente el reajuste, pues se limitó a sustentar su decisión en que
la reliquidación realizada por CAJANAL en el año 2011 le resultaba más favorable al
demandante.
Advirtió que la sentencia cuestionada omitió valorar: i) el extremo temporal a partir
del cual se debía realizar el reconocimiento pensional, a pesar de que obraba en el
expediente —tanto en el administrativo como en el judicial—; ii) la prueba
documental que daba cuenta de que el demandante se retiró del servicio activo; iii)
los aportes efectuados hasta la fecha de su desvinculación; y iv) que la última
reliquidación consideró los aportes realizados entre el 1 de enero de 1999 y el 30
de diciembre de 2008.
En consecuencia, concluyó que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al no reliquidar la pensión del demandante con base
en la fecha de retiro del servicio, independientemente de la posición adoptada
respecto del IBL y de la inclusión de factores salariales.
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7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionada presentó escrito de impugnación12,
en el que señaló lo siguiente:
“A través del presente y de manera respetuosa, impugno la sentencia de fecha 27 de
noviembre de 2025, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-05723-00.”
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 15 de diciembre de 2025,13 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 27 de noviembre de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si hay lugar a modificar o confirmar la sentencia de primera
instancia emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 27 de noviembre de
2025. Para tal efecto, analizará si se acreditan los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias; de resultar positivo dicho examen, reiterará la
jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación relacionada con el
régimen pensional especial de los miembros del INPEC y, finalmente, resolverá el
caso concreto, a fin de determinar si se configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y si hay lugar a acceder a la protección solicitada.
12
Índice 19 de SAMAI, certificado 612FCEE687DA59BF 1EB79BED087991F6 D71D6B6F5E87D7D8 7BD7B0CD706A1540,
ibid.
13
Índice 23 de SAMAI, certificado 1DAF00113102E76D F3D8CABAD24085A3 704799C279E4520F 5858C6009A410A21,
ibid.
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3. Procedibilidad de la acción de tutela
3.1. Los reparos planteados en la acción de tutela satisfacen el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que la parte tutelante no se limita a
controvertir la interpretación ordinaria del derecho ni a reabrir el debate probatorio
propio del proceso contencioso, sino que atribuye a la autoridad judicial accionada
la configuración de defectos fáctico y sustantivo con incidencia directa en la garantía
de sus derechos fundamentales.
En efecto, la presunta configuración de un defecto fáctico se sustenta en la alegada
omisión de valorar pruebas determinantes para establecer el ingreso base de
liquidación y el momento a partir del cual debía efectuarse la reliquidación pensional.
De comprobarse tal omisión, se configuraría una afectación del debido proceso, en
su dimensión de derecho a la valoración integral y razonada del material probatorio,
con impacto directo en el reconocimiento del derecho a la seguridad social.
De igual manera, la eventual configuración de un defecto sustantivo, derivado de la
indebida aplicación del régimen general en lugar del régimen especial previsto en la
Ley 32 de 1986 y en los Decretos 407 y 446 de 1994, trasciende el ámbito de la
mera discrepancia interpretativa, en tanto compromete la correcta aplicación del
marco normativo especial y la garantía de los derechos pensionales conforme a las
reglas que los gobiernan.
En ese contexto, el asunto desborda la órbita de la legalidad ordinaria y adquiere
relevancia constitucional, pues la decisión cuestionada podría incidir de manera
directa y sustancial en la efectividad de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social del accionante.
3.2. El requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, por cuanto no procede
otro mecanismo judicial idóneo para controvertir, en particular, la sentencia proferida
el 19 de febrero de 2025. En efecto, aunque el recurso extraordinario de revisión
contempla en la causal primera del artículo 250 del CPACA la denominada, en la
jurisprudencia, prueba recobrada o encontrada —esto es, documentos que ya
existían con anterioridad al proceso, pero que, por haber permanecido refundidos o
extraviados, no fueron conocidos por el juez y solo se recuperaron con posterioridad
a la sentencia—; lo cierto es que el sub lite no se encuadra en dicho supuesto. Ello
por cuanto las pruebas que el accionante afirma no fueron valoradas por el tribunal
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sí obraban en el expediente ordinario desde la primera instancia e, incluso, fueron
apreciadas por el a quo del ordinario.
3.3. La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de la
inmediatez, en tanto la providencia reprochada fue notificada electrónicamente el 3
de marzo de 202514; posteriormente, mediante auto del 6 de agosto del mismo
año15, se negó la solicitud de corrección interpuesta contra dicha providencia, el cual
fue notificado el 14 del mismo mes y año16; y el amparo se radicó el 12 de
septiembre de 202517, es decir, dentro del término razonable de 6 meses señalado
por la jurisprudencia.
