Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05730-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05730-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05730-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05730-00
Accionante: José Enrique Molina Rojas
Accionado: Tribunal Administrativa del Meta – Sala de Decisión Oral 2
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Autos emitidos
dentro de proceso de nulidad electoral. Trámite recusación / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional – Proceso se encuentra en curso y se pretende emplear la
acción de tutela como un mecanismo paralelo con fundamento en los mismos
argumentos planteados en sede ordinaria.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de septiembre de 2025 el señor José Enrique Molina Rojas promovió acción
de tutela2 contra la Sala de Decisión Oral 2 del Tribunal Administrativo del Meta, con
el fin de que dejaran sin efectos las actuaciones surtidas con posterioridad al auto
327 de 25 de julio del año en curso, inclusive, emitido dentro del proceso de nulidad
electoral3 que promovió4 para obtener la anulación del acto de elección del señor
Carlos Alberto López López, como contralor de Villavicencio para el período 2022-
2025; y, en consecuencia, se ordenara a la autoridad judicial accionada impartir el
trámite a la recusación que presentó el 16 del mismo mes y año, así como cesar la
persecución procesal en su contra.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó su derecho fundamental al debido proceso.
3 Expediente 50001-23-33-000-2022-00119-00, acumulado con los expedientes 50001-23-33-000-2022-00104-
00, 50001-23-33-000-2022-00106-00, 50001-23-33-000-2022-00121-00 y 50001-23-33-000-2022-00126-00.
4 También obran como demandantes los señores Jaime Darío Carrillo Suárez, Jorge Alejo Calderón Perilla,
Yefferson Posso Mosquera y Yeimi Andrea Rodríguez Velásquez.
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2.
Mediante el aludido proveído se rechazó de plano la recusación presentada por el
tutelante contra los magistrados Nohra Eugenia Galeano Parra y Juan Darío
Contreras Bautista integrantes de la Sala de decisión accionada. Frente a esta
decisión el tutelante solicitó aclaración y adición, lo que fue negado el 4 de agosto
de 2025. Contra dichas determinaciones judiciales el tutelante interpuso recurso de
reposición y pidió la nulidad de lo actuado a partir del referido auto de 25 de julio, lo
cual fue rechazado el 14 de agosto de esta anualidad. El accionante presentó recurso
de reposición contra la anterior decisión y solicitud de nulidad, lo que fue rechazado
con auto de 26 de agosto siguiente.
3.
Posteriormente, mediante autos 383, 384 y 385 de 9 de septiembre de 2025 se
decidió, respectivamente, entre otras cosas, (i) rechazar la recusación contra los
magistrados Nohra Eugenia Galeano Parra y Juan Darío Contreras Bautista y la
solicitud de nulidad presentadas por el Concejo de Villavicencio, así como el recurso
de reposición formulado contra el proveído de 26 de agosto; (ii) rechazar por
improcedente la solicitud de aclaración y/o adición y el recurso de reposición
formulados por el impugnador Alexander Tejeiro Torres y de plano las peticiones de
nulidad presentadas el 27 de septiembre de 2024 por el demandante José Enrique
Molina Rojas y el 17 de julio de 2025 por el Concejo de Villavicencio. Asimismo, se
advirtió a los sujetos procesales que el término de traslado para alegar dentro de ese
asunto dispuesto en el ordinal cuarto del auto de 5 de agosto de 2024 empezaría a
correr a partir del día siguiente al de la notificación de esta providencia; e (iii) iniciar
el incidente de imposición de las multas previstas en el artículo 295 del CPACA al
tutelante y al señor Alexander Tejeiro Torres.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto, pues
se decidió la recusación que presentó el 16 de julio de 2025, mediante el auto del 25
de julio siguiente, por los mismos recusados sin suspender el trámite del proceso,
conforme lo indica el artículo 145 del CGP, y sin impartirle el trámite que ordena el
artículo 143 ibidem.
