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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05819-00

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05819-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05819-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

6 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05819-00
Demandante: Martha Luz Monsalve Velásquez y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05819-00
Demandante: Martha Luz Monsalve Velásquez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedencia. Inmediatez.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Martha Luz y Fabiana Monsalve
Velásquez contra el auto de 24 de febrero de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y dignidad.
En consecuencia, formuló las siguientes:

Pretensiones

«1. Declaren que el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y del acceso a la justicia, de la señora MARTHA LUZ MONSALVE
VELASQUEZ - FABIANA MONSALVE VELASQUEZ, además de los que ustedes estimen
pertinentes.

2. Como consecuencia de lo anterior, se solicita al Honorable Juez Constitucional, se
tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y del acceso a la justicia, además
de los que estimen le fueron vulnerados, retrotrayendo todo lo actuado desde el momento
en que se declara la terminación por pleito pendiente.

3. Como consecuencia de lo anterior se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso y del acceso a la justicia, además de los que estimen le fueron vulnerados,
ordenando al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito de Medellín, deje sin
efecto el Auto emitido con el cual en primer declara la terminación por pleito pendiente.

4. Consecuencia de la pretensión tercera, se ordene al Juzgado Veintitrés Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, se continue con el trámite del medio de control de reparación
directa inicialmente impetrado.»

ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 23 de noviembre de 2020, Martha Luz y Fabiana Monsalve Velásquez interpusieron
demanda de reparación directa en contra de la sociedad hidroeléctrica Ituango S.A.
E.S.P., Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Gobernación de Antioquia y los

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municipios de Medellín, Ituango y Tarazá, con el fin de obtener la indemnización de
los perjuicios materiales e inmateriales sufridos, producto de la contingencia que se
atribuye a una construcción defectuosa y atención negligente en el Proyecto
Hidroeléctrico Hidroituango.

Las accionantes narraron que tuvieron que vivir en albergues improvisados, en
condiciones precarias, por aproximadamente 5 meses (durante la alerta roja).
Además, que el daño consistió en la pérdida de ingresos y actividades económicas,
depreciación de bienes, abandono de sembrados y ganado, y un constante estado de
zozobra y temor por la continuidad de la alerta naranja.

El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín admitió la demanda, que
se radicó bajo el número 05001333302320200026400, y ordenó la notificación a las
entidades demandadas y al Ministerio Público.

Durante el término de traslado de la demanda, EPM E.S.P. presentó contestación y,
en documento separado, formuló excepciones previas. Entre las excepciones
propuestas, formuló la de pleito pendiente, la cual justificó en que, por la contingencia
del Proyecto Hidroituango ya se habían promovido diversas acciones de grupo 1, las
cuales tenían identidad de hechos y pretensiones.

Además, explicó que, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 472 de 1998, la sentencia
de la acción de grupo tiene «efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte
del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron
oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso»,
por lo que también se cumplía con el requisito de identidad de partes, máxime si se
tenía en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que al
grupo se entienden vinculados no solo quienes interpusieron la demanda, sino todos
los integrantes afectados.

Advirtió que, al no existir constancia de la exclusión expresa, continuar con el trámite
de la acción individual generaba un riesgo de obtener dos o más decisiones sobre los
mismos hechos, afectando la seguridad jurídica y desgastando la administración de
justicia.

El 22 de abril de 2024, la sociedad llamada en garantía Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A. presentó memorial en el que solicitó la terminación del proceso de
reparación directa, ante la existencia de una acción de grupo, por los mismos hechos,
en trámite ante el Consejo de Estado bajo el radicado 2018-01548-00, por lo que
solicitó que se enviara el expediente al despacho que tramitaba esa acción.

El 6 de noviembre de 2024, el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de
Medellín profirió auto en el que resolvió de forma conjunta la excepción previa de pleito
pendiente formulada por la demandada EPM y la solicitud de terminación del proceso
elevada por la llamada en garantía MAPFRE.

