Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05757-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05757-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05757-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-05757-00
Demandante ANA BEATRIZ VIANA SANTODOMINGO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos procedimental por exceso
ritual manifiesto, sustantivo y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Prima Técnica por evaluación del desempeño. Empleada del
orden territorial. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial: la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Ana Beatriz Viana Santodomingo, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de septiembre de 20251, la señora Ana Beatriz Viana Santodomingo interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la sentencia emitida el 6 de
agosto 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
(radicado 47001-33-33-011-2023-00158-00/01).
En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO (sic): Amparar los derechos fundamentales de mi representada señora, ANA
BEATRIZ VIANA SANTODOMINGO, al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia, la igualdad y la seguridad jurídica. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de
fecha 06 de agosto del 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA-DESPACHO 005. M.P. MARTHA LUCÍA MOGOLLÓN SAKER, que resolvió
revocar la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Undécimo Administrativo del
Circuito de Santa Marta, que resolvió favorablemente las pretensiones de la demanda y en su
lugar se ordene proferir proveído de reemplazo».
2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Ana Beatriz Viana Santodomingo se encuentra vinculada en carrera
administrativa en el empleo de Auxiliar Técnico, Grado 4110, Código 06
mediante la Resolución 5664 del 18 de mayo de 1981 expedida por el
Ministerio de Educación, al servicio del Centro de Concentración de Ciénaga
correspondiente a la Secretaría de Educación del Magdalena.
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Tutela radicada a través del aplicativo SAMAI. Constancia de la Secretaría Online.
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Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
2.2. A partir del año 1999 la actora comenzó a percibir la prima técnica por
evaluación del desempeño, beneficio que le fue otorgado con base en las
normas vigentes para ese momento, concretamente los Decretos 1661 y 2164
de 1991.
Mediante Oficio del 12 de abril de 2020 la Secretaría de Educación del
Magdalena suspendió el pago de la prima técnica a los servidores
administrativos entre los que se encontraba la accionante.
Por tal motivo, el 21 de octubre de 2022 la señora Viana Santodomingo solicitó
a la Secretaría de Educación del Magdalena que se le reestableciera el pago
de la prima técnica por evaluación del desempeño que venía percibiendo, de
manera retroactiva a partir de abril de 2020.
La entidad territorial mediante Oficio del 29 de diciembre de 2022 negó lo
solicitado por la accionante.
2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la
señora Ana Beatriz Viana Santodomingo demandó al Departamento del
Magdalena con el fin de que se declarara la nulidad del oficio por el que se
negó el pago nuevamente de la prima técnica por evaluación del desempeño.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se le ordenara a la entidad
demandada reconocerle y pagarle las sumas que correspondieran por
concepto de la prima técnica dejada de percibir a partir del 1° de abril de 2020 y
en adelante.
2.4. El Juzgado Once Administrativo de Santa Marta ( Expediente 47001-33-33-011-
2023-00158-00/01) mediante sentencia del 28 de junio de 2024 accedió a las
pretensiones de la demanda.
El juzgado consideró que la accionante cumplía con los requisitos para el
otorgamiento y consecuente pago de la prima técnica por evaluación del
desempeño, al ser una persona vinculada en una entidad territorial, en un
empleo técnico auxiliar en carrera administrativa y tener acreditada una
calificación superior al 90% por evaluación del desempeño conforme lo
disponían, en principio, los Decretos 1661 y 2164 ambos de 1991.
Advirtió que si bien las citadas disposiciones fueron declaradas nulas por el
Consejo de Estado y, que por tanto no era aplicable el reconocimiento y pago
de la prima técnica por ese concepto a los empleados del nivel territorial, lo que
implicaba el consecuente decaimiento del acto administrativo que reconoció
dicho emolumento al perder su sustento legal, lo cierto era que el Decreto 1724
de 1997 establecía un régimen de transición en el que se dejaron a salvo los
derechos adquiridos.
En ese sentido sostuvo que buscó proteger los derechos adquiridos de
aquellos trabajadores que antes de la fecha de su expedición habían causado
su derecho a percibir la prima técnica en los términos de los Decretos 1661 y
2164 de 1991.
Por lo anterior, dijo que la actora estaba en la mencionada transición y por
tanto tenía derecho a que se reanudara el pago de la prima técnica por
evaluación del desempeño que había sido suspendida al dejar a salvo las
situaciones que se habían consolidado con anterioridad respetando los
principios de seguridad jurídica y buena fe, hasta tanto operara la pérdida del
derecho por alguna de las causales indicadas en el artículo 11 del Decreto
2164 de 1991.