5.
Posteriormente, el Concejo de Villavicencio presentó una recusación con base en
la misma situación fáctica a la que él expuso, que también fue rechazada, lo cual
reiteró la desatención a la norma procesal y, además, puso en evidencia la amenaza
contra las partes y sujetos procesales.
6.
Asimismo, advirtió que (i) se corrió traslado por fijación en lista sobre un auto que
no estaba en firme por mediar previamente una solicitud de adición y aclaración y,
además, sin tener presente la recusación que se presentó por la apoderada del
Concejo de Villavicencio; (ii) 4 de los 6 magistrados del Tribunal Administrativo del
Meta se declararon impedidos sin reparo alguno, por similares circunstancias a las
que él planteó; y (iii) se han rechazado sus solicitudes, los recursos presentados y
las nulidades propuestas sin mayor estudio, lo que demuestra la intención de los
magistrados recusados de no quererse apartar del conocimiento del asunto e impide
que lo tramite un togado que sí les brinde garantías procesales y que determine si
2
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ellos deben o no continuar conociendo la actuación y así garantizar la objetividad e
imparcialidad para todas las partes.
7.
Lo anterior también implicó la configuración de defecto sustantivo, pues la
autoridad judicial accionada le dio una interpretación contraria a la ley a la norma
procesal y se arrogaron una labor que no les corresponde, pues solo les era dable
pronunciarse sobre la recusación y remitirlo a otro magistrado para que resolviera
sobre su procedencia, lo cual no ocurrió.
8.
De igual modo, los magistrados incurrieron en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, en tanto inobservaron (i) la sentencia T-
305 de 2017 de la Corte Constitucional, referente al tema de las recusaciones y su
trámite; (ii) el fallo de 20 de marzo de 20135 de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en la que se precisó que omitir el trámite de las
recusaciones constituye una falta disciplinaria grave por la afectación al servicio
público de justicia; y (iii) el auto de 23 de agosto de 2016 de la Sala Plena del Consejo
de Estado6, en el que en un proceso de nulidad electoral se indicó el trámite que se
le debe impartir a las recusaciones.
9.
Señala que la anterior situación configura un perjuicio irremediable, al impedir que
otro magistrado examine los argumentos que presentó en la recusación para que
decida sobre su procedencia, con el fin de que se elimine cualquier duda sobre la
imparcialidad y objetividad de la autoridad judicial que decidirá de fondo el litigio. Al
respecto, se evidencia que concurren la inminencia, la urgencia y la gravedad de la
vulneración alegada, pues se ordenó correr traslado para alegar de conclusión y que
la secretaría se abstuviera de ingresar el expediente al despacho para atender
cualquier solicitud, lo cual implicaría que se dictará un fallo sin que sea atendida en
debida forma la recusación que formuló y daría lugar a la expedición de una
providencia arbitraria y con trasgresión de las garantías procesales.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.
Mediante auto de 17 de septiembre de 20257, se admitió la acción de tutela, se
negó la solicitud de medida provisional presentada por la parte accionante, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vincularon a los señores Jaime Darío Carrillo
Suárez, Jorge Alejo Calderón Perilla, Yefferson Posso Mosquera, Yeimi Andrea
Rodríguez Velásquez y Carlos Alberto López López, así como al Concejo de
Villavicencio, en calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar
la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Oral 2
5 Expediente 76001-11-02-000-2011-00257-02, M. P. Mercedes López Mora.
6 Expediente 11001-03-28-000-2013-00011-00, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez.
7 Notificado el 24 y 26 de septiembre de 2025.
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11.
Adujo que el asunto no cumplía el presupuesto de relevancia constitucional y, en
todo caso, de hallarse procedente, se debía negar el amparo reclamado, porque las
actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad acusado han sido emitidas
conforme a derecho. En particular, en el auto 327 de 25 de julio de 2025, con el que
se rechazó de plano la recusación planteada contra dos integrantes de la Sala de
decisión, se explicaron las razones de esa decisión.
