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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05746-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05746-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Alonso de Jesús García Vinasco por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05746-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de octubre de 2025

Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05746-00
Demandante: ALONSO DE JESÚS GARCÍA VINASCO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 15 de septiembre de 2025, el señor Alonso de Jesús
García Vinasco, por medio de apoderado, presentó acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido
proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la sentencia del 3 de junio de 2025.

Lo anterior, por cuanto la referida autoridad confirmó el fallo del 29 de noviembre
de 2024 del Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de Cartago, que negó
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional reclamada. Todo en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76147-
33-33-004-2022-00177-00/01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al
mínimo vital y acceso a la administración de justicia, así como cualquier otro derecho
fundamental que se considere vulnerado –extrapetita- por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con ocasión al contenido de la decisión número 126 proferida en segunda instancia
el pasado tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día 27 de junio de dicha

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Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

anualidad, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No. 76147-33-33-004-2022- 00177-01 promovido por Alonso De Jesús García Vinasco.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de segunda
instancia número 126 de fecha tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), notificada el día
27 de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 76147-33-33-004-2022- 00177-01 promovido por Alonso De Jesús García Vinasco

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dentro de los treinta (30)
días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera sentencia de reemplazo, atendiendo
las razones expuestas en la parte motiva del fallo de tutela.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el señor Alonso de Jesús García Vinasco se
sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

Relató que contrajo matrimonio con la señora Olga Alzate Ramírez el 17 de
noviembre de 1973, con quien convivió por más de 48 años, compartió techo, lecho
y mesa, y procreó dos hijos que actualmente son mayores de edad.

Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
Fomag), Regional Departamento del Valle del Cauca, por medio de la Resolución
007 del 4 de enero de 2001, le reconoció a la señora reconoció a la señora Olga
Alzate Ramírez una pensión de jubilación, en calidad de docente.

Afirmó que su esposa, por medio de oficio del 18 de abril de 2008, le manifestó al
Fomag su voluntad de que, en la eventualidad de que falleciera, se transfiriera la
pensión a su favor, en calidad de cónyuge supérstite.

Explicó que entre el 26 de octubre de 2020 y el 6 de febrero de 2022 existió una
separación de hecho por motivos de fuerza mayor, por cuanto uno de los hijos de la
pareja (Pablo Andrés García Alzate), asumió el cuidado de la señora Olga Alzate
Ramírez en un lugar de residencia diferente al del matrimonio.

Aclaró que lo anterior se presentó en un contexto en el que las relaciones de él con
su hijo Pablo Andrés García Alzate se deterioraron ostensiblemente, al punto que
se presentaron denuncias penales por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

Puntualizó que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, por auto del
13 de octubre de 2020, al resolver una solicitud de medida cautelar dentro del
proceso de interdicción con radicado 76147318400220190028900, autorizó la
residencia separada de la señora Olga Alzate Ramírez, bajo el cuidado y la
protección de su hijo Pablo Andrés García Alzate

Manifestó que con ocasión del fallecimiento de su cónyuge ocurrido el 6 de febrero
de 2022, solicitó de la Secretaría de Educación de Cartago el reconocimiento de la
sustitución pensional, la cual fue negada a través de las Resoluciones 0651 del 13
de junio de 2022 y 0839 del 26 de julio siguiente.

Adujo que acudió a la jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para controvertir los actos administrativos
referenciados en el párrafo anterior.

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Precisó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartago,
mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, porque no se acreditó una convivencia real entre él y la señora Olga
Alzate Ramírez «en las condiciones reiteradas por la jurisprudencia del órgano de
cierre».

Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión,
a través del fallo del 3 de junio de 2025, confirmó la anterior decisión, porque el
accionante (i) se regía, en sus pretensiones, por las previsiones de la Ley 71 de
1988 y su Decreto Reglamentario 1160 de 1989; (ii) aunque tenía un matrimonio
vigente, no probó la convivencia material y el apoyo mutuo al momento del deceso
de la señora Olga Alzate Ramírez y (ii) no acreditó razones de fuerza mayor que le
impidieran acercarse en vida a su cónyuge.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Consideró que negarle la sustitución pensional «no solo desconoce la voluntad
expresa de la causante y el régimen especial docente aplicable, sino que constituye
una vulneración directa a su derecho fundamental a la seguridad social, al debido
proceso, al mínimo vital y a la protección especial que merece por su condición de
adulto mayor.»

Insistió en que el reconocimiento de la sustitución pensional no es un beneficio
accesorio, sino una fuente principal de subsistencia, si se considera que tiene 76
años. Añadió que, en este caso, el vínculo matrimonial vigente y la convivencia por
más de 48 años hacen evidente que él era dependiente económico y afectivo de su
esposa (q.e.p.d.), lo cual refuerza su calidad de beneficiario natural de la sustitución
pensional.

