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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05773-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05773-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 7 de noviembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05773-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: María Margoth Ruiz Carmona
Parte accionada: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05773-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de inmediatez

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
7 de noviembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora María Margoth Ruíz Carmona en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para que le
fuera reliquidada la pensión de vejez.

1.2. Mediante sentencia de 30 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Inconforme con la decisión anterior, la actora presentó recurso de
apelación el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante sentencia de 14 de octubre de 2021

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confirmando la sentencia de primera instancia.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que le fueron desconocidos los derechos
adquiridos de que trata el Acto Legislativo 001 de 2005, por cuanto a la fecha
en que entró en vigor contaba con 950 semanas de cotización y el estatus legal
de pensión.

Indicó que conservó el régimen de transición especial de la Contraloría
General de la República conforme con lo previsto en el Decreto 929 de 1976
como un derecho adquirido desde el 22 de julio de 2005, cuando contaba con
950 semanas de cotización hasta agosto de 2014, donde trabajó los últimos
20 años y 4 meses antes de pensionarse.

Indicó que el extinto Instituto de Seguros Sociales aceptó su traslado, en
febrero de 2003, es decir en el periodo de la ventana de gracia concedido por
la Ley 797 de 2003, lo cual fue desconocido por Colpensiones.

Sostuvo que en la sentencia SU-230 de 2015 se señaló que hay vulneración
de derechos fundamentales cuando no se aplica íntegramente el régimen
especial al beneficiario del régimen de transición. Manifestó que en la
sentencia C-258 de 2013 se precisó el alcance de los derechos adquiridos
respecto de la mesada 14 causada antes del 31 de julio de 2011. Y en la
sentencia SU-430 de 1998 se señaló que los derechos adquiridos no pueden
ser desconocidos por normas posteriores o por decisiones emanadas de las
empresas administradoras de pensiones.

Indicó que la sentencia T-430 de 2011 definió “[…] la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social cuando el
perjuicio del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución y en virtud de la garantía de los derechos adquiridos en caso de
reconocimiento de pensión de jubilación, desconocer, inaplican o se aplican
parcialmente las normas del régimen que ampara a un trabajador que se

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encuentra cobijado por los supuestos de hecho que dispone el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993: “si la entidad
administradora de pensiones deja de aplicar, sin mediar razones suficientes,
las disposiciones del régimen especial (en este asunto Decreto 929 de 1.976)
y para el caso de los trabajadores beneficiarios del régimen de transición,
incurre en vía de hecho administrativa susceptible de amparo constitucional,
por desconocimiento del debido proceso correspondiente […]”.

Afirmó que se configuró un defecto fáctico y desconocimiento del precedente,
para lo cual trae a colación las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013,
SU -430 de 1998, T-430 de 2011, T-231 de 2015, así como la sentencia de
“unificación de 2020” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que
se fijaron “[…] lineamientos sobre IBL del art. 36: improcedencia de su
aplicación retroactiva para desconocer regímenes especiales ya consolidados
[…]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Principal
1. Amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, debido
proceso y mínimo vital.
2. Dejar sin efectos las actuaciones administrativas y judiciales que,
aplicando el régimen general y la SU del CE de 2020, desconocieron el
régimen especial CGR y la transición de la accionante, ya consolidados
en 2007.
3. Ordenar a Colpensiones la reliquidación íntegra de la pensión bajo
el Decreto 929 de 1976 (art. 7, último semestre 1.º-jun-2011/30-nov-
2011) y factores salariales del Decreto 1045/78 y concordantes, sin
tope de 3 SMLMV.
4. Pagar el retroactivo completo desde 27-ago-2007 hasta el pago
efectivo, debidamente indexado (IPC) y con interés moratorio del art.
141.

5. Restituir la mesada 14 y cancelar los valores adeudados desde
2.016 en adelante, con sus actualizaciones.
6. Prevenir a Colpensiones de aplicar criterios posteriores o
restrictivos que vulneren derechos adquiridos.

Subsidiarias
En caso de no acceder a lo principal, subsidiariamente:

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(a) ordenar, cuando menos, el pago del retroactivo por causación
(2007–mar/2012);
(b) ordenar las diferencias desde abr/2012 hasta la fecha;
(c) ordenar el pago de mesadas 14 omitidas; todo indexado e
incrementado
con art. 141.