3.4. En el escrito de tutela se identifican de manera razonable los hechos que
generan la vulneración de los derechos invocados; no se alega una irregularidad
procesal y la providencia censurada no corresponde a una sentencia de tutela.
Satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, hay lugar a
avanzar en el análisis de los requisitos específicos de procedencia.
4. Los defectos sustantivo y fáctico
4.1. La Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura
cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de
interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin
sustento legal, a usar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar
interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que
conducen a resultados desproporcionados18; o por desconocimiento del precedente,
14
Índice 10 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre, radicado 70001333300920180018701 y conforme consta en la
consulta efectuada a la página web de la Rama Judicial denominada Consulta de procesos nacional unificada
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
15
Índice 16 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre, certificado 322FC8768F944732 3E63B5DE3706D182
6A56DA6171919807 979817D84CEE4400, radicado 70001333300920180018701.
16
Conforme consta en la consulta efectuada a la página web de la Rama Judicial denominada Consulta de procesos nacional
unificada https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.
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Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 2D19B27E36B5D1D8 C3960578D394D91D
58C7AC519B7197C6 F50C6A5AF087E5FD.
18
En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto sustantivo: i) cuando
existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha
sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación
sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia
incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya interpretación
desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en sentido diferente al fijado en una sentencia
de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien
el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma
aplicable, si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable porque le otorga a la disposición
jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o le confiere a la disposición legal una interpretación que en
principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados
de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
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cuando se aparta de la regla de decisión aplicable al caso sin justificar tal
conducta19.
4.2. Sobre el defecto fáctico en general, la Corte Constitucional precisó que se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que fundó su decisión20, yerro con la connotación de flagrante,
ostensible, manifiesto y con incidencia directa en la decisión. Para la existencia de
este defecto, es necesario que, de las pruebas que obren en el expediente, no sea
posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llegó el juez
del proceso en su providencia, o que el apoyo probatorio en que se basó resulte
absolutamente inadecuado para el caso.
4.3. Ahora bien, en relación con el régimen pensional especial de los miembros del
INPEC, la Sección Segunda de esta corporación ha precisado que, por estar
cobijados por la Ley 32 de 1986, no les son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985,
en tanto estas excluyen a quienes cuentan con regulación especial. Igualmente, ha
señalado que, si bien dicha ley fija los requisitos para acceder a la prestación, no
establece de manera expresa la forma de su liquidación; por ello, en lo no previsto,
deben aplicarse las disposiciones generales vigentes para los empleados públicos
del orden nacional, en particular la Ley 4 de 1966. Bajo ese entendimiento, la
pensión se liquida con el 75% del promedio mensual devengado durante el último
año de servicios, teniendo en cuenta los factores salariales previstos en el Decreto
446 de 1994, tal como se expone a continuación:
“Es preciso señalar que las pensiones que gozan de un régimen especial no se rigen por
las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto, a la pensión de
jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos de la Ley 32 de 1986 y
407 de 1994, no les es aplicable dicha normativa. Así lo dispone el artículo 1.º de la Ley
33 de 1985ª saber:
Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años continuos
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a
que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
19
Según la sentencia SU-354 de 2017: “La Corte Constitucional ha establecido que una providencia judicial adolece de un
defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera
de las razones previstas por la normatividad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso; (iii) a pesar del amplio
margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realice una interpretación contraevidente
o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-448 de 2016 “[s]e estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la
decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. (…) el fundamento de la intervención del juez de tutela
por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante, las amplias facultades discrecionales con que cuenta
el juez del proceso para el análisis del material probatorio, [e]ste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales”.
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No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
Esta Sala de Subsección, en el marco normativo de la sentencia de 22 de octubre de
2020, se refirió al régimen pensional de los empleados del INPEC, en los siguientes
términos:21
Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo
de servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció
en relación con la forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que
en el artículo 114 ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se
aplican las normas vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue
reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.
De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen
general, concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció:
«ARTÍCULO 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión
de jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 201822 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994,
es decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de
servicios (art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte
(art. 13), subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no
constituyen factor salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de
capacitación (art. 6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la
prima de vigilantes instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).
De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no
se estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye
que, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional
se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994.”23 (Resaltado
original del texto).
4.4. En el sub lite, el accionante cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo de Sucre incurrió en defecto sustantivo porque desconoció las
normas que imponen reliquidar la pensión por retiro definitivo del servicio, pues se
aplicó el Decreto 1158 de 1994, régimen general, en lugar de aplicar el régimen
especial del INPEC previsto en la Ley 32 de 1986 y en el Decreto 446 de 1994.
Asimismo, a su juicio, incurrió en defecto fáctico porque no analizó las pruebas que
permitían establecer el monto real de su mesada pensional, entre ellas, la
“21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado N.º 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
22
«Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social.».”