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2.5. La decisión fue apelada por la parte demandada.
En segunda instancia el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante
sentencia del 6 de agosto de 2025 (notificada por correo electrónico a las partes el
12 de agosto de 2025) revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
Explicó que una vez verificados los requisitos para ser acreedor de la prima
técnica por evaluación del desempeño encontró que, en principio, la actora
tendría derecho a tal reconocimiento y que estaría en el régimen de transición
establecido en el artículo 4º del Decreto 1724 de 1997.
Sin embargo, explicó que cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad del
artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 indicó que la prima técnica establecida en
el artículo 9º del Decreto 1661 de 1991 aplicaba exclusivamente a entidades
descentralizadas del orden nacional, de modo que, justamente el extender
dicho beneficio a las entidades territoriales fue lo que generó la nulidad, al
excederse la facultad reglamentaria otorgada por el legislador, ya que todo lo
dispuesto en relación con la mencionada prima era únicamente para el ámbito
nacional.
Indicó también que las personas pertenecientes a entidades del orden
territorial que percibieron dicha prima técnica antes de la nulidad de la
disposición que la otorgó en esos términos, no habían adquirido un derecho
permanente. Por lo que concluyó que, como la parte actora se desempeñó
como empleada pública del orden territorial por más de 20 años en el
departamento del Magdalena, no era posible reconocerle la prima técnica ya
que, conforme lo dicho, ese reconocimiento era únicamente para
determinados servidores del nivel nacional.
3. Fundamentos de la acción
La accionante consideró que la decisión del 6 de agosto de 2025 emitida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho incurrió en los defectos procedimental por exceso
ritual manifiesto, sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Las razones que expuso para fundamentar los defectos mencionados fueron las
siguientes:
3.1. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Que justificó
señalando que «de una manera mecánica y sin ningún tipo de argumentación material
decidió revocar la decisión adoptada por este despacho».
3.2. Defecto sustantivo. Porque en su criterio, la interpretación del artículo 4º del
Decreto 1724 de 1997 es contraria a la razonabilidad jurídica de una manera
regresiva, desconociendo los postulados constitucionales y lo referido al
régimen de transición que le aplicaba en relación con el derecho a la prima
técnica que venía disfrutando con anterioridad a la expedición de dicha norma.
Relató que el gobierno expidió el Decreto Ley 1661 de 1991 por el que se
modificó el régimen de la prima técnica existente definiendo el campo de
aplicación de dicho beneficio económico incluyendo como factor para su
reconocimiento el desempeño en el cargo.
Que el Decreto 1724 de 1997 fue derogado expresamente por el Decreto 1336
del 2003, modificando nuevamente el régimen de la prima técnica para los
empleados públicos del Estado, especialmente el contenido del Decreto 2164
de 1991 y que, con el propósito de respetar los derechos de quienes habían
devengado la prima técnica antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997
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se estableció un régimen de transición en el artículo 4º de esa disposición de
modo que aquellos empleados a quienes se les hubiera otorgado prima técnica
continuarían disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que se
cumplieran las condiciones para su pérdida consagradas en las normas
vigentes al momento de su otorgamiento.
Se refirió también a la declaratoria de nulidad del artículo 13 del Decreto 2164
de 1991 por parte del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de marzo de
1998 y dijo que según dicho pronunciamiento, la prima técnica establecida en
el artículo 9 del Decreto 1661 de 1991 aplicaba exclusivamente a entidades
descentralizadas de orden nacional y que por tanto no se concedía ese
derecho a los empleados de orden departamental, argumento que justamente
había sido el sustento de la decisión proferida por el tribunal accionado.
Dijo que el Tribunal dejó de aplicar el contenido y alcance del régimen de
transición, previsto en el artículo 4° del Decreto 1724 de 1997 y desconoció los
derechos adquiridos de quienes venían devengando esa prestación antes de
la declaratoria de nulidad de la norma que concedió el beneficio.
3.3. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Citó como
desconocidas las sentencias de la Corte Constitucional T 5.864.028 de 2017
(número que corresponde al expediente de la tutela T 273 de 2017), 1892-04 del 30
de enero del 20202, C 453 de 2002 y C 584 de 1997, que dijo, han reconocido
los derechos adquiridos.