12.
La parte actora centra sus argumentos en una discusión que se limita a la mera
determinación de aspectos legales, como lo es la correcta interpretación y aplicación
de la norma procesal relacionada con el trámite de recusación y no porque exista
una clara vulneración a sus derechos fundamentales. Máxime cuando en el aludido
proveído se explicó en debida forma el precedente jurisprudencial que se acogía8, el
cual, además de zanjar una situación similar a la sucedida9, es propio de los procesos
de nulidad electoral y que se aplica por las maniobras dilatorias que se pueden
presentar ante la naturaleza del asunto. Como en este caso, en el que se evidenció
que el escrito de recusación del tutelante tenía como propósito continuar dilatando el
proceso para evitar que se dictara sentencia. Similar circunstancia ocurrió con la
recusación planteada por el Concejo de Villavicencio.
13.
Asimismo, la tutela está siendo empleada como una instancia o recurso adicional
para reabrir un debate meramente legal que fue decidido por esa autoridad judicial
en las diferentes decisiones emitidas durante el curso del proceso.
14.
También informó sobre la gran cantidad de solicitudes presentadas por el
accionante dentro del proceso de nulidad electoral, con el fin de que se evidencien
sus intenciones reales con la recusación presentada, quien incluso acude a esta
acción constitucional con la clara finalidad de evitar que el proceso continúe su curso
y se dicte sentencia, lo que se demuestra con la petición de medida cautelar de
urgencia tendiente a suspender el proceso. Asimismo, relacionó las providencias que
se han dictado durante el proceso y las actuaciones surtidas desde cuando asumió
el conocimiento del asunto, esto es, desde el 19 de octubre de 2023.
(ii) Concejo de Villavicencio
15.
Sostuvo que, además de la recusación presentada, el 16 de julio del año en curso
formuló incidente de nulidad, en razón a que no se le ha notificado a la Universidad
Francisco José de Caldas, como ente encargado de adelantar el procedimiento de
selección de contralor de Villavicencio, pese a que en una de las demandas
acumuladas fue demandada. Situación que no ha tenido en cuenta la autoridad
judicial.
8 Providencia de 23 de marzo de 2023, expediente 70001-23-33-000-2020-00004-03 (185-2023), C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
9 En el sentido de rechazar de plano por improcedente la recusación presentada en su contra, al hallar que lo allí
argumentado desconocía el artículo 142 del CGP y se enmarcaba en los postulados del artículo 295 del CPACA.
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16.
Además, advierten que la accionada no atiende las diferentes solicitudes ni les
imparten el trámite que legalmente corresponde, pues las niegan de plano sin
advertir los diferentes vicios que contiene el proceso ordinario.
17.
En ese sentido, precisa que también se han vulnerado sus derechos
fundamentales, dado que, a pesar de que presentó una solicitud de incidente de
nulidad y una recusación, no se les ha dado el trámite que legalmente corresponde.
Por ende, pidió que se amparara la garantía superior al debido proceso de todas las
partes y, en consecuencia, se declarara la nulidad de todo lo actuado hasta cuando
sea notificada la Universidad Francisco José de Caldas o, de manera subsidiaria,
impartirle el correspondiente trámite al incidente de nulidad y, paralelo a ello, la
recusación presentada10.
(iii) Jorge Alejo Calderón Perilla
18.
Indicó que, a través de auto de 24 de febrero de 2023, se ordenó dictar sentencia
anticipada y se corrió traslado para alegar de conclusión, lo cual efectuó el tutelante,
mientras que el accionado no lo hizo, pues desde ese momento su estrategia de
defensa ha consistido en obstaculizar el normal desarrollo del proceso mediante
solicitudes impertinentes alegadas por cualquier motivo. Estrategia que de manera
sorpresiva también ha adoptado el accionante, al recusar a una magistrada para
dilatar el proceso y también al presentar peticiones procesales impertinentes e
infundadas.
