Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05729-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05729-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05729-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05729-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema
2: desconocimiento de precedente judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por Ángel Antonio Acevedo Martínez en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Ángel Antonio Acevedo Martínez, por conducto de apoderada judicial,
presentó escrito de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025 proferida dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 11001-33-35-011-2019-00476-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2. Mediante sentencia del 26 de octubre de 2017, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de los fallos del 19 de abril de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (60-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
2006 y 19 de octubre de 2006, proferidos por la Procuraduría Provincial de San Gil
y la Regional de Santander, mediante los cuales se sancionó al señor Ángel Antonio
Acevedo Martínez con destitución del cargo de alcalde del municipio de Socorro
(Santander) e inhabilidad general por el término de 10 años. Adicionalmente,
ordenaron, a título de restablecimiento del derecho, condenar a dicha entidad a
pagar el valor de los factores y emolumentos legales dejados de percibir desde la
efectiva ejecución de la sanción hasta la terminación de su periodo constitucional
como alcalde del municipio de Socorro.
3. El señor Ángel Antonio Acevedo Martínez promovió demanda ejecutiva con
fundamento en la sentencia del 26 de octubre de 2017, con el objeto de que se
pagaran las siguientes sumas: (i) $78.376.457, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos que dejó de percibir desde noviembre
de 2006 hasta diciembre de 2007, y (ii) $36.885.850, equivalente a 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo, por concepto de capital
adeudado más intereses moratorios. Además, pidió el pago de 1.5 veces el interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, causado sobre
las sumas anteriores y hasta su pago total.
4. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 11 Administrativo de
Bogotá, que, el 12 de noviembre de 2020, libró mandamiento de pago en contra de
la Procuraduría General de la Nación y a favor del ejecutante.
5. La Procuraduría General de la Nación propuso la excepción de pago total de la
obligación, con fundamento en la Resolución núm. 180 del 15 de abril de 2020,
mediante la cual, en cumplimiento de la sentencia del 26 de octubre de 2017,
reconoció y ordenó el pago de $116.605.906 en favor de Ángel Antonio Acevedo
Martínez.
6. Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2023, el juzgado declaró probado el
pago parcial de la obligación demandada, ordenó seguir adelante la ejecución en
la forma prevista en la parte motiva y que, una vez en firme esa decisión, cualquiera
de las partes presentara la liquidación del crédito. El juzgado precisó que no era
procedente imputar el pago parcial realizado por la Procuraduría General de la
Nación de la forma prevista por el artículo 1653 del Código Civil, esto es, primero a
intereses y luego a capital, por cuanto, en su concepto, tratándose de condenas
contra entidades estatales, debía aplicarse lo dispuesto en el Decreto 01 de 1985
y la Ley 1437 de 2011, en lo que respecta al pago de sentencias condenatorias.
7. Consideró que, conforme a las liquidaciones practicadas por la Oficina de
Apoyo de los juzgados administrativos, a título de prestaciones sociales, indexación
e intereses de mora, al ejecutante se le adeudaba la suma $32.374.412 y por
concepto de aportes a seguridad social la suma de $420.777.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
8. Las partes interpusieron recursos de apelación. El accionante, por la falta de
aplicación del artículo 1653 del Código Civil y, la Procuraduría General de la Nación,
porque estimó que debía declararse probada la excepción de pago de manera total
y no parcial de la obligación.
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 6 de agosto de 2025, confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia en el sentido de modificar el ordinal segundo, para ordenar seguir
adelante con la ejecución, por la suma de $25.671.963,97 por concepto de
intereses. La autoridad judicial consideró que no era aplicable el artículo 1653 del
Código Civil y que, contrario a lo considerado por el ejecutante, el pago parcial
debía imputarse primero al capital y no a los intereses.
2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
10. El señor Ángel Antonio Acevedo Martínez solicitó en el escrito de tutela lo
siguiente:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
seguridad jurídica de la parte accionante.
SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C, con ponencia de la Magistrada Graciela Tangarife Betancourt, con
fecha del 6 de agosto de 2025, en el proceso ejecutivo con radicado No. 11001-33-
35-011-2019-00476-01.
TERCERA. ORDENAR a la Sección Segunda – Subsección C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva sentencia de segunda
instancia en la que aplique la regla de imputación de pagos prevista por el artículo
1653 del Código Civil, esto es, imputando el pago parcial realizado por la
Procuraduría General de la Nación el 6 de mayo de 2020 primero a intereses y luego
a capital1.