En dicha providencia el Juzgado resolvió declarar configurada la excepción previa de
pleito pendiente y, en consecuencia, declarar terminado el proceso, porque tenía
identidad de causa y pretensiones con la acción de grupo 2018-01548-02 (que se
encontraba en trámite de apelación ante el Consejo de Estado), pues en dicho asunto

1
Citó los radicados 05001233300020180154800, 23001333300120190001300, y 05001333302620200011800.

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se pretendía la reparación de perjuicios ocasionados por la misma causa, esto es, la
emergencia ocurrida el 12 de mayo de 2018 en la hidroeléctrica de Ituango.

Además, aclaró que, aunque las señoras Martha Luz y Fabiana Monsalve Velásquez
no interpusieron directamente la acción de grupo, «por ministerio de la ley, hacen parte
activa de dicha acción», al ser parte del conjunto de personas afectadas por los mismos
hechos.

Aunado a lo anterior, advirtió que existía una incompatibilidad de las acciones, pues
para poder intentar la acción individual (de reparación directa), las demandantes
debían primero manifestar expresamente su deseo de excluirse de la acción de grupo,
conforme al artículo 56 de la Ley 472 de 1998, máxime si se tenía en cuenta que la
demanda de reparación directa fue radicada el 20 de noviembre de 2020, es decir,
más de dos años después.

Finalmente, el juzgado se apartó de la solicitud de MAPFRE y de la decisión de otros
juzgados de remitir el expediente al Consejo de Estado, porque la acumulación de
acciones individuales a la de grupo debe ser a solicitud del interesado y no de oficio,
y que no resultaba lógico ordenar la terminación de un proceso y al mismo tiempo
enviarlo a otra autoridad judicial para que lo continúe.

El 8 de noviembre de 2024, el apoderado de las demandantes apeló esa decisión con
fundamento en los siguientes argumentos:

(i) Las demandantes hicieron uso de su facultad legal (contenida en los
artículos 54 y 55 de la Ley 472 de 1998) de elegir no vincularse al proceso
de Acción de Grupo. Dicha norma utiliza la expresión "podrá", lo cual no
constituye una obligación de hacer parte del grupo ni impide impetrar la
acción individual.

(ii) En las acciones de grupo no se representó adecuadamente el interés
legítimo de las demandantes, porque no se tuvo en consideración la
reclamación sobre los perjuicios materiales causados. Se invocó esta
situación como una causal objetiva de exclusión basada en el literal b) del
artículo 56 de la Ley 472 de 1998.

(iii) La Corte Constitucional, en la sentencia C-036 de 1998), y el Consejo de
Estado, en auto del 10 de febrero de 2012, Rad. 40492, señalaron que la
acción de grupo es principal e independiente, y su existencia no enerva el
derecho del damnificado a instaurar una acción de reparación individual,
quedando al arbitrio del demandante elegir cuál vía ejercer.

(iv) La notificación por aviso en prensa realizada en noviembre de 2018 para la
acción de grupo no fue válida, pues existieron deficiencias, como la falta de
corroboración de su distribución en la comunidad afectada (Corregimiento
El Doce, Antioquia), el hecho de que la población aún estaba bajo alerta roja
en esa fecha, y las dificultades económicas que impedían el acceso al
periódico.

(v) Terminar el proceso individual por considerar subsumidas las pretensiones
en la acción de grupo cercenaba el derecho fundamental de acceso a la
justicia, máxime cuando las pretensiones individuales (especialmente las

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materiales) no serían objeto de pronunciamiento en la apelación de la
acción de grupo.

El 24 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, profirió auto por medio del cual resolvió el recurso de apelación en el sentido
de confirmar la decisión inicial, con fundamento en los siguientes argumentos:

Explicó que, de acuerdo con los artículos 55 y 56 de la Ley 472 de 1998, que regulan
la integración y exclusión del grupo, debía tenerse en cuenta que se busca la
economía procesal en casos con causa común, y que la ley permite la presentación
de la acción por una sola persona en nombre del grupo.

Señaló que la norma prevé una la regla general según la cual, quienes no se hacen
parte expresamente de la acción de grupo quedan vinculados por sus resultados, a
menos que se cumpla una de las causales taxativas de exclusión: (i) solicitar
expresamente la exclusión dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del traslado
de la demanda de grupo; (ii) demostrar, después de la sentencia, que los intereses no
fueron representados adecuadamente o hubo graves errores en la notificación; y (iii)
haber ejercido acciones individuales antes de la admisión de la acción de grupo.