19.
Frente a lo anterior solicitó ante el juez natural que sancionara tanto al demandado
como al tutelante y se le diera prevalencia al derecho sustancial, dado que las
referidas solicitudes sí han logrado dilatar el proceso hasta la fecha, lo que también
da lugar a que en este asunto se “compulsen copias a la jurisdicción disciplinaria
competente para que se investigue la conducta de los accionados y del quejoso”.
Además, se debe tener en cuenta que el proceso de nulidad electoral es de interés
público y choca con los intereses particulares de los accionados y que este debía
zanjarse en el término de un año, lo cual no se cumplió.
20.
Asimismo, pidió que, en el evento de conceder el amparo, se analice “la posibilidad
de diseñar e implementar una herramienta jurídica que desarrolle el 228
constitucional en conexidad con el Principio de Celeridad, para que mediante Auto,
el Juez escinda la acumulación cuando un sujeto procesal obstruya el proceso y
paralice la administración de justicia, con el propósito de evitar la contaminación de
los demás procesos acumulados; entonces, se continuaría el proceso con las
demandas puras, no contagiadas. Esta figura jurídica, de escisión procesal trae
grandes beneficios: 1) erradica el mal generalizado de la dilación al neutralizar la
dilación procesal, 2) alivia la carga del Juzgador porque una vez fallado el proceso
puro, los contaminados quedan resueltos o improcedentes, 3) garantiza la celeridad
10 Adjuntó al escrito de contestación los memoriales de 13 de marzo y 16 de julio de 2025, mediante los cuales
formuló recusación e incidente de nulidad, respectivamente.
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del proceso judicial, 4) se garantiza el derecho al acceso a la justicia de los actores
escindidos y 5) le abre una ruta segura a la sentencia”.
(iv) José Enrique Molina Rojas
21.
El 6 de octubre de 2025 la parte actora informó que, mediante auto de 15 de
septiembre del año en curso11, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, citó a
versión libre para el próximo 20 de noviembre a los magistrados que recusó, lo que
demuestra la existencia de una de las causales de la recusación planteada. Para tal
efecto, aportó dicha providencia.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
22. Previo a analizar la procedibilidad de la tutela, se debe aclarar que el asunto versa
únicamente sobre el trámite impartido a la recusación que presentó el 16 de julio de
2025 el accionante contra los magistrados Nohra Eugenia Galeano Parra y Juan
Darío Contreras Bautista, mas no a la formulada por el Concejo de Villavicencio
contra dichos togados. En razón a que, a pesar de dicha corporación compareció
para manifestar que también se deben amparar sus derechos, tal análisis escapa de
la tutela aquí formulada, pues no es viable que se examine la afectación
constitucional que aquí alega en su condición de tercero.
23. Aclarado lo anterior, el estudio se deberá centrar en el presunto quebranto de las
garantías superiores del accionante, el cual circunscribe en el indebido trámite a una
recusación. En ese sentido, la Sala considera importante hacer referencia a las
decisiones adoptadas en el proceso de nulidad electoral con posterioridad a su
presentación, con el fin de exponer el panorama.
24. El 16 de julio de 2025, el tutelante presentó la recusación objeto de la tutela, con
fundamento en que se había incurrido en las causales 112, 713 y 914 del artículo 141
del CGP, por cuanto (i) se ha demostrado un interés de los recusados en “torpedear
el desarrollo judicial de la actuación”, al dar un trato diferencial a algunas
actuaciones, como negarse a suspender el proceso mientras se resolvía de fondo la
solicitud de recusación formulada contra la magistrada Nohra Eugenia Galeano
Parra, en virtud del artículo 145 del CGP, atender algunas solicitudes procesales y
otras no e intimidarlo al adoptar las respectivas decisiones; (ii) existen tres quejas
11 Expediente 11001-08-02-000-2025-00401-00, M. P. Magda Victoria Acosta Gualteros.
12 “Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso”.
