Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05774-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05774-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05774-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05774-01
Accionante: Mauricio Parodi Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa1
Decisión: Confirmar la decisión de negar el amparo porque no se
demostraron los defectos endilgados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 14 de octubre
de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual negó la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Los señores Mauricio Parodi Díaz y José Ignacio Mesa Betancur se inscribieron
como candidatos a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical
en el departamento de Antioquia para el período 2018-2022.
3. Manifestó el accionante que en el desarrollo de los escrutinios se presentaron
irregularidades en el diligenciamiento y cómputo de los formularios E-14, E-24 y
E-26CA. Sin embargo, el 19 de marzo de 2018, la Comisión Escrutadora
Departamental de Antioquia, integrada por delegados del Consejo Nacional
Electoral, declaró la elección de los representantes a la Cámara por ese
departamento mediante el formulario E-26CA, razón por la que correspondió una
curul al partido Cambio Radical, la cual fue asignada al señor José Ignacio Mesa
Betancur, con un total de 28.575 votos y, en segundo lugar, resultó el señor
Mauricio Parodi Díaz con 28.538 votos, con una diferencia de 37 sufragios.
4. Con ocasión de lo anterior, el señor Parodi Díaz promovió el medio de control
de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección señor José Ignacio Mesa
1
Acción de tutela presentada el 16 de septiembre de 2025
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Accionante: Mauricio Parodi Díaz
Betancur, contenido en el formulario E-26CA del 19 de marzo de 2018 expedido
por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia.
5. El proceso correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado que
mediante sentencia del 9 de mayo de 2019 declaró la nulidad de la elección del
señor José Ignacio Mesa Betancur porque la Organización Electoral le había
asignado sin justificación 227 votos y, simultáneamente, había sustraído de forma
irregular 234 votos al señor Mauricio Parodi Díaz
6. El 30 de mayo de 2019, le fue expedida la credencial que acreditaba al señor
Mauricio Parodi Díaz como Representante a la Cámara por Antioquia, razón por
la que, el 4 de junio de 2019, tomó posesión del cargo.
7. Con fundamento en lo anterior, el señor Mauricio Parodi Díaz presentó una
demanda de reparación directa en contra de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y el Consejo Nacional Electoral, para que se declararan patrimonialmente
responsables por el daño antijuridico causados con la actuación administrativa
que terminó con la expedición del acto que declaró la elección de Representantes
a la Cámara por Antioquia (2018-2022) y el formulario E-26CA del 19 de marzo
de 2018, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia.
8. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, donde se profirió sentencia del 30 de marzo de 2023
accediendo a las pretensiones, al considerar que era evidente la falla en el servicio
por las irregularidades presentadas en el proceso electoral.
9. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B mediante sentencia del 28 de abril de 2025 resolvió revocar
la decisión para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda porque no se
acreditó que el daño alegado fuera antijuridico, en la medida que el señor Parodi
Díaz no tenía un derecho adquirido sino un mera expectativa de acceder al cargo,
lo que no podía equipararse a un daño indemnizable, pues, el derecho de ocupar
la cural nació con la sentencia del Consejo de Estado del 9 de mayo.
2.2. Fundamento jurídico
10. La parte actora, indicó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo
porque fundamentó su decisión en las sentencias del 20 de junio de 2023 y del 28
de octubre de 2024 proferidas por el Consejo de Estado, providencias que no eran
aplicables al asunto bajo estudio, en la medida que quedaron demostradas las
irregularidades en los formularios E-14 y E-24 que modificaron sustancialmente
los resultados de la elección.
11. Así como también, alegó un defecto fáctico por indebida valoración de la
declaratoria de nulidad de la elección de Representantes a la Cámara por
Antioquia, la cancelación de la credencial expedida al señor José Ignacio Mesa
Betancur, la declaratoria de elección del señor Mauricio Parodi, y la expedición de
la credencial de este último el 30 de mayo de 2019, material probatorio relevante
para acreditar el daño antijurídico.
