Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05770-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05770-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05770-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05770-01
Accionante: Roberto Carlos Orozco Argote
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso disciplinario / MODIFICA AMPARO, PARA DECLARAR
IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de relevancia constitucional.
Reproches tienen como fin emplear la tutela como una instancia adicional al proceso
disciplinario y carecen de la suficiente carga argumentativa
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 10 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo reclamado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 8 de septiembre de 20252, el señor Roberto Carlos Orozco Argote promovió
acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos las sentencias de 19 de mayo
y 27 de agosto de 2025, emitidas dentro del proceso disciplinario 3 que instauró
Drummond Ltda. en su contra, al haber amparado presuntamente de manera
irregular4, en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Bosconia (Cesar), unos
derechos fundamentales, en fallo de 10 de junio de 2020, dentro de una acción de
tutela incoada por el señor Fabio Raúl Polo Fonseca contra la aludida empresa.
2.
En la providencia acusada de 27 de agosto de 2025 se confirmó la decisión de 19
de mayo de esa anualidad, mediante la cual se declaró disciplinariamente
1 Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.
2 Ante la Corte Suprema de Justicia, que mediante auto de 12 de septiembre de 2025 dispuso remitir la solicitud
de amparo a esta Corporación, la cual fue recibida el 15 de los mismos mes y año.
3 Expediente 20001-11-02-000-2020-00207-00/01.
4 Al arrogarse dolosamente la competencia territorial para decidir la acción constitucional. El allí accionante tenía
el domicilio en el municipio de Becerril (Cesar) y los efectos de la terminación del contrato laboral, que motivó la
presentación de la solicitud de amparo, se produjeron en el municipio de El Paso y/o Becerril. Además, omitió la
valoración de las pruebas aportadas al plenario.
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Accionante: Roberto Carlos Orozco Argote
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
responsable al accionante, al incumplir el deber consagrado en el numeral 1 del
artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 6 (numeral 1)
y 8 del Decreto 2591 de 1991, falta reprochada como grave a título de dolo, por lo
que se le sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos
meses. Se determinó que no operó la prescripción de la acción disciplinaria, no
resultaba procedente el incidente de nulidad formulado por el accionante frente a la
omisión de practicar un testimonio y no existía vulneración del principio de non bis in
idem. Además, del material probatorio que reposaba en el plenario no era dable
eximir de responsabilidad al tutelante, bajo el argumento de que la comisión de la
falta se le debe atribuir a un empleado judicial.
3.
La parte actora sostuvo que se decidió el proceso disciplinario con base en la Ley
1952 de 2019, a pesar de que no era aplicable a su caso, pues solo entró en vigor a
partir del año 2022 (con excepción de sus artículos 69 y 74); por ende, como los
hechos que originaron esas diligencias acaecieron en el año 2020, el asunto estaba
amparado bajo la Ley 734 de 2002. Esta irregularidad provocó que se negara la
prescripción de la acción disciplinaria porque la sentencia de tutela que originó la
presunta falta se profirió en junio de 2020 y el fallo disciplinario de segunda instancia
se le comunicó el 2 de septiembre de 2025, por lo que se debe tener por notificado
el 4 de los mismos mes y año.
4.
Además, no se tuvo en cuenta que para la fecha en que se profirió el auto de
apertura de instrucción (3 de septiembre de 2020), se encontraba privado de la
libertad en la cárcel de Valledupar, con ocasión de la imposición de la medida
expedida por el Juzgado 3 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá dentro del expediente “1001600002720180021100”.
5.
Asimismo, se omitió en primera instancia proferir el auto que decretara o
rechazara el cúmulo de pruebas solicitadas, lo cual constituye una causal de nulidad
consistente en la omisión de decreto y práctica de pruebas. Mediante la misma
providencia de 5 de marzo de 2025, se cerró la etapa probatoria y se corrió el traslado
para presentar los alegatos de conclusión, sin efectuar un control de legalidad acerca
de las pruebas requeridas, como la trasladada, la técnica (grafológica), entre otras.
6.
Precisó que si bien consintió en tener como prueba testimonial, la trasladada de
la versión rendida por la señora María Julia Ustariz Barros, esta no fue la única
solicitada y que no fue decretada, la cual apareció en el proceso de manera
sorpresiva.
7.