Recalcó que «el derecho de acceso a la justicia no se satisface con la mera
tramitación del proceso, sino con la resolución justa y efectiva de las pretensiones.»

Añadió que el juzgado y el tribunal desconocieron el anterior mandato, «pues se
apartaron del precedente vinculante, aplicaron de manera restrictiva la normativa y
desatendieron pruebas fundamentales.»

Subrayó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, con su decisión del 3 de junio de 2025, incurrió en (i) defecto sustantivo,
por cuanto aplicó indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; (ii)
desconocimiento del precedente, pues soslayó «la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional, la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que reconocen
que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente puede acreditar la
convivencia de cinco años en cualquier tiempo»; y (iii) defecto fáctico por no valorar
pruebas esenciales como el oficio en el que la señora Olga Álzate Ramírez expresó
su voluntad de transferirle la pensión de jubilación y la providencia que ordenó la
residencia separada por razones de fuerza mayor.

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Enfatizó que el defecto fáctico es por dos vías: (i) por omisión, «por no tener en
cuenta pruebas relevantes sobre la vida conyugal y la separación forzada»; y (ii)
indebida valoración, al «restringir arbitrariamente el alcance de la convivencia a la
cohabitación formal, en contra de la prueba obrante y del precedente
constitucional.»

Iteró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el artículo 1781
del Código Civil; la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022, que definió la norma aplicable en el caso de la pensión de los docentes, «a
efectos de determinar los requisitos para ser beneficiarios de la sustitución
pensional y pensión de sobrevivientes»; y «las reglas de modulación contenidas en
las sentencias de exequibilidad condicionada C-336 de 2014, SU-169 de 202490,
SU-108 de 202091, T-392 de 201892, T-245 de 201793, T-324 de 2014 y T-197 de
201094 de la Corte Constitucional».

Especificó que también desconoció «la ratio decidendi de sentencias proferidas por
el propio Consejo de Estado como la sentencia del 6 de diciembre de 2018 de la
Sección Segunda, Subsección A, Radicado 08001 23-31-000-2010-00983-01(3178-
15); la sentencia del 25 de abril de 2013, Sección Segunda, con radicado 76001-23-
31 000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; la
sentencia del 17 de octubre de 2017, Sección Segunda, Subsección B, con radicado
19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; la
sentencia del 12 de septiembre de 2024, Sección Segunda, Subsección A, con
radicado 54001-23-33-000-2019-00096-01 (2191-2024), M.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; entre otras. Y, desconoció igualmente sentencia de la Corte Suprema de
Justicia».

Concluyó que la jurisprudencia de las altas cortes ha señalado que «puede solicitar
la sustitución pensional, el cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente,
incluso si estaba separado de hecho, siempre que pruebe 5 años de convivencia en
cualquier momento.»

1.5. Trámite y contestación

Mediante auto del 1º de octubre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, en calidad de demandados.

Así mismo, se ordenó vincular al Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de
Cartago, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de
Educación de Cartago, en calidad de terceros con interés en las resultas del
proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1 El Ministerio de Educación Nacional indicó que no está legitimado en la
causa por pasiva, ya que no es el llamado a responder por las pretensiones del
accionante.

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1.5.2 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afirmó que, en la sentencia
de 3 de junio de 2025, acató «de manera completa los postulados normativos y
jurisprudenciales para resolver este tipo de eventos y así mismo se dio aplicación a
los criterios hermenéuticos y de la sana crítica al momento de resolver el asunto».

Insistió en que valoró en su integridad el acervo probatorio obrante en el proceso
ordinario, incluso el oficio suscrito por la causante el 18 de abril de 2008 y el auto
del 13 de octubre de 2020 proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia.
De ahí que «el hecho de que la decisión judicial haya concluido en sentido
desfavorable al accionante, no equivale a ausencia de valoración probatoria ni a
defecto fáctico».

Expresó que la acción de tutela no puede utilizarse como una instancia adicional
para replantear el debate jurídico y probatorio ya concluido.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación porque no es el
llamado a responder por las pretensiones del accionante.

La Sala negará tal petición, debido a que la entidad referida fue vinculada como
tercero por conformar la parte demandada en el proceso ordinario objeto de
controversia, así que le asiste un interés en el resultado del trámite constitucional
de la referencia.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, la Sala deberá establecer si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala Segunda de Decisión, vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, al mínimo vital y
de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia del 3 de junio
de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76147-33-33-004-2022-00177-00/01.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y
(iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

1 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la sala, el señor Alonso de Jesús García Vinasco presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, porque en la sentencia del 3 de junio de 2025, mantuvo la
determinación del Juzgado Cuarto Administrativo Circuito Judicial de Cartago de
negar la sustitución pensional que persigue.