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12. Asimismo, señaló que la decisión cuestionada adolece de un
desconocimiento de precedente contenido en auto del 25 de julio de 20072 y en
las sentencias del 3 de mayo de 2013 y del 14 de septiembre de 20163,
providencias según las cuales el medio de control de reparación directa procede
para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de un acto declarado
ilegal.
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1.Amparar los derechos fundamentales a los salarios dejados de percibir
(lucro cesante), la representación política, al debido proceso, al acceso a
la administración justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho al
precedente judicial vinculante.
2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso 11001-33-43-
058-2020-00046-01.
3. Mantener en firme la sentencia de primera instancia del Juzgado 58
Administrativo de Bogotá, que declaró responsables a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral y condenó al pago
de indemnización por concepto de lucro cesante a favor del señor Mauricio
Parodi Díaz.» (Sic)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 18 de septiembre de
2025 en el que ordenó notificar al Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo como accionado y, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Consejo Nacional Electoral y al Juzgado Cincuenta y ocho Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá como terceros interesados en el resultado del proceso.
15. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B manifestó que realizó un análisis del acervo probatorio con
fundamento en precedente aplicable al asunto en cuestión.
16. De otra parte, señaló que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional porque lo que pretende es reabrir nuevamente un asunto
zanjado por su juez natural.
17. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende
es reabrir un debate resuelto en el marco de un proceso ordinario. Máxime cuando
no es factible utilizar el mecanismo constitucional para controvertir decisiones
judiciales adoptadas conforme al ordenamiento jurídico.
18. De manera subsidiaria pidió que se niegue el amparo, toda vez que la decisión
2
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3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 5000-23-26-000-2003-00313- 02
(39546).
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cuestionada no adolece de ningún defecto.
19. La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió ser desvinculada por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
20. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
21. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B mediante sentencia del
14 de octubre de 2025 resolvió negar la solicitud de desvinculación elevada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el amparo deprecado al no encontrar
acreditados los defectos endilgados.
22. Al respecto, señaló que no se incurrió en un defecto sustantivo, en la medida
que en la decisión cuestionada indicó que aun en eventos de nulidad electoral, los
efectos ex tunc de la anulación no comportan, por sí mismos, el nacimiento de un
derecho cierto e indemnizable para el candidato que luego resulta electo, puesto
que el daño alegado carece de certeza durante el tiempo en que el acto de
elección permaneció vigente y desplegó efectos jurídicos.
23. De modo que, concluyó que el Tribunal no se apartó del precedente aplicable
ni desconoció la jurisprudencia vinculante, sino que aplicó la línea jurisprudencial
vigente y reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
24. En cuanto al defecto fáctico indicó que la autoridad judicial accionada abordó
de manera suficiente la existencia del daño antijurídico reclamado y analizó los
documentos y actuaciones que acreditaban la nulidad de la elección de un
candidato y la posterior declaratoria en favor del accionante, para concluir —con
apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado— que dicho fenómeno no
configuraba un daño cierto indemnizable durante el lapso previo a la declaratoria
de elección y la posesión.
25. Finalmente, no desconoció los precedentes de 2007, 2013 o 2016, pues en
ningún momento descartó la idoneidad del medio de control; por el contrario, lo
que hizo fue delimitar sus alcances conforme a la línea jurisprudencial vigente,
que distingue entre la procedencia formal de la acción y la necesidad de
demostrar, caso por caso, la configuración de un daño cierto y resarcible.
2.6. Impugnación
26. La parte actora después de insistir en los argumentos de la demanda solicitó
revocar la decisión de primera instancia y, en consecuencia, se amparen los
derechos fundamentales invocados en protección.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
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27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.3. Problema jurídico
28. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, al proferir la sentencia del 28 de abril de 2025, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al
incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente y fáctico.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
29. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
30. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
31. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
32. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
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(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 28 de abril de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 16
de septiembre de 2025.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, al incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente y
fáctico.
33. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
34. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 4, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
35. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.
36. Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
37. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.
38. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la
igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación7.
39. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
40. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.
41. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no
es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»9.
42. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la
normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una
sentencia con efectos erga omnes.
