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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05725-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05725-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Edwar Stiven Cardozo Suárez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05725-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05725-01
Accionante: EDWAR STIVEN CARDOZO SUÁREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial — revoca decisión que negó
el amparo solicitado — declara improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 16 de septiembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional,
y mediante la providencia del 20 de octubre del mismo año se concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Edwar Stiven Cardozo Suárez, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca3. Con la solicitud de amparo
pretende que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar

que se notificó como accionada a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y se dispuso la vinculación de la Policía Nacional, de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, del Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Si bien en el escrito de tutela la parte actora indica que la parte accionada es el Consejo de

Estado, de la revisión de la sentencia cuestionada, se evidencia que la providencia del 24 de julio
de 2025 fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Accionante: Edwar Stiven Cardozo Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05725-01

proceso, a la «confianza legítima y seguridad jurídica», al «acceso a las
prestaciones sociales» y a la «justicia».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la
sentencia del 24 de julio de 2025 proferida por la autoridad judicial accionada al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001 33-35-016-2024-00022-00/01. Mediante dicha
providencia se confirmó el fallo del 29 de abril del mismo año, dictado por el
Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las
pretensiones de la demanda.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Solicito se amparen mis derechos fundamentales vulnerados, por la
decisión del honorable Consejo de Estado-Sección segunda.

2. Solcito Que se ordene adoptar las medidas necesarias que reconozcan el
tiempo de servicio activo desde la incorporación directa del 8 de febrero de
2004, con aplicación del régimen prestacional vigente al momento de ingreso
y lo ordenado por el consejo de estado 00543 de 2018.

3. Que se ordene el reconocimiento de mis derechos de la asignación de
retiro con base en el régimen de los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

4. Solicito se disponga la protección de mis derechos frente a los efectos
económicos de la decisión que me negó la asignación de retiro, incluyendo
retroactividad, corrección monetaria e intereses, en la medida que
corresponda a la autoridad accionada para garantizar mis derechos
fundamentales.

5. Que se reconozca el pago de los tres (3) meses de alta establecidos por
la normativa vigente y en protección de mis derechos fundamentales.

6. Que se ordene la corrección monetaria y los intereses moratorios
conforme al principio de reparación integral del perjuicio causado.

7. Solicito que se reconozca la no aplicabilidad del Decreto 754 de 2019,
considerando que mi ingreso fue por incorporación directa antes del 31 de
diciembre de 2004 y no fui escalafonado antes de esa fecha, en atención a
mis derechos fundamentales y a los principios de igualdad y legalidad4.

1.2. Hechos

4. El señor Edwar Stiven Cardozo Suárez ingresó a la Policía Nacional como
alumno el 8 de marzo de 2004, y fue escalafonado a patrullero del nivel ejecutivo
el 8 de marzo de 2005.

5. El 17 de febrero de 2023, el actor le solicitó a la autoridad referida: (i) el
retiro voluntario de la entidad, y (ii) el reconocimiento de la asignación de retiro y
el pago de los meses de alta en virtud de la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212

4 Transcripción literal del escrito de tutela.

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y 1213 de 1990.

6. Por medio de la Resolución 1987 del 20 de junio de 2023, la Policía
Nacional retiró de la entidad a ciertos miembros del personal ejecutivo, incluido
el señor Cardozo Suárez, sin derecho a los tres meses de alta. En particular, se
le explicó al tutelante que el reconocimiento de lo solicitado dependía de haber
escalafonado al servicio activo del nivel ejecutivo antes del 1º de enero de 20055.

7. El 28 de enero de 2024, el accionante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional –en adelante CASUR–, con el fin de que se declararan nulos los actos
administrativos mencionados6 y se le reconociese la asignación de retiro
correspondiente.

8. Al medio de control se le asignó el radicado 11001 33-35-016-2024-00022-
00 y le correspondió al Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
quien, mediante la providencia del 29 de abril de 2024, negó las pretensiones de
la demanda. En concreto, señaló que los requisitos contenidos en el artículo 25
del Decreto 4433 de 20047 son aplicables al caso concreto, teniendo en cuenta
que el demandante ingresó por incorporación directa a la Policía Nacional el 8 de
marzo de 2005. Esto es, después de la entrada en vigencia de la Ley 923 de
20048 (31 de diciembre de 2004).

