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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05725-00

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05725-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Edwar Stiven Cardozo Suárez por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 36 Consejo de Estado, sentencia del 3 de septiembre de 2018, rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00, MP César Palomino Cortés. www.consejodeestado.gov.co 13 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05725-00 Accionante: Edwar Stiven Cardozo Suárez Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05725-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05725-00
Accionante: Edwar Stiven Cardozo Suárez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B1

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega el amparo de tutela. No se configuran los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela2 presentada por el señor Edwar Stiven Cardozo Suárez, quien actúa
en nombre propio contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al “debido proceso, la igualdad, la confianza legítima y seguridad jurídica, al acceso
a prestaciones sociales y al acceso a la administración de justicia”, supuestamente
ocurrida con ocasión de la providencia del 24 de julio de 2025 que confirmó la
sentencia del 29 de abril de esta anualidad dictada por el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá-Sección Segunda, que negó las
pretensiones de la demanda, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001 33-35-016-2024-00022-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que el accionante ingresó por
incorporación directa a la Policía Nacional como alumno del Nivel Ejecutivo 3,
prestando funciones operativas bajo mando institucional. El actor sostuvo que
finalizó satisfactoriamente el curso, siendo escalafonado el 8 de marzo de 2005,
mientras otros de sus compañeros lo fueron antes del 31 de diciembre de 20044.

1
A pesar de que el actor indicó en el alcance de su escrito de tutela que la parte accionada era el Consejo de Estado,
al revisar en el aplicativo SAMAI se encontró que ello no corresponde a la realidad, toda vez que la providencia de
segunda instancia referida fue dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B.
2
Acción de tutela presentada el 12 de septiembre de 2025. Índice 2 del aplicativo SAMAI,
10_EXPEDIENTEDIGI_Demanda1_9_20250915105615322 junto con su escrito de subsanación visible en el mismo
índice, 9_EXPEDIENTEDIGI_Demanda11Subsanacion_8_20250915105615244.
3
Mediante Resolución núm. 0057 del 23 de febrero de 2004, con fecha de inicio de actividad desde el 8 de marzo de
esa anualidad y hasta el 7 de marzo de 2005, siendo dado de alta como patrullero del nivel ejecutivo mediante
Resolución núm. 00669 del 8 de marzo de ese mismo año.
4
El actor adujo que “no fue culpa de los estudiantes el no ser escalafonados antes del 31 de diciembre de 2004, sino
que, por situaciones administrativas, inherentes al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional al no tener los recursos

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3. El día 17 de febrero de 2023, el actor solicitó su retiro voluntario, así como el
reconocimiento de la asignación de retiro, teniendo en cuenta que cumplía con 20
años, 7 meses y 25 días de servicio. Asimismo, solicitó a la institución policial
adelantar los trámites administrativos correspondientes para el reconocimiento y
pago de los meses de alta sustentado en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y
1213 de 1990 que consideró aplicables a su caso, pero su solicitud fue resuelta el 9
de abril5 de esa vigencia de manera desfavorable.

4. Posteriormente, la Policía Nacional retiró6 a unos miembros del personal
ejecutivo, entre ellos el accionante, sin derecho a los tres meses de alta y el 17 de
noviembre de 2023 le notificó a través de correo electrónico el oficio núm. 8450847.

5. Inconforme con lo anterior, el actor instauró una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho persiguiendo la nulidad
de los actos administrativos referidos8 ante el Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito Judicial de Facatativá, el cual, en providencia del 29 de abril de 20259, negó
lo pretendido, precisando que la norma aplicable al caso del accionante para efectos
de su asignación de retiro era el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 10, toda vez
que su ingreso a la Policía Nacional fue el 8 de marzo de 2005.

6. En consideración a la normativa citada, el a quo indicó que, toda vez que el
señor Cardozo Suarez se retiró por voluntad propia el 20 de junio de 2023, debía
contar con 25 años de servicios prestados, lo que de manera evidente no cumplió
pues solamente acreditó 20 años, 7 meses y 25 días. Aunado a lo expuesto,
señaló que el vínculo en condición de alumno de Escuela de Formación, contrario a
lo planteado por el actor, no constituía una relación laboral con la institución
castrense, ni lo hacía parte de su jerarquía.