13 “Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el
juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de
iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución
de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación”.
14 “Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado”.
6
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disciplinarias contra los magistrados recusados15; y (iii) ha presentado quejas
disciplinarias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y denuncias ante la
Fiscalía General de la Nación, lo cual es de conocimiento de los recusados y,
además, ellos lo han multado con 9 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlmv)16, por considerar que había actuado de manera temeraria al hacer uso de
las herramientas procesales que le otorga el ordenamiento jurídico.
25. A través de auto 327 de 25 de julio de 2025, se rechazó de plano la recusación
objeto de esta tutela, al tenerla como una solicitud improcedente e impertinente. En
razón a que su fundamento se enmarcaba en lo dispuesto en el artículo 295 17 del
CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4318 del CGP.
Se evidenció que la recusación tiene como propósito continuar dilatando el proceso
para evitar que se dicte sentencia, dado que el 27 de septiembre de 2024 el tutelante
ya había presentado recusación contra la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra
y utilizó distintas herramientas procesales, tales como recursos, nulidades y
solicitudes de aclaración y adición dentro de aquel trámite para que el proceso
ordinario continuara suspendido y, por tanto, se dilatara en el tiempo. Y ahora,
cuando ya se finalizó esa cadena de intervenciones, allega una nueva petición de
recusación carente de fundamento alguno, con el fin de que el proceso siga
suspendido, debido a que la sustenta en argumentos que no se ajustan a las
causales invocadas y no radica el escrito en forma oportuna en relación con los
hechos que motivan la recusación.
26.Decisión que adoptó de acuerdo con la providencia de 23 de marzo de 2023 19,
con la que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó
de plano por improcedente la recusación en su contra. Determinación en la que se
advirtió que esta no era pasible de recurso alguno, conforme con el artículo 142 del
CGP, en concordancia con el numeral 7 del artículo 132 del CPACA, que la
presentación de cualquier tipo de solicitud y/o recurso en su contra, sería entendida
como una maniobra dilatoria en los términos del artículo 295 del CPACA, y que se
resolvería si procede o no la sanción establecida en este último precepto legal.
27. Respecto de ese proveído, el 29 de julio de 2025 el accionante solicitó su
aclaración y adición, con el fin de que se le explicara (i) ¿por qué no se suspendieron
los términos procesales como lo ordena el artículo 145 del CGP?; (ii) ¿por qué no
se dio el trámite del artículo 143 ibidem a la recusación que presentó; (iii) ¿Por qué
la providencia no está firmada por la conjuez, conforme al artículo 116 del CPACA?
y (iv) ¿por qué en el ordinal cuarto se advierte la apertura de un trámite incidental,
15 Expedientes 11001-08-02-000-2025-00199-00, 11001-08-02-000-2025-00395-00 y 11001-08-02-000-2025-
00401-00. Quejas disciplinarias presentadas el 21 de febrero y 4 y 7 de abril de 2025, respectivamente.
16 Mediante auto 404 de 5 de diciembre de 2024.
17 “La presentación de peticiones impertinentes así como la interposición de recursos y nulidades improcedentes
serán considerados como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con multa de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes”.
18 “El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:
(…)
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta”.
19 Expediente 70001-23-33-000-2020-0004-03 (185-2023), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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cuando de lo que se habla no hace parte de los asuntos relacionados en el artículo
209 del CPACA, y de ser así, por qué en la sanción que se le impuso no se adelantó
dentro de los lineamientos del trámite incidental?. Además, que se adicione sobre la
razón por la cual la recusación es considerada infundada, dado que el sustento de
ello no está previsto en los incisos 2 y 5 del artículo 142 del CGP.