9. En ese orden, concluyó que el señor Cardozo Suárez no cumplió con los
25 años de servicio que exige la norma referida, puesto que, a la fecha de retiro
(20 de junio de 2023), únicamente contaba con 20 años, 7 meses y 25 días de
servicio prestado.

10. Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del juzgado9, el cual fue resuelto a través del fallo del 24 de julio de
2025, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de primera instancia.

5 Dado que ingresó al servicio el 8 de marzo de 2005, no le asistía el reconocimiento de esa suma

de dinero. Dicha decisión de la Policía Nacional fue tomada a través del Oficio núm. 845084 del
16 de noviembre de 2023 y confirmada por el Comunicado núm. GAG-SDP 435 del 14 de
diciembre de 2023.
6 Entre otros, la Resolución núm. 1987 del 20 de junio de 2023 y el Oficio núm. 845084 del 16 de

noviembre de 2023.
7 ARTÍCULO 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los Oficiales y

el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha
de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de
veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica,
o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados
en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro […]
8 Ley modificada y reglamentada por el Decreto 4433 de 2004.
9 En síntesis, sostuvo que el a quo desconoció que el ingresó a la entidad demandada como

alumno ejecutivo desde antes de la vigencia de la Ley 923 de 2004, y, en todo caso, indicó que
el tiempo de servicio incluye el de formación.

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11. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y del Consejo
de Estado11, se explicó que el periodo en el que el demandante estuvo como
alumno no puede considerarse como tiempo de servicio, dado que los
estudiantes no son miembros activos y no hacen parte de la jerarquía de la
institución.

12. Así las cosas, coincidió con el a quo al concluir que, a la fecha de su retiro
de la Policía Nacional, el señor Cardozo Suárez no cumplió con los 25 años de
servicio requeridos para acceder a la asignación de retiro pretendida, conforme
a lo establecido en el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004. Ello, pues no se
puede tener como fecha de ingreso a la entidad el día que empezó como alumno,
sino que debe partirse desde cuando fue escalafonado y, efectivamente, ingresó
al nivel ejecutivo de la autoridad demandada (8 de marzo de 2005).

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte actora afirmó que, al proferirse la sentencia controvertida, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial, a saber:

1. Defecto sustantivo: Se confunde el escalafonamiento con el servicio
activo, negando efectos jurídicos a una vinculación efectiva mediante
incorporación directa y cumplimiento de funciones policiales reales.

2. Defecto fáctico: El juez ignora prueba aportada que demuestra que todos
los alumnos del curso cumplieron los mismos requisitos, y que el
escalafonamiento diferido fue una decisión administrativa no atribuible al
estudiante.

3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial: Se omite aplicar la
sentencia 00543 de 2018 del Consejo de Estado, que reconoce vicios de
nulidad del Decreto 4433 de 2004 y limita su aplicación12.

14. Además, manifestó que la providencia cuestionada transgredió los
principios de favorabilidad, legalidad, no regresividad y la igualdad. Esto, puesto
que se aplicó retroactivamente a su caso una norma más gravosa (Decreto 4433
de 2004) y se «valida un un trato desigual entre alumnos en idénticas condiciones
sin justificación objetiva, legal ni proporcional».

15. Por otro lado, indicó que se interpretó inadecuadamente lo planteado en
la sentencia C-1214 de 2001 de la Corte Constitucional, debido a que ahí queda
claro que el personal del nivel ejecutivo desde su ingreso como alumno cumple
con funciones operativas, lo que exigía un trato diferenciado.

16. Asimismo, puso de presente que se omitió el estudio de diferentes fallos

10 Corte Constitucional, sentencia C-1214 de 2001.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018,

M.P. César Palomino Cortés, rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00.
12 Transcripción literal del escrito de tutela.

