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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05743-00

Fecha
31 de octubre de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05743-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Manlio Inti Calderón Palencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05743-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

31 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05743-00
Demandante: Manlio Inti Calderón Palencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 31 de octubre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05743-00
Demandante: MANLIO INTI CALDERÓN PALENCIA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA CUARTA DE
DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia que decidió en segunda instancia una acción
de cumplimiento. Improcedente por no colmar el requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Manlio Inti Calderón Palencia contra el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 12 de septiembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

A juicio del tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se derivaba de la
sentencia del 22 de mayo de 2025, con la que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Cuarta de Decisión, decidió en segunda instancia la acción de cumplimiento 70001-33-
33-009-2025-00037-00/01.

2. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes pretensiones:
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, dentro del expediente con radicado 70001-33-
33-009-2025-00037-01.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, que en un término
perentorio de diez (10) días, profiera una nueva sentencia resolviendo el recurso de impugnación,
pronunciándose de fondo, de manera clara, motivada y congruente, sobre todos y cada uno de los
argumentos que fueron planteados en mi escrito de apelación.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

El 1º de marzo de 2024, el demandante se posesionó como personero del municipio de
San Luis de Sincé (Sucre), luego de superar el procedimiento de selección que adelantó la
1 Índice 1 de Samai.

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Demandante: Manlio Inti Calderón Palencia

Escuela Superior de Administración Pública.

El 25 de septiembre de 2024 el demandante les pidió al alcalde, tesorero y concejo del
mencionado municipio que adelantaran las actuaciones pertinentes para garantizar que
sus salarios y prestaciones se sufragaran con el presupuesto general del ente territorial y
no con los dineros de funcionamiento de la personería municipal, conforme lo preveía, a
su juicio, el artículo 177 de la Ley 136 de 1994.

3.2 Acción de cumplimiento

En razón a que las autoridades municipales no atendieron sus solicitudes, el tutelante
promovió acción de cumplimiento contra Sincé (a la que se le asignó el número de
radicación 70001-33-33-009-2025-00037-00/01), con el fin de que se le ordenara atender
el artículo 177 de la Ley 136 de 1994, esto es, que se dispusiera el pago de sus salarios y
prestaciones como personero municipal con el presupuesto general del ente territorial.

Con sentencia del 24 de abril de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo negó
las pretensiones de la acción de cumplimiento al considerar que los gastos de la Personería
de Sincé estaban incluidos en el presupuesto del municipio, «sección personería», por tanto,
no había desatención del artículo 177 de la Ley 136 de 1994 ni del concepto 2321 del 19
de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
el que se indicó que las personerías municipales contaban con autonomía administrativa y
presupuestal, aunque los entes territoriales debían asegurarles los recursos de
funcionamiento, sin que fuere necesario que correspondieran al presupuesto general.

La anterior decisión fue apelada por el demandante, al estimar que el artículo 177 de la Ley
136 de 1994 establecía que los salarios y prestaciones de los personeros municipales
debían ser cubiertos con recursos del presupuesto general y no con la «sección presupuestal
de la Personería», en aras de garantizar su autonomía presupuestal, como se había dicho
en varios pronunciamientos judiciales2. Además, el concepto 2321 del 19 de septiembre
de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado carecía de fuerza
vinculante, como lo había precisado la Corte Constitucional3.

A través de fallo del 22 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta
de Decisión, revocó la sentencia de primera instancia para declarar improcedente la acción
de cumplimiento, en razón a que el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 preveía que los
salarios y prestaciones «de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con
cargo al presupuesto del municipio», mandato que se encontraba cumplido frente al actor,
pues mediante el Decreto 20 del 26 de noviembre de 2024 se aprobó el presupuesto del
municipio de Sincé, en el que se destinaron $208.000.000 para el funcionamiento de su
Personería. Asimismo, señaló que esa norma no contemplaba la obligación de fijar un
gasto adicional a los de la planta de personal del ente territorial.

Que, aunque el demandante invocó algunos pronunciamientos judiciales para fundamentar
sus pretensiones, en otras decisiones se indicó que el artículo 177 de la Ley 136 de 1994
no imponía a los municipios el deber de pagar los salarios de los personeros con dinero
del presupuesto general, ya que ello contrariaba los principios de «legalidad del gasto y
especialización».

