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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05820-01

Fecha
3 de diciembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05820-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de octubre de 2025, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05820-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

3 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (03) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05820-01
Accionante: Juan Carlos Calderón España
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de representante de
las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – No
cumple el presupuesto de relevancia constitucional. Reproches tienen como fin
emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y carecen de la
suficiente carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 16 de octubre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 17 de septiembre de 2025 el señor Juan Carlos Calderón España promovió
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad 1 , y se
dejara sin efectos la sentencia de 31 de julio del año en curso2, emitida dentro del
proceso de nulidad electoral3 que instauró contra el señor Fernando Gómez Paiba,
en su condición de representante de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para el
período 2024-2027, encaminado a que se anulara su acto de elección, al
configurarse diferentes vicios en el procedimiento de elección4, consagrado en la

1 También invocó la protección de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.
2 Objeto de solicitud de adición, la cual fue despachada de manera desfavorable con auto de 21 de agosto de

2025.
3 Expediente 25000-23-41-000-2024-01778-02.
4 En particular, lo relacionado con el cuórum exigido para la designación de presidente y secretaria de la reunión

(mitad más uno de los votos favorables de las entidades sin ánimo de lucro presentes), la postulación de esta
última como candidata habilitada, el acta en la que constan los resultados de la elección no fue firmada antes de
que terminara la reunión y no fue aprobada con la mitad más uno de los mencionados votos, la tarjeta electoral
no fue dada a conocer ni sometida a aprobación de los asistentes a la reunión y hubo inconsistencia entre el

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Resolución 862 de 2023 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible5.

2.
En la providencia acusada se confirmó la decisión judicial de 25 de abril de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C negó las pretensiones de la demanda. Se precisó que (i) la elección
tanto del presidente como de la secretaria de la reunión no influyeron en la
designación del demandado; (ii) si bien la persona elegida como secretaria de la
reunión fue postulada con antelación como candidata habilitada, lo cierto es que no
intervino ni atendió dicho llamado para proseguir con su candidatura, lo que subsanó
dicha irregularidad, lo que tampoco influyó sustancialmente en la elección acusada;
(iii) la presunta omisión de suscribir el acta antes de dar por finalizada la reunión,
carece también de la potencialidad de impactar la elección demandada; y, (iv) no se
evidencia la obligación legal de someter a aprobación de la mitad más uno la tarjeta
electoral, frente a la que, si bien se presentó una falta de claridad, los reparos fueron
dilucidados por el presidente de la reunión.

3.
La parte actora afirmó que no se cumplió el procedimiento establecido en el
artículo 13 de la Resolución 862 de 2023. En el parágrafo 2 de dicha normativa se
estipuló que todas las decisiones que no correspondan directamente a la elección
del representante, pero que deban adoptarse dentro del desarrollo de la reunión
convocada para tal fin, luego de su instalación, deben contar con la mitad más uno
de los votos favorables de las entidades sin ánimo de lucro presentes. Dicho
presupuesto no fue colmado por los candidatos a presidente y secretario. Se requería
una votación de 150 y 149,5 votos, respectivamente, por cuanto había 298 y 297
votos favorables de las entidades sin ánimo de lucro, en su orden, pero solo
obtuvieron 141 y 140 respectivamente. Por tanto, el procedimiento de elección
resultó viciado por inobservancia de una exigencia normativa esencial, lo cual
compromete en forma insubsanable la validez del acto de elección acusado.

4.
Sin embargo, la autoridad judicial accionada no realizó una interpretación
sistemática del citado precepto legal. Descontextualizó ciertos apartes, al afirmar que
el parágrafo 2 no se aplicaba a las elecciones del presidente y del secretario, en
razón a que están reguladas en un numeral distinto. Dicha interpretación fragmenta
el artículo, al no tener en cuenta la relación integral de sus numerales como un todo.
El hecho de que la elección de presidente y secretario ocurra tras la instalación de la
reunión, acto que requiere cuórum deliberatorio, debe influir en la interpretación de
la mayoría requerida para elegir esos cargos.

5.
También se desatendió la prohibición contenida en el numeral 3 del referido
artículo 13, consistente en que el presidente o secretario no podrían ser candidatos

número de votos registrados y los consignados en el acta, además de contener enmendaduras frente al resultado
de la votación a favor del demandado, quien, en todo caso, no obtuvo la mayoría para resultar elegido.
5 “Por la cual se modifica el procedimiento de elección de los representantes de las Entidades sin Ánimo de Lucro

ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras disposiciones”.
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a la representación de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de
la CAR. La señora Angie Milena Méndez Gil desde el momento en que se inscribió
en la planilla para postularse como secretaria de la reunión, hasta su elección y
asunción del cargo, no manifestó estar incursa en causal de inhabilidad alguna ni se
abstuvo de participar en el proceso, a pesar de que, conforme al informe de
resultados de 23 de agosto de 2024, ella figuraba como candidata habilitada para
aspirar a dicha representación.

