RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05748-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05748-01

Fecha
3 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05748-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Gloria Alejandra González Rivera en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, pero por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01 Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05748-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y Juzgado Primero
Administrativo de Manizales

Temas: Tutela contra providencia judicial / reparación directa / proceso en
trámite / derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso

Decisión: Confirmar la decisión que declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo, pero por cuanto no cumplió con el requisito de la
subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Gloria Alejandra González Rivera, en
contra de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Gloria Alejandra González Rivera promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de las decisiones proferidas el 3 de junio de 2025
por el Juzgado Primero Administrativo de Manizales y el 2 de septiembre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 17001-33-33-001-2020-
00249-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai, dentro del trámite de la primera instancia (radicado
11001031500020250574800). Archivo documento denominado
«4_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_3_20250916101657532».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Empresa Social del Estado2 Hospital Santa Teresita de Pácora (Caldas),
con fundamento en una presunta falla en la prestación del servicio médico de
obstetricia que generó el fallecimiento de su hija.

2.2. En audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 ante el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales negó las pruebas testimoniales solicitadas por la entidad
demandada, y esta decisión fue notificada en estrados sin que se presentara recurso
alguno.

2.3. Sin embargo, el 2 de mayo de 2025, la apoderada de la demandada presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto anterior, y al
efecto sostuvo que por razones de fuerza mayor y caso fortuito no pudo presentar los
referidos recursos en forma oportuna en la audiencia inicial, pues durante el trámite
de la diligencia recibió llamadas intimidantes y amenazantes.

2.4. Mediante auto del 3 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales aplicó la excepción de inconstitucionalidad para dar trámite al recurso,
resolvió el de reposición en el sentido de confirmar la decisión adoptada y concedió
el de apelación.

2.5. El 2 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la
providencia apelada y, en su lugar, ordenó al Juzgado Primero Administrativo de
Manizales que decretara la prueba testimonial que había sido negada.

2.6. Las autoridades judiciales acusadas desconocieron lo dispuesto en los artículos
13, 42, 117 y 322 del Código General del Proceso3 y 243.7, y 224.2 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4 sobre la
oportunidad para presentar los recursos de reposición y apelación, e inobservaron
los principios de proporcionalidad y razonabilidad en las decisiones que dieron trámite
a un recurso presentado en forma extemporánea.

2.7. Además, desconocieron los presupuestos que ha establecido la Corte
Constitucional para la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, porque
además de no existir una contradicción manifiesta entre los artículos 318 del CGP y
244 del CPACA, al aplicarla se vulneraron los derechos a la igualdad y al debido
proceso, como consecuencia de «una falencia presentada por la apoderada de la parte
demandada, que puede ser atribuible a la misma, en tanto estaba en su esfera de dominio
dar un manejo diferente a la situación, sin inobservar los postulados procesales» (sic).
Además de que no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos por la defensa
técnica de la demandante en el proceso de reparación directa.

2 En adelante ESE.
3 En lo que sigue CGP.
4 En lo sucesivo CPACA.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

1.1.1. Pretensiones

3. Si bien el escrito de la tutela no tiene un capítulo específico con las pretensiones,
con fundamento en la situación fáctica expuesta, se advierte que pretende que se
dejen sin efecto los autos del 3 de junio de 2025 y 2 de septiembre de 2025 en virtud
de los cuales se dispuso el decreto de las pruebas testimoniales.

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Caldas5 solicitó que se declarara la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que el fundamento de la petición tiene relación
directa con la valoración y análisis jurídico y probatorio que adelantaron las
autoridades judiciales, de manera que pretende debatir nuevamente aspectos que
«debieron presentarse y discutirse ante los Despachos judiciales que conocieron en primera
y segunda instancia el proceso de reparación directa».

5. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales6 remitió
el expediente del proceso ordinario solicitado y sostuvo que estaría presto a cumplir
la decisión que se llegara a adoptar, comoquiera que no tenía interés en el medio de
control ni en la solicitud de amparo.

6. La ESE Hospital Santa Teresita de Pácora (Caldas)7 pidió que «no se [diera]
trámite a la [solicitud] de tutela» pues no se vulneró derecho fundamental alguno al darle
trámite al recurso de apelación, toda vez que se advirtió que la no presentación del
referido recurso en el transcurso de la audiencia inicial no se hizo de manera
caprichosa «por lo que incluso la omisión de este recurso acarrearía en una verdadera
vulneración de derechos».