De igual modo, se incurrió en error al tener por demostrado, sin estarlo, que su
actuación gravita en la incursión de una omisión por la falta de control de
funcionamiento del despacho, lo que transgrede el principio de non bis in idem. No
se tuvo en cuenta (i) la existencia de denuncias penales, quejas disciplinarias,
llamados de atención y memorandos que oportunamente y en cumplimiento de sus
funciones instauró contra el empleado referente a la suplantación por la utilización
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de su firma, una vez se enteró de dichas actuaciones, pues no lo podía hacer de
manera anticipada; (ii) que dicho empleado no relacionó la tutela en el inventario de
procesos a su cargo, por lo que no se le puede atribuir responsabilidad disciplinaria
por una tutela de la cual no sabía su existencia, ni mucho menos de su trámite; y, (iii)
que, conforme al Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura que
aportó al expediente, se le asignó trabajo en casa (entre marzo y junio de 2020), en
virtud de la pandemia originada por el virus COVID-19, por lo que para la fecha en
que se dictó el fallo de tutela, esto es, para el 10 de junio de 2020, no se encontraba
en presencialidad, lo que refuerza el hecho de que no tenía conocimiento de la tutela,
máxime cuando no aparece digitalizada ni cargada a la plataforma del sistema de
consulta de procesos dispuesta por la Rama Judicial.
8.
Adicional a ello, se vulneró el principio de congruencia. Se le declaró
disciplinariamente responsable por una falta distinta a la inicialmente endilgada y que
originó el archivo del trámite disciplinario.
B. Sentencia de primera instancia
9.
Mediante sentencia de 10 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo reclamado. Sostuvo que no se
hallaban configurados los defectos sustantivo (indebida aplicación de la Ley 1952 de
2019 e inobservancia del principio de non bis in idem) ni fáctico (indebida valoración
probatoria) en la providencia acusada de segunda instancia, causales bajo las cuales
enmarcó los reproches planteados por la parte actora.
10.
Lo anterior, por cuanto (i) se analizó en debida forma si se había configurado o no
el fenómeno prescriptivo con base en la Ley 1952 de 2019, incluso, en virtud del
principio de favorabilidad, con fundamento en la Ley 734 de 2002; (ii) no se inobservó
el principio de non bis in idem, dado que se precisó que las finalidades de las
acciones disciplinarias y penales son distintas; y (iii) se efectuó una valoración
probatoria que no comporta arbitrariedad alguna; diferente es que se haya
considerado que era deber del tutelante ejercer control sobre el despacho a su cargo
y sus empleados.
11.
Además, no se desconoció el principio de congruencia, por cuanto en la
providencia de 21 de marzo de 2023, se ordenó el archivo del proceso respecto de
una imputación específica y se formularon cargos por otras faltas, que fueron las que
dieron lugar a la imposición de la sanción.
C. La impugnación
12.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Sostuvo que
se redujo el debate al punto relativo a la prescripción de la acción, pese a que
también se alegaron irregularidades que generaban nulidad procesal, como
desestimar la prueba trasladada a la que no renunció, que permitía exonerarlo de
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responsabilidad disciplinaria, al demostrar que no participó en la proyección,
elaboración y suscripción de la sentencia de tutela que originó el reproche
disciplinario.
13.
En todo caso, respecto de la figura de la prescripción, se efectuó un análisis
inadecuado, que desconoció el principio de inescindibilidad y especialidad del texto
normativo, pues si el régimen que se debía acoger era el de la Ley 734 de 2002 o el
contenido en la nueva ley disciplinaria, debía ser aplicable de manera total y no
escindida y tomando los apartes perjudiciales al disciplinable. Además, se hicieron
cómputos contradictorios y se omitió verificar la fecha real de notificación de la
decisión, sin considerar que la sentencia fue escritural, por lo que su notificación se
sujeta a la Ley 2213 de 2022, por ende, se entiende notificada una vez transcurren
dos días luego de remitirse al correo electrónico del accionante, es decir, el 4 de
septiembre de 2025. En ese sentido, aun cuando se tuviera en cuenta la fecha del
auto de apertura de la investigación disciplinaria (3 de septiembre de 2020) operó el
fenómeno prescriptivo.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.
E. Análisis del caso concreto
15.
Si bien los reproches se pueden encuadrar en las causales de defectos sustantivo
y fáctico, la sala difiere de la apreciación del juez de primera instancia, pues no se
superan las causales generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial, en especial, la de relevancia constitucional. Por tanto, se modificará el fallo
objeto de impugnación, para declarar la improcedencia de la acción de tutela.
16.
