Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05764-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05764-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05764-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de octubre de 2025
Demandante: Jorge Eliécer Beltrán Argumedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05764-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Nueve [9] de octubre de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05764-00
Demandante: JORGE ELIÉCER BELTRÁN ARGUMEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición en actuaciones
judiciales. Ampara. Ausencia de notificación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Jorge Eliécer Beltrán Argumedo, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela el 15 de septiembre de 2025, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
de petición.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la falta de respuesta a las solicitudes que formuló para que se le informara
sobre el turno o posible fecha en la que se desatara la medida cautelar o, en su
defecto, la sentencia de segundo grado. Lo anterior, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
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Demandante: Jorge Eliécer Beltrán Argumedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
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la Protección Social, en adelante UGPP, identificado con el radicado 23001-33-
33-006-2018-00178-00/01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:
Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la Administración de Justicia establecido en los artículos 29 y 229
de la Constitución Política de Colombia.
Segundo-. ORDENAR, a la Doctora NADIA PATRICIA BENITEZ VEGA
Magistrada del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia
por medio de la cual se amparan los derechos fundamentales vulnerados,
respetando la autonomía funcional que se le otorga a los Magistrados de la
República, establezca el turno y la posible fecha en que se desatara el
recurso o medida cautelar que se adelanta dentro del proceso con el número
de radicado 23001333300620180017801.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El señor Jorge Beltrán Argumedo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, para el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
Dicho medio de control le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Montería bajo el radicado 23001-33-33-006-2018-00178-00,
quien mediante fallo de 14 de junio de 2022 accedió a las pretensiones de la
parte demandante.
Por tal razón, la UGPP interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido y
continuó su trámite en sede contencioso-administrativa. En el curso del
proceso, las partes presentaron sus alegatos de conclusión los días 22 de
marzo y 21 de junio de 2023, y la parte actora solicitó la adopción de una
medida cautelar.
1 Transcripción literal del texto original incluyendo posibles errores.
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Demandante: Jorge Eliécer Beltrán Argumedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
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Mediante escritos presentados los días 5 de febrero y 15 de mayo de 2024, así
como el 27 de mayo de 2025, el extremo procesal activo elevó solicitudes ante
al Tribunal Administrativo de Córdoba, en los que pidió que «se sirva establecer
el turno y la posible fecha en que se desatara la medida cautelar o en su defecto
la sentencia del proceso de la referencia», sin que la autoridad accionada
hubiera emitido respuesta alguna.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine la parte actora expuso que se le vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso de la administración de justicia y
de petición, al considerar que el juez, como director del proceso, debe velar por
los principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que orientan la
función judicial, a fin de evitar «el desgaste que representa adelantar todo un
proceso para terminarlo con sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes».
Asimismo, indicó que, mediante memoriales de impulso procesal y solicitudes,
requirió que se estableciera el turno y la posible fecha en que se adoptaría la
decisión sobre la medida cautelar o, en su defecto, sobre la sentencia dentro
del trámite laboral-administrativo.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 18 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo
de Córdoba, como accionada. De igual manera, en la misma providencia se
vinculó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Montería
[autoridad judicial de primera instancia] y a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales [parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho], en calidad de terceros interesados en las
resultas del proceso.
1.6. Intervención
Remitida la respectiva comunicación, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. La magistrada Nadia Patricia Benítez Vega del Tribunal Administrativo
de Córdoba mediante memorial de 26 de septiembre de 2025 solicitó que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que
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mediante el Oficio O-NPBV No. 035-2025, se le comunicó al actor el turno que
ocupa actualmente el expediente para resolver la medida cautelar interpuesta
y se le precisó que dicha decisión sería emitida en el último trimestre del 2025.
1.6.2. El apoderado judicial de la Unidad Administrativo Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social mediante
informe señaló que la presente acción de tutela es improcedente, porque no
existe vulneración a derecho fundamental alguno.
Asimismo, la entidad trajo citas sobre el estudio de las tutelas contra
providencias judiciales, en donde resaltó que «la decisión tomada por los
despachos demandados, fueron acertadas, por cuanto no se incurrió en defecto
material o sustantivo, sino que por el contrario la misma se ajustó al
ordenamiento legal».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por el señor Jorge Eliécer Beltrán Argumedo contra el
Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Tribunal Administrativo
de Córdoba vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y de petición del señor Jorge Eliécer Beltrán
Argumedo, por cuanto, a la fecha de radicación de esta tutela, la autoridad
accionada no le había informado al accionante el turno asignado para resolver
la medida cautelar del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 23001-33-33-006-2018-00178-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii) del derecho
de petición en actuaciones judiciales, (iv) y el análisis del caso en concreto.