7. La decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 24 de julio de 202511,
notificada el 31 de julio de esta anualidad12.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al: “debido proceso, la igualdad, la confianza legítima y seguridad jurídica, al acceso

económicos y logísticos para poder escalafonar a todos los estudiantes en la misma fecha fiscal, esto es, antes del 31
de diciembre de 2004, tuvo que discriminarlos en grupos, los primeros en la fecha antes mencionada y los otros el 08
de marzo de 2005.”
5
Mediante comunicado oficial número GS 2023-019717-APROP-GURET 13.0
6
Mediante Resolución núm. 1987 del 20 de junio de 2023.
7
En el cual, la Policía Nacional le precisó al actor que, teniendo en cuenta que su ingreso al escalafón del Nivel Ejecutivo
por incorporación directa se produjo el 08 de marzo de 2005 y la aplicación de lo establecido en el Decreto 754 del de
2019, se restringía al personal que se hubiese escalonado al servicio activo antes del 01 de enero de 2005, no era
viable acceder al reconocimiento de los meses de alta pretendidos. Esta decisión fue apelada por el actor ante la
institución policial, pero fue confirmada por esta mediante comunicado número GAG-SDP 435 del 14 de diciembre de
2023.
8
El actor solicitó por conducto de apoderado, la nulidad de los actos administrativos núm. 845084 del 16 de noviembre
de 2023, 848679 y 848680 de 5 de diciembre de 2023 y la Resolución núm.1987 de 20 de junio de 2023, así como el
artículo 1° del Decreto 754 de 2019 y a título de restablecimiento pidió el reconocimiento y pago de los 3 meses de alta
que no le fueron reconocidos en la Resolución núm. 1987 de 2023 sobre el último grado que ostentó en la institución.
9
Índice 34 del aplicativo SAMAI, exp. 11001 33-35-016-2024-00022-00
10
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
11
Índice 8 del aplicativo SAMAI, 17_110010315000202505725005MemorialWeb202591816587
12
Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 11001 33-35-016-2024-00022-01

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a prestaciones sociales y al acceso a la administración de justicia” por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

9. El actor alegó la existencia de varios defectos en la providencia, que sustentó de
la siguiente manera:

10. En primer lugar, reprochó la existencia de un defecto sustantivo porque en
su sentir, las autoridades judiciales le dieron una aplicación retroactiva a los Decretos
4433 de 2004 y 754 de 2019, lo que consideró va en contravía de los principios de
favorabilidad, legalidad y no regresividad. Asimismo, sostuvo que la decisión judicial
desconoció la incorporación directa y el ejercicio efectivo de funciones policiales,
confundiendo el ascenso en el escalafón con el inicio del servicio activo.

11. Además, adujo que el ad quem incurrió en una contradicción, al admitir que el
artículo 7 del Decreto 4433 permitía computar el tiempo de formación, pero a la vez
negó sus efectos jurídicos prestacionales, interpretación que consideró restrictiva y
trasgresora de la confianza legítima del accionante pues consideró que desconoce
el carácter vinculante de su relación con la institución desde el momento de ingreso.

12. En segundo lugar, el actor alegó la existencia de un defecto fáctico,
afirmando que la autoridad judicial ignoró como prueba relevante el hecho de que
todos los alumnos del curso de formación cumplieron los mismos requisitos. Esta
omisión probatoria, en su criterio, vulneró el principio de igualdad y desconoció el
impacto jurídico de una decisión administrativa que no dependía del comportamiento
del estudiante.

13. De otro lado, el actor alegó un defecto por desconocimiento del precedente,
señalando que el juez omitió aplicar una sentencia13 de esta corporación que
reconoció vicios de nulidad en el Decreto 4433 de 2004 y limitó su aplicación para
proteger derechos adquiridos conforme a la Ley 923 de 200414 y los Decretos 121215
y 121316 de 1990.

14. Asimismo, reprochó el uso inadecuado de la jurisprudencia contenida en la
Sentencia C-1214 de 200117, que se refiere a cadetes y oficiales en formación
universitaria, quienes no prestan servicio efectivo como policías, afirmando al
respecto, que el personal del Nivel Ejecutivo incorporado directamente sí cumple
funciones operativas desde su ingreso, lo que exigía una interpretación diferenciada.

15. Finalmente, el actor cuestionó que se ignoraran decisiones de tribunales
administrativos que reconocieron la asignación de retiro a alumnos del Nivel
Ejecutivo que ingresaron antes del 31 de diciembre de 2004. Sostuvo que, aunque
algunos fueron retirados por causas disciplinarias o administrativas, se les aplicó el

13
Consejo de Estado, Sentencia del 3 de septiembre de 2018, rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00, MP César
Palomino Cortés.
14
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”, que fue modificada y reglamentada
posteriormente por el Decreto 4433 de 2004.
15
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”- que en la actualidad
no se encuentra totalmente vigente, pues varios de sus títulos fueron sustituidos y modificados por el Decreto 41 de
1994 y el Decreto 4433 de 2004, que estableció un nuevo régimen para la asignación de retiro en la Policía Nacional.
16
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional”.
17
Corte Constitucional, Sentencia C-1214 de 2001, MP Alfredo Beltrán Sierra

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régimen anterior, evidenciando un vacío jurídico y un trato desigual frente a quienes
fueron escalafonados después.

