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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05737-00

Fecha
6 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05737-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Distrito Especial de Santiago de Cali y la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda de Cali, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración justicia de la señora Mireya Bejarano González, por los motivos indicados en esta decisión. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del expediente con radicado núm. 76001-33-33-020-2021-00165-01, en atención a las razones expresadas en este fallo. CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00 Accionante: Mireya Bejarano González Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05737-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00
Accionante: Mireya Bejarano González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: prescripción de prestaciones derivadas del
reconocimiento de la relación laboral encubierta. Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por Mireya Bejarano González contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Mireya Bejarano González presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del
25 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 76001-33-33-020-2021-00165-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La señora Mireya Bejarano González prestó sus servicios al Distrito Especial de
Santiago de Cali, Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda,
con técnico contable, desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2020,
mediante contratos de prestación de servicios.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05842-00, índice 2, certificado C586D4668EFB4C83 A5EE6276E44452E0
5A350FC6BBB3535F 0AE209A828306B10.

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Accionante: Mireya Bejarano González
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3. La accionante, a través de escrito del 3 de marzo de 2021, solicitó a la entidad
territorial, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias dejadas de
percibir. Sin embargo, el Distrito Especial de Santiago de Cali, por medio de oficio
2021141470100013741 del 23 de marzo de 2021, negó el requerimiento de la señora
Bejarano González.
4. La tutelante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin de que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia,
se declarara la existencia de la relación laboral encubierta y se ordenara el
reconocimiento y pago de las prestaciones salariales y prestacionales
correspondientes.
5.
El Juzgado Veinte Administrativo de Cali, mediante sentencia del 18 de diciembre
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. De manera que: i) declaró la
existencia del vínculo laboral por el periodo comprendido entre el 9 de febrero de 2015
y el 30 de diciembre de 2020, ii) ordenó a la entidad demandada a reconocer y pagar
todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, para lo cual debía tomar como
parámetro los emolumentos devengados por un empleado público en un cargo similar,
pero liquidadas con fundamento en los honorarios pactados, iii) ordenó el pago de
aportes a seguridad social y iv) declaró que el tiempo efectivamente laborado debe
computarse para efectos pensionales.
6. La entidad territorial, inconforme con la decisión del juzgado, presentó recurso de
apelación contra el referido fallo.
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de providencia del 25 de
abril de 2025, modificó el fallo de primera instancia en el sentido de declarar prescritos
«todos aquellos derechos laborales que emanan de la existencia del contrato realidad
con anterioridad al 18 de junio de 2018 salvo los aportes para pensión».
Adicionalmente, dispuso lo siguiente:

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de indemnización,
CONDENAR al Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaria de Vivienda Social-Fondo
Especial de Vivienda, a reconocer y pagar en favor de la señora Mireya Bejarano González
todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, desde el 18 de junio de 2018 hasta
el 30 de diciembre de 2020, a las que tendría derecho un empleado público en el mismo
o similar cargo, tomando como parámetro lo pactado por concepto de honorarios.

La demandada también deberá pagar los aportes, en pensión y salud desde el 9 de
febrero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2020, salvo los periodos de interrupción,
debido a su naturaleza imprescriptible, por la cuota parte que no trasladó a las
entidades de seguridad social

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1.- Solicito a los Honorables Consejeros de Estado proteger los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en sentido
material, de la tutelante, el cual fue vulnerado por la Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en la sentencia del 25 de abril de 2025 al no valorar el contrato No.

2

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Accionante: Mireya Bejarano González
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4147.010.26.1.010, el cual fue aportado por la el Distrito de Santiago de Cali y
acreditaba la relación laboral del 10 de enero de 2018 hasta el 29 de junio de 2018,
por lo que no hubo solución de continuidad en este periodo, por lo que no hubo
solución de continuidad en este periodo; debiéndose declarar prescritos todos
aquellos derechos que emanen de la vinculación contractual con anterioridad al 14
de marzo de 2017.