2 Pronunciamientos (i) del 25 de abril de 2013, Consejo de Estado, Sección Segunda, número interno 0088-09, (ii) del

18 de diciembre de 2015, Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente S2-409; (iii) del 21 de enero de 2025,
Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó, expediente 27001-33-33-005-2024-00221-00; (iv) del 28 de julio de 2017,
Juzgado Sexto Administrativo de Villavicencio, expediente «2017-00205»; y (v) del 11 de mayo de 2017, Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 2321.
3 Pronunciamientos (i) del 25 de abril de 2013, Consejo de Estado, Sección Segunda, número interno 0088-09, (ii) del

18 de diciembre de 2015, Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente S2-409; (iii) del 21 de enero de 2025,
Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó, expediente 27001-33-33-005-2024-00221-00; (iv) del 28 de julio de 2017,
Juzgado Sexto Administrativo de Villavicencio, expediente «2017-00205»; y (v) del 11 de mayo de 2017, Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 2321.
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4. Fundamentos de la tutela

El tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

Adujo que la sentencia cuestionada incurría en falta de motivación, defecto
procedimental «por incongruencia» y violación directa de la Constitución Política, en
razón a que no se desataron todos los motivos de inconformidad consignados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 24 de abril de 2025, con la que
el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo decidió en primera instancia la acción de
cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-00/01, pues no se refirió al principio de
legalidad, la indebida interpretación «de la figura de la sección presupuestal» y el
desconocimiento del precedente.

5. Trámite procesal

Con auto del 23 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y
vincular como terceros con interés al juez noveno administrativo de Sincelejo y al alcalde
de Sincé.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el
29 de septiembre de 2025.

6. Intervenciones

El Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo relató las actuaciones que surtió en
primera instancia dentro de la acción de cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-
00/01 y señaló que no vulneró derechos fundamentales del demandante.

El municipio de Sincé, por conducto de apoderado, adujo que la sentencia cuestionada
se emitió bajo una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, la cual estaba
amparada por el principio de autonomía judicial, en consecuencia, no era dable atribuirle
transgresión de los derechos fundamentales invocados por el tutelante. Además, el actor
empleaba la tutela con el fin de obtener un nuevo pronunciamiento sobre las cuestiones
debatidas en la acción de cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-00/01, lo que
contrariaba su naturaleza excepcional.

Que la providencia atacada se emitió en atención a las potestades que tenía la autoridad
accionada de realizar un control de legalidad integral sobre los presupuestos de
procedibilidad de la acción de cumplimiento, por tanto, no aconteció el fallo incongruente
al que alude el accionante, situación por la que debía declararse improcedente la tutela.

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, guardó silencio a pesar
de que se le notificó el auto admisorio de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 22 de mayo de 2025, con la
que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, decidió en segunda
instancia la acción de cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-00/01.

3

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La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela por cuanto no colma el requisito de
relevancia constitucional, ya que no se expuso una carga argumentativa adecuada para
refutar las consideraciones con las cuales la autoridad accionada fundamentó la sentencia
censurada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos».

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

4

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Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección»4.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

4. Caso concreto

Con la finalidad de determinar si la tutela colma el presupuesto de procedibilidad de
relevancia constitucional, debe advertirse que el demandante promovió la acción de
cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-00/01 contra el municipio de Sincé, con el
fin de que se le ordenara pagarle sus salarios y prestaciones con recursos del
presupuesto general del ente territorial porque, a su juicio, así lo establecía el artículo 177
de la Ley 136 de 1994.

Mediante sentencia del 24 de abril de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo de
Sincelejo denegó la anterior pretensión, al estimar que el municipio demandado atendía
el artículo 177 de la Ley 136 de 1994, por cuanto estableció una partida denominada
«sección personería» para cubrir los salarios y prestaciones del demandante, en su
condición de personero, y esa norma no exigía que se cubrieran dichos gastos con el
presupuesto general, pues aquella garantizaba la autonomía conforme al concepto 2321
del 19 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Contra la anterior decisión la parte accionante interpuso recurso de apelación, en el que
indicó (i) que el a quo desconoció que el referido concepto del Consejo de Estado carecía
de fuerza vinculante, como lo había sostenido la Corte Constitucional7, y (ii) que el artículo
177 de la Ley 136 de 1994 establecía la obligación de pagarle los salarios y prestaciones
a los personeros con el presupuesto general del municipio, mandato de obligatorio
cumplimiento que garantizaba el «principio de especialización presupuestal» y la autonomía e
independencia de las personerías, como lo había dicho en algunos pronunciamientos la
jurisdicción contencioso-administrativa8.