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2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es
decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2.4. Del derecho de petición
La Constitución Política consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de
petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que
el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho:
«El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 20153, que señala 15 días para resolver la
2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, que señala:
«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:
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misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el
particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena
de la respuesta dada.4
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello […] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que
cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud
por el solicitante».
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto».
4 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión5; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo6.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.
2.5. Derecho de petición en actuaciones judiciales
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al
señalar que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los
operadores de justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan
de conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley,
y (ii) las generales que no tienen incidencia en el contradictorio y que están
reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011. En efecto, esta Sección en
5 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la
sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
6 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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sentencia del 25 de enero de 20187, señaló:
La Corte Constitucional8 y esta Corporación9 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden
ser de dos clases:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho
de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar
a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales”, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. (Énfasis de la
Sala)
2.6. Caso concreto
El señor Jorge Eliécer Beltrán Argumedo, presentó tutela con el fin de que se
le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de petición, ello con fundamento en que,
aparentemente a la fecha de radicación de esta acción constitucional, la
autoridad competente no le había dado respuesta a las diversas solicitudes
presentadas los días 5 de febrero y 15 de mayo de 2024, así como el 27 de
mayo de 2025.
No obstante, la Sala advierte que las razones expuestas por la parte actora se
circunscriben al presunto desconocimiento de su derecho de petición, por lo
que el estudio del caso se limitará a examinar dicha garantía fundamental.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de
25 de enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
8 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de
13 de julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de
2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00.
8
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En ese sentido, la Sala precisa que el análisis debe hacerse a la luz del derecho
de petición en actuaciones judiciales, habida cuenta de que la controversia se
origina en los memoriales presentados por el señor Jorge Eliécer Beltrán
Argumedo, mediante los cuales solicitó que se le informara el turno para
resolver la medida cautelar o, en su defecto, la fecha en la que se proferirá la
sentencia de segundo grado. En tal contexto, la autoridad judicial debe emitir
una respuesta de fondo clara y oportuna sobre dichas solicitudes y, a su vez,
garantizar que la comunicación de esa manifestación se realice de manera
efectiva, esto es, que la notificación10 al interesado se efectuara por los medios
idóneos que aseguren su conocimiento pleno.
En efecto, el 26 de septiembre de 2025 el Tribunal Administrativo de Córdoba
en ejercicio de su defensa, envió al Despacho un escrito en el que informó
haber dado respuesta al accionante por correo electrónico. En dicho documento
se indicó que «se informa que el expediente se encuentra en turno para resolver
la medida cautelar presentada, ocupando el lugar número 2 dentro del orden
interno. En cuanto al turno para la emisión de la sentencia de segunda
instancia, ese solo podrá ser asignado una vez se resuelva y notifique la
decisión relativa a la medida cautelar. En todo caso, la decisión sobre la medida
cautelar será proferida durante el último trimestre del año en curso».
Ahora bien, se advierte que el Tribunal Administrativo de Córdoba únicamente
allegó al trámite constitucional el Oficio O-NPBV No. 035-2025, mediante el cual
informó sobre el estado procesal del expediente; sin embargo, no obra
constancia que acredite la comunicación, ni se evidencia en el aplicativo Samai
registro alguno que dé cuenta del envío al correo electrónico
melendezf@hotmail.com, como se puede observar en la siguiente imagen:
10 Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha manifestado al respecto, en la sentencia T-
615/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte concedió la tutela al derecho de petición por
encontrar que, si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al
interesado.
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En ese orden de ideas, esta Sección considera que en el presente caso se debe
amparar el derecho fundamental de petición en actuaciones judiciales, toda vez
que el extremo procesal activo aún no ha recibido comunicación efectiva sobre
su solicitud de información. En consecuencia, se ordenará al Tribunal
Administrativo de Córdoba que, en el término de cuarenta y ocho [48] horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, remita
al accionante la respuesta a los memoriales presentados por el señor Jorge
Eliécer Beltrán Argumedo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Jorge
Eliécer Beltrán Argumedo, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Córdoba que, en el
término de cuarenta y ocho [48] horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a remitir al accionante la respuesta a las solicitudes
presentadas el 5 de febrero de 2024, el 15 de mayo de 2024 y el 27 de mayo
de 2025.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuese impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
11
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