El a quo indicó que el asunto constitucional superaba “los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de amparo”, pero no explicó cómo arribó a tal
conclusión. Por el contrario, se observa que no resulta suficiente para tener por
satisfecha esa exigencia que se invoquen derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, sino que se debe desarrollar una argumentación encaminada a
demostrar la afectación constitucional que se alega, situación que no se configura en
este asunto.
17.
Las inconformidades expuestas por el actor comportan una reiteración de lo
planteado en las diligencias disciplinarias y una imposición de la tesis que él pregona,
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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sin que indique por qué lo decidido por la autoridad disciplinaria sobre tales
cuestiones incurre en la afectación constitucional que alega. Es decir, evidencian
desacuerdo con la providencia objeto de censura, con la finalidad de emplear esta
acción como una instancia adicional al trámite disciplinario para que se reabra el
debate jurídico ya zanjado por el juez natural de la causa y se modifique la
determinación que le resultó desfavorable.
18.
La parte actora aduce que en la providencia atacada se analizó lo referente a la
prescripción de la acción disciplinaria con base en la Ley 1952 de 2019, a pesar de
que se debía atender conforme a la Ley 734 de 2002. Ello causó que se declarara
no probada, a pesar de que la presunta falta se cometió en junio de 2020, cuando se
dictó el fallo de tutela, y la sentencia disciplinaria de segunda instancia se comunicó
el 2 de septiembre de 2025. Además, si se contabiliza desde el auto de apertura de
instrucción, emitido el 3 de septiembre de 2020, también se configura la prescripción,
puesto que, de acuerdo con la Ley 2213 de 2022, se debe tener por notificada dos
días después de su comunicación, es decir, el 4 de septiembre de 2025.
19.
En el fallo acusado se indicó que el mencionado fenómeno prescriptivo no se
acreditó ni en aplicación de la Ley 1952 de 2019, ni, en virtud del principio de
favorabilidad, de acuerdo con la Ley 734 de 2002.
20.
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, los hechos tuvieron
lugar el 10 de junio de 2020 y el fallo disciplinario de primera instancia se notificó el
22 de mayo de 2025, es decir, antes de los 5 años desde la comisión de la falta. Por
su parte, en atención al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, se tiene que el auto de
apertura de la investigación disciplinaria se profirió el 3 de septiembre de 2020 y
hasta la fecha en que se emite esa decisión disciplinaria de segunda instancia no
había transcurrido los 5 años de que trata la norma.
21.
Con base en lo descrito, el accionante reitera en estas diligencias constitucionales
la inconformidad frente al modo en que se zanjó lo referente a la prescripción de la
acción disciplinaria. Además, pretende que el juez de tutela le imponga al juez
ordinario alguna de las tesis que aquel pregona acerca de esta cuestión y que tenga
como resultado la obtención de una decisión favorable, traducida en la declaratoria
de dicha prescripción, sin sustento normativo o jurisprudencial alguno y procurando
una mezcla de preceptos legales que respalden su pedimento.
22.
Lo anterior, porque una de las teorías consiste en que el inicio del cómputo de los
5 años se haga desde el hecho que originó la falta, pese a que ello no lo prevé la Ley
734 de 2002, cuya aplicación reclama, sino la Ley 1952 de 2019, que pide no se
acoja en su caso. Ahora bien, esta última norma establece que el término de
prescripción se interrumpe con la notificación del fallo de primera instancia, y una vez
ocurrido ello, la prescripción se configurará si transcurridos 2 años desde la
notificación de esa decisión no se notifica la sentencia de segunda instancia.
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23.
Conforme a ese escenario, no se configuró la prescripción de la acción
disciplinaria, pues los hechos acaecieron el 10 de junio de 2020 y el fallo de primera
instancia se notificó el 22 de mayo de 2025. Por ende, no se evidencia arbitrariedad
alguna por parte de la autoridad accionada al adoptar dicha decisión, máxime cuando
el actor pretende computar el aludido término desde un supuesto fáctico que contiene
una norma que asevera no se debe aplicar a su caso.
24.
Por otro lado, el accionante también aduce que si se contabiliza la oportunidad
para adelantar la acción disciplinaria desde su auto de apertura, punto de partida
consagrado en la Ley 734 de 2002, hasta la fecha de notificación de la decisión
disciplinaria de segunda instancia se configura el fenómeno prescriptivo. Al respecto,
cabe anotar que si bien esa norma estipuló dicho punto de partida no consagró de
manera expresa el evento en que aquel se interrumpe, motivo por el cual la autoridad
accionada indicó que a la fecha en que emitió la decisión acusada no había operado
la prescripción, dado que el auto de apertura se emitió el 3 de septiembre de 2020 y
la providencia de segunda instancia se adoptó el 27 de agosto de 2025.