7. Medimás EPS8 solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de tutela
«por falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del mandato con representación
de la extinta EPS Medimás liquidada “…sin ser garante necesario solidario”», toda vez que
las llamadas a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
son las autoridades judiciales acusadas; además de que no ha afectado derechos ni
garantías de Gloria Alejandra González Rivera.

1.3. Sentencia de primera instancia9

8. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 30 de octubre de 2025
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no cumplía con
el requisito general de la relevancia constitucional, ya que Gloria Alejandra González
Rivera pretendía reabrir un debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa,

5 Índice 10 de Samai.
6 Índice 12 de Samai.
7 Índice 14 de Samai. Documento denominado
«24_110010315000202505748002MemorialWeb202592321344».
8 Índice 15 de Samai. Documento denominado
«29_110010315000202505748002MemorialWeb2025924142432».
9 Índice 23 de Samai.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

sin que mediara una justificación encaminada a evidenciar la presunta transgresión
de sus garantías constitucionales. Esto, pues las autoridades judiciales concluyeron
que de aplicarse restrictivamente las normas procesales que regulan la preclusión en
materia de interposición de recursos, se estarían desconociendo las garantías
fundamentales del hospital demandado, pues las circunstancias que expuso la
apoderada judicial daban cuenta de la imposibilidad material que padeció, durante la
audiencia inicial, para ejercer el derecho de defensa y contradicción de la entidad;
situación que encontraron acreditada al menos sumariamente, lo que evidenció que
fue víctima de un hecho de violencia y de intimidación mientras se adelantaba la
diligencia judicial.

1.4. Escrito de impugnación10

9. Gloria Alejandra González Rivera impugnó la sentencia de primera instancia. Al
efecto señaló que en el escrito de tutela expuso las razones por las cuales el asunto
tenía relevancia constitucional, puesto que «plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por
cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública» y, de
acuerdo con ello, se precisó en forma detallada el núcleo esencial de los derechos
fundamentales que estaban siendo vulnerados con las decisiones judiciales
acusadas. De manera que, a través de los actos acusados, las autoridades judiciales:

9.1. Desconocieronel derecho a la igualdad en tanto se dejaron de aplicar las
disposiciones normativas de orden público en torno a la oportunidad de presentar
recursos; y porque no se validó la información referenciada por la entidad
demandada.

9.2. No dieron aplicación al principio de proporcionalidad pues la posición
extremadamente garantista de las autoridades judiciales vulneró garantías
esenciales y fundamentales de la demandante.

9.3. Aceptaron pruebas sumarias para acreditar lo manifestado por la entidad
demandada, sin someterlas siquiera a contradicción de la demandante. La posición
garantista que se asumió implicó un desconocimiento del derecho de acceso a la
administración de justicia, en tanto que, ni siquiera fueron tenidos en cuenta los
argumentos expuestos en los diferentes pronunciamientos realizados.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

10 Índice 27 de Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.14 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

15. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

18. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela
presentada por Gloria Alejandra González Rivera cumple con el requisito de
procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva. De la subsidiariedad

19. El artículo 86 constitucional señala que «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

20. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia19, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

21. Gloria Alejandra González Rivera acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejaran sin efectos
los autos del 3 de julio y 2 de septiembre de 2025, respectivamente, mediante los
cuales, en el primero: i) inaplicó por vía de excepción de inconstitucionalidad los
artículos 318 del CGP y 244 del CPACA en sus apartados referentes a la oportunidad
de interponer los recursos de reposición y apelación frente a las decisiones
adoptadas en estrados «por advertirse, que para el caso concreto dichas disposiciones
trasgreden el marco constitucional, referente a los derechos y garantías del debido proceso
y acceso a la administración de justicia»; ii) no repuso la decisión adoptada en audiencia
inicial celebrada el 29 de abril de 2025 en punto de negar el decreto de la prueba
testimonial solicitada por el hospital demandado; y iii) concedió el recurso de
apelación; y en el segundo, se revocó la decisión apelada y se ordenó el decreto de
la prueba solicitada.

22. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en
el referido medio de control20, así:

22.1. Enejercicio del medio de control de reparación directa, Gloria Alejandra
González Rivera presentó demanda en contra de la ESE Hospital Santa Teresita de
Pácora (Caldas), con fundamento en una presunta falla en la prestación del servicio
médico de obstetricia que generó el fallecimiento de su hija.

22.2. En audiencia inicial celebrada el 29 de abril de 2025 ante el Juzgado Primero
Administrativo de Manizales se negaron las pruebas testimoniales solicitadas por la
entidad demandada. Esta decisión fue notificada en estrados sin que se presentara
recurso alguno.