28. Dichas peticiones fueron negadas con auto 332 de 4 de agosto de 2025, porque
frente a los primeros tres interrogantes no se precisó cuál era la frase o concepto
contenido en la parte resolutiva o en la considerativa que influyera en el resuelve
que ameritara ser sujeto de aclaración, y en cuanto al último cuestionamiento, pese
a que se identificó que estaba contenido en la parte decisoria, no se evidenciaba
que este se encuadrara en un aspecto que ofreciera verdadero motivo de duda, sino
que comportaba una inconformidad con la decisión del trámite incidental. Asimismo,
no es dable acceder a la adición, pues el fundamento de la decisión devino
precisamente del artículo citado.
29. Contra los autos de 25 de julio y 4 de agosto de 2025 el tutelante interpuso
recursos de reposición y solicitó la nulidad de lo actuado a partir del primer proveído,
bajo las causales 1 y 3 del artículo 13320 del CGP. Lo cual fue rechazado de plano
con auto de 14 de agosto de la presente anualidad. Se indicó que (i) frente a dichas
decisiones judiciales no procede recurso alguno, de acuerdo con el numeral 12 del
artículo 243 A del CPACA y el artículo 142 del CGP y el numeral 7 del artículo 132
del CPACA; y (ii) en lo relativo a la solicitud de nulidad se determinó que no se ha
declarado la falta de competencia por parte de los magistrados recusados y tampoco
se ha presentado alguna de las causales de interrupción y/o suspensión del proceso,
enunciadas en los artículo 159 y 161 del CGP y el trámite ordinario fue suspendido,
en virtud del artículo 145 del CGP, pues desde la formulación de la nueva recusación
solo se han surtido actuaciones tendientes a decidirla. También se advirtió que
contra esa decisión no procedía recurso alguno, en los términos de los numerales 3
y 14 del artículo 243A del CPACA.
30. Sin embargo, contra el anterior auto interpuso recurso de reposición y solicitó su
nulidad. Ello por cuanto, además de reiterar las causales de nulidad planteadas, en
dicho proveído no se surtió el correspondiente traslado. Lo cual fue nuevamente
rechazado de plano con proveído de 26 de agosto de 2025. Se reiteró que, conforme
a los numerales 3 y 14 del artículo 243A del CPACA, las providencias que decidan
los recursos de reposición y las que rechacen de plano una nulidad procesal no son
susceptibles de recurso alguno. Asimismo, no procede contra el auto que rechazó
de plano la nueva recusación, de conformidad con el numeral 7 del artículo 132 del
CPACA. De igual modo, se rechazó la nulidad bajo los mismos fundamentos y en
cuanto a la omisión de traslado, no indica si es la referente a que se omitió la
20 “El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
(…)
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión,
o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida”.
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oportunidad para alegar de conclusión o sustentar el recurso o descorrer el traslado
del recurso interpuesto, lo cual implica una falta de concreción sobre los hechos que
sustentan la petición de nulidad.
31. En todo caso, se refirió que en el auto de 14 de agosto de 2025, se indicó por qué
no se corrió traslado de los recursos de reposición y de la solicitud de nulidad
formulada por el tutelante, lo que guarda armonía con las providencias de 22 de
junio de 200621 y 3 de agosto de 202322 del Consejo de Estado, en el sentido de que
esa Corporación ha considerado que bajo el trámite especial de nulidad electoral es
posible omitir aspectos procesales como el traslado de recursos o nulidades e
incluso abstenerse de resolverlos por su manifiesta improcedencia o intención de
dilación del proceso.
