Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05757-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05757-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05757-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 5 de febrero de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05757-01
Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
Demandados: Tribunal Administrativo de Magdalena
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
modifica
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que revocó la decisión que había
accedido al restablecimiento del derecho a la prima técnica por evaluación en el
desempeño.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
6 de noviembre de 2025, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, en relación con el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por falta de relevancia
constitucional, y lo negó respecto del defecto sustantivo al no encontrarlo
configurado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 15 de septiembre de 2025, Ana Beatriz Viana Santodomingo, a través
de apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Magdalena, por la presunta violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y seguridad social, con ocasión de la Sentencia de 6 de agosto de
20253, proferida por la autoridad judicial, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho No.47001-33-33-011-2023-00158-
00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2“1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ana Beatriz Viana Santodomingo en relación con
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las razones expresadas en la motivación precedente.
2. Negar las demás pretensiones de la presente acción, por las razones expuestas en la parte motiva.”
3 Notificada por mensaje de datos enviado el 24 de septiembre de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05757-01
Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales de mi representada señora,
ANA BEATRIZ VIANA SANTODOMINGO, al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la igualdad y la seguridad jurídica. En consecuencia,
dejar sin efectos la sentencia de fecha 06 de agosto del 2025, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA DESPACHO 005, M.P. MARTHA
LUCIA MOGOLLON SAKER, que resolvió revocar la sentencia de Primera
Instancia, Dictada por el Juzgado Undécimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta, que resolvió favorablemente las pretensiones de la demanda y en
su lugar se ordene proferir proveído de reemplazo.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Ana Beatriz Viana Santodomingo, mediante Resolución No. 5664 de
18 de mayo de 1981, fue vinculada al empleo de Auxiliar Técnico, grado
4110, código 6, en el Centro de Concentración de Desarrollo Rural de
Ciénaga de la Secretaría de Educación de Magdalena.
5. 2) A partir de 1999, la parte actora empezó a recibir la prima técnica
por evaluación del desempeño, la cual le fue reconocida con fundamento
en la normativa vigente para ese entonces, en particular los Decretos 1661
y 2164 de 1991. Sin embargo, mediante oficio de 12 de abril de 2020, la
Secretaría de Educación de Magdalena ordenó suspender el pago de esa
prima a los servidores administrativos, incluida la accionante.
6. 3) Por lo anterior, el 21 de octubre de 2022, la accionante solicitó a la
Secretaría de Educación de Magdalena que reanudara el pago de la prima
técnica por evaluación del desempeño que venía recibiendo, con efectos
retroactivos desde abril de 2020. No obstante, a través de oficio del 29 de
diciembre de 2022, la entidad territorial negó la solicitud, por lo cual, la parte
actora promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en su contra.
7. 4) El 28 de junio de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta
profirió Sentencia en la que accedió a las pretensiones4, al considerar que
la accionante cumplía los requisitos para ser acreedora de la prima técnica
por evaluación del desempeño (vinculación a entidad territorial, cargo
técnico auxiliar en carrera y calificación superior al 90%), conforme con los
Decretos 1661 y 2164 de 1991. Aunque reconoció que dichas normas fueron
anuladas por el Consejo de Estado, mediante Sentencia de 19 de marzo de
1998, rad. 11955, lo que, en principio, impediría su aplicación a empleados
territoriales y hacía decaer el acto que otorgó el emolumento, concluyó que
el Decreto 1724 de 1997 estableció un régimen de transición que protegió
4 Índice 21 en el aplicativo SAMAI, proceso ordinario
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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los derechos adquiridos de quienes ya habían consolidado ese derecho
antes de su expedición, por lo tanto, ordenó reanudar el pago hasta que
operara alguna de las causales de pérdida de la prima, previstas en el
artículo 11 del Decreto 2164 de 19915.
8. 5) La parte demandada apeló la decisión anterior6. En el escrito alegó
que el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 fue declarado nulo por el
Consejo de Estado porque el Gobierno excedió su potestad reglamentaria
al extender el régimen general de la prima técnica a los entes territoriales,
sin autorización legal, por lo que alegó la inexistencia del derecho
reclamado. Añadió que, aunque se invocó el régimen de transición, el
reconocimiento inicial efectuado bajo una norma nula no generaba
derechos adquiridos conforme con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, de
manera que el juzgado no debió acceder a las pretensiones, pues ello fue
contrario al ordenamiento.
9. 6) El 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Magdalena7
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Indicó que, para resolver el asunto, se
revisaron integralmente los antecedentes jurisprudenciales y se halló que el
Consejo de Estado declaró nula la extensión de este beneficio a los entes
territoriales por exceso en la potestad reglamentaria, por lo que se concluyó
que el derecho en sede administrativa no se había consolidado
debidamente para acceder a lo pretendido, además de que no se
identificó una norma vigente que amparara el pago a empleados
departamentales. Precisó que, aunque el Decreto 1724 de 1997 estableció
un régimen de transición, el juez administrativo debía verificar la validez del
derecho previo, y que, dada la anulación de la norma fuente, quienes
recibieron la prima no adquirieron un derecho permanente, razón por la
cual no procedía su reconocimiento ni la aplicación de la transición.