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2022, radicado 15001-23-33-000-2018-
00159-01 (2415-2020). Criterio que fue reiterado, entre otras, en las sentencias del 22 de junio de 2023, radicado 52001 23
33 000 2015 00732 01 (3466-2021) y 30 de octubre de 2024, radicado 17001-23-33-000-2022-00044-01 (2987-2024).
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certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL) 202108800215546000130023
del 6 de agosto de 2021 (prueba decretada por el juez de primera instancia), la
certificación de factores salariales aportados al Sistema General de Seguridad
Social y la Circular 000027 de 2013 expedida por el INPEC, las cuales demostraban
que devengó y efectuó aportes sobre 9 factores salariales durante el último año de
servicio (asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones, sobresueldo y vacaciones), de conformidad con el Decreto 446 de
1994. Sin embargo, la sentencia censurada solo reconoció 3 de ellos, esto es, la
asignación básica, sobresueldo y bonificación por servicios prestados, enlistados en
el Decreto 1158 de 1994.
En la primera certificación, además, en el cuadro de ingreso básico de cotización se
señalan con la letra S los factores salariales sobre los que sí se cotizó y aparecen
con la letra N los factores sobre los que no se cotizó.
Tampoco tuvo en cuenta el formato N. 3 (B) - Certificación de Salario Mes a Mes, el
cual arrojaba el valor de la asignación básica devengada en el último año de
servicio, comprendido entre junio de 2015 y mayo de 2016. En ese sentido, la
liquidación de la asignación básica mensual se efectuaría de la siguiente manera:
$31.894.328/12 = 2.657.860,66 * 0.75 = $1.993.395,50.
Por tanto, el actor señala que la pensión para el momento de su retiro debía ser de
$1.993.395,50; suma muy superior a $1.056.066,26, que fue establecida mediante
Resolución UGM 001030 del 14 de julio de 2011 y cancelada al momento del retiro
en el año 2016. Así, hay una diferencia de más de $900.000.
Además, omitió efectuar las operaciones aritméticas necesarias para determinar el
ingreso base de liquidación, lo que derivó en un cálculo equivocado de la mesada
pensional y dejó en evidencia una valoración errada del material probatorio,
comoquiera que el total devengado durante el último año fue de $31.894.328.
En consecuencia, afirma que no le asiste razón al tribunal cuando sostiene que la
prestación liquidada en 2011 con 3 factores salariales devengados en 10 años de
servicio es más favorable que con 8 o 9 factores percibidos en el último año de
servicio, en los términos del Decreto 446 de 1994.
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4.4.1. Pues bien, esta Subsección advierte que, en el sub lite, los defectos fáctico y
sustantivo se encuentran acreditados por las siguientes consideraciones:
En el expediente del proceso ordinario reposa, entre otras, la certificación
electrónica de tiempos laborados (CETIL) 202108800215546000130023 del 6 de
agosto de 202124, la cual fue emitida como consecuencia de las pruebas decretadas
en la audiencia inicial celebrada el 27 de abril de 2021 por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral de Sucre25, a saber:
4.4.2. Como se advierte, el referido documento relaciona todos los factores
devengados por el entonces demandante durante el último año de servicio,
comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016; no obstante, la
24
Archivo denominado “38 Certificados factores salariales”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado 1E93F6425060A4DF 94853BE53A0764D7 F09CA76DC4898959
A454DE67EF0B9A22.
25
Archivo denominado “19 Acta de audiencia inicial”, carpeta “01 Primera instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado 1E93F6425060A4DF 94853BE53A0764D7 F09CA76DC4898959
A454DE67EF0B9A22.
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autoridad judicial accionada no lo incluyó en el acápite denominado “Solución del
caso y respuesta al problema jurídico” ni mencionó su existencia en la parte
considerativa de la providencia cuestionada, pese a que obraba en el expediente.
En consecuencia, omitió valorar dicho medio de convicción a la luz de la Ley 32 de
1986 y del Decreto 446 de 1994, a efectos de establecer la procedencia de la
reliquidación de la pensión de jubilación del actor, en lo concerniente al IBL y a los
factores salariales reclamados en la demanda.
Por el contrario, el Tribunal Administrativo de Sucre sostuvo lo siguiente:
“[…] De conformidad con el Certificado de Valores Pagados, expedido por el Coordinador
de Tesorería del INPEC, el actor percibió los siguientes emolumentos laborales:
asignación básica, prima de riesgo, subsidio unidad familiar y bonificación por
recreación.
[…] De los anteriores emolumentos sólo constituyen factor salarial la asignación básica
(art.1 Decreto 446 de 1994), puesto que la prima de riesgo y el subsidio familiar, no
constituyen factores por mandato expreso de los artículos 11 y 15 del Decreto 446 de
1994.