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de tribunales administrativos13 que, aplicando el régimen anterior, reconocen la
asignación de retiro a miembros de la Policía Nacional que ingresaron a las
escuelas de formación del nivel ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004.

17. Finalmente, se destaca que el actor presentó múltiples argumentos para
sustentar por qué: (i) tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación de
retiro, en virtud de los Decretos 121214 y 121315 de 1990, y (ii) no le es aplicable
a su caso el Decreto 4433 de 2004.

1.4. Intervenciones

18. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones. Consideró que la parte actora
pretende reabrir el debate jurídico, legal y probatorio, dado que la discusión acá
presentada es la misma que se elevó en la sede ordinaria.

19. Ahora bien, respecto del fallo del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué, destacó que los operadores judiciales gozan de
autonomía e independencia judicial, y, en todo caso, la sentencia del juzgado no
comporta un precedente judicial.

20. El Juzgado 16 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, luego
de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el medio de control
cuestionado, adujo que no vulneró derecho fundamental alguno del actor.

21. Tanto el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional como
CASUR solicitaron que se niegue el amparo solicitado, en razón a que las
autoridades judiciales actuaron correctamente sin vulnerar las garantías
constitucionales del accionante.

1.5. Sentencia de primera instancia

22. Mediante el fallo del 2 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Después de
encontrar superados todos los requisitos generales de procedibilidad, concluyó
que el tribunal accionado no incurrió en ninguno de los defectos invocados.

23. Lo anterior, debido a que: (i) valoró adecuadamente las pruebas obrantes
en el expediente; (ii) aplicó correctamente las disposiciones legales que rigen las
asignaciones de retiro en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, puesto que el
tiempo de servicio activo empieza a correr a partir del acto administrativo que

13 No hizo referencia a ninguna sentencia en específico de algún tribunal, pero trajo a colación

una providencia dictada el 9 de julio de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué.
14 No se encuentra totalmente vigente, debido a que el Decreto 4433 de 2004 estableció un nuevo

régimen para la asignación de retiro de la Policía Nacional.
15 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional».

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disponga la pertenencia formal a la jerarquía institucional; y (iii) la providencia
alegada como desconocida16 no le es aplicable al actor, dado que él no estaba
en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, y carece de carga argumentativa
el reproche de la debido aplicación de la sentencia C-1214 de 2001.

1.6. Impugnación

24. El señor Edwar Stiven Cardozo Suárez sostuvo que el fallo impugnado
interpretó indebidamente el concepto de «servicio activo», a sabiendas que él
ingresó a la escuela de la Policía Nacional por incorporación directa el 8 de
febrero de 2004. Por ende, debe tenerse en cuenta el tiempo que estuvo como
estudiante a efectos de reconocerle su asignación de retiro.

25. Además, cuestionó que múltiples compañeros fueron escalafonados al
cumplir 9 meses de formación, mientras que él tuvo que esperar 13 meses. De
ahí que hubo un trato discriminatorio, pese a que existía una igualdad material
en las condiciones de los estudiantes.

26. De otro lado, insistió que existen sentencias en las que se ha accedido a
la asignación de retiro de personal que ingresó a las escuelas de formación de la
institución antes del 31 de diciembre de 2004, a saber: (i) providencia dictada el
9 de julio de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué17, (ii) decisiones del 21 de enero18 y 9 de septiembre de 202119, proferidas
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

27. En consecuencia, solicitó que se amparen los derechos fundamentales
invocados y se ordene «a la Policía Nacional y a las entidades competentes
realizar las acciones necesarias para reconocerme el derecho a la asignación de
retiro, en igualdad de condiciones con mis compañeros que sí fueron
escalafonados oportunamente».

II. CONSIDERACIONES

28. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela. En
tal sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de
la relevancia constitucional.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018,

M.P. César Palomino Cortés, rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00.
17 Radicado 73001-33-33-002-2024-00165-00.
18 Radicado 63001-23-33-000-2017-00469-01.
19 Radicado 20001-23-33-000-2018-00133-01.