11.Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
providencia objeto de tutela desconoció el precedente judicial, al considerar que
omitió tener en cuenta que no existía trámite de sentencia de unificación frente al
tema de cómo debían imputarse los pagos parciales que realicen las entidades
estatales.
12.Además, adujo que, si bien no existía una sentencia de unificación en la
materia, había múltiples providencias de la Sección Segunda del Consejo de
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Estado2 en las que se señala que sí es aplicable la regla de imputación de pagos
consagrada por el artículo 1653 del Código Civil, esto es, que los pagos parciales
se imputen primero a intereses y luego a capital. En esas decisiones, sostuvo, se
ha precisado lo siguiente:
(i) Las normas acerca de la forma de pago, tanto del CCA como del CPACA,
no señalan una regla de imputación de pagos, y ante ese vacío normativo
es necesario aplicar la norma que rige tal situación, como lo era el artículo
1653 del Código Civil.
(ii) El artículo 2235 del Código Civil define el anatocismo como la causación
de intereses sobre intereses y de forma enfática lo prohíbe. Sin embargo,
imputar pagos parciales primera a intereses y luego a capital no es una
forma de permitir el anatocismo, dado que los intereses que se general
luego de imputar primero a intereses y luego a capital, se causan sobre el
capital restante, no sobre los intereses que se habían generado.
2.3. Trámite procesal
13. El despacho ponente, mediante auto del 17 de septiembre de 20253, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, al Juzgado 11
Administrativo de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación. Adicionalmente,
requirió el expediente con radicado núm. 11001-33-35-011-2019-00476-00/01; y
tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela.
2.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C4, solicitó que se negara la acción de tutela, con fundamento en que,
contra lo alegado por el accionante, esa autoridad judicial hizo un estudio juicioso
de las pruebas a partir de las cuales concluyó que las pretensiones no estaban
llamadas a prosperar. Adujo que el hecho de que el actor no compartiera la decisión
no implicaba una vulneración de derechos fundamentales.
15. La Procuraduría General de la Nación5 pidió la desvinculación del trámite de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto las pretensiones
2
Relacionó las siguientes sentencias dictadas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: (i) del 22 e febrero de 2024, proceso radicado núm. 25000-23-42-000-2017-01451-01; (ii) del 25 de
enero de 2024, proceso radicado núm. 25000-23-42-000-2017-04186-01; (iii) del 15 de febrero de 2024,
proceso radicado núm. 25000-23-42-000-2015-01326-01; (iv) del 30 de noviembre de 2023, proceso radicado
núm. 25000-23-42-000-2015-01039-01; (v) del 8 de agosto de 2024, proceso radicado núm.68001-23-33-000-
2014-0918-02; (vi) del 18 de julio de 2024, proceso radicado núm. 05001-23-33-000-2019-01693-02; (vii) del
26 de junio de 2025, proceso radicado núm. 47001-23-33-000-2019-00353-01.
3 Samai, índice 6, certificado 8D38E3B96940653E 434BA140822967B2 BE110CCF3190B57A
77C3B2FEE2AE60BD.
4
Samai, índice 10, certificado
5 Samai, índice 11, certificado 774D6444F149F6C5 D9CACDE59D50A10D AC71EDD42CDF1CD2
C9F3ABD941470ECC.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
se dirigían contra decisiones dictadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
3.2. Legitimación en la causa
17. La legitimación en la causa por activa del señor Ángel Antonio Acevedo
Martínez se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el
proceso ejecutivo en el que se dictó la sentencia del 6 de agosto de 2025, objeto
de tutela, y, por lo tanto, es titular de los derechos que consideraron fueron
vulnerados.
18. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, porque fue la
autoridad que profirió el fallo del 6 de agosto de 2025 que, según afirmó la parte
tutelante, quebrantó sus derechos fundamentales.
19. Por otro lado, se advierte que la Procuraduría General de la Nación solicitó su
desvinculación, al considerar que las pretensiones de la acción de tutela se dirigían
expresamente contra decisiones dictada por autoridad judicial, que era la llamada
a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el accionante.
20. Al respecto, la Sala aclara que la vinculación de dicha entidad al presente
trámite fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción, toda vez que actuó como parte ejecutada dentro del proceso
ejecutivo con radicación núm. 11001-33-35-011-2019-00476-01. Por los motivos
expuestos, se negará la solicitud de desvinculación.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
21. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional7.
22. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
23. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
24. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
17.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
18. Asípues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»13;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
19. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión se configuró un desconocimiento del precedente judicial que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
20. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
21. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la providencia proferida el 6 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue notificada el 11 de agosto de
202514, y el escrito de tutela se presentó el 12 de septiembre de 202515, esto es,
dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 16 y el
Consejo de Estado17 como razonable.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Samai, exp11001-33-35-011-2019-00476-01, índice 29.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05227-00, índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
22. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ejecutivo, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
23. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ejecutivo.
24. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala decidir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, incurrió en desconocimiento de precedente
judicial del Consejo de Estado y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad del accionante.
3.5. Estudio de las causales específicas de procedencia
3.5.1. El desconocimiento del precedente judicial
26. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas18.
27. Al respecto, la Corte Constitucional19 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
18 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce
el precedente horizontal».
19 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de
los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen
el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es
un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales20.
28. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia21.
29. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»22.
30. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
20 Se transcribe incluso con errores.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela23.
31. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación24.
32. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.6. Caso concreto
33. En el asunto bajo estudio, el señor Ángel Antonio Acevedo Martínez cuestionó
la sentencia del 6 de agosto de 2025, que dictó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 11001-33-35-011-2019-00476-01.
34. A juicio de la parte actora, el Tribunal desconoció el precedente judicial del
Consejo de Estado, que ha precisado que es aplicable la regla de imputación de
pagos consagrada en el artículo 1653 del Código Civil, esto es, que los que sean
parciales se imputen primero a intereses y luego a capital.
35. Pues bien, revisada la providencia del 6 de agosto de 2025, se advierte que el
Tribunal, respecto de la aplicación del artículo del Código Civil al caso concreto,
inició por precisar que, por regla general en las condenas impuestas por la
jurisdicción contencioso-administrativa, se imponía al Estado la obligación de
entregar sumas de dinero por concepto de capital y, una vez ejecutoriada la
sentencias, por disposición legal se causaban los intereses hasta la fecha en que
se pagara totalmente la obligación de conformidad con los artículos 177 del CCA o
192 del CPACA, según fuera el caso.
23 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos
similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de
un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas
a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o
suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden
garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia
de los operadores judiciales.»
24 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
36. Expuso que cuando esas condenas se pagan de manera parcial, existe
disparidad de criterios al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado
frente a determinar si en esos casos se debía dar o no aplicación al artículo 1653
del Código Civil. Ante esa diferencia de criterios, advirtió que en auto del 6 de junio
de 2019 esa Sección avocó conocimiento con el fin de proferir sentencia de
unificación para resolver, entre otros aspectos, si debía o no aplicar la citada norma
y, para tal fin, planteó las siguientes tesis:
«Tesis uno: Los pagos que se efectúan a capital deben imputarse primero a intereses
en los términos del art. 1653 del código civil, como quiera que la obligación que tienen
las entidades de pagar intereses moratorios, se rige por el principio de igualdad, de tal
manera que el estado debe cumplir sus obligaciones dinerarias en los mismos términos
que se exige para los particulares.
Tesis dos: Los pagos que se efectúan a capital deben mantener tal carácter. Ello
porque en los procesos ejecutivos derivados de sentencias que reconocen derechos
pensionales no tiene cabida la institución de las obligaciones reguladas por el Código
Civil, toda vez que su aplicación conllevaría a la capitalización de intereses
«anatocismo»; práctica que está prohibida en el ordenamiento legal.»
37. Sin embargo, sostuvo que como a la fecha no había sido proferida la decisión
de unificación, procedía a realizar el siguiente análisis:
Los valores que el ejecutante pretende le sean cancelados por la administración
por concepto de diferencias indexadas, intereses moratorios y daño moral son
obligaciones que no surgieron entre particulares, regulación que trae para esos
asuntos el Código Civil en el citado artículo.
En este caso, por tratarse de un proceso ejecutivo derivado de una condena de
carácter laboral impuesta a la administración por esta jurisdicción y que deviene de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, su singularidad da lugar a la
aplicación de las normas propias de esta jurisdicción, bien sea el Decreto 01 de 1984
o la Ley 1437 de 2011 según corresponda, que regulan el tema de las obligaciones
exigibles frente al Estado y que afectan el patrimonio público. Solo en los vacíos
procesales y no sustanciales, estas normas permiten la remisión a otro estatuto como
el Código Civil.