Aclaración: “En subsidio” significa que, si el despacho no concede la
pretensión principal, solicita medidas alternativas que igualmente
restablezcan los derechos conculcados. […]” [negrillas original del texto
original y sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali remitió el presente proceso por competencia
a esta Corporación.

2. Mediante auto de 23 de septiembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Posteriormente,
en providencia de 15 de octubre de 2025 se negó la solicitud de medidas
provisionales solicitadas por la accionante.

3. El 7 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente la acción de tutela de la referencia.

4. Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por la actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó que la
acción de tutela sea denegada al considerar que los fundamentos de hecho y
de derecho fueron objeto de estudio judicial, por lo que la presente acción de
tutela debe ser declarada improcedente por no cumplir con los requisitos

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procedibilidad y de inmediatez.

2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente
digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 76001-23-33-000-2017-00206-00.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 2 de octubre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela
al considerar que no cumplía con los requisitos generales de subsidiariedad e
inmediatez.

Respecto de la subsidiariedad, el a quo indicó que los actos administrativos
proferidos por Colpensiones fueron resueltos en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de tutela por lo que su
reiteración desconoce el carácter subsidiario de la presente acción
constitucional.

En cuanto a la inmediatez, señaló que la notificación de la sentencia objeto de
tutela se surtió el día 12 de noviembre de 2021; mientras que la solicitud de
amparo fue presentada el 15 de septiembre de 2025, es decir por fuera del
término prudencial de los seis meses establecidos por la jurisprudencia.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente
expuso lo siguiente:

Sostuvo que la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad y
que la vulneración se renueva mes a mes al recibir una mesada inferior a la
legal, por lo que es una afectación legal y continuada.

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Respecto de la subsidiariedad adujo que no tiene otro medio eficaz porque el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue decidido en el año 2021,
por lo que no procede una nueva demanda en razón a la caducidad del medio
de control, a la configuración de la cosa juzgada y que la revocatoria directa
no es idónea.

Manifestó que la sentencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo por
no aplicar el Decreto 929 de 1976. Igualmente, que hubo desconocimiento del
precedente e indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso que
daban cuenta de los factores salariales y de los retroactivos omitidos.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) En primer lugar, si en el presente asunto se cumplen los requisitos
generales de procedencia y, si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”5.

3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional6.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional8 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular9, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”10.

En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir las providencias de 30 de agosto de 2019

6 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014,
expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Sentencia T-584 de 2011.
9 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
10 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

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proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de 14 de octubre
de 2021 dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicación 76001-23-33-000-2017-00206-00/01.

Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la sentencia de 14 de octubre de 2021, por ser la decisión
que puso fin a la litis.

La Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias obrantes en el
expediente del proceso, la notificación de la providencia de 14 de octubre de
2021 se surtió el día 12 de noviembre de ese mismo año; mientras que la
acción de tutela se presentó el 15 de septiembre de 202511, es decir con
posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.

Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en la
presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se enmarque
en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional
que puedan justificar su presentación por fuera del término establecido por la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Adicionalmente, para la Sala los argumentos expuestos por la parte actora
para justificar el cumplimiento del requisito de la inmediatez carecen de
vocación de prosperidad, por cuanto el hecho de que la vulneración de los
derechos fundamentales persiste en el tiempo, por tratarse de una prestación
económica periódica, no significa que automáticamente se omita el examen
de este requisito general de procedibilidad, simplemente se atenúa su
rigurosidad siempre y cuando la parte accionante demuestre, además de lo
expuesto, que padece de una situación de especial vulnerabilidad o que se
encuentra en un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de

11
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edad o incapacidad física12; circunstancias que claramente no se presentan
en el caso de que nos ocupa.

De otra parte, en cuanto la vulneración atribuida a Colpensiones la Sala
advierte que la misma se encuentra relacionada con la controversia que
precisamente fue ventilada y analizada en los fallos aquí controvertidos, por lo
tanto, tal como lo consideró el juez de primera instancia “[…] su reiteración
desconoce el carácter subsidiario de esta acción constitucional […]”.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala confirmará el fallo de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 7 de noviembre de 2025
proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo de 2021,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00641-00.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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