32. Posteriormente, con auto 383 de 9 de septiembre de 2025, entre otras
determinaciones, se rechazó la solicitud presentada el 28 de agosto del año en curso
por el tutelante. La cual pese a que pedía adición y/o aclaración del auto 349 de 26
de agosto de 2025, de su argumentación se infería que estaba encaminada a
interponer recurso de reposición contra dicho proveído, en cuanto al rechazo de
plano de la solicitud de nulidad, pues cuestiona el razonamiento allí efectuado y
reitera la procedencia de la nulidad con base en las causales previstas en los
numerales 1, 3 y 6 del artículo 133 del CGP. Ello demostraba la intención del
accionante de dilatar el proceso bajo la presentación de solicitudes improcedentes,
dado que pretende evitar la ejecutoria de las decisiones proferidas dentro del
proceso para que no avance y llegue a la etapa de sentencia. Reiteró en esta
providencia la advertencia de que la presentación de cualquier tipo de solicitud y/o
recurso en su contra, serán entendidas como una maniobra dilatoria en los términos
del artículo 296 del CPACA.
33. Mediante proveído 384 de 9 de septiembre de 2025, resolvió, entre otras
disposiciones, rechazar de plano la solicitud de nulidad presentada por el tutelante
el 27 de septiembre de 2024. Además, advirtió a “los sujetos procesales que el
término del traslado para alegar dentro del presente asunto dispuesto en el ordinal
cuarto del auto del 5 de agosto de 2024, empezará a correr a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente providencia, conforme a lo señalado en el artículo
118 de la Ley 1564 de 2012”, y ordenó “a la Secretaría de este Tribunal
ABSTENERSE de ingresar el presente asunto al Despacho mientras no haya
finalizado el término concedido a las partes y a la Agente del Ministerio Público para
alegar de conclusión, pese a que se presenten solicitudes de nulidad, recursos de
reposición o peticiones de cualquier otra naturaleza dentro de dicho término”.
34. Finalmente,a través de auto 385 de 9 de septiembre de 2025, se inició “el
incidente de imposición de las multas previstas en el artículo 295 de la Ley 1437 de
2011 en concordancia con lo señalado en el numeral 5 del artículo 60 A de la Ley
21 Expediente 54001-23-31-000-2003-01386-00 (3855), C. P. María Nohemí Hernández Pinzón.
22 Expediente 70001-23-33-000-2020-00004-03 (185-2023), C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Accionante: José Enrique Molina Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Oral 2
270 de 1996 y en el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022 en concordancia con lo
señalado en el numeral 14 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012 a los señores
JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS en calidad de demandante dentro del proceso
acumulado No. 50001-23-33-000-2022-00106-00 y ALEXANDER TEJEIRO
TORRES en calidad de impugnador o coadyuvante de la parte pasiva”, y se les
concedió un término de 3 días para que se pronunciaran sobre las razones por las
cuales “consideran que sus actuaciones dentro del presente proceso de nulidad
electoral no comportan o tienen el carácter de peticiones impertinentes y de
conductas procesales tendientes a dilatar o entorpecer el proceso”.
35. En este punto, cabe indicar que el tutelante presentó el 12 de septiembre del año
en curso la acción de la referencia. No obstante, verificado el proceso de nulidad
electoral en la herramienta electrónica de gestión judicial Samai, se observa que (i)
el 15 siguiente interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra
los autos 384 y 385, al estimar que el proceso se encontraba suspendido por una
recusación y las decisiones previas no se encontraban en firme, por lo que no se
podía correr traslado para alegar de conclusión; y (ii) el 6 de otubre de 2025 reiteró
la existencia de causal de recusación dentro del proceso de nulidad electoral.
36. Por su parte, el 15 de septiembre de 2025 el señor Alexander Tejeiro Torres,
coadyuvante por pasiva, interpuso recurso de reposición contra el auto 385, solicitó
su nulidad y formuló recusación y el concejo de Villavicencio interpuso recurso de
reposición contra los autos 383 y 384.
37. Conforme al anterior panorama, se colige que el presente asunto no satisface los
presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional, razón por la cual deberá
declararse su improcedencia.