Insistió en que debía aplicarse el régimen de transición de aquellos
funcionarios que tenían el derecho ya reconocido antes de la expedición del
Decreto 1724 de 1997, lo que el Tribunal Administrativo del Magdalena no tuvo
en cuenta.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 19 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se
ordenó la notificación de las partes accionante y a la accionada, esto es, al
Tribunal Administrativo del Magdalena; dispuso vincular al departamento del
Magdalena, Secretaría de Educación quien fue parte demandada en el
proceso ordinario, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el
Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
quienes estuvieron vinculados al trámite ordinario y al Juzgado Once
Administrativo de Santa Marta autoridad judicial que emitió la sentencia de
primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena, por conducto de la magistrada
ponente se pronunció y reiteró las razones expuestas en la decisión para
revocar la sentencia de primer grado y en su lugar negar las pretensiones de la
demanda.
Agregó que lo que se advertía era una inconformidad de la parte actora frente
a lo resuelto y sostuvo que la tutela no podía ser entendida como una instancia
adicional.
4.3. El Ministerio de Educación, se pronunció e indicó que no se configuraba
ninguna de las causales de tutela contra providencia judicial por lo que la tutela
era improcedente. Además manifestó no tener legitimación en la causa por
pasiva teniendo en cuenta las pretensiones de la tutela en contraste con las
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Verificados estos datos en la página de la Corte Constitucional, no se arrojó ningún resultado.
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funciones del ministerio que detalló, razón por la que pidió ser desvinculado de
la presente acción.
4.4. La FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera del patrimonio autónomo del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó en su escrito de
oposición que la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para el
cobro de prestaciones económicas y que tampoco estaba acreditada la
existencia de un perjuicio irremediable.
Dijo que la autoridad judicial en ejercicio de su autonomía emitió la decisión
conforme a las normas y la jurisprudencia aplicable sin que se advirtiera la
trasgresión de derechos fundamentales.
De otra parte sostuvo que verificado el sistema de la entidad no arrojó ningún
reporte que mostrara relación alguna del fondo con la actora, que no contaba
con información de historia laboral ni tiempos de servicio al ser el ente territorial
su empleador y que, no existía ninguna prestación económica a cargo del
fondo y a favor de la accionante, razón por la que pidió ser desvinculado de la
presente acción al no contar con legitimación en la causa por pasiva.
4.5. Juzgado Once Administrativo de Santa Marta, se pronunció e indicó que la
presente acción estaba encaminada a cuestionar la decisión de segunda
instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena por un presunto
defecto sustantivo, en lo que no tenía injerencia alguna el juzgado.
Destacó que la providencia que se emitió en primera instancia había respetado
los derechos y garantías fundamentales en el marco del debido proceso.
Allegó las carpetas del expediente ordinario digitalizado.
4.6. El departamento del Magdalena, Secretaría de Educación, el Ministerio
Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no pronunciaron
en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y
así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
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y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Cuestión Previa. Legitimación en la causa por pasiva
El Ministerio de Educación y la Fiduprevisora, pidieron ser desvinculados de la
presente acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala precisa que según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,
tanto el Ministerio de Educación como la Fiduprevisora fueron vinculados al proceso
constitucional en calidad de terceros con interés y no como parte demandada.
De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19917, les asiste interés legítimo en el resultado de este proceso
constitucional, dada su calidad de sujeto procesal en el proceso ordinario objeto de
análisis, y por tal motivo deben permanecer vinculados a éste en la calidad de
terceros que les fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la
Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.
4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
4.1. Teniendo presentes los antecedentes expuestos y que se trata de una tutela
contra providencia judicial, corresponde a la Sala verificar de manera
preliminar, si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
concretamente el de relevancia constitucional.
Solo en el evento de superar el anterior análisis, se determinará si al proferir la
sentencia del 6 de agosto de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 47001-33-33-011-2023-00158-00/01, el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos alegados por la señora
Ana Beatriz Viana Santodomingo.
4.2. Se debe precisar que la accionante propone la configuración de los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo y por desconocimiento
del precedente. Sin embargo, este último se analizará de manera conjunta con
el defecto sustantivo, considerando que ambos se fundamentan en la
aplicación del régimen de transición de aquellos funcionarios que tenían el
derecho ya reconocido a la prima por evaluación del desempeño antes de la
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico,
(ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, (vi) defecto
por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
7
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
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expedición del Decreto 1724 de 1997 y en los derechos adquiridos citando
algunas sentencias de la Corte Constitucional sin más contexto.
5. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la
Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”7. Es necesario que el interesado exponga de
manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en
relación con los asuntos puestos a consideración y decididos por el juez y la
supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo
decidido o acontecido en el proceso pues, la acción de tutela no puede ser
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utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de
plantearse ante el juez de la causa.
El deber de identificar de manera razonable los hechos que generan la
vulneración que se alega a través de la presente acción, tiene su justificación
en la medida que es necesario «que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de
la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos».
5.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que el cargo por defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto no supera el requisito de la
relevancia constitucional, comoquiera que no cuenta con la carga
argumentativa requerida para proceder con su estudio de fondo.
A esta conclusión se llega luego de analizar el argumento presentado por la
accionante en el escrito de tutela en el que se limitó a señalar que «de una
manera mecánica y sin ningún tipo de argumentación material decidió revocar la decisión
adoptada por este despacho», sin exponer las razones por las que en su criterio el
juez de la causa se apartó del procedimiento establecido para resolver la
controversia o si existió un apego estricto a normas procesales que impidió la
materialización de los derechos sustanciales a la accionante.
Frente a este cargo, se advierte una inconformidad con lo resuelto, pues la sola
manifestación de que la decisión cuestionada se adoptó de manera mecánica
y sin ninguna argumentación, no se compadece con la realidad, pues de la
lectura de la sentencia del tribunal accionado da cuenta del estudio del
régimen de prima técnica por evaluación del desempeño, su evolución
normativa y jurisprudencial y las razones por las que, de cara al caso concreto,
no era posible que se reanudara este beneficio prestacional a la accionante al
ser una servidora del nivel territorial.
En este aspecto, es relevante explicar que si bien en el Decreto 2591 de 1991
no se exige la argumentación o la enunciación de alguna de las causales de
procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, si es necesario que
el ciudadano que acude a este mecanismo de la tutela, exponga las razones y
fundamentos por los que considera que el pronunciamiento judicial que
cuestiona, vulnera algún derecho fundamental o que se trata de una sentencia
contradictoria o que se emitió de manera deliberada o arbitraria por el juez
natural. Tal exigencia se explica en la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales8, ya que el análisis de las sentencias y de
los autos por vía de tutela, involucra los principios de independencia y
autonomía judicial, la preclusión de los procesos y la cosa juzgada que se
predica de las providencias judiciales con miras a definir los litigios puestos en
conocimiento de los jueces de la República.
Por tal razón, se declarará improcedente la presente acción en relación con
este cargo.
6. Defecto sustantivo y su análisis en el caso presente
6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
8
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia SU-050 de 2015 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; y sentencia SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
6.2. La accionante afirmó que el Tribunal accionado dejó de aplicar el contenido y
alcance del régimen de transición de la prima técnica por evaluación del
desempeño previsto en el artículo 4° del Decreto 1724 de 1997, y que
desconoció los derechos adquiridos de quienes venían devengando esa
prestación antes de la declaratoria de nulidad de la norma que concedió el
beneficio.
Analizando el antecedente normativo de la prima técnica que fue objeto de
debate en el proceso ordinario y con el propósito de resolver el cargo
propuesto, reseña la Sala que el Decreto Ley 1661 de 1991 por el que se
modificó el régimen de prima técnica, fue expedido por el Gobierno Nacional
en ejercicio de las facultades que le otorgó la Ley 60 de 1990 y se contempló
con el fin de estimular no solo a quienes eran altamente calificados sino
también para aquellos que tuvieran un óptimo desempeño que se mediría con
la respectiva evaluación de desempeño.
El Decreto Ley 1661 de 1991 fue reglamentado por el Decreto 2164 de 1991, en el
que reiteró su definición, campo de aplicación, entre otras, pero además, en su
artículo 13 dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 13.- Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus
entes descentralizados. Dentro de los límites consagrados en el Decreto-ley de 1991 y en el
presente Decreto, los Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, mediante decreto,
podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a
los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades
específicas y la política de personal que se fije para cada entidad».
Este artículo fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de
Estado mediante sentencia del 19 de marzo de 1998 (Expediente 11955), con
ponencia del magistrado Silvio Escudero Castro.