25.
Sobre este punto, la Sala considera oportuno anotar que respecto del momento
en que, conforme a la Ley 734 de 2002, se interrumpe el término de prescripción de
la acción disciplinaria se ha desarrollado jurisprudencialmente. En ese sentido se
advierte la existencia de una tesis que se ha adoptado de manera mayoritaria por
esta Corporación6, que hace referencia a que dicho fenómeno se interrumpe con la
expedición y notificación de los fallos de primera o única instancia. No obstante,
también ha habido algunos casos7, en los que se sostiene que se interrumpe hasta
la notificación de la decisión de segunda instancia.
26.
Bajo ese panorama jurisprudencial, se observa que en la sentencia acusada la
autoridad disciplinaria indicó que desde cuando se profirió el auto de apertura, esto
es, el 3 de septiembre de 2020, hasta cuando se dictó ese fallo (27 de agosto de
2025) no habían transcurrido los 5 años. Dicho razonamiento no comporta
arbitrariedad o capricho alguno ni resulta contraria a la jurisprudencia que se ha
emitido sobre el particular. Por el contrario, es más garantista al tener en cuenta no
la fecha de notificación del fallo de primera instancia, sino el momento en que se
dicta la decisión de segunda instancia.
27.
La parte actora también aduce que no se debe tomar en consideración la
expedición de la sentencia de segunda instancia, sino su notificación, la cual se debe
tener por efectuada, dos días después de enviada la respectiva comunicación, por
6 Postura decantada por la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-15-000-2003-00442-01, C. P. Susana Buitrago Valencia. En cuanto a que dentro del plazo
de 5 años se debe proferir el acto que impone la sanción. Criterio que después de expedida la Ley 734 de 2002
fue acogido por el Consejo de Estado. Sentencias de 13 de febrero de 2014, expediente 25000-23-25-000-2007-
00582-02, 28 de julio de 2014, expediente 11001-03-25-000-2011-00365-00, 30 de junio de 2016, expediente
11001-03-25-000-2011-00170-00 (0583-11), 24 de enero de 2019, expediente 19001-23-33-000-2014-00372-01,
13 de noviembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-04435-00, y 20 de noviembre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2020-03637-01.
7 Sentencias de tutela de 21 de mayo de 2018 y 3 de abril de 2019,
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ende, como ello ocurrió el 2 de septiembre de 2020, la notificación se entiende
realizada el 4 de los mismos mes y año, circunstancias que evidencian la ocurrencia
de la prescripción.
28.
No obstante, dicho argumento implicaría que la vulneración se origine en un
momento posterior a la providencia acusada, pues para el momento en que la
autoridad disciplinaria dictó su decisión no había acaecido el fenómeno prescriptivo.
Y, en todo caso, no se anotó este criterio sí estaría en contravía con lo fijado por el
Consejo de Estado sobre la materia.
29.
Conforme a lo anotado, para la Sala lo decidido en la sentencia acusada frente al
no acaecimiento de la prescripción disciplinaria no denota arbitrariedad alguna. Por
el contrario, cuenta con soporte normativo y jurisprudencial. Diferente es que la parte
actora no comparta la norma bajo la cual se atendió lo referente a tal fenómeno y la
interpretación que la autoridad disciplinaria adoptó sobre el particular. Sin embargo,
la simple inconformidad con una decisión no habilita la interposición de la tutela, pues
ello involucra la materialización del principio de autonomía judicial.
30.
Por otra parte, la parte actora indicó que se omitió el decreto de pruebas que
solicitó en el asunto disciplinario, pues no solamente pidió el testimonio de la señora
María Julia Ustariz Barrios. No obstante, el accionante no enuncia puntualmente
cuáles fueron las pruebas que se dejaron de decretar y en qué etapa procesal las
pidió, lo que torna imposible que el juez constitucional analice el particular. Del mismo
modo, refiere que se desestimó una prueba trasladada, que comprobaba que no
cometió la falta disciplinaria, pero no expone en qué sentido fue desestimada y
particularmente qué situaciones de exoneración acreditaba.
31.
No obstante, se evidencia que en la decisión acusada se indicó que se solicitó,
como prueba trasladada, el expediente penal dentro del que la señora María Julia
Ustariz Barros rindió declaración bajo la gravedad de juramento, la cual fue analizada
en debida forma en la sentencia sancionatoria de primera instancia.
32.