22.3. El 2 de mayo de 2025, la apoderada del hospital demandado presentó recurso
de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto anterior. Al efecto sostuvo
que por razones de fuerza mayor y caso fortuito no pudo presentar los referidos
recursos en forma oportuna en la audiencia inicial, pues durante el trámite de la

19 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
20 Al efecto pueden consultarse los documentos aportados como prueba a la presente solicitud de

tutela, que obran a índice 2 de Samai.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

diligencia recibió llamadas intimidantes y amenazantes que afectaron su capacidad
de actuar profesionalmente. Al efecto relató lo siguiente:

22.3.2. Desde el momento en que inició la audiencia inicial, recibió unas llamadas
telefónicas de un número privado, las que no contestó por encontrarse en la
diligencia.

22.3.3. A continuación, recibió llamadas insistentes de la novia de su cuñado, a quien
tampoco contestó, pero vía mensaje de texto le indagó por el motivo de esas
llamadas. Ella respondió que el grupo armado ilegal del Clan del Golfo se había
comunicado con su pareja sentimental [el cuñado de la abogada] y le habían
informado que el cónyuge de la apoderada de la entidad había sido secuestrado.

22.3.4. La abogada del hospital se había comunicado con su cónyuge 5 veces sin
obtener respuesta y, en el entretanto, le estaban solicitando el pago de una suma de
dinero para comunicarse con él y para su liberación, lo que se acompañaba de
amenazas de muerte.

22.3.5. Con posterioridad recibió directamente las llamadas del grupo armado ilegal
quienes la amedrantaron y le exigieron el pago de una suma de dinero por la
liberación de su cónyuge y que no realizara denuncia o manifestación alguna sobre
lo que estaba ocurriendo. Además, escuchó la voz de su pareja, lo que le permitió
confirmar la veracidad del acto delictivo y la impulsó a realizar un primer pago de lo
exigido.

22.4. Esta situación y su desenlace lo acompañó de registros fotográficos, capturas de
pantallas y la copia de la noticia criminal o denuncia presentada ante el Gaula de la
Policía Nacional.

22.5. Mediante auto del 3 de junio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de
Manizales i) inaplicó por vía de excepción de inconstitucionalidad los artículos 318
del CGP y 244 del CPACA en sus apartados referentes a la oportunidad de interponer
los recursos de reposición y apelación frente a las decisiones adoptadas en estrados
«por advertirse, que para el caso concreto dichas disposiciones trasgreden el marco
constitucional, referente a los derechos y garantías del debido proceso y acceso a la
administración de justicia»; ii) no repuso la decisión adoptada en audiencia inicial
celebrada el 29 de abril de 2025 en punto de negar el decreto de la prueba testimonial
solicitada por el hospital demandado; y iii) concedió el recurso de apelación.

22.6. Sobre la presentación extemporánea de los recursos señaló que la situación
planteada era absolutamente excepcional «en la cual se ha acreditado, al menos de
manera sumaria, que la abogada apoderada sustituta que representaba a la entidad
demandada durante la audiencia inicial, fue víctima de un hecho de violencia e
intimidación grave mientras se desarrollaba la diligencia judicial, consistente en una
extorsión con amenazas directas contra la vida de su cónyuge. Ello, según se relató
y soportó con pruebas documentales, generó una afectación profunda y súbita en su
capacidad volitiva, emocional y profesional, impidiéndole participar activamente en la
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

audiencia y ejercer los derechos procesales que le asistían en nombre de su
representada, particularmente la interposición de los recursos contra la negativa del
decreto de pruebas». Como consecuencia de lo anterior, consideró que debía
preservar el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso y a la
defensa técnica «aunado a los derechos constitucionales al trabajo y al ejercicio de
una profesión u oficio en cabeza de la apoderada demandante», los que se verían
comprometidos de aplicar en forma automática el contenido normativo relativo a la
oportunidad para presentar recursos.

22.7. El 2 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la
providencia apelada y, en su lugar, ordenó al Juzgado Primero Administrativo de
Manizales que decretara la prueba testimonial que había sido negada. Al respecto
precisó que los argumentos expuestos en el recurso merecían toda la credibilidad por
parte del juez, pues tenían respaldo en las pruebas aportadas y, específicamente, en
la denuncia presentada ante el Gaula de la Policía Nacional el mismo día en que se
realizó la audiencia, así como en las capturas de pantalla que registraron las llamadas
y conversaciones vía WhatsApp a la hora de la audiencia; de manera que la buena
fe, el acceso a la justicia, la igualdad de las partes, la contradicción, el debido
proceso, la publicidad y la economía procesal debían imperar sobre la preclusión en
materia de interposición de recursos; y que su admisión no limitaba o restringía el
debido proceso de la demandante, «en tanto desde la contestación de la demanda
se anunció la solicitud de pruebas testimoniales por parte de la ESE demandada y
en el trámite de la inconformidad contra la negativa de pruebas la parte actora ha
podido expresar su postura en relación con la oportunidad del recurso».