3.7. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
43. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
9 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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Constitucional10 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa11, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara
y objetivamente. Esta dimensión, comprende las indebidas valoraciones
probatorias determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
44. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»13.
45. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.8. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento de precedente en el caso concreto
46. La parte actora señala que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo porque
fundamentó su decisión en las sentencias del 20 de junio de 2023 y del 28 de
octubre de 2024 proferidas por el Consejo de Estado, providencias que no eran
aplicables al asunto bajo estudio.
47. Así como también, alega un defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio, particularmente hizo referencia a la declaratoria de nulidad de la
elección de Representantes a la Cámara por Antioquia, la cancelación de la
credencial expedida al señor José Ignacio Mesa Betancur, la declaratoria de
elección del señor Mauricio Parodi, y la expedición de la credencial de este último
el 30 de mayo de 2019, material probatorio relevante para acreditar que el daño
antijurídico.
48. Además, señala que la decisión cuestionada adolece de un desconocimiento
de precedente contenido en auto del 25 de julio de 2007 y en las sentencias del 3
de mayo de 2013 y del 14 de septiembre de 2016, providencias según las cuales
10 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
11 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
12 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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Accionante: Mauricio Parodi Díaz
el medio de control de reparación directa procede para reclamar la indemnización
de los perjuicios derivados de un acto declarado ilegal.
49. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B en la providencia cuestionada consideró:
«Del análisis del material probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra
probados los siguientes hechos:
De conformidad con el formulario E-26 CA emitido por el Consejo Nacional
Electoral el 19 de marzo de 2018, luego de terminado el escrutinio general y hecho
el cómputo de votos para la circunscripción de Antioquia se obtuvieron los
siguientes resultados (archivo 03, carpeta Anexos):
(…)
El 9 de mayo de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia
de única instancia en la que resolvió (archivo 02, carpeta Anexos):
(…)
Como consecuencia de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 30 de
mayo de 2019 se expidió la credencia del señor Mauricio Parodi Diaz en la que
declaró que había sido elegido Representante a la Cámara de Antioquia por lo que
restaba del periodo constitucional 2018-2022 (archivo 05, carpeta Anexos).
El 4 de junio de 2019, el señor Mauricio Parodi Diaz se posesionó como
Representante a la Cámara ante el Congreso de la República (archivo 06, carpeta
Anexos).
2.7. Caso concreto
(…)
En este caso, el daño corresponde a la imposibilidad del demandante de ocupar
la curul de Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia para el
periodo 2018-2022, con las consecuencias económicas que ello conllevó, por lo
que se deberá establecer si se acreditaron los presupuestos anteriores.
Mediante providencia del 20 de junio de 2023, el Consejo de Estado14 al resolver
un recurso de apelación en un proceso similar al presente fallado por esta Sala de
Decisión expresó lo siguiente:
«(…)
Bajo las anteriores consideraciones, es dable colegir que tanto el proceso
administrativo electoral como el contencioso electoral buscan, mediante el
acto electoral y su control de legalidad, concretar o materializar el principio
democrático y la voluntad popular expresada en las urnas, sin que durante
el agotamiento de tales trámites y mientras no se haya declarado la
elección de determinado candidato, sea posible afirmar que aquél tiene un
derecho adquirido de ocupar una curul, pues, el acceso a un cargo de
elección popular, como expresión del derecho político de elegir y ser
elegido, previsto en el artículo 40.1 de la Constitución Política, está sujeto
a condicionamientos constitucionales y legales y a mecanismos de control
administrativo y judicial, que de manera principal y por sobre los eventuales
derechos subjetivos del candidato, buscan garantizar “la institucionalidad
misma y el respeto de los principios de participación democrática previstos
en la Constitución.
(…)
Así las cosas, es claro que para poder afirmar que un candidato tiene un
derecho cierto a acceder a un cargo de elección popular y, por tanto, a
percibir las asignaciones salariales y prestacionales respectivas, no solo
basta con que finalice la jornada electoral, sino que es menester que se
agote la totalidad del proceso administrativo de elección y, de ser el caso,
14
Providencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente No.