La parte actora también indicó que se tuvo por acreditado sin estarlo que incurrió
en la falta disciplinaria endilgada, a pesar de la existencia de diferentes acciones
desplegadas contra el empleado que suplantó su firma en el fallo de tutela que
originó la falta y de que no tenía conocimiento de la existencia de ese trámite
constitucional.
33.
Contrario a lo planteado por el tutelante, la autoridad disciplinaria no omitió
analizar las circunstancias a las que se refiere, distinto es que concluyera que estas
no resultaban suficientes para exonerarlo de responsabilidad disciplinaria, en
atención al deber que le asiste como director del despacho, consistente en ejercer
los correspondientes controles sobre sus empleados, con el propósito de evitar la
ocurrencia de irregularidades, “sobre todo en asuntos de índole constitucional, aún
más cuando se trata de un empleado, como el señor Jorge Mario Calderón a quien
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le había realizado un llamado de atención mediante un memorando dos días antes
de proferida la decisión que se le reprocha”.
34.
También se indicó que la denuncia ante la Fiscalía se presentó una vez se le
formularon los cargos disciplinarios, lo que ocurrió el 21 de marzo de 2023, de lo que
se deduce que tuvo como propósito preparar su estrategia de defensa en la fase de
juzgamiento, pero no porque tuviera la real intención de informar sobre la comisión
de un posible delito, lo que en virtud del cargo que ejerció, tenía el deber legal de
hacerlo incluso tan pronto evidenció la presunta irregularidad en los términos del
artículo 67 de la Ley 906 de 2004. Dichas particularidades constituían indicios que
debilitaban la teoría de la supuesta suplantación, pues no existe prueba alguna al
respecto, fuera del mismo dicho del investigado.
35.
En esa medida, se advierte que para acreditar la presunta omisión o indebida
valoración probatoria alegada, no basta con exponer inconformidad con las
conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa o que no se consideraron
algunas particularidades que demostraban las pruebas allegadas. Para tal efecto, es
indispensable acreditar en ese escenario la configuración de algún tipo de
arbitrariedad, la inobservancia de los postulados de la sana crítica o que las
situaciones que no se tuvieron en cuenta tenían la potencialidad de influir de manera
directa en el sentido de la decisión a adoptar sobre el litigio, lo cual no se comprobó
en este asunto constitucional. Ello, por cuanto al juez de tutela le está vedado
arrogarse la competencia de efectuar un ejercicio valorativo sobre los elementos de
convicción o imponer un grado de certeza sobre los mismos, como si se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
36. Con base en lo anterior, no se ajusta a la realidad la afirmación de que la autoridad
judicial le haya restado mérito o haya omitido analizar los elementos de convicción
que demostraban las acciones desplegadas contra el empleado judicial al que le
atribuye la comisión de la irregularidad en la expedición del fallo de tutela y su
presunto desconocimiento de la existencia de ese trámite constitucional. Distinto es
que carecieran de la potencialidad para exonerarlo de responsabilidad disciplinaria.
37. Por consiguiente, el hecho de que no se hayan valorado los medios de convicción
como lo pregona la parte actora ni se les diera el alcance para exonerarlo de
responsabilidad disciplinaria, lejos de comportar defecto fáctico, materializa la
autonomía judicial de la que están revestidas las autoridades jurisdiccionales para
decidir las controversias puestas en su conocimiento.
38.
En tal sentido, la inconformidad sobre la valoración y omisión probatoria denota
un simple desacuerdo con lo concluido en ese aspecto, por ende, no es aceptable
que el tutelante pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que,
a su juicio, se les debió otorgar a los medios de convicción obrantes en el plenario.
Acceder a lo pretendido implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural,
como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05770-01
Accionante: Roberto Carlos Orozco Argote
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instancia, en el que se valore de nuevo el material probatorio recaudado para arribar
a una conclusión que defina la controversia.
39.
Así las cosas, los reproches de la parte demandante no denotan arbitrariedad
alguna ni comportan transgresión a preceptos superiores, por el contrario, cuentan
con la debida sustentación normativa y respaldo probatorio. En ese sentido, no
trascienden al ámbito constitucional, en razón a que reflejan una inconformidad con
la manera como el juez natural de la controversia la zanjó, lo cual no habilita el
estudio de fondo de la tutela.
40.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, que negó el amparo
constitucional reclamado, para declarar improcedente el trámite constitucional, al no
superarse el requisito de relevancia constitucional.
41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 10 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo
constitucional reclamado, para declarar improcedente la acción de tutela, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
8 VF
9
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