6.
De igual modo, se inobservó la obligación estipulada en el numeral 11 del referido
precepto legal, atinente a que debía levantarse un acta en la que constaran los
resultados de la elección, incluida la votación obtenida por cada uno de los
candidatos, la cual debía ser suscrita por el presidente y el secretario antes de dar
por finalizada la reunión de elección, lo cual no se efectuó. Es decir, no se cumplió
el requisito temporal perentorio de suscribir el acta antes de finalizar la sesión, como
condición de validez.

7.
Asimismo, advirtió que la tarjeta electoral dispuesta por la CAR debió ser
socializada y propuesta a las entidades sin ánimo de lucro habilitadas y presentes
en la reunión en aras de que fuere valorada y votada.

8.
En conclusión, el procedimiento regulado en el artículo 13 de la aludida resolución
es una hoja de ruta normativa de estricto cumplimiento, cuyas fases deben
entenderse en forma coherente y concatenada, bajo el principio de integridad
procedimental. Por tanto, su interpretación debe realizarse con apego a los criterios
literal y sistemático, conforme lo impone el ordenamiento jurídico vigente y los
principios que rigen la función administrativa, en especial, los de transparencia,
imparcialidad, publicidad y responsabilidad.

9.
Por consiguiente, el aludido precepto legal debe ser entendido como un corpus
procedimental indivisible, cuyo cumplimiento estricto es condición indispensable para
dar eficacia al proceso electoral y honrar los postulados esenciales del Estado Social
y Democrático de Derecho, en el que el respeto por la norma no es una opción, sino
una obligación funcional y ética.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 16 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no satisfacer el presupuesto
de relevancia constitucional. Se sostuvo que la parte actora pretende dar continuidad
al debate superado en el curso del proceso de nulidad electoral relacionado con la
anulación del acto de elección objeto de control judicial.

11.
En ese sentido, se advirtió que el señor Calderón España reprocha el hecho de
que no se haya interpretado en debida forma la Resolución 862 de 2023 y que se
desconoció lo relacionado con el cuórum decisorio, la prohibición de que el

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presidente y el secretario de la reunión participen en la elección, la indebida diligencia
del acta, que el aspirante electo no cumplió con el número de votos necesarios y lo
referente al tarjetón.

12.
Los anteriores reproches fueron objeto de análisis por parte de la autoridad judicial
accionada, la cual a partir de una valoración en conjunto del material probatorio que
obra en el proceso de nulidad electoral y el marco jurídico aplicable a la elección de
representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de la
CAR consideraron que la reunión y el trámite de elección se ajustó a lo regulado en
la mencionada resolución, sin que se evidenciara alguna irregularidad determinante
que afectara la validez del acto administrativo demandado.

13.
Además, se observan similitudes en las inconformidades que se desarrollaron en
la demanda de nulidad electoral y en el recurso de apelación, con los argumentos
que se plantean en el escrito de tutela, lo que implica que se pretenda emplear la
tutela como una instancia adicional al proceso de nulidad electoral, finalidad para la
que no fue instituida. Ello por cuanto insiste en el mismo debate relacionado con la
indebida interpretación de la Resolución 862 de 2023 y la anulación del acto de
elección acusado.

C. La impugnación

14.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, sin exponer
razonamiento alguno.

15.
Por auto del 26 de noviembre de 2025 se declaró fundado el impedimento
presentado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

17.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia, pues coincide con la Sección
Cuarta de esta corporación en que la solicitud de amparo no supera el presupuesto
de relevancia constitucional. La argumentación desplegada por la parte actora en el
escrito de tutela no resulta suficiente para dar por satisfecha dicha exigencia, por
cuanto el mencionado reproche denota una simple inconformidad con la decisión

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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judicial acusada, en cuanto a la interpretación acogida por el juez natural de la causa
frente a la norma que regulaba el caso.

18.
Los reproches de la parte actora evidencian una inconformidad con la manera
como se zanjó el litigio. En ese sentido, pretende emplear esta acción como una
instancia adicional de ese medio de control, con la finalidad de reabrir el debate
jurídico ya definido por el juez natural de la causa.

19.
La parte actora se limita a insistir que se interpretó de manera incorrecta el artículo
13 de la Resolución 862 de 2023, que preceptúa el modo como se debe desarrollar
la reunión de elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante
el consejo directivo de la corporación autónoma, obviando explicar de qué manera la
interpretación efectuada por el juez de la nulidad electoral comporta una afrenta a
sus derechos fundamentales. Por el contrario, su razonamiento se dirigió a que se
acogiera la tesis que pregona sobre la interpretación de la aludida normativa, por
resultarle contraria a sus intereses la acogida por la autoridad judicial accionada.