Como consecuencia de la declaración anterior solicito lo siguiente:

2.- Se ordene dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia del 25 de abril de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferida dentro del
expediente 7600133330202021 0016501, toda vez que fue expedido con defecto
fáctico al no valorar el contrato No. 4147.010.26.1.010, el cual fue aportado por el
Distrito de Santiago de Cali y acreditaba la relación laboral del 10 de enero de 2018
hasta el 29 de junio de 2018; por lo que no hubo solución de continuidad en este
periodo; debiéndose declarar prescritos todos aquellos derechos que emanen de la
vinculación contractual con anterioridad al 14 de marzo de 2017.

3.- Se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una nueva
sentencia en la que se modifique el numeral primero de la sentencia del 25 de abril
de 2025 en el sentido de valorar el contrato No. 4147.010.26.1.010, el cual fue
aportado por el Distrito de Santiago de Cali; y se sirva declarar prescritos “todos
aquellos derechos laborales que emanen de la existencia del contrato realidad con
anterioridad al 14 de marzo de 2017” […] 2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
defecto fáctico porque no realizó una adecuada valoración de los documentos
aportados al proceso ordinario, con los cuales se demostraba la continuidad de la
relación laboral desarrollada por la tutelante al interior de la entidad demandada.
10. Al respecto, explicó que el Distrito Especial de Santiago de Cali, Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda allegó oportunamente al
expediente copias de los contratos de prestación de servicios suscritos por la tutelante,
entre los cuales se encontraba el contrato núm. 4147.010.26.1.010, el cual demostraba
que existió una relación laboral entre el «10 de enero de 2018 y el 29 de junio de
2018», por lo que no se configuraba la solución de continuidad en este periodo y, en
consecuencia, solo era procedente declarar la prescripción de los valores que
emanaron del vinculó contractual con anterioridad al 14 de marzo de 2017.
11. Así pues, indicó que el referido documento obraba en el índice 15 del aplicativo
SAMAI del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-
33-33-020-00165-00; sin embargo, el Tribunal omitió su valoración.
12. Asimismo, refirió que la autoridad accionada, al no examinar el contrato núm.
4147.010.26.1.010, privó a la accionante de una decisión justa y apegada a la realidad
procesal, lo cual afectó sus derechos fundamentales, toda vez que se configuró una
negación de justicia material por la pretermisión de un elemento probatorio decisivo
que alteró significativamente el reconocimiento de derechos prestacionales
reclamados.

2
Se transcribe incluso con errores.

3

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Accionante: Mireya Bejarano González
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13.
Asimismo, consideró que la deficiente valoración probatoria del Tribunal
accionado, lo llevó a concluir que el periodo del 30 de diciembre de 2017 y el 16 de
junio de 2018 hubo una interrupción contractual. Lo que terminó por disminuir el
reconocimiento de los derechos laborales y pensionales de la demandante en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto declaró la prescripción
de las acreencias reclamadas por la actora.

2.3. Trámite procesal
14. El despacho ponente, mediante auto del 19 de septiembre de 20253, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y puso en conocimiento el escrito de tutela al
Juzgado Veinte Administrativo de Cali y al Distrito Especial de Cali, Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda, en su condición de terceros
con interés.