22.8. En cuanto al decreto de las pruebas testimoniales, resaltó que en la solicitud
probatoria la ESE Hospital Santa Teresita de Pácora solicitó indicó que 3 testigos
eran médicos y 2 auxiliares de enfermería y que se requerían «[con el] fin de que
declaren sobre los hechos de la demanda y los de la correspondiente contestación,
solicito se llame a declarar a las siguientes personas todas ellas mayores de edad,
domiciliadas y residentes en el Municipio de Pacora y se les localiza en la sede de la
ESE Hospital Santa Teresita y a quienes haremos comparecer al despacho cuando
así se determine»; de manera que la entidad sí había enunciado el objeto de la
prueba, pues brindó los temas sobre los que versarían las declaraciones solicitadas,
con lo cual podía determinarse su legalidad, eficacia, pertinencia y conducencia; que
el requisito del artículo 212 del CGP no podía tener como fin hacer demasiado
gravosa la carga del solicitante, pero tampoco tan ligera que desconociera una norma
procesal e impidiera a la contraparte ejercer su derecho de contradicción; y que de
los hechos de la demanda y la contestación, así como el perfil profesional y oficio de
los declarantes, se podían deducir las características del medio probatorio solicitado.

23. Ahora bien, luego de consultado el trámite del asunto en el aplicativo Samai 21, se
advierte que el proceso de reparación directa objeto de revisión se encuentra en
etapa de práctica de pruebas, pues si bien en primera instancia ya se había celebrado

21 En el aplicativo de juzgados y tribunales se puede consultar con el radicado 17001-33-33-001-2020-

00249-00/01.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

la audiencia de pruebas [el 10 de julio de 2025 22] sin la recepción de los testimonios
solicitados por el hospital demandado, la decisión proferida por el tribunal el 2 de
septiembre de 202523 se notificó el 3 de ese mes y año24 y se recibió el expediente
en el juzgado de origen el 10 de septiembre de 202525.

24. A partir de lo expuesto, la Sala advierte que la solicitud de tutela interpuesta por
Gloria Alejandra González Rivera no satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez
que el medio de control de reparación directa en el cual se dictaron las decisiones
impugnadas sigue en curso, pues fue regresado al juzgado de origen a efectos de
cumplir la orden del superior, lo que impone considerar la improcedencia de la
solicitud de amparo comoquiera que el proceso judicial se encuentra aún en trámite.

25. Esta Sala no desconoce que justamente lo que sigue es acatar la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas que dispuso sobre la recepción de los testimonios
solicitados por el hospital demandado, no obstante, a más de que el compromiso de
rendir el testimonio es incierto, pues no se ha concretado su realización, en tanto ello
depende de las distintas circunstancias que giran en torno a su práctica, lo cierto es
que las partes aun cuentan con oportunidades y mecanismos ordinarios idóneos para
controvertir las afirmaciones que eventualmente exponga el testigo, lo que ubica la
situación alegada en un elemento hipotético del que no hay certeza que ocurra. Así,
si llegase a ocurrir que los testigos sean llamados a juicio en ese escenario existen
oportunidades precisas para ejercer el derecho de defensa y contradicción, para
cuestionar lo señalado, e incluso solicitar su exclusión.

26. Lo expuesto no tiene entonces la entidad suficiente para amenazar los derechos
fundamentales de las partes, pues, por el contrario, en las etapas procesales
correspondientes, estas cuentan con los mecanismos necesarios para, en vigencia
de los derechos fundamentales, en particular el de defensa y contradicción, defender
su teoría del caso. Así lo ha considerado la Corte Constitucional al señalar lo
siguiente26:

«[…] 84. En el asunto sub examine, además de la falta de legitimación por activa,
debe considerarse lo relativo al requisito de subsidiariedad, pues el proceso penal que se
adelanta en contra del actor todavía está en trámite y, en él, existen oportunidades y
mecanismos ordinarios que son idóneos para controvertir el eventual testimonio
que rinda el beneficiario del principio de oportunidad. Esto, por ahora, es un elemento
hipotético, que todavía no ha ocurrido y sobre el cual no hay certeza de que ocurra.