En ese orden, de ideas y confrontado lo anterior, con el reconocimiento y la reliquidación
pensional que actualmente devenga el actor, se puede concluir, que la misma le es
desfavorable, dado que la pensión de vejez que goza y pidió sea reliquidada, fue
determinada tomando como factores para el IBL, la asignación básica, la bonificación
por servicios prestados y el sobresueldo, conforme se lee de la Resolución No.UGM
001030 de 14 de julio de 2011 y cuya imagen se inserta a continuación. […]”.26
4.4.3. Expuesto este panorama, esta Subsección advierte que el Tribunal
Administrativo de Sucre incurrió en un defecto fáctico en dimensión negativa al
omitir la valoración de la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL
202108800215546000130023 del 6 de agosto de 2021. En efecto, mantuvo la
liquidación efectuada por la extinta CAJANAL mediante la Resolución UGM 001030 del
14 de julio de 2011, a través de la cual se fijó una cuantía de la pensión de jubilación
de $1.056.066,26, equivalente al 75% de lo devengado entre el 1 de enero de 1999
y el 30 de enero de 2011, con la inclusión exclusiva de los factores salariales
correspondientes a asignación básica, sobresueldo y bonificación por servicios
prestados. Tal determinación se adoptó sin examinar el documento referido, en el
que constan otros emolumentos devengados cuya eventual incorporación a la
reliquidación debía evaluarse conforme al régimen especial del actor, previsto en la
Ley 32 de 1986 y en el Decreto 446 de 1994, con fundamento en el acervo
probatorio obrante en el proceso ordinario.
26
Archivo denominado “Setencia 02 […]”, carpeta “02 Cu. Segunda instancia”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente
de primera instancia, certificado 1E93F6425060A4DF 94853BE53A0764D7 F09CA76DC4898959 A454DE67EF0B9A22.
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En ese contexto, la omisión de toda referencia a dicha certificación y a su contenido,
cuya valoración debía efectuarse dentro del marco normativo establecido por la Ley
32 de 1986 y el Decreto 446 de 1994, normas que regulan el régimen especial
pensional de los servidores del INPEC y que determinan los factores salariales que
deben incluirse en la liquidación, conduce a la Sala a concluir que se configuran los
defectos fáctico y sustantivo. El primero se concreta en la falta de apreciación
integral de la prueba mencionada; el segundo, en la inobservancia del régimen
especial aplicable a quienes adquieren el derecho pensional luego de haber
prestado sus servicios al INPEC.
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite se concluye que el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la sentencia del 19 de febrero de 2025, incurrió
en los defectos fáctico y sustantivo, tal como lo determinó el a quo; en consecuencia,
se confirmará el proveído impugnado, aunque por las razones expuestas en esta
providencia.
6. En ese orden, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, la autoridad judicial accionada deberá dictar una sentencia de
reemplazo en la que, tal como se precisó en la providencia censurada, no estará en
discusión el régimen especial pensional del INPEC aplicable al actor, pues así se
indicó en la sentencia del 19 de febrero de 2025, en la que se afirmó: “en el presente
caso no se encuentra en discusión el régimen aplicable al actor, esto es, la Ley 32
de 1986, lo que realmente se cuestiona, es la reliquidación de la prestación ya
reconocida y la aplicación del IBL”.
Asimismo, al proferir la nueva decisión, el Tribunal Administrativo de Sucre deberá
tener en cuenta las premisas de orden constitucional relacionadas con el asunto y
efectuar una valoración integral del acervo probatorio obrante en el expediente, con
especial consideración de la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL
202108800215546000130023 del 6 de agosto de 2021, en armonía con las normas
aplicables y los precedentes relevantes sobre la materia, a fin de determinar la
procedencia o no de la reliquidación de la pensión de jubilación del actor en lo
relativo al IBL y a los factores salariales reclamados.
Esta orden no implica, en manera alguna, que el fallo de reemplazo deba acceder
a las pretensiones de la demanda ni que constituya un mandato para reconocer
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automáticamente lo solicitado por el actor. Lo que dispone la Sala es que, a partir
del análisis de la certificación CETIL y dentro del marco normativo de la Ley 32 de
1986 y el Decreto 446 de 1994, normas que regulan el régimen especial pensional
de los servidores del INPEC y que determinan los factores salariales que deben
incluirse en la liquidación, se establezca si hay lugar a la reliquidación de la pensión,
con la definición del IBL del último año de servicio y de los factores que deban
integrarlo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 27 de noviembre de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social y, en consecuencia, dejó
sin efectos jurídicos la sentencia del 19 de febrero de 2025 emitida por el Tribunal
Administrativo de Sucre en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado 70-001-33-33-009-2018-00187-00/01; en
consecuencia, ORDENAR que el Tribunal Administrativo de Sucre profiera
sentencia de reemplazo dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
esta providencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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