La apelación fue desatada el 22 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Cuarta de Decisión, en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia para
declarar improcedente la acción de cumplimiento, toda vez que el artículo 177 de la Ley
136 de 1994 no preveía la obligación de los municipios de cubrir los salarios y prestaciones
de sus personeros con recursos de su presupuesto general, si no indicaba que los
asumiera, como lo hacía Sincé, puesto que con el Decreto 020 del 26 de noviembre de
2024 se apropiaron $208.000.000 para el funcionamiento de su Personería.

Que si bien el actor invocó algunos pronunciamientos en los que supuestamente se dijo
que los salarios y prestaciones de los personeros debía cubrirlos los municipios con

7 Sentencias T-807 de 2000, C-877 de 2000, C-542 de 2005 y T-091 de 2007.
8 Pronunciamientos (i) del 25 de abril de 2013, Consejo de Estado, Sección Segunda, número interno 0088-09, (ii) del

18 de diciembre de 2015, Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente S2-409; (iii) del 21 de enero de 2025,
Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó, expediente 27001-33-33-005-2024-00221-00; (iv) del 28 de julio de 2017,
Juzgado Sexto Administrativo de Villavicencio, expediente «2017-00205»; y (v) del 11 de mayo de 2017, Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 2321.
5

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recursos de su presupuesto general, había otros que indicaban lo contrario, postura que
era más apropiada para garantizar los principios de «legalidad del gasto y especialización»

En la solicitud de amparo el accionante sostuvo que la sentencia cuestionada adolecía
de falta de motivación, defecto procedimental «por incongruencia» y violación directa de la
Constitución Política, porque, a su juicio, no analizó todos los argumentos que planteó en
el recurso de apelación que formuló contra la sentencia del 24 de abril de 2025, mediante
la cual el Juzgado Noveno Administrativo de Sincelejo decidió en primera instancia la
acción de cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-00/01.

Efectuadas las anteriores precisiones fácticas y una vez analizados los argumentos
expuestos en la tutela, la Sala evidencia que el actor no cuestiona las consideraciones
sobre las cuales la autoridad accionada fundó la sentencia atacada, sino que se limitó a
indicar que esta no se pronunció sobre todas las inconformidades expuestas en el recurso
de apelación que desató, lo que denota incumplimiento de su obligación de formular
cargos que ataquen la ratio decidendi de la determinación, esto es, de la carga
argumentativa que exige la jurisprudencia constitucional.

Además, tampoco es cierto que en el fallo cuestionado no se haya hecho referencia a las
inconformidades que el tutelante planteó a la respectiva apelación, pues en aquel se
indicó que el artículo 177 del 136 de 1994 no establecía un mandato para los municipios
de cubrir los salarios y prestaciones de los personeros con recursos de su presupuesto
general y que aunque en algunos pronunciamientos judiciales se indicó ello, había otros
que indicaban lo contrario, criterio que acogió la autoridad accionada en aras de garantizar
los principios de «legalidad del gasto y especialización».

En ese orden de ideas, si el actor no compartía las consideraciones consignadas en la
providencia censurada, lo adecuado era que formulara argumentos en su contra en aras
de refutarlas y no que se limitara a afirmar que no se estudiaron todos los cargos que
formuló en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo que decidió en primera
instancia la acción de cumplimiento 70001-33-33-009-2025-00037-00/01, lo cual, se
insiste, sí ocurrió.

Conforme con lo expuesto, para la Sala la acción de tutela de la referencia no satisface
el requisito de relevancia constitucional, ya que, se reitera, el demandante no cumplió
con la carga mínima de argumentación frente a los motivos por los que consideraba que
la providencia cuestionada quebrantaba el ordenamiento jurídico superior, pues, se
insiste, se limitó a decir que la autoridad accionada no se pronunció sobre el principio de
legalidad, la indebida interpretación «de la figura de la sección presupuestal» y el
desconocimiento del precedente, argumentos que como se advirtió previamente, sí
fueron analizaros en la decisión judicial reprochada.

Es de anotar que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto
que es necesario, se reitera, poner en evidencia la afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales invocados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,
supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»9.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la acción de tutela de
la referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

9 Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2019.

6

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Demandante: Manlio Inti Calderón Palencia

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Manlio Inti Calderón
Palencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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