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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05745-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05745-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05745-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05745-00
Asunto: Tutela contra acto administrativo de trámite. Improcedencia por
no cumplir el requisito de subsidiariedad

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte actora
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1.1. Mediante Resolución No. 026 de 21 julio de 2025, la Juez Décimo Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta desvinculó al
accionante del cargo de oficial mayor que desempeñaba en ese
despacho, en razón del nombramiento del empleado en propiedad.

1.2. Inconforme con la anterior decisión el accionante interpuso recurso de
reposición. Igualmente, presentó recusación contra la Juez Décimo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta.

1.3. Mediante Resolución No. 032 de 26 de agosto de 2025, la Juez Décimo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta no aceptó
la recusación, por lo que remitió el asunto a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca.

1.4. Mediante Oficio núm. CSJNSOP25-1029 del 29 de agosto de 2025, el

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Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
devolvió el trámite de recusación a la Juez Décimo Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Cúcuta por no ser su superior
jerárquico ni ostentar la condición de nominadora de los jueces
adscritos a esa seccional.

1.5. Mediante Resolución No. 033 de 3 de septiembre de 2025, la Juez
Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta
remitió la recusación a la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta.

1.6. Mediante Resolución No. 70 de 11 de septiembre de 2025, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta declaró infundada la recusación
planteada por el accionante y, en consecuencia, ordenó devolver las
diligencias al juzgado de origen para que continuara con la actuación
administrativa correspondiente.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la accionada vulneró su derecho fundamental al
debido proceso y el principio de seguridad jurídica al resolver la recusación
que formuló contra la Juez Décimo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cúcuta.

Refirió que en el año 2022 presentó recusación contra la Juez Segunda de
Familia del Circuito de Cúcuta y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta la remitió al Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Cúcuta para
que la resolviera, al considerar que dicho trámite debía ser resuelto por el
homólogo que seguía en turno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 132
del CPACA.

Comentó que, en cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Cúcuta resolvió la recusación y contra esa resolución presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el

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radicado núm. 54-001-33-33-003-2023-00058-00, dentro de la cual el Juzgado
Doce Administrativo de Cúcuta señaló que “[…] fue expedida por funcionario
sin competencia […]”.

Afirmó que “[…] de manera sorpresiva y contraria a su propio precedente
administrativo del año 2022 […]” el tribunal accionado decidió asumir la
competencia y resolver de fondo la recusación, lo cual comporta una falta de
unificación de criterios administrativos en situaciones idénticas

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declarar la vulneración de mis derechos fundamentales a la
seguridad jurídica y al debido proceso por parte del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, y como consecuencia dejar parcialmente sin
efecto la Resolución 70 del 11 de septiembre de 2025 hasta que no sea
resuelta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho admitida
por el Juzgado Doce Administrativo de Cúcuta.

2.Ordenar a la entidad accionada que, en lo sucesivo, unifique los
criterios administrativos en casos de recusación, respetando el principio
de legalidad y la jurisprudencia aplicable, y se abstenga de realizar
interpretaciones contrarias a las normas que rigen la materia.

3. Vincular al trámite de esta acción de tutela al Juzgado Segundo de
Familia de Cúcuta (quien expidió la Resolución 012 del 09 de mayo de
2022), al Consejo Seccional de Norte de Santander y Arauca, y al Juzgado
Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta
(quien expidió la Resolución 026 del 21 de julio de 2025), AL Juzgado
Tercero de Familia del Circuito de Cúcuta (quien expidió la resolución 007
del 07 de junio de 2022), al Juzgado Doce Administrativo de Cúcuta (quien
admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho), para que
se pronuncien sobre los hechos de la presente acción constitucional. […]”.

II. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta rindió informe en el que
solicitó negar por improcedente la presente acción constitucional ante la
ausencia del requisito de subsidiariedad y la inexistencia de afectación a las
garantías fundamentales invocadas por el accionante.

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2. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta solicitó su
desvinculación de la presente acción constitucional toda vez que la presunta
vulneración del accionante deviene de la expedición de un acto administrativo
ajeno a sus funciones y tampoco se le atribuye mora judicial con ocasión del
proceso 54001-33-33-003-2023-00058-00.

3. El Consejo Superior de la Judicatura señaló que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, razón por la cual solicitó negar el
amparo deprecado frente a esa entidad.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991 y el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta
solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que las pretensiones de amparo involucran
el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado núm. 54001-33-33-003-
2023-00058-00 el cual se encuentra en curso en el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cúcuta, a dicha autoridad le asiste interés directo
en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
negará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.

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3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

A) Si en el presente caso se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos y, de
ser así:

B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales del accionante al
expedir la Resolución No. 70 de 11 de septiembre de 2025, por medio
de la cual declaró infundada la recusación planteada frente a la Juez
Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta.

4. Caso concreto

4.1. Análisis del requisito de la subsidiariedad

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19911.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad2.

Respecto de los actos administrativo de trámite la Corte Constitucional3 ha
señalado que el juez de tutela no puede interferir en la decisión definitiva que
deba adoptar la administración una vez culminada la actuación administrativa
y mucho menos sustituir el control posterior de legalidad que, sobre el mismo,
le corresponde ejercer al juez de lo contencioso administrativo. Concretamente
ha dicho:

“[…] la jurisprudencia constitucional ha acogido la improcedencia general
de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite o
preparatorios, atendiendo el requisito de subsidiariedad previsto en el
ordenamiento Superior, en la medida en que tienen por objeto impulsar
las actuaciones administrativas, lo cual tendrá reflejo en el acto principal
posterior. […]”4.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.

En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se deje parcialmente sin efectos
la Resolución núm. 70 de 11 de septiembre de 2025 expedida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

Respecto de lo anterior, la Sala considera que la presente acción de tutela no
cumple con el requisito general de subsidiariedad porque la misma se dirige
contra un acto de trámite expedido en el marco de una actuación administrativa
que se encuentra en curso.

2 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
3 Sentencia T-123 de 2007.
4 Corte Constitucional, sentencia T-1012 de 2010.

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En efecto, el acto administrativo materia de controversia es de trámite porque
no está resolviendo en forma definitiva la situación jurídica del accionante, en
los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115
que establece que los actos definitivos son aquellos que deciden de fondo el
asunto y no permiten continuar con la actuación, lo cual no sucede en este
caso6.

Nótese que la resolución objeto de tutela se expidió en el marco de la actuación
administrativa mediante la cual se dispuso la desvinculación del accionante en
el cargo de oficial mayor que desempeñaba en el Juzgado Décimo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta, dentro de la cual se
encuentra pendiente de resolver el recurso de reposición por lo que una vez
se resuelva el mismo se estaría emitiendo una decisión definitiva que es
susceptible de control judicial.

De ahí que para la Sala resulta claro que, al existir un procedimiento
administrativo en trámite en el que no se ha adoptado una decisión definitiva,
la acción de tutela no puede erigirse como un escenario paralelo para debatir
los asuntos que inicialmente deben ser estudiados dentro de la actuación
administrativa, máxime cuando en el presente caso no se encuentra
acreditado un perjuicio irremediable.

En conclusión, la Sala encuentra que la presente acción de tutela no cumple
con el requisito de subsidiariedad en razón a que: (i) la actuación administrativa
se encuentra en trámite, (ii) se cuestiona un acto de trámite; y (iii) el accionante
cuenta con otras acciones judiciales para controvertir la decisión definitiva que
se adopte dentro del marco de esa actuación.

5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de

18 de julio de 2024, Radicado núm. 17001-23-33-000-2024-00021-01. C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.

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Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito general de la subsidiariedad, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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