Por ello, analizó si en el caso de las accionantes se configuraba alguna causal de
exclusión y encontró que: (i) no existía prueba de hubieran solicitado expresamente
su exclusión en la oportunidad legal prevista en la Ley 472 de 1998; (ii) la acción de
grupo fue admitida el 7 de septiembre de 2018, mientras que la demanda de
reparación directa se radicó el 20 de noviembre de 2020, por lo tanto, no operaba la
exclusión tácita; (iii) en cuanto a la indebida representación (por no incluir perjuicios
materiales) debe demostrarse después de proferida la sentencia, hecho que aún no
había ocurrido en la acción de grupo.

Por otro lado, se pronunció respecto de la indebida notificación, en el sentido de
señalar que el artículo 53 de la Ley 472 solo exige un medio masivo, sin requerir
gratuidad, y que, aunque el aviso es un llamado a integrarse, no puede entenderse
como un consentimiento para renunciar a la acción individual.

En ese contexto, el Tribunal concluyó que las demandantes individuales seguían
estando cobijadas por los resultados de la acción de grupo. Por ende, se configuraba
la identidad de partes (por ministerio de la ley), objeto y causa entre ambos procesos,
lo que hacía procedente la excepción de Pleito Pendiente.

Sumado a lo anterior, resaltó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, despacho del consejero Martín Bermúdez Muñoz, profirió auto el 18 de diciembre
de 2024, el cual negó la acumulación de las acciones individuales a la acción de grupo
con radicado 2018-01548-02. Dicha decisión, señaló que:

(i) La Ley 472 de 1998 «no prevé que la existencia de una acción de grupo sea
causal de terminación de las acciones individuales», ni que genere carencia de
competencia o falta de jurisdicción en los jueces que las tramitan.
(ii) La acumulación de acciones individuales solo procede «siempre y cuando
así lo solicite quien figura como demandante» en la acción individual.
(iii) No fue acertado que varios juzgados ordenaran la terminación de los
procesos individuales. Por lo que ordenó la devolución de dichos procesos
de reparación directa a los juzgados de origen para que continúen su curso

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y para que cada juez determine «en cada caso concreto si la decisión de fondo
que se dicte en el presente expediente produce efectos de cosa juzgada (…) o si
se configura un eventual pleito pendiente».

Argumentó que, en el caso concreto, al no haberse cumplido los requisitos de
exclusión, sí se configuraba la excepción de pleito pendiente.

Además, consideró acertada la decisión del A quo de no remitir el expediente al
Consejo de Estado, ya que la acumulación debe ser voluntaria y no de oficio, y al juez
le está vedado suplir la voluntad del demandante.

2. Argumentos de la acción de tutela

La parte tutelante sostiene que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo al terminar el proceso de reparación directa al encontrar probada
la excepción previa de pleito pendiente porque, no existe identidad de partes, toda vez
que la parte accionante «no ha manifestado su voluntad de hacerse parte de las acciones
de grupo» y «es su decisión tramitar su derecho de acción de manera individual».

Argumenta que, conforme a la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia, las acciones de
grupo y las de reparación directa no son excluyentes. Al respecto, advirtió que la
acción de grupo «tiene un carácter principal e independiente que no impide el ejercicio de
acciones particulares».

Adicionalmente, sostienen que el propio Tribunal Administrativo de Antioquia, en
asuntos semejantes, determinó que finalizar el trámite de un proceso individual bajo
el mismo argumento de la acción de grupo « limita desproporcionadamente el derecho
fundamental de acceso a la justicia (…) y desconoce su voluntad de ejercer la acción
individual incoada». Resalta que, en ese caso, que involucraba al mismo Juzgado
Veintitrés Administrativo de Medellín, el Tribunal revocó la decisión de primera
instancia, que ordenó la terminación del proceso y, en su lugar, ordenó continuar con
el trámite.