En criterio del accionante, la referenciada determinación adolece de (i) defecto
sustantivo, por cuanto aplicó indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993;
(ii) desconocimiento del precedente, pues soslayó «la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional, la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que reconocen
que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente puede acreditar la
convivencia de cinco años en cualquier tiempo»; y (iii) defecto fáctico por no valorar
pruebas esenciales como el oficio en el que la señora Olga Álzate Ramírez expresó

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su voluntad de transferirle la pensión de jubilación y la providencia que ordenó la
residencia separada por razones de fuerza mayor.

Para descender al caso concreto, se observa que el Juzgado Cuarto Administrativo
Circuito Judicial de Cartago, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, negó
las pretensiones de la demanda. Para arribar a esta conclusión partió de la premisa
que para ser beneficiario de la sustitución pensional se requiere demostrar la
convivencia con vocación de permanencia y apoyo mutuo, y no la existencia de un
vínculo legal.

Estableció que no es cierto que la convivencia cesó el 13 de octubre de 2020,
cuando el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, dentro de un
proceso de interdicción, autorizó la residencia de la señora Olga Álzate Ramírez en
un lugar diferente al que compartía con el señor Alonso de Jesús García Vinasco.

Lo anterior, si se atiende que, en una visita realizada a la vivienda del ahora
accionante por parte de la Comisaria de Familia, el 7 de julio de 2020, él declaró
que su esposa previamente «había estado recluida en dos hogares de vida: el hogar
San Antonio y el Hogar Nazaret debido a los quebrantos de salud que padecía»,
situación que no se acompasa con las declaraciones rendidas por los señores
Carlos Andrés Agudelo y Laura Marcela Betancurt, pues éstos aseveraron que la
convivencia se dio hasta la fecha del deceso de la señora Olga Álzate Ramírez.

Puso de presente que no hubo vocación de permanencia y apoyo mutuo, si se
atiende que el hijo de la pareja, en escrito de oposición de la sustitución pensional,
indicó que «el señor Alonso de Jesús García en ningún momento se acercó a visitar
a la causante, ni le interesó saber el estado de salud de su esposa dentro del lapso
comprendido entre el trece (13) de octubre de 2020 y la fecha del deceso, seis (6)
de febrero de 2022.»

Concluyó que la convivencia no está acreditada, así como los elementos que
denotan una verdadera vocación de construir una familia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, a través
de la sentencia del 3 de junio de 2025, confirmó lo resuelto por el a quo. Para llegar
a esta conclusión se basó en los medios de convicción obrantes en el plenario
(partida de matrimonio, Resolución 0007 de 2001, registro civil de defunción, escrito
de oposición del hijo a la sustitución pensional, oficio del 18 de abril de 2008,
expediente de interdicción judicial por discapacidad mental, desarchivo de la
investigación penal adelantada contra el accionante por violencia intrafamiliar,
providencia del 13 de octubre de 2020 y declaraciones extra juicio), así como en
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el tema de
estudio.

En su providencia estableció (i) el régimen aplicable a la sustitución pensional (los
artículos 3 de la Ley 71 de 1988 y 6 del Decreto 1160 de 1989); (ii) la no vida en
común, por cuanto hubo una separación de hecho y la inexistencia de lazos propia
de una pareja, como el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el
acompañamiento espiritual, así como del factor volitivo de establecer, construir y
mantener una familia; y (iii) la ausencia de impedimentos del accionante para
acercarse en vida a su cónyuge.

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Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

En esa medida, determinó, como lo hizo la primera instancia, que el señor Alonso
de Jesús García Vinasco no tiene derecho a la sustitución pensional reclamada, en
los siguientes términos:

71. Por el contrario, con el auto No. 697 del 13 de octubre de 202032, proferido por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Cartago dentro del proceso de interdicción judicial radicado
No. 76147-31-84-002-2019 00289-00, se probó que se autorizó a la señora OLGA ALZATE
RAMIREZ la residencia separada de su esposo para que residiera con su hijo, el señor PABLO
ANDRES GARCIA ALZATE, hecho este que no fue controvertido por la parte demandante.

72. Ahora, si bien dicha separación obedeció a una orden judicial en virtud de un proceso de
interdicción judicial, lo cierto es que tampoco se allegó ningún medio probatorio que lleve al
suficiente convencimiento de que durante ese tiempo se continuó con el vínculo matrimonial,
entendido este como la existencia de lazos propios de la vida en pareja, como el afecto, el auxilio
mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual, así como también que se trate de
una relación caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia.
[…]

74. De este modo, a pesar de que el matrimonio y la sociedad conyugal seguía vigente y existió
una convivencia prolongada en el pasado, no se demostró que, durante el tiempo de separación
de hecho, previo al fallecimiento de la señora OLGA ALZATE RAMIREZ, se haya continuado
con los deberes de solidaridad y apoyo mutuo entre los cónyuges.