2.4. Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 4 manifestó que el Juzgado Veinte
Administrativo de Cali, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2023, concluyó que
no hubo solución de continuidad y consideró que no se configuraba la prescripción; sin
embargo, la corporación, al examinar el asunto en sede de apelación, evidenció que
el contrato identificado por el a quo, esto es, el núm. «4244-0-12-1-010-2018 no
corresponde a la demandante, sino a la señora Elizabeth García Velandia, quien no
era parte del proceso».
16.Por lo anterior, afirmó que el contrato citado no se tuvo en cuenta y, por
consiguiente, se declaró la prescripción de las acreencias reclamadas.
17. Por otro lado, indicó que la accionante alegó que el periodo del 10 de enero de
2018 y el 29 de junio de 2018 está acreditado con otro contrato en el cual sí aparece
como contratista la demandante. No obstante, «no apeló la decisión de primera
instancia frente a ello no solicitó aclaración, corrección o adición de las sentencias de
primera o de segunda instancia que resolvieron de manera expresa sobre la inclusión
de ese contrato como prueba».
18. Agregó que lo expuesto en el escrito de tutela y contrastado con lo acontecido en
el proceso, no se advierte vulneración a los derechos fundamentales de la accionante,
pues lo pretendido es reabrir el debate procesal que ya fue resuelto en ambas
instancias. En consecuencia, solicitó que se niegue la tutela.
19. El Distrito Especial de Santiago de Cali 5 indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que los argumentos planteados por la accionante en el
escrito de tutela con los cuales estructuró la vulneración de sus derechos
fundamentales hacen referencia a la decisión adoptada por una autoridad judicial,
respecto de los que no tiene injerencia alguna.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00 índice 4, certificado 720CF53F648F2572 17915779D0B1CFEE
AB1A5A9206D8A08B 554037437E7D499C.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00 Incide 9, certificado 6D8295B073966CC9 105F6E1B5EAF50CD
2589EFE833E41ECD 330A961D6BE080EB.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00, índice 10, certificado 955A603C8A51C1CB 7A0C342DB6114CA2
10E61BDBA913A05F 0C20F1C7D222EFEC.

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20. De esta manera, explicó que la entidad territorial no es el componente para dejar
sin efecto la sentencia del 25 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca ni tiene la facultad de ordenar la expedición de un fallo de
reemplazo, razón por la cual pidió que se le desvincule del presente trámite judicial.
21. La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda de
Cali6 se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que los fundamentos
fácticos que dieron origen al mecanismo constitucional no tienen sustento en una
acción u omisión de las funciones administrativas de la entidad, sino que se trata de
una actuación desarrollada por una autoridad judicial, respecto de la cual, la entidad
territorial y sus organismos adscritos, no tienen competencia alguna.
22.
Por lo anterior, solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional,
toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva.
23. El Juzgado Veinte Administrativo de Cali 7 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Mireya Bejarano González en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa de la señora Mireya Bejarano González
está acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, debido a que fue la autoridad que profirió las
sentencia, objeto de tutela.
27.
Por otro lado, se advierte que el Distrito Especial de Santiago de Cali y la
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda de Cali solicitaron
su desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00, índice 11, certificado D3DF02625CFE448A D77D66D3D4449573
E2D226D3B9AAABEA 7321261F6936CA49.
7
Samai, exp, 11001-03-15-000-2025-05737-00, índice 8, certificado 03EA7A4B03C6E104 3C5C7D26F661AB8C
D68F3EDC1885C151 D29C00DE63D06F23.

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dichas entidades participaron como sujetos demandados dentro del proceso ordinario
en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.
30.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
34. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
37.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 25 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, fue notificada el 29 de abril siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el
12 de septiembre de 202517, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso

13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Samai, exp. 76001-33-33-020-2021-00165-01, índice15.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05737-00, índice 1.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de
la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
40.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con al defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico
41.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, de la señora Mireya Bejarano González. En particular, deberá establecer si
incurrió en defecto fáctico al proferir la sentencia del 25 de abril de 2025, que modificó
la providencia del 18 de diciembre de 2023, expedida por el Juzgado Veinte
Administrativo de Cali, en lo que respecta a la prescripción de las acreencias laborales
reclamadas por la accionante, como consecuencia de la declaratoria de existencia de
la relación laboral encubierta que se mantuvo con el Distrito Especial de Cali Secretaría
de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda.
42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii)
el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

44.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.

45. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

20
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso24.

46. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»26.
47. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

3.5. Caso concreto
48.
En el asunto bajo estudio, Mireya Bejarano presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali,
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda, con la pretensión
de obtener el reconocimiento de la relación laboral encubierta derivada de la ejecución
de contratos de prestación de servicio entre el 9 de febrero de 2015 y el 30 de
diciembre de 2020 y, en consecuencia, el pago de las prestaciones sociales que le
corresponderían a un empleado de planta de la entidad.

24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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49. En primera instancia, el Juzgado Veinte Administrativo de Cali, mediante
providencia del 18 de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.
Así pues, resolvió lo siguiente: i) declarar la nulidad del Oficio No.
202141470100013741 del 23 de marzo de 2021, ii) declarar la existencia de la relación
laboral entre la demandante y el Distrito Especial de Santiago de Cali, Secretaría de
Vivienda Social, Fondo Especial de Vivienda, iii) condenar a la entidad a reconocer y
pagar a favor de la parte actora las prestaciones sociales dejadas de recibir desde el
9 de febrero de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2020 «tomando como parámetro,
todas las acreencias laborales a que tendría derecho un empleado público en el mismo
o similar cargo» y iv) pagar los aportes a salud y pensión correspondientes.
50.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió
sentencia el 25 de abril de 2025, en la que modificó el fallo de primera instancia en el
sentido de declarar prescritos «todos aquellos derechos laborales que emanen de la
existencia del contrato realidad con anterioridad al 18 de junio de 2018 […]»
51. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 25 de abril de
2025, incurrió en defecto fáctico, por cuanto omitió realizar una valoración adecuada
de los documentos aportados al proceso ordinario.
52. En este sentido, explicó que la autoridad accionada declaró la prescripción de las
acreencias prestacionales reclamadas, al considerar que se configuró una interrupción
de la relación laboral, pero no tuvo en cuenta que en el expediente obraba el contrato
núm. 4147.010.26.1.010, que fue aportado por el Distrito de Santiago de Cali y con el
que se acreditaba que existió un vínculo entre el 10 de enero de 2018 y el 29 de junio
de 2018. De modo que hubo solución de continuidad en dicho periodo.
53. En criterio de la accionante, la decisión del Tribunal no solo la privó de una decisión
ajustada a la realidad procesal, sino que además le disminuyó el monto de los
derechos prestacionales reclamados por la actora

3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
54. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se pronunció sobre la procedencia de la
prescripción de los valores prestacionales reclamados por la señora Mireya Bejarano
González, con fundamento en el siguiente análisis:

✓ De la prescripción

60. Aunque el juez de primera instancia efectuó una revisión minuciosa de los contratos
aportados y de las fechas de interrupción y consideró que no hubo ocasión alguna en
la que dicho lapso haya superado los 30 días hábiles y, por ello, no declaró prescripción
en este sentido, la Sala se aparta de ello, por lo siguiente.

61. Al revisar los contratos de prestación de servicios aportados al proceso y la relación
que de ellos hizo el juez en la sentencia apelada, se encontró que, el contrato nro.
4244.0.12.1.010 de 2018, realmente no corresponde a la demandante:

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[…]

62. Es por ello que, para el lapso comprendido entre el 5 de enero y el 29 de junio de
2018 no obra prueba de contrato alguno suscrito entre las partes en controversia y
deberá contabilizarse como un lapso de interrupción, además de otros, como se
relaciona a continuación:

63. Esta circunstancia no desvirtúa que los contratos fueron sucesivos y permanentes
por más de 5 años y no ocasionales o accidentales; sin embargo, si denota que las
interrupciones entre 31 de diciembre de 2016 y el 14 de marzo de 2017; el 30 de
diciembre de 2017 y el 16 de junio de 2018 y del 01 de enero de 2020 y el 16 de febrero
de 2020 no fueron justificadas a lo largo del proceso, por lo que, se concluye que entre
uno y otro contrato existió solución de continuidad y debe contabilizarse la prescripción
a partir de esta información.