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2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

29. El Consejo de Estado20 y la Corte Constitucional21, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales22 y a la configuración de algún
defecto especial23 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

31. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

32. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que el señor Edwar Stiven Cardozo Suárez está
legitimado en la causa por activa, porque integra la parte demandante dentro del
medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta
vía. Por otro lado, se evidencia que la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca está legitimada en la causa por pasiva
por haber proferido la decisión cuestionada a través del presente trámite.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
21 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
22 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
23 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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34. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional24, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

35. En este caso, la parte tutelante afirmó que, al proferir la sentencia del 24
de julio de 2025, el tribunal accionado incurrió en los defectos sustantivo, fáctico
y por desconocimiento del precedente judicial (ver acápite 1.3. de la presente
providencia).

36. En síntesis, cuestionó que se haya aplicado a su caso concreto el Decreto
4433 de 2004 como norma que rige el reconocimiento de la asignación de retiro
de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que ingresaron a
prestar sus servicios activamente a partir del 1º de enero de 2005. Ello, teniendo
en cuenta que, a juicio del accionante, el tiempo de servicio que prestó incluye el
periodo en el que se desempeñó como estudiante de la institución. Por ende,
consideró que debió reconocérsele la prestación solicitada, en virtud de los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, disposiciones que eran aplicables para los
miembros del servicio activo que ingresaron a la entidad antes del 31 de
diciembre de 2004.

37. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora pretende reabrir un
debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa, sin que medie una
justificación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías
constitucionales.

38. En primer lugar, respecto al defecto sustantivo, se evidencia que el
accionante pretende convertir este trámite constitucional en una instancia
adicional, dado que: (i) se limitó a plantear un debate meramente legal, y (ii) los
argumentos traídos en esta sede son una reiteración de los presentados en el
transcurso del proceso ordinario, los cuales fueron estudiados por la autoridad
judicial accionada.

39. De hecho, en virtud de la jurisprudencia y la normativa aplicable, el tribunal
demandado hizo énfasis en que «la fecha en que se adquiere la calidad de
alumno del Nivel Ejecutivo no es determinante en el ejercicio que se está
haciendo para concretar el régimen de asignación de retiro aplicable, sino que lo

24 Sentencia SU-215 de 2022.

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es el momento en que se ingresa al escalafón, pues así lo prevé cada uno de los
regímenes vigentes».

40. En segundo lugar, con relación a los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial, se advierte que no se cumplió con la
carga mínima argumentativa requerida para la procedencia excepcional de esta
acción constitucional. Esto, pues el actor se limitó a asegurar que se ignoró una
prueba, pero sin identificarla plenamente, y, a pesar de que haya puesto de
presente algunas sentencias del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, no expuso por qué
los demás casos tenían identidad fáctica con el suyo ni cuales eran las reglas
jurisprudenciales que el tribunal demandado debió aplicar.

41. De igual forma, se destaca que, frente al cargo del actor de haber sido
discriminado por encontrarse en las mismas condiciones de sus compañeros que
fueron escalafonados en menos tiempos que él, la autoridad judicial accionada
concluyó que «el hecho de que se hubiesen escalafonado unos alumnos antes
que otros, pudo obedecer no solo a la disponibilidad de planta y presupuesto,
sino a que esas personas que se incorporaron el 8 de marzo de 2005, no
acreditaran los requisitos que la norma exige para el referido escalafonamiento
de manera anterior a esa fecha, lo cual no fue verificado y demostrado por la
parte actora, para poder entrar a establecer una posible vulneración del derecho
a la igualdad del actor».

42. Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por
la parte actora reflejan una mera inconformidad con los criterios adoptados por el
tribunal, debido a que no accedió a las pretensiones propuestas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, de lo cual no se deriva una
verdadera cuestión de relevancia constitucional que justifique la intervención del
juez de tutela.

43. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.

2.2. Conclusión

44. Así las cosas, la Sala revocará el fallo del 2 de octubre de 2025 dictado
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de
tutela.

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Accionante: Edwar Stiven Cardozo Suárez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05725-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia,
DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Edwar Stiven Cardozo Suárez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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