Así mismo, si bien es cierto las pretensiones van encaminadas a reclamar obligaciones
dinerarias que deben ser canceladas como consecuencia de una condena judicial a
través del proceso ejecutivo, medio de control idóneo para cobrarla, también lo es que,
de efectuar esta clase de imputación de pagos, se haría más gravosa la situación de
la administración. En particular, debe atenderse el principio de sostenibilidad fiscal
para no afectar las finanzas públicas del Estado que, dada su connotación y finalidad,
tiene protección constitucional.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
38. A partir de lo anterior, el Tribunal consideró que contrario a lo alegado por el
accionante, la imputación del pago debía efectuarse primero a capital y no a
intereses, apoyó dicho argumento en una providencia de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado25 en la que se indicó:
«[…]» 144. Este resumen de la historia de los conflictos suscitados por el Estado y los
particulares permite deducir que la existencia de obligaciones a cargo de este,
derivadas de condenas judiciales, solo se reconoció hasta 1998, lo cual, a su vez,
ratifica que las normas generales de obligaciones previstas en el Código Civil se
dirigían única y exclusivamente a las relaciones jurídicas entre particulares. «[…]»
39. Aclaró que, si bien el pronunciamiento citado hacía alusión a la aplicación del
artículo 1653 del Código Civil en la ejecución de asuntos pensionales, resultaba
aplicable al caso objeto de estudio, dado que analizó en general la historia de los
conflictos suscitados entre los particulares y el Estado y la existencia de
obligaciones a cargo de este último.
40. Ahora bien, a juicio del accionante el Tribunal desconoció el precedente judicial
del Consejo de Estado y, para el efecto, citó varias sentencias de la Subsección A
de la Sección Segunda de esta Corporación, en las que se dispuso que el artículo
1653 del Código Civil era aplicable para determinar la imputación de pagos
efectuados por el Estado. Al respecto, conviene precisar que dichas decisiones
fueron adoptadas en el marco de procesos ejecutivos relacionados con el
cumplimiento de sentencias que reconocen derechos pensionales. En
consecuencia, no se trata de supuestos fácticos semejantes al presente caso, razón
por la cual no constituyen precedente judicial.
41. Además, debe destacarse que, en todo caso, esa posición no es pacífica, por
cuanto se contrapone con el criterio sostenido por esta Subsección, según el cual,
el artículo 1653 del Código Civil no puede aplicarse de manera automática a
asuntos pensionales, en atención al principio de sostenibilidad del sistema de
seguridad social y a la diferencia entre las relaciones jurídicas de derecho privado
y las que surgen del reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Estado.
42.En esa línea, esta Subsección ha estimado que el mencionado artículo 1653
regula la imputación de pagos en el ámbito de las relaciones entre particulares,
mientras que en las condenas impuestas contra el Estado rigen los intereses
moratorios previstos en los artículos177 del CCA o 192 del CPACA. Así lo ha
expresado26:
25
Consejo de Estado. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-
2022). Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
26 Sentencia del 30 de mayo de 2024. Proceso radicado núm. 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
146. Sin embargo, para la Sala, el artículo 1653 del Código Civil no puede aplicarse
automáticamente en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 153 de
1887, especialmente cuando se trata de asuntos pensionales, pues esta última
establece una regla de aplicación normativa que parte de la existencia de materias
semejantes y, para estos casos, se encuentran diferencias sustanciales como la
relación jurídica [Estado - particular] y la naturaleza de la obligación principal que debe
satisfacerse, como es el pago de mesadas pensionales [retroactivo e indexación].
(…)
148. Ello permite a esta Sala afirmar que, si bien es cierto que se puede acudir a
normas generales para resolver situaciones jurídicas específicas, como en el caso de
las obligaciones cuando el Estado funge como deudor, también lo es que, en cada
caso, como es el de las pensiones, debe verificarse si el tenor literal de esa norma
[artículo 1653] se acompasa con las reglas previstas en la Constitución Política y en
los principios que rigen el Sistema de Seguridad Social en Colombia en la actualidad.
149. Como se indicó inicialmente, en aquellos casos en los que se profiere una
condena judicial en contra del Estado, se reconoce el derecho fundamental a la
seguridad social al ordenar reconocer o reliquidar una pensión; para el caso de la
obligación, este será el capital compuesto por el retroactivo y la indexación.