20.
La Sala advierte que los reproches expuestos en sede de tutela fueron planteados
de manera idéntica en el recurso de apelación que interpuso el tutelante contra el
fallo de primera instancia. En la alzada formulada en sede ordinaria adujo, en
términos generales, que (i) no hubo mayoría para elegir al presidente y a la secretaria
de la reunión de elección; (ii) la secretaria estuvo postulada como candidata
habilitada para la representación de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo
Directivo de la CAR; (iii) no se efectuó la suscripción del acta de la reunión antes de
que finalizara; y (iv) la tarjeta con los candidatos no fue sometida al conocimiento y
aprobación por mayoría de la reunión.

21.
Los anteriores reproches fueron abordados por la autoridad judicial accionada, sin
que se advierta algún tipo de arbitrariedad en las conclusiones a las que arribó al
respecto, máxime cuando el accionante no despliega argumentación alguna
tendiente a desvirtuarlas desde el plano constitucional, en razón a que el escrito de
tutela comporta una reiteración de los planteamientos esbozados en la aludida
alzada.

22.
Sobre el particular, se tiene que la autoridad accionada precisó que (i) la votación
para presidente y secretario de la reunión se realizó, en efecto, con la mayoría de los
sufragios de los asistentes, mas no con la mitad más uno de los votos de las
entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, no se observa de qué modo esa presunta
irregularidad influyó en la designación demandada, en razón a que frente el
demandado no se discutieron sus calidades para desempeñarse en el cargo, ni se
apeló lo concerniente a la votación que obtuvo como resultado del proceso de
escrutinio realizado en la asamblea. Es decir, no se evidencia que el desempeño del
presidente y secretaria haya tenido la potencialidad de influir en los sufragantes para
elegir al representante de las entidades sin ánimo de lucro, ni que ellos ostentaran
algún tipo de potestad que permitiera incrementar las posibilidades del demandado

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en la contienda o que impidiera a los demás candidatos acceder a esta; (ii) si bien la
señora Angie Milena Méndez Gil, quien fue designada como secretaria de la reunión,
aparece en el “Informe de Resultados” incluida en el listado de candidatos habilitados
y no está relacionada en quienes presentaron renuncia a su postulación, lo cierto es
que no intervino ni atendió el llamado del presidente a los candidatos habilitados7.
En esa medida, se tiene que ella no continuó con su candidatura, al no expresar su
voluntad de postularse, lo que subsanó la irregularidad invocada por la parte actora
y, en todo caso, no se advierte su influencia sustancial en la elección del demandado,
al no figurar dentro de los aspirantes finales, ni participar en la votación para la
elección demandada; (iii) no es dable determinar el momento exacto en que se firmó
el acta de la reunión. Aspecto que, en todo caso, carece de la virtud de impactar la
elección acusada; y (iv) en la norma que regula el desarrollo de la reunión de elección
no se consagró en forma expresa que la tarjeta electoral debía ser aprobada con el
cuórum deliberatorio, por lo que no se incumplió dicho precepto legal. Además,
aunque se presentó descontento de varios asistentes por falta de claridad en el
tarjetón, las inquietudes fueron socializadas, frente a lo que se realizaron gestiones
para absolverlas.

23.
Las citadas conclusiones no involucran una indebida interpretación normativa,
pues se indica que no acaecieron algunas de las falencias advertidas por la parte
demandante y las que se configuraron carecían de la potencialidad de afectar la
legalidad del acto de elección reprochado. Determinación que no comporta la
afectación constitucional que invoca el tutelante, en razón a que se basa en
apreciaciones de una autoridad judicial que no evidencian capricho, sino que
materializan el principio de autonomía judicial y se basan en el precepto legal que
contiene el desarrollo de la reunión de elección, junto con el material probatorio
obrante en el plenario. Por lo que no es dable que en sede de tutela se le imponga a
la autoridad accionada el alcance que se le debió otorgar a dicha norma, y con ello
el sentido en que debió haber zanjado el litigio.

24. Así las cosas, las inconformidades del tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida
por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la
configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta
con la Carta política. En tal sentido, se confirmará la sentencia impugnada, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.

7 Solo acudieron al llamado los señores Óscar Julián Anzola Cifuentes, Juan Carlos Calderón España, Fernando

Gómez Paiba y Édgar Vásquez Hortúa y, después de la renuncia presentada por dos de ellos, se fijó la contienda
entre los señores Calderón España y Gómez Paiba.
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Accionante: Juan Carlos Calderón España
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto9

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF
9 Las razones son las mismas expuestas en la aclaración de voto presentada en el caso 11001-03-15-000-

202400057-01, respecto a la falta de sustentación de la impugnación, a pesar de que se trata de una tutela contra
providencia judicial.
7

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