Además, anotó que el propio Consejo de Estado, en auto del 18 de diciembre de 2024
(Expediente num. 64504) dentro de la acción de grupo, precisó que quienes inician
acciones individuales tienen la posibilidad de obtener su acumulación «siempre y
cuando así lo solicite quien figura como demandante en la correspondiente acción individual».

Concluyó que la actuación judicial vulneró la normatividad y la jurisprudencia
aplicables, por lo que se apartó de una correcta interpretación normativa y con ello
afectó con ello los derechos fundamentales invocados.

3. Trámite previo de la acción de tutela

Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, el despacho inadmitió la acción de tutela,
con el fin de requerir a las accionadas para que precisaran si actuaban en nombre
propio o por medio de apoderado.

Dentro del término conferido, las accionantes atendieron el requerimiento en el sentido
de señalar que la solicitud de amparo fue interpuesta a nombre propio.

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El 14 de octubre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas. Además, vinculó como
terceros con interés a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., a Empresas
Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia, al municipio de Medellín,
al municipio de Ituango y al municipio de Tarazá.

4. Oposiciones

El Juez Veintitrés Administrativo de Medellín solicitó declarar la improcedencia del
amparo porque no cumplía con los requisitos generales de procedencia de tutela
contra providencias judiciales, especialmente el requisito de inmediatez. Al respecto,
manifestó que la decisión del Tribunal fue proferida el 24 de febrero de 2025 y la tutela
se interpuso el 17 de septiembre de 2025, esto es, casi siete 7 meses después de
notificada.

Asimismo, indicó que la tutela pretendía ser utilizada como una instancia adicional
para reabrir debates procesales propios del trámite ya agotado ante el juez natural.

Expresó que la decisión cuestionada, en la que resolvió terminar el proceso de
reparación directa, fue debidamente razonada y motivada. Además, resaltó que dicha
providencia fue objeto del recurso de alzada, y posteriormente revisada y confirmada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Indicó que, si bien la accionante citó una decisión del Tribunal que revocó un auto
similar, también existían otras decisiones que ratificaban la terminación del proceso
por pleito pendiente.

Específicamente, hizo referencia al auto del Consejo de Estado del 18 de diciembre
de 2024 (Expediente num. 64504), que, aunque ordenó devolver procesos
individuales, advirtió que ello era sin perjuicio de la eventual configuración del pleito
pendiente, tesis que fue acogida por el Tribunal en la providencia cuestionada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

5. Terceros con interés

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, porque no cumple con el requisito de subsidiariedad. Sobre el
particular explicó que las accionantes contaban con otro medio de defensa idóneo,
pues podían solicitar su exclusión o intervenir directamente en la acción de grupo con
radicado num. 2018-01548-00.

Además, señaló que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados no es actual ni cierta, porque la decisión final sobre los efectos de la acción
de grupo corresponde a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
cuando dicte sentencia, y las accionantes aún podrían interponer recursos si esa
decisión futura les fuera desfavorable.

Afirmó que, en casos similares, el Consejo de Estado, como juez de tutela, ha
declarado la improcedencia de las solicitudes de amparo precisamente con
fundamento que la acción de grupo es el medio idóneo para solicitar la protección de
los derechos fundamentales. Al respecto, citó la sentencia de tutela de 1 agosto de

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2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (expediente
num. 11001-03-15-000-2024-03540-00).

Advirtió que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, porque la
eventual afectación económica puede ser reclamada dentro de la acción de grupo,
que es el escenario idóneo, por lo que no se justifica la intervención transitoria del juez
de tutela.

Por otro lado, afirmó que la tutela carecía de relevancia constitucional, pues la
accionante no desarrolló razones más allá de la mera legalidad ni explicó
concretamente cómo se afectaron sus derechos fundamentales.

Finalmente, defendió la procedencia de la excepción de pleito pendiente declarada
por el Juzgado y confirmada por el Tribunal. Reiteró que la Ley 472 de 1998 vincula a
todos los afectados al grupo, salvo exclusión expresa, y que la sentencia colectiva
produce efectos de cosa juzgada. Sostuvo que permitir el trámite simultáneo de la
acción individual y de la reparación directa vulnera la seguridad jurídica y la economía
procesal.

La Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. solicitó declarar la improcedencia
de la presente acción de tutela porque no cumple con el requisito de subsidiaridad,
toda vez que las accionantes tienen la posibilidad de obtener un pronunciamiento
judicial dentro de la Acción de Grupo pendiente de decisión en el Consejo de Estado.
Además, señaló que el debate planteado era meramente legal y no involucraba una
afectación real a derechos fundamentales.

Alegó que no se demostró la existencia de una irregularidad procesal, dado que las
pretensiones de las accionantes aún podían ser conocidas por el juez natural dentro
de la acción de grupo.

Señaló que tanto el Juzgado como el Tribunal actuaron conforme a las normas y la
jurisprudencia vigente, pues las decisiones cuestionadas se ajustaron a la Ley 472 de
1998. Además, citó el auto del Consejo de Estado del 18 de diciembre de 2024
(expediente num. 64504), mencionado también por el Tribunal, para indicar que este,
si bien ordenó devolver procesos, dejó abierta la posibilidad de que los jueces
determinaran la configuración del pleito pendiente.

Los demás terceros interesados no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela promovida por las
señoras Martha Luz y Fabiana Monsalve Velásquez, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la justicia y la dignidad,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Las accionantes sostienen que el auto del 25 de febrero de 2025, proferido por el
Tribunal, que confirmó la decisión de primera instancia que encontró probada la
excepción previa de pleito pendiente, incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial.

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, al constatar que no
cumple con el requisito general de inmediatez.

Para llegar a esta conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, con especial énfasis en (ii) el requisito de inmediatez; y (iii) del caso
concreto.

Del requisito de inmediatez

Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha
de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este medio
de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección de las
garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de
la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben

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tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría
causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una
decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.

Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.

Caso concreto

La presente solicitud de amparo carece del requisito de inmediatez que la caracteriza,
porque el auto de segunda instancia, dictado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia dentro del proceso de reparación directa 05001-33-33- 023-2020-00264-01,
que se pretende dejar sin efecto por esta vía, fue dictado el 24 de febrero de 2025 y
notificado mediante estado electrónico de 26 de ese mismo mes y año.

Por otro lado, consta que la presentación de la acción de tutela de la referencia tuvo
lugar el 17 de septiembre de 2025.

Así, a la fecha de presentación de esta acción, transcurrieron 6 meses y 21 días
desde la notificación de la sentencia cuestionada, lo que desvirtúa la urgencia y
necesidad de intervención del juez constitucional.

Como se indicó, para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha
cumplido el requisito de inmediatez debe evaluarse si existe un motivo válido para la
inactividad de la accionante.

Esta Sala ha acogido el precedente constitucional, que permite flexibilizar en ciertas
circunstancias la aplicación del requisito general de inmediatez, el cual ha identificado
cinco criterios orientadores para que el juez de tutela pueda determinar, en cada caso,
si se ha cumplido con el requisito2, precisados en la sentencia SU-391 de 20163.

Como se indicó, para determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha
cumplido el requisito de inmediatez debe evaluarse si existe un motivo válido para la
inactividad de la accionante, circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron,
pues, la demandante no demuestra siquiera sumariamente que, en su caso, se
encontraba en alguno de los eventos que la jurisprudencia constitucional,

2
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos
esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para
analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició
hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza
de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la
vulneración de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación
de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación
contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha
señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos
de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela,
el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”.
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Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05819-00
Demandante: Martha Luz Monsalve Velásquez y otro

excepcionalmente, admite como causales de justificación para dar por superada la
falta de cumplimiento del requisito de la inmediatez.

La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se
haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el
tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

De manera que, si la parte demandante estimó que la providencia objeto de debate
vulneró los derechos fundamentales invocados, lo propio era que presentara la acción
dentro de los seis meses siguientes a la notificación, pues dicho momento supone que
las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales y, al no hacerlo, se
desvirtuó la urgencia en la intervención del juez constitucional.

En suma, en el presente caso la acción de tutela no cumple el requisito general de la
inmediatez y, en esa medida, se impone declarar improcedente la acción de tutela que
ejerció la parte tutelante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la parte actora.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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