85. En vista de las anteriores circunstancias, la Sala considera que la presente acción de
tutela no supera el análisis de procedencia. Como ya se ha dicho, y ahora se reitera,
cualquier debate que el actor pretenda dar deberá hacerlo dentro del proceso en el
que es parte. Y si llegara a ocurrir que la Fiscalía decida llamarlo a juicio, en ese escenario
hay oportunidades precisas para ejercer su defensa, para cuestionar el testimonio
que podría rendirse, e incluso solicitar su exclusión, para allegar medios de prueba,

22 Índice 43 de Samai.
23 El auto que revocó aquel que negó las pruebas testimoniales solicitadas.
24 Índice 9 de Samai. Trámite que se adelantó ante el Tribunal Administrativo de Caldas.
25 Índice 53 de Samai.
26 Corte Constitucional, sentencia T 151 de 2024.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

controvertir los que se presenten en su contra, etc. Lo anterior, conforme el artículo 359
del Código de procedimiento penal en sede de audiencia preparatoria […]». [Se resalta].

27. Lo anterior permite incluso que el proceso se adelante con observancia del debido
proceso en virtud del cual ambas partes ejerzan el derecho de defensa y
contradicción a efectos de llegar a la verdad procesal y, especialmente, permite que
se otorgue vigencia al principio de lealtad procesal como manifestación de la buena
fe que le impone a las partes la responsabilidad de asumir las cargas procesales que
les corresponden.

28. Es así que la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones judiciales
adoptadas mediante autos interlocutorios pueden ser corregidas o discutidas por
medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto en los
distintos procedimientos judiciales, de manera que solo procedería cuando se
pretenda superar una vía de hecho que vulnera o amenaza derechos fundamentales,
en tanto que no existan otros medios de defensa judicial para reprochar la decisión,
o cuando a pesar de que existan, éstos no resultan idóneos para proteger los
derechos afectados o amenazados, o cuando la protección constitucional es urgente
para evitar un perjuicio irremediable27.

29. Así, ha señalado que la procedencia de la solicitud de amparo frente a autos
interlocutorios estaría limitada a i) la existencia de alguna irregularidad, ii) que afecta
actualmente derechos fundamentales, iii) la inexistencia, ineficacia o improcedencia
de recursos ordinarios con los que podría exigirse el acatamiento de la Constitución
y, iv) la indefensión jurídica de la parte afectada, en tanto que esta acción
constitucional no resultaría procedente cuando se vencen los términos para
interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hace uso de ellos, o cuando
se utilizan pero en forma indebida28. Lo anterior comoquiera que ha reconocido que
existen autos interlocutorios cuyo contenido y alcance resultan tan importantes y
significativos que dirigen la actuación procesal, pueden señalar el destino final del
proceso o, incluso, impiden su continuación en forma definitiva.

30. Sin embargo, tal y como se expuso, en esta oportunidad, las decisiones
cuestionadas no dirigen la actuación procesal, ni señalan el destino final del proceso
o impiden su continuación en forma definitiva, pues lo cierto es que las partes pueden
ejercer su derecho de defensa y contradicción aun en la etapa en la que se
recepcionen los testimonios decretados, momento en el que el juez de conocimiento
formará su propia convicción sobre lo narrado.

31. Al respecto se debe señalar que en el sistema jurídico no puede permitirse el
paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el
de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone. Y lo
cierto es que no se puede aludir a vulneración alguna de derechos fundamentales

27 Entre otras, pueden consultarse las sentencias T-323 de 1995, T-449 de 1994, T-051 de 1994, T-

208 de 1994.
28
Sentencia T-489 de 2006

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

cuando la prueba testimonial cuyo decreto se reprocha, puede ser controvertida en
la oportunidad procesal pertinente.

32. De esta manera, aun cuando el asunto puesto a consideración sí tiene la
relevancia constitucional necesaria para que el juez de tutela se pronuncie, pues se
alega la vulneración de garantías y derechos fundamentales, lo cierto es que no
cumple con el requisito de procedibilidad adjetivo de la subsidiariedad, toda vez que
la demandante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial al interior del
proceso [que aún se encuentra en trámite] y garantiza que sea el juez natural el que
en vigencia del principio de inmediación forme su convicción a partir de la percepción
directa de las pruebas.

33. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado es necesario que supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencia judicial, de manera que debe
concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por desconocimiento
del principio de la subsidiariedad.

3. Conclusión

34. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente, por no superar el requisito de la subsidiariedad, la solicitud de tutela
presentada por Gloria Alejandra González Rivera en contra del Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de tutela
presentada por Gloria Alejandra González Rivera en contra del Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, pero por
las razones expuestas en esta decisión.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05748-01
Demandante: Gloria Alejandra González Rivera

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SLVA/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.