25000233600020150191702(59531), CP. María Adriana Marín
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Accionante: Mauricio Parodi Díaz
se surta la acción electoral, con miras a restablecer la voluntad del elector,
pero, claro está, desde la perspectiva que le imprime el hecho de tratarse
de un proceso judicial diseñado para una acción pública, que, por tal,
persigue el exaltamiento del interés general y la preservación de los valores
democráticos que inspiran nuestro modelo electoral, escenario en el cual,
el surgimiento de derechos subjetivos solo se produce con la firmeza del
acto de elección y la posterior posesión en el cargo. (negrilla fuera de texto
original)»
Dicha postura fue reiterada en providencia del 28 de octubre de 2024, en la que
el Consejo de Estado15 sostuvo:
(…)
De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, los candidatos que
participan en un proceso electoral solo adquieren un derecho cierto y exigible con
el acto que los declara electos, pues el proceso de elección se compone de las
siguientes etapas: i) preelectoral, que se refiere a la inscripción de candidatos, la
designación de jurados de votación y las demás actuaciones necesarias para el
desarrollo del proceso, ii) electoral, que corresponde a la votación y iii)
poselectoral, que incluye el escrutinio de los votos, las reclamaciones y
solicitudes de recuento, la revisión de irregularidades en la votación y el escrutinio,
la declaratoria de elección y la expedición de credenciales
De conformidad con las pruebas allegadas al proceso y los hechos probados, se
tiene que:
(…)
El señor Mauricio Parodi Díaz participó como candidato a la Cámara de
Representantes por el departamento de Antioquia, para el periodo constitucional
2018-2022, avalado por el partido político Cambio Radical.
Concluido el escrutinio, el 19 de marzo de 2018, mediante formulario E-26 CA se
declaró la elección de los siguientes candidatos:
Posteriormente, mediante decisión del 9 de mayo de 2019, el Consejo de Estado
declaró la nulidad de José Ignacio Mesa Betancur y declaró la elección de Mauricio
Parodi Díaz, ordenándose también la expedición de la correspondiente credencial.
Lo anterior, por cuanto sí existieron irregularidades injustificadas en los formularios
E-14 y E-24 que influyeron en el candidato que debía ocupar la curul obtenida por
el partido político cambio radical.
De acuerdo con lo anteriores elementos y la reciente jurisprudencia del Consejo
de Estado, esta Sala considera que no se acreditó en debida forma el daño cuya
indemnización se persigue, puesto que aunque la Sección Quinta del Consejo de
Estado anuló la elección de José Ignacio Mesa Betancur y declaró electo al
demandante, lo cierto es que el derecho subjetivo del candidato de acceder tal
curul y, en consecuencia, percibir los salarios y demás emolumentos, solo se
causó con la decisión judicial que declaró su elección y su posterior posesión,
pues con anterioridad a tales actuaciones solo tenía una expectativa de acceder
al cargo.
Se reitera que el derecho cierto y adquirido a ocupar la curul solo surge con la
culminación del proceso electoral, el cual incluye la etapa de control administrativo
y judicial, porque lo que, en este caso particular, con anterioridad a la decisión del
Consejo de Estado, el señor Parodi solo tenía una expectativa de acceder al cargo,
pero no un derecho subjetivo del que pudiera exigir su protección inmediata.
Incluso, tampoco era una expectativa legítima, pues para ello debía primero
obtener la votación suficiente que le permitiera ocupar alguna de las curules que
15
Providencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente No.
25000233600020160222801(66217), CP: Nicolás Yepes Corrales
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Accionante: Mauricio Parodi Díaz
obtuviera su partido político. Al respecto, en la jurisprudencia ya antes mencionada
se indicó:
(…)
Lo anterior, aunado a que el efecto de la sentencia que declaró la nulidad del acto
de elección es ex tunc, es decir, que el efecto jurídico era volver el proceso
electoral a la etapa anterior a la declaratoria de elección, es decir, la poselectoral,
por lo que no se podría inferir que automáticamente surgía el derecho del
candidato a ser indemnizado.