2.3. Pretensiones

16. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«1. Solicito se amparen mis derechos fundamentales vulnerados, por la decisión
del honorable Consejo de Estado-Sección segunda. (SIC)

2. Solcito Que se ordene adoptar las medidas necesarias que reconozcan el
tiempo de servicio activo desde la incorporación directa del 8 de febrero de
2004, con aplicación del régimen prestacional vigente al momento de ingreso y
lo ordenado por el consejo de estado 00543 de 2018.

3. Que se ordene el reconocimiento de mis derechos de la asignación de retiro
con base en el régimen de los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

4. Solicito se disponga la protección de mis derechos frente a los efectos
económicos de la decisión que me negó la asignación de retiro, incluyendo
retroactividad, corrección monetaria e intereses, en la medida que corresponda
a la autoridad accionada para garantizar mis derechos fundamentales.

5. Que se reconozca el pago de los tres (3) meses de alta establecidos por la
normativa vigente y en protección de mis derechos fundamentales.

6. Que se ordene la corrección monetaria y los intereses moratorios conforme
al principio de reparación integral del perjuicio causado.

7. Solicito que se reconozca la no aplicabilidad del Decreto 754 de 2019,
considerando que mi ingreso fue por incorporación directa antes del 31 de
diciembre de 2004 y no fui escalafonado antes de esa fecha, en atención a mis
derechos fundamentales y a los principios de igualdad y legalidad.» (Sic en toda
la cita)

2.4. Intervenciones

17. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 16 de
septiembre de 202518 a través del cual se ordenó notificar a Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al “debido proceso, la igualdad, la confianza legítima y
seguridad jurídica, al acceso a prestaciones sociales y al acceso a la administración
de justicia”, supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia del 24 de julio de
2025 que confirmó la sentencia del 29 de abril de esta anualidad dictada por el
Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección
Segunda, que negó las pretensiones de la demanda, al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33-35-016-2024-00022-
00/01.

18. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia.

2.4.1. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,

18
Índice 4 del aplicativo SAMAI

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Sección Segunda19 solicitó declarar improcedente la acción constitucional o en su
defecto negar las pretensiones de esta. Sostuvo que el proceso fue tramitado
conforme a la normativa vigente, sin incurrir en ninguna arbitrariedad ni vulneración
de derechos fundamentales. Adicionalmente, remitió el vínculo de acceso al proceso,
que indicó, se encuentra al despacho desde el 18 de septiembre de 2025 para auto
de obedézcase y cúmplase.

2.4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “B”20, a través del magistrado Alberto Espinosa Bolaño, solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela o declararla improcedente, pues indicó que la
parte actora pretendía convertirla en un nuevo debate probatorio, en el que el juez
constitucional avale su sentir, cuando se encuentra debidamente probado que los
hechos y argumentos que la fundamentan fueron los mismos que se abordaron al
emitir la sentencia de segunda instancia.

19. Con relación a un fallo invocado por el actor, de características similares al
suyo, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué21 que
falló en sentido favorable en ese asunto, precisó que dicha decisión no se encuentra
en firme aún, por lo que no constituye en medida alguna un precedente aplicable al
caso. No obstante, recordó que el juez goza de un margen de discrecionalidad para
apreciar el derecho aplicable al caso, en ejercicio de su independencia y autonomía,
de conformidad con los artículos 228 y 230 constitucionales.

2.4.3 No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, con ocasión de la providencia del 24 de julio de 2025 que confirmó
la sentencia del 29 de abril de esta anualidad dictada por el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, que negó las
pretensiones de la demanda, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001 33-35-016-2024-00022-00/01, vulneró o no los
derechos fundamentales al “debido proceso, la igualdad, la confianza legítima y
seguridad jurídica, al acceso a prestaciones sociales y al acceso a la administración
de justicia” del señor Edwar Stiven Cardozo Suárez, al supuestamente incurrir en los
defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.