10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
decisión judicial de segunda instancia incurrió en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, defecto material o sustantivo y/o
5 “ARTÍCULO 11.- Temporalidad. El disfrute de la prima técnica se perderá:
a) Por retiro del empleado de la entidad a la cual presta sus servicios;
b) Por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de las funciones, caso en el cual el
empleado sólo podrá volver a solicitarla transcurridos dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de
la providencia mediante la cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo susceptible
de asignación de prima técnica;
c) Cuando haya sido otorgada por evaluación del desempeño, se perderá, además, por obtener el empleado
calificación de servicios en porcentaje inferior al establecido en el artículo 5o. de este Decreto o porque hubieren
cesado los motivos por los cuales se asignó.
PARÁGRAFO .- La pérdida del disfrute de la prima técnica operará en forma automática, una vez se encuentre en
firme el acto de retiro del servicio, el de imposición de la sanción, o la respectiva calificación.
La pérdida de la prima técnica por cesación de los motivos que originaron su otorgamiento será declarada por el
Jefe del organismo, mediante resolución motivada, contra la cual no procederá recurso alguno.”
6 Índice 24 en el aplicativo SAMAI, proceso de primera Instancia.
7 Índice 9 en el aplicativo SAMAI, proceso de segunda Instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05757-01
Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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desconocimiento del precedente jurisprudencial, al revocar la sentencia
favorable y negar el restablecimiento del derecho a la prima técnica por
evaluación de desempeño, con fundamento en la nulidad de la norma de
extensión territorial, sin tener en cuenta el régimen de transición del artículo
4 del Decreto 1724 de 1997, los derechos adquiridos, y la confianza legítima
de la funcionaria que percibió el beneficio por más de 20 años,
desconociendo así la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin precisar cuál,
y de la Corte Constitucional (“Sentencias T 5.864.028 de 2017, 1892-04 de 30
de enero de 2020, C-453 de 2002; C-584 de1997”) sobre la protección de
situaciones jurídicas consolidadas antes del cambio normativo.
1.2. Sentencia de primera instancia8 e impugnación
11. Mediante Sentencia de 6 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela frente al
defecto procedimental por no acreditarse el requisito de relevancia
constitucional y negó el amparo respecto al defecto sustantivo. Para ello,
señaló que la parte actora no satisfizo la carga argumentativa al limitarse a
calificar la decisión del Tribunal como mecánica y a manifestar su
inconformidad frente a esta, sin explicar por qué se apartó del
procedimiento.
12. Frente al desconocimiento del precedente señaló que lo analizaría de
manera conjunta, ya que ambos se fundamentaban en la aplicación del
régimen de transición y los derechos adquiridos.
13. En ese orden, argumentó que, si bien la accionante afirmó que el
tribunal accionado dejó de aplicar el contenido y alcance del régimen de
transición de la prima técnica por evaluación del desempeño previsto en el
artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y con ello desconoció los derechos
adquiridos de quienes venían devengando esa prestación antes de la
declaratoria de nulidad de la norma que concedió el beneficio (artículo 13
del Decreto 2164 de 1991), lo cierto es que tras la anulación de la norma
fuente que permitió en su momento que el incentivo se otorgara al nivel
territorial, impedía que se continuara otorgando a la señora Viana
Santodomingo.
14. Por lo anterior, concluyó que la autoridad judicial accionada realizó
un estudio razonable y ajustado a derecho sobre el alcance de la transición
8 Mediante Auto de 19 de septiembre de 2025, el despacho ponente de la Sección Cuarta dispuso : (1) Admitir la
demanda presentada por la señora Ana Beatriz Viana Santodomingo; (2) tener como accionados al Tribunal
Administrativo del Magdalena; y (3)) vincular al Departamento del Magdalena, Secretaría de Educación, a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Ministerio Público, a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta, como terceros
con interés en el resultado del proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05757-01
Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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y la inexistencia de derechos adquiridos o permanentes sobre normas
anuladas.
15. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación. Sostuvo que el caso sí revestía trascendencia constitucional,
al involucrar la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa, derivada de decisiones judiciales que, a su juicio, incurrieron
en una interpretación irrazonable de la normativa y desconocieron el
régimen de transición vinculante sobre la continuidad de la prima técnica
para quienes ya la devengaban.
16. Alegó que el debate no se limitaba a una controversia legal o de
contenido económico, sino que implicaba una afectación sustancial a sus
derechos, toda vez que la suspensión del pago se ejecutó sin que mediara
sanción disciplinaria o retiro del servicio, únicas causales legales previstas en
el Decreto 1661 de 1991 para la pérdida del beneficio, conllevando una vía
de hecho administrativa, Asimismo, manifestó que la tutela no se promovía
como una tercera instancia, sino como un mecanismo de protección ante
la postura de los jueces de desconocer el blindaje jurídico otorgado por los
Decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003, que garantizaban el disfrute de la
prestación hasta el retiro.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1 Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
17. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo,
deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y/o defecto sustantivo, al revocar la sentencia
favorable de primera instancia y negar el restablecimiento del derecho a la
prima técnica por evaluación de desempeño, argumentando la nulidad de
la norma de extensión territorial (artículo 13 del Decreto 2164 de 1991), sin
tener en cuenta presuntamente el régimen de transición del artículo 4 del
Decreto 1724 de 1997, los derechos adquiridos y la confianza legítima de la
accionante. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará
o revocará la decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
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Demandante: Ana Beatriz Viana Santodomingo
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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18. La Sala modificará la sentencia de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela respecto del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y la negó frente al defecto
sustantivo, para, en su lugar, declarar la improcedencia por todo, al no
superar el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
19. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.
20. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.
21. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313, estableció
que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
22. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
acreditó el requisito de relevancia constitucional, ya que se pretende usar
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate
sobre la aplicación, o no, del régimen de transición del artículo 4 del Decreto
1724 de 1997 y la existencia, o no, de derechos adquiridos frente a la prima
técnica por evaluación del desempeño.
23. Se observó que, en la demanda ordinaria, la parte actora aseguró
que como su vinculación se produjo con anterioridad a la expedición del
Decreto 1724 de 1997, estaba cobijada por el régimen de transición que fue
desconocido por la demandada14, la cual, a su vez, en el recurso de
apelación que presentó contra la Sentencia de 28 de junio de 2024,
igualmente, hizo alusión al régimen de transición y a su requisitos, para
manifestar que como el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 que
reglamentaba el Decreto Legislativo 1661 de 1991 fue declarado nulo, al
desbordar la potestad reglamentaria al extender el otorgamiento del
régimen de prima técnica a las entidades territoriales y a sus entes
descentralizados, cuando esta solo comprendía a empleados públicos del
orden nacional en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, por lo que el
reconocimiento que se hizo en virtud de aquella norma no era procedente
y no generaba derechos adquiridos.
24. Los anteriores planteamientos fueron estudiados de fondo por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, el cual, en la sentencia enjuiciada,
se pronunció de la siguiente manera (se trascribe):
“39. En ese orden, el Alto Tribunal, mediante sentencia del 19 de marzo de 1998,
con la Ponencia del Magistrado Silvio Escudero Castro, declaró nulo el artículo
13 del Decreto 2164 de 1991, señalando que la prima técnica establecida en el
artículo 9º del Decreto 1661 de 1991 aplica exclusivamente a entidades
descentralizadas del orden nacional. Al extender este beneficio a entidades
territoriales mediante el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se excedió la
facultad reglamentaria otorgada por el legislador, lo que llevó a su nulidad.
Además, se aclara que la expresión "y se dictan otras disposiciones" debe
entenderse vinculada únicamente al ámbito nacional, por lo que las críticas
contra esta interpretación carecen de fundamento.(…)
41. Luego entonces, al declararse la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de
1991, implica que ya no existe una norma que permita otorgar prima técnica a
empleados de entidades del orden territorial. Además, se determinó que
quienes recibieron esa prima antes de la nulidad no adquirieron un derecho
permanente sobre ella, así también se ha indicado en el Concepto 232361 de
2022 y 012411 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
42. Como consecuencia de todo lo anterior, estima la Sala que en el caso
concreto no hay duda de que la demandante se han desempeñado como
empleado público del orden territorial por más de 20 años en el Departamento
del Magdalena, lo que permite concluir que no es posible reconocerle la prima
técnica dado que, como quedó visto en precedencia, ésta constituye un
reconocimiento económico única y exclusivamente para determinados
servidores del nivel nacional.”
14 Páginas 2 y 3 de la sentencia ordinaria de primera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 47001-3333-011-2023-00158-00.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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25. Esta identidad argumentativa revela que el objeto de la presente
acción es insistir en el debate que ya se había surtido ante el juez natural,
quien determinó que no era procedente mantener el pago de la prima
técnica por evaluación del desempeño, tras concluir que la nulidad del
artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 impedía la consolidación del derecho
para los empleados territoriales, pues aquel solo era para determinados
servidores del orden nacional, de manera que así desestimó la tesis sobre la
aplicabilidad del régimen de transición frente a normas anuladas por
ilegalidad. En esa medida, la inconformidad de la actora obedece a una
diferencia interpretativa frente al tratamiento jurídico que recibió su caso, lo
cual permite concluir que no se satisfizo el requisito de relevancia
constitucional.
26. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional15.
2.3. Conclusión
27. La Sala modificará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela respecto del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y la negó frente al defecto sustantivo, para, en su
lugar, declarar la improcedencia por todo, al no superar el requisito de
relevancia constitucional. Lo anterior, toda vez que la accionante utilizó el
mecanismo de amparo para reabrir un debate legal sobre la aplicación del
régimen de transición y la nulidad de la prima técnica territorial que ya había
sido definido por el juez natural con argumentos razonables, sin que lograra
acreditar una vulneración de derechos fundamentales con trascendencia
constitucional que habilitara la intervención excepcional del juez de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
15 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Decisión: Modifica
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RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 6 de noviembre de 2025, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la tutela presentada respecto del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y la negó en relación con el defecto sustantivo,
para, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE, por todo, el amparo solicitado
por Ana Beatriz Viana Santodomingo, en los términos y por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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