En este punto es dable resaltar que para obtener dicho resultado el demandante
ha podido acudir en oportunidad al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, sin que existiese evidencia de que lo haya hecho
(…)»
50. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada para negar las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se acreditó el daño antijurídico objeto de
indemnización, toda vez que el señor Parodi solo tenía una expectativa de acceder
al cargo, pero no un derecho subjetivo del que pudiera exigir su protección
inmediata, pues solo se concretaba con la culminación del proceso de nulidad
electoral y la declaratoria en firme de la elección, no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundamentó en su simple voluntad, sino que, por el contrario,
correspondió a un estudio plausible del precedente contenido en la sentencias del
20 de junio de 2023 y del 28 de octubre de 2024 proferidas por el Consejo de
Estado, jurisprudencia aplicable en el asunto.
51. Sobre el particular, el Tribunal concluye que no se acreditó el daño, en la
medida que, si bien se anuló la elección de José Ignacio Mesa Betancur y se
declaró electo al accionante, lo cierto es que el derecho subjetivo del candidato
de acceder tal curul solo se consolidó con la decisión judicial que declaró su
elección y su posterior posesión, pues con anterioridad a tales actuaciones solo
tenía una expectativa de acceder al cargo.
52. En ese sentido, la Sala considera como lo hizo el juez constitucional de primera
instancia cuando señala que el Tribunal aplicó la línea jurisprudencial vigente y
reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
53. En efecto, para la Sala, la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo
como lo alega la parte actora en la demanda de tutela, en la medida que efectuó
un análisis detallado de los elementos probatorios conforme a las disposiciones
normativas y precedente jurisprudencial vigente aplicable al asunto.
54. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala considera que la autoridad
judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico, teniendo en cuenta que realizó
un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana critica.
55. Al respecto, la Sala observa que el Tribunal realizó un examen detallado y
razonado del acervo probatorio, particularmente de las pruebas que echa de
menos en el escrito de tutela, a partir de las cuales concluyó que no se acreditó el
daño endilgado porque la anulación del acto electoral no configuraba per se un
derecho subjetivo a ser indemnizado durante el lapso previo a la declaratoria de
elección y la posesión.
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Accionante: Mauricio Parodi Díaz
56. Así las cosas, para la Sala la decisión cuestionada no se basó en una indebida
valoración de la declaratoria de nulidad de la elección de Representantes a la
Cámara por Antioquia, la cancelación de la credencial expedida al señor José
Ignacio Mesa Betancur, la declaratoria de elección del señor Mauricio Parodi, y la
expedición de la credencial de este último el 30 de mayo de 2019, sino en una
ponderación razonada de los elementos obrantes en el expediente, razón por la
que a la decisión cuestionada no se le puede endilgar un defecto fáctico.
57. Además, no evidencia arbitrariedad ni capricho, pues la conclusión adoptada,
se fundamenta en inferencias lógicas y razonables derivadas del material
probatorio aportado en el proceso, pues, contiene una apreciación integral,
coherente conforme con las reglas de la sana critica. De modo que, la valoración
probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada se enmarca en un margen
de apreciación judicial y no resulta arbitraria, irracional ni caprichosa.
58. Ahora, lo mismo ocurre respecto del desconocimiento de precedente contenido
en el auto del 25 de julio de 2007 y las sentencias del 3 de mayo de 2013 y del 14
de septiembre de 2016, relacionadas con la procedencia del medio de control de
reparación directa para reclamar los perjuicios derivados de actos electorales
anulados.
59. Sobre el particular, es menester indicar que en el asunto objeto de estudio el
Tribunal no negó la procedencia de dicho medio de control, sino que no se acreditó
el daño endilgado porque declaratoria de nulidad electoral no comporta
automáticamente la existencia de un daño indemnizable
60. Así las cosas, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento
de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.
61. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.
62. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez16, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
63. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
16Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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Accionante: Mauricio Parodi Díaz
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
confirmar la decisión de primera instancia, por las consideraciones expuestas en
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 14 de octubre de 2025 proferida por la
Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de la cual
se niega el amparo deprecado por el señor Mauricio Parodi Díaz, conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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