19
Índice 9 del aplicativo SAMAI
20
Índice 10 del aplicativo SAMAI
21
Rad. 73001-33-33-002-2024-00165-00

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3.3. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,

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que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 24
de julio de 202522 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 12 de septiembre
de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al al “debido proceso,
la igualdad, la confianza legítima y seguridad jurídica, al acceso a prestaciones
sociales y al acceso a la administración de justicia”, como consecuencia de los
presuntos defectos: sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente, los
cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

27. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional23 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa24, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva25, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

28. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

22
Notificada el 31 de julio de 2025.
23
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de
1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
24
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
25
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios».

29. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen

30. La Sala considera, que no se configuró en este asunto el defecto fáctico
alegado toda vez que el Tribunal valoró adecuadamente las pruebas, sin incurrir en
omisiones ni distorsiones, y su decisión se ajustó a los hechos y al derecho aplicable
al caso concreto.

31. En ese entendido, el ad quem concluyó luego de su análisis que no existía
evidencia suficiente para acreditar que el actor se encontraba en idénticas
condiciones a sus compañeros escalafonados antes del 31 de diciembre de 2004.
Así las cosas, la carga probatoria recaía sobre el demandante, quien no demostró
dicha equivalencia.

32. Al respecto, el Tribunal advirtió lo siguiente:

«[…] Pero es que es más, al verificar las pruebas que obran en el plenario, echa de
menos esta Corporación alguna probanza que permita determinar de manera
certera y real, que el demandante, pese a que afirma (en la demanda y en el recurso
de apelación) se encontraba en las mismas condiciones de aquellos compañeros
que fueron escalafonados antes del 31 de diciembre de 2004, no fue incorporado al
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, originándose así un trato desigual respecto
de aquellos incorporados; lo anterior si se tiene en cuenta que, esta escogencia
o el hecho de que se hubiesen escalafonado unos alumnos antes que otros,
pudo obedecer no solo a la disponibilidad de planta y presupuesto, sino a que
esas personas que se incorporaron el 8 de marzo de 2005, no acreditaran los
requisitos que la norma exige para el referido escalafonamiento de manera
anterior a esa fecha, lo cual no fue verificado y demostrado por la parte actora,
para poder entrar a establecer una posible vulneración del derecho a la
igualdad del actor. ». Negrillas y subrayas de la Sala.

33. Por lo expuesto, contrario a lo planteado por el señor Cardozo Suárez, la
decisión de la autoridad judicial no ignoró el contexto del escalafonamiento diferido
lo que desvirtúa la alegación de arbitrariedad o trato discriminatorio al actor.

34. Así las cosas, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de
un mismo conjunto de pruebas, que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo de

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los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.

35. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente
en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

36. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la lógica
y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los pronunciamientos de
la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como violatoria de derechos
fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se trata, simplemente, de
la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial26.

37. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez27, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso. Por lo tanto, para la Sala no se encuentra configurado
el defecto fáctico.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

38. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»28.

39. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del
alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

26 Sentencia T-106 de 2000.
27Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
28Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que
los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»29.

40. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el asunto
bajo examen

41. En primer lugar, contrario a lo planteado por el accionante respecto a que la
autoridad judicial accionada desconoció la incorporación directa y el ejercicio efectivo
de funciones policiales, confundiendo el ascenso en el escalafón con el inicio del
servicio activo, el Tribunal, sustentado en la jurisprudencia30 de esta corporación
precisó lo siguiente en la providencia:

«[…] el ingreso al escalafón del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional se da desde el

29
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William
Hernández Gómez, expediente 63001-23-33-000-2013-00178-01(0174-15).

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momento en que el estudiante, una vez aprobado el programa de la Escuela Nacional de
Policía “General Santander”, es incorporado formalmente a este nivel en el grado de
patrullero, por determinación del ministro de Defensa o del director general de la POLICÍA
NACIONAL.» Negrillas y subrayas de la Sala.

42. En ese entendido, el ad quem concluyó que:

«[…] Por consiguiente, el ingreso al escalafón del nivel ejecutivo del señor CARDOZO
SUAREZ no se dio el 8 de febrero de 2004 cuando ingresó a la Escuela de Formación,
pues durante ese periodo tenía la calidad de estudiante, y, por ende, no formaba parte
del Nivel Ejecutivo. Esto último solo ocurrió el 8 de marzo de 2005, cuando fue
incorporado de forma directa a ese nivel en el grado de Patrullero, tal como lo preveía la
redacción original del artículo 13 del Decreto 1791 de 2000.