Adicionalmente, por ministerio de la ley, es decir, en virtud de los artículos 177 del CCA
o 192 del CPACA, a partir de la ejecutoria de la sentencia se causarán intereses
moratorios hasta el pago efectivo de la obligación; en el primer caso, serán siempre de
esa naturaleza, mientras que, en el segundo, se calcularán al DTF solo por los
primeros 10 meses; estos también hacen parte de la condena, pero a título accesorio,
en razón a que el objeto principal será el de proteger el derecho a la pensión en los
términos del ordenamiento jurídico.
150. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un
servicio público y un derecho que se debe garantizar a todos los habitantes y, por lo
tanto, «[n]o se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones [...] para fines
diferentes a ella»; de ahí que la sostenibilidad del sistema se constituya como un
principio del régimen pensional, sin que este pueda utilizarse para menoscabar los
derechos, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
(…)
175. Otro de los argumentos para justificar el por qué no se puede aplicar el artículo
1653 del Código Civil consiste en la relación jurídica que se suscita con ocasión de
una condena judicial: el Estado como deudor y el pensionado como acreedor.
176. Como se indicó en párrafos anteriores, el artículo mencionado se dirigió a regular
la imputación de pagos respecto de relaciones netamente económicas entre personas
de derecho privado [naturales o jurídicas] que manejan su patrimonio de conformidad
con su solvencia o estatutos. No obstante, no ocurre lo mismo cuando el Estado funge
como deudor, en razón a que está sometido a trámites administrativos y
presupuestales que le impiden cumplir con la obligación inmediatamente es impuesta.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
(…)
184. En concordancia con lo transcrito, para la Sala, la aplicación del artículo 1653 del
Código Civil no debe tener como único parámetro la «condición de igualdad», en primer
lugar, porque no es lo mismo cobrar una deuda a un particular que administra sus
propios recursos de acuerdo con sus condiciones que al Estado y, en segundo lugar,
tampoco puede predicarse la vulneración de derechos fundamentales por la «no
aplicación» de ese canon, por el contrario, cuando la entidad abona primeramente el
capital, es decir, el retroactivo y la indexación, se garantiza el derecho mínimo e
irrenunciable como es la pensión de jubilación. Dicho de otro modo, realizar la
imputación del pago parcial primero a intereses se distancia del objeto que fue
examinado en la sentencia condenatoria, pues la carga principal que se impone a la
entidad no es otra que expedir el acto administrativo por el cual se reconozca o reajuste
la mesada y, por consiguiente, el pago de aquellas vencidas con su indexación. 185.
En ese orden de ideas, aplicar el artículo 1653 del Código Civil sin tener en
consideración los aspectos previamente mencionados desconoce el principio de
legalidad y el derecho mismo reconocido. Se podría afirmar que, de cualquier modo,
se garantizará el pago de las mesadas con los «abonos parciales» aunque la
imputación se haga primero a los intereses; no obstante, una afirmación de tal talante
también desconocería el principio de legalidad concretado en los deberes de la
administración de destinar los dineros de la seguridad social exclusivamente para tal
fin.
43. En consecuencia, la Sala encuentra que el Tribunal, en ejercicio de su
autonomía funcional, acogió el criterio jurisprudencial fijado por esta Subsección en
materia de imputación de pagos y lo aplicó al caso concreto, para concluir que no
era procedente acudir al artículo 1653 del Código Civil, dado que el deudor
correspondía al Estado. Esa interpretación, lejos de resultar caprichosa o arbitraria,
es razonable y, si bien puede ser adversa a la posición del actor, no implica una
vulneración de sus garantías fundamentales.
44. Así las cosas, para la Sala no es de recibo que el actor pretenda hacer uso de
la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso ejecutivo, con el único
propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y
pretensiones.
45. Por lo tanto, resulta claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, no vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por la parte actora.
IV. CONCLUSIONES
46. En los anteriores términos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, no incurrió en el desconocimiento
de precedente judicial alegado en el escrito de tutela.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05729-00
Accionante: Ángel Antonio Acevedo Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
47. Por los motivos expuestos, la Sala negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría
General de la Nación, conforme a lo expuesto.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Ángel
Antonio Acevedo Martínez en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
EPG/SEJV
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., (Colombia)
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.