75. Tampoco se demostró, que se haya impedido al demandante su acercamiento a la causante
o compañía, ni que existiera una imposibilidad real de convivencia que justificara la separación
y por ende el incumplimiento de este requisito para acceder al derecho prestacional reclamado.

76. En efecto, las únicas pruebas allegadas para acreditar este requisito por la parte
demandante fueron las declaraciones extrajuicio del demandante y de los señores Laura
Marcela Betancur Betancur y Carlos Andrés Agudelo Restrepo, que únicamente se limitaron a
manifestar que les consta que el demandante y la causante convivieron en matrimonio desde el
17 de noviembre de 1973 hasta el momento del fallecimiento, compartiendo techo, lecho y mesa
de manera ininterrumpida, sin brindar ningún otro detalle de la relación.

77. Dichas pruebas si bien son válidas, no acreditan bajo las reglas de la sana crítica, el pleno
convencimiento de la vida en común entre el demandante y la señora OLGA ALZATE RAMIREZ
al momento de su fallecimiento y no pueden ser constatadas con otros medios de prueba,
máxime cuando también obra dentro del expediente, el memorial suscrito por el señor PABLO
GARCIA ALZATE, quien, actuando en calidad de hijo de la causante y el señor ALONSO DE
JESÚS GARCÍA VINASCO, se opuso en sede administrativa, al reconocimiento de la sustitución
pensional reclamada, alegando precisamente el incumplimiento del requisito de convivencia.

Al descender lo expuesto al caso concreto, la Sala encuentra que la inconformidad
del señor García Vinasco tiene su génesis en un aspecto legal por cuanto pretende
que el juez de tutela, en principio, determine el régimen aplicable a la sustitución
pensional y, luego, fije el alcance de los 5 años de convivencia previsto en el artículo
47 de la Ley 100 de 1991, cuando existe un vínculo matrimonial vigente, con
fundamento en la jurisprudencia que considera es la rectora.

Aspectos que, como ya se vio, fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en su decisión del 3
de junio de 2025.

De igual manera, los argumentos expuestos por el accionante en relación con la
indebida valoración probatoria, están encaminados a controvertir las conclusiones
a las que arribó el tribunal accionado, toda vez que, según su criterio, debió dársele
preponderancia al oficio en el que la señora Olga Álzate Ramírez expresó su
voluntad de transferirle la pensión de jubilación y a la providencia del Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Cartago que ordenó la residencia separada por
razones de fuerza mayor.

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Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Acorde con lo analizado, se hace evidente que el accionante busca imponer su
criterio, el cual estima más acertado, sobre el del tribunal accionado, lo cual denota
un desconcierto respecto al sentido de la decisión; máxime si se tiene en cuenta
que esa autoridad judicial, en la sentencia del 3 de junio de 2025, determinó, en
principio, la norma que consideraba rectora (los artículos 3 de la Ley 71 de 1988 y
6 del Decreto 1160 de 1989), efectuó un análisis integral y ponderado de las pruebas
obrantes en el expediente y arribó a una conclusión que acompasó, con la
jurisprudencia que consideró aplicable.

Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.

Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.

En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el tutelante no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez
natural.

Sin embargo, el señor Alonso de Jesús García Vinasco insiste en que la decisión
cuestionada se aparta de las sentencias de la Corte Constitucional, Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado que le dan, a su modo de ver, una interpretación
distinta a la forma en que se deben acreditar los 5 años de convivencia, cuando
existe un vínculo matrimonial vigente, como un intento más de imponer su posición,
pero no cumple con la carga de acreditar que los casos en ellas analizados fueran
similares o idénticos a su situación particular, ni argumenta el por qué su proceso
debe ser fallado en sentido contrario.

Acorde con lo analizado y de los razonamientos expuestos en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por la
autoridad judicial, después de hacer un análisis ponderado de la norma que
consideró aplicable, así como de las pruebas obrantes, sin que sea permitido reabrir
el debate ya zanjado por el juez natural, so pretexto de la interpretación legal y los
precedentes referenciados por el accionante.

En consecuencia, se considera que, si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que la Corporación accionada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se evidencia es una
simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y las
conclusiones a las que arribó el fallador de la sentencia del 3 de junio de 2025, lo
cual, per se, no implica una trasgresión de las mencionadas garantías.

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Demandante: Alonso de Jesús García Vinasco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05746-00

Así las cosas, en principio, no es evidente la tensión entre derechos fundamentales
en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que amerite la
intervención del juez constitucional.

En tal medida, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Alonso de Jesús García Vinasco por no cumplir el presupuesto de la
relevancia constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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