Sobre este tópico, el Consejo de Estado ha sido claro en señalar que “(…) la fecha en que
se adquiere la calidad de alumno del Nivel Ejecutivo no es determinante en el ejercicio que
se está haciendo para concretar el régimen de asignación de retiro aplicable, sino que lo
es el momento en que se ingresa al escalafón, pues así lo prevé cada uno de los regímenes
vigentes (…)”31.» Negrillas y subrayas de la Sala.

43. En consideración a la fecha de ingreso al escalafón, el Tribunal precisó
acertadamente que el régimen aplicable al señor Cardozo Suárez era el previsto en
el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que exige 25 años de servicio en los casos
de retiro voluntario. Esta disposición se ajustó a los parámetros de la Ley 923 de
2004, sin que se advierta vulneración alguna al principio de favorabilidad ni
regresividad en la aplicación de la normativa.

44. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada determinó, que al contar el
accionante con 20 años, 7 meses y 25 días de servicio, no tenía derecho a que
CASUR le reconociera la asignación de retiro conforme a sus pretensiones, decisión
que no se advierte arbitraria o caprichosa, toda vez que estuvo legalmente
sustentada.

45. Por otro lado, el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 autoriza computar el
tiempo de formación como parte del tiempo total de servicio para efectos de
liquidación, pero como bien lo advirtió la autoridad judicial reprochada, ello no
implica que durante ese periodo el alumno tenga derecho a prestaciones
propias del personal escalafonado.

46. En consecuencia, el Tribunal no incurrió en contradicción alguna, sino que
aplicó correctamente la diferencia entre tiempo computable y pertenencia formal a la
jerarquía institucional, la cual solo se adquiere mediante acto administrativo de
incorporación.

47. Finalmente, como se expuso en precedencia, la incorporación directa alegada
por el actor no se produjo antes del 31 de diciembre de 2004, por lo que no puede
acogerse al régimen transitorio previsto en el Decreto 754 de 2019, pese a que el
actor solicitó en sus pretensiones que se le «inaplique» el decreto citado. Así las
cosas, el Tribunal fue claro en señalar que el escalafonamiento formal se dio en
2005, y no durante el periodo de formación como alumno.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de octubre de 2023, rad.
núm. 11001-03-15-000 2023-04602-00

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48. En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis adecuado de las disposiciones legales que rigen las
asignaciones de retiro en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, motivo por el cual,
esta Subsección no encuentra configurado el defecto sustantivo alegado.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

49. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189632, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

50. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

51. Respecto del precedente vertical33, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

52. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso34.

53. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación35.

54. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6.1. Análisis de la presunta configuración del defecto por desconocimiento
del precedente en el asunto bajo examen

32 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
33 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
34 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
35 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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55. La Sala considera que no se configuró el defecto por desconocimiento del
precedente, toda vez que el Tribunal valoró expresamente el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto.

56. En primer lugar, la autoridad judicial advirtió que la Corte Constitucional en
Sentencia C - 1214 de 2001, precisó que:

«[…] los estudiantes o alumnos de las escuelas de formación de la Policía Nacional
no hacen parte de la jerarquía de la institución, dada su condición de Cadetes y
Alféreces.” Negrillas y subrayas de la Sala.

57. En ese sentido, el planteamiento del actor respecto a que la providencia solo
aplica a los cadetes y alféreces y no a él en su calidad de estudiante de la escuela
de formación en ese momento, es bastante débil y carece de todo asidero.

58. Por otro lado, la sentencia36 invocada de esta corporación no resultaba
vinculante a su caso concreto, pues el actor no estaba en servicio activo al 31 de
diciembre de 2004. Adicionalmente, el Tribunal no desconoció decisiones
administrativas previas, sino que las distinguió por tratarse de casos con condiciones
fácticas distintas.

59. Así las cosas, en el presente asunto, el actor no acreditó haber sido
escalafonado antes del 31 de diciembre de 2004, ni que su situación fuera
equiparable a la de quienes sí accedieron al régimen anterior, como se expuso en el
defecto fáctico.

60. En consideración de lo anterior es evidente que la autoridad judicial accionada
no incurrió en el defecto alegado, pues analizó detalladamente el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto, incluyendo la Ley 923 de 2004 y los Decretos
1212, 1213 de 1990 y 132 de 1995.

61. En consecuencia, esta Sala advierte que se negarán las pretensiones de la
acción de tutela, por no configurarse los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Edwar Stiven Cardozo
Suárez por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

36
Consejo de Estado, sentencia del 3 de septiembre de 2018, rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00, MP César
Palomino Cortés.

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Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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