64. Entonces, comoquiera que, la petición en sede administrativa fue radicada el 3 de
marzo de 2021 superando las fechas previstas para los dos primeros lapsos de
interrupción, se declararán prescritos todos aquellos derechos que emanen de la
vinculación contractual anterior al 18 de junio de 2018, excepto para efectos de aportes
a pensión, los cuales son imprescriptibles, salvo los periodos de interrupción.

55. De acuerdo con lo anterior, se observa que para el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca la confrontación de los contratos de prestación de servicios aportados al
proceso y la relación que realizó el a quo en la sentencia apelada, le permitió evidenciar
que, el contrato núm. 4244.0.12.1.010 de 2018 no corresponde a la demandante,
debido a que en el mismo se indica como contratista la señora Elizabeth García
Velandia.
56. De este modo, el Tribunal advirtió que respecto del periodo comprendido entre el
5 de enero y el 29 de junio de 2018 no obra prueba de contrato alguno suscrito entre
la señora Mireya Bejarano González y el Distrito Especial de Santiago de Cali,
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de Vivienda. Razón, por la
cual consideró que debía contabilizarse como un lapso de interrupción.
57. Así pues, la autoridad judicial accionada relacionó los contratos suscritos por la
señora Bejarano González entre el 1 de junio de 2015 y el 19 de octubre de 2020 e
indicó que, si bien existieron algunas interrupciones, lo cierto es que dicha situación
no desvirtuaba que el vínculo contractual fue sucesivo y permanente.

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58. No obstante, para el Tribunal las interrupciones causadas entre i) el 31 de
diciembre de 2016 y el 14 de marzo de 2017, ii) el 30 de diciembre de 2017 y el 16 de
junio de 2018 y iii) el 1 de enero de 2020 y el 16 de febrero de 2020, demostraban que
entre uno y otro contrato existió solución de continuidad.
59. En atención a lo anterior, la autoridad accionada concluyó que era procedente
declarar la prescripción de todos aquellos derechos que emanen de la vinculación
contractual anterior al 18 de junio de 2018, excepto para efectos de aportes a pensión,
los cuales son imprescriptibles, salvo los periodos de interrupción.

3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la
accionante
60. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en el defecto expuesto por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho obra acta núm. 01-27
contentiva a la audiencia de pruebas celebrada el 27 de julio de 2022, en cuyo trámite
el Juzgado Veinte Administrativo de Cali requirió a la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat, Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali para que rindiera
un informe relacionado con las funciones y los motivos de vinculación por medio de
contratos de prestación de servicios de la señora Mireya Bejarano González.
61. De igual manera, se encuentra acreditado que la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat, Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali en el índice 15 del
expediente con radicado núm. 76001-33-33-020-2021-00165-00 allegó memorial28 con
el que atendió el requerimiento del juzgado y, además, aportó copia de los contratos
de prestación de servicios suscritos por la señora Bejarano González29.
62. En efecto, al examinar los documentos allegados por la referida entidad, se
advierte que obra contrato de prestación de servicios núm. 4147.010.26.1.010, suscrito
entre el municipio de Santiago de Cali, Secretaria de Vivienda Social y Hábitat y la
señora Mireya Bejarano González, cuyo objeto consistía en «prestar los servicios de
Apoyo a la Gestión para apoyar la ejecución de proyecto de inversión denominado
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP
04042552» [sic], tal y como se observa a continuación:

28
Samai, exp. 76001-33-33-020-2021-00165-00 índice 15, certificado 3E82FB88D035AC89 E45D30AE8B972FF2
7E19FF0AF223084B 05E095D4654882F0.
29
Samai, exp. 76001-33-33-020-2021-00165-00 índice 15, certificado 05099C25F9E97835 D0200C1E2613477C
3981771785A79BE0 B15A17EEAF5AB7B1.