Posteriormente se expidió el Decreto 1724 de 1997 que limitó su reconocimiento
a los funcionarios que estuvieran nombrados con carácter permanente en un
cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en los
diferentes órganos y ramas de poder público y en su artículo 4° consagró un
régimen de transición para aquellos empleados a quienes se les hubiera
otorgado la prima técnica antes de la entrada en vigencia de esa norma y que
desempeñaran cargos de niveles diferentes a los señalados en la mencionada
disposición. La norma es del siguiente tenor:
«Artículo 4º.- Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán
disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su
pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento».
De acuerdo con lo descrito en la norma, la transición se contempló para
aquellos empleados que desempeñaran cargos de niveles distintos a los
señalados en el decreto, por lo que, como lo sostuvo por el tribunal accionado,
en principio, la accionante cumpliría con este criterio de la transición.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05757-00
Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de la naturaleza de la entidad a la
que estaba vinculada la actora (del nivel territorial), porque la transición no se
refirió a ese punto, y además, porque la norma que en algún momento dio
sustento al reconocimiento de la prima técnica para los empleados del orden
territorial fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y
fue por tal motivo, que la autoridad judicial accionada negó la prestación a la
señora Viana Santodomingo. En lo pertinente la sentencia acusada, explicó:
«37. En virtud de dichas consideraciones, se concluye que la demandante, en principio gozaría
del derecho de continuar devengando la prima técnica por encuadrar en el régimen de
transición previsto en el Decreto 1724 de 1997.
38. No obstante, analizando los argumentos expuestos en el recurso de alzada, se tiene que,
le asiste razón a la entidad de territorial, conforme a lo indicado por el H. Consejo de Estado en
punto al reconocimiento de la prima técnica de empleados del ente territorial.
39. En ese orden, el Ato Tribunal, mediante sentencia del 19 de marzo de 1998, con la
Ponencia del Magistrado Silvio Escudero Castro, declaró nulo el artículo 13 del Decreto 2164
de 1991, señalando que la prima técnica establecida en el artículo 9° del Decreto 1661 de 1991
aplica exclusivamente a entidades descentralizadas del orden nacional. Al extender este
beneficio a entidades territoriales mediante el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se excedió
la facultad reglamentaria otorgada por el legislador, lo que llevó a su nulidad. Además, se
aclara que la expresión “y se dictan otras disposiciones” debe entenderse vinculada
únicamente al ámbito nacional, por lo que las críticas contra esta interpretación carecen de
fundamento. […]
41. Luego entonces, al declararse la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, implica
que ya no existe una norma que permita otorgar prima técnica a empleados de entidades del
orden territorial. Además, se determinó que quienes recibieron esa prima antes de la nulidad
no adquirieron un derecho permanente sobre ella, así también se ha indicado en el Concepto
232361 de 2022 y 012411 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública
42. Como consecuencia de todo lo anterior, estima la Sala que en el caso concreto no hay
duda de que la demandante se han desempeñado como empleado público del orden territorial
por más de 20 años en el Departamento del Magdalena, lo que permite concluir que no es
posible reconocerle la prima técnica dado que, como quedó visto en precedencia, ésta
constituye un reconocimiento económico única y exclusivamente para determinados
servidores del nivel nacional.
De manera que en la decisión quedó claro que la actora por ser del orden territorial no tenía
derecho a la prestación reclamada y que se determinó que quienes percibieron la prima
técnica por evaluación del desempeño antes de la declaratoria de nulidad de las normas en
que se sustentaba, no tenían ningún derecho adquirido, por lo que la actora lo que busca es
que se prolongue esta discusión ahora en sede constitucional».
6.3. De lo anterior se desprende que la autoridad judicial hizo un estudio ajustado
a las disposiciones que regularon la prima técnica y no existió falta de
aplicación de la norma de transición a la que alude en su escrito, por el
contrario, la sentencia hizo un análisis razonable del alcance de la misma y de
la restricción que, con ocasión de la declaratoria de nulidad de la disposición
que permitió en su momento que el incentivo se otorgara al nivel territorial,
impedía que se continuara otorgando a la accionante.
El anterior razonamiento permite concluir a la Sala que no se configuró el
defecto sustantivo propuesto por lo que se negará la presente acción en
relación con este cargo.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala considera que no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional frente al defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, razón por la cual será declarada improcedente la presente acción de
tutela en relación con el mismo y, negará las pretensiones con respecto al defecto
sustantivo al no estar configurado en la decisión que se acusa.
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Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ana Beatriz Viana
Santodomingo en relación con el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, por las razones expresadas en la motivación precedente.
2. Negar las demás pretensiones de la presente acción, por las razones
expuestas en la parte motiva.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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