38.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se precisa que la acción de tutela reviste
de una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, solo procede en los eventos en
que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener
la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la
Constitución Política). En ese sentido, resulta indispensable que, previo a acudir al
juez constitucional, el interesado haya agotado todos los recursos que tenía a su
alcance con la finalidad de remediar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos.
39.
Con base en lo expuesto, se evidencia que el proceso en el que el tutelante
presentó la recusación aún se encuentra en trámite. No se ha adoptado una decisión
definitiva sobre el litigio suscitado por este. Y, en lo referente a la recusación, el
accionante desplegó una serie de actuaciones (solicitudes de aclaración y adición y
nulidad y recursos), que si bien fueron consideradas como dilatorias antes de la
presentación de la tutela, continuó con dicha conducta después de acudir a este
mecanismo constitucional, lo que, con independencia de su improcedencia o
impertinencia, pone en evidencia el ejercicio paralelo entre dichas acciones. Esto es
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Accionante: José Enrique Molina Rojas
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así, por cuanto contra las decisiones que solicita se dejen sin efectos, en particular,
las dictadas el 9 de septiembre de 2025, se interpusieron recursos de reposición
40.
Es decir, el accionante pretendía que la acción de tutela sirviera como un
mecanismo alternativo para que se ordenara lo que ha planteado a través de
diferentes memoriales en el proceso ordinario, consistente en que se le imparta a la
recusación que formuló el 16 de julio de 2025 el trámite previsto en el artículo 143
del CGP, sin considerar lo argumentado en la providencia mediante la cual esta fue
rechazada de plano ni que de manera posterior a promover esta acción formuló
recurso de reposición.
41. De igual modo, la Sala advierte que no se supera el presupuesto de relevancia
constitucional, en la medida en que las inconformidades aquí planteadas fueron las
mismas que expuso en el proceso de nulidad electoral y frente a las cuales la
autoridad judicial se pronunció en el sentido de negar la recusación y posteriormente
rechazar por improcedentes los recursos interpuestos, en virtud del numeral 7 del
artículo 132 del CPACA, así como las nulidades formuladas.
42. Lo anterior, no demuestra algún tipo de arbitrariedad que involucre la afectación
constitucional alegada, por el contrario, evidencia el ejercicio de los poderes de
ordenación y de instrucción de que está revestida la autoridad judicial para
propender por una correcta administración de justicia (artículo 43 del CGP, en
armonía con el artículo 295 del CPACA), máxime cuando, como en este caso, versa
sobre un medio de control que, por su naturaleza, requiere que se le imprima
celeridad a su trámite, el cual se ha visto obstaculizado por la cadena dilatoria de
actuaciones desplegadas por el accionante y que refuerza con la presentación de
esta tutela.
43. A manera de conclusión, esta Sala advierte que el tutelante persigue que se le
ordene a la autoridad judicial que imparta el trámite contemplado en el artículo 143
del CGP a la recusación que formuló el 16 de julio de 2025, para cuyo efecto invoca
unas causales específicas de procedibilidad de la tutela, sin consideración a que
esta fue rechazada de plano, al determinar que, además de no enmarcarse la
situación fáctica en las causales de recusación invocadas ni de presentarse de
manera oportuna, comportaba una petición impertinente y, por tanto, constitutiva de
una actuación dilatoria.
44. Así las cosas, se tiene que las decisiones judiciales que el accionante pide se
dejen sin efectos fueron objeto de recursos y otro tipo de solicitudes (aclaraciones,
adiciones y nulidades) dentro del proceso de nulidad electoral en el que se emitieron
y la argumentación planteada en la solicitud de amparo comporta una reiteración de
los reproches que él ha suscitado en las diligencias ordinarias y sobre los cuales se
ha pronunciado la autoridad accionada. Al punto que esta acción se proyecta como
una herramienta judicial paralela para prolongar la discusión que, en el marco del
proceso, se ha hecho reiterativa al punto de ser calificada como dilatoria.
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45.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se superan los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo.
46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE23
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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