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63. Asimismo, los documentos adjuntados por la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat, Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, también
incluyeron el acta de inició del referido contrato, la cual consta la actividad contratada
por la señora Bejarano González tuvo como fecha de inicio el 12 de enero de 2018 y
plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre de 2018, como se describe en la siguiente
imagen:

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64. En efecto, los documentos aportados al expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-33-33-020-2021-00165-00
demuestran que al trámite judicial se allegó oportunamente copia del contrato núm.
4147.010.26.1.010 junto con sus anexos, en los cuales consta que la señora Mireya
Bejarano González prestó sus servicios a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali hasta el mes de diciembre
de 2018, por lo que no le asiste razón Tribunal accionado, al concluir que con
posterioridad al 18 de junio de 2018 se interrumpió la actividad desarrollada por la
tutelante al interior de la entidad demanda.
65.
De esta manera, es claro que al interior del expediente del proceso ordinario
existían suficientes elementos documentales con los cuales se podía verificar los
periodos laborados por la tutelante mediante contratos de prestación de suscritos,
durante la vigencia 2018.
66. En este orden de ideas, es posible advertir que la autoridad accionada se limitó a
revisar los contratos relacionados en el fallo de primera instancia para concluir que
operó la prescripción porque el contrato núm. 4244.0.12.1.010 de 2018 no
correspondía a la demandante, ya que en este figuraba como contratista Elizabeth
García Velandia y no Mireya Bejarano González. Sin embargo, no realizó una
valoración integral de los documentos aportados al proceso, con el propósito de
establecer el periodo trabajado por la tutelante entre junio y diciembre de 2018, lo cual
era esencial para determinar la procedencia o no de la prescripción de las acreencias
laborales reclamadas.
67. En este punto de la providencia, es pertinente mencionar que, según la
jurisprudencia constitucional30, el defecto fáctico se configura cuando la decisión
judicial carece de suficiente apoyo probatorio, ya sea porque la autoridad judicial «[…]
se abstuvo de dar valor a elementos probatorios determinantes […]», lo cual deriva en
una vulneración de los derechos de la parte afectada.
68. En consecuencia, se considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
al proferir la sentencia del 25 de abril de 2025 vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Mireya Bejarano
González, por cuando omitió valorar el contenido del contrato núm. 4147.010.26.1.010,
el cual resultaba determinante para efectos de establecer la continuidad de la relación
laboral encubierta declarada a favor de la demandante.
69. Finalmente, la Sala debe indicar que no comparte los argumentos expuestos por
el Tribunal, en el escrito de contestación de la tutela, pues la situación que deriva la
vulneración de los derechos de la actora ocurrió en la providencia proferida por el
autoridad accionada, razón por la cual mecanismos como la solicitud de adición,
aclaración, corrección e incluso la apelación resultan abiertamente improcedentes para
examinar el análisis probatorio desarrollado por la corporación judicial demandada en
relación con el fallo que se cuestiona, toda vez que los mencionados elementos
procesales no tienen esta finalidad.

30
Corte Constitucional, sentencias T-041 de 2018, T-462 de 2018, T-093 de 2019, T-183 de 2022, SU-272 de 2021 y SU-316 de
2023 entre otras.

14

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IV. CONCLUSIONES
70. Por las razones expuestas, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Mireya Bejarano
González y dejará sin efectos la sentencia del 25 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
71. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una
nueva providencia, en la que decida el recurso de apelación interpuesto en contra de
la sentencia de primera instancia dentro del expediente con radicado núm. 76001-33-
33-020-2021-00165-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta
providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Distrito Especial de
Santiago de Cali y la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, Fondo Especial de
Vivienda de Cali, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración justicia de la señora Mireya Bejarano González, por los
motivos indicados en esta decisión.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 25 de abril de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del expediente con radicado núm.
76001-33-33-020-2021-00165-01, en atención a las razones expresadas en este fallo.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término
de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de
esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

15

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05737-00
Accionante: Mireya Bejarano González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

16

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