Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05826-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05826-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05826-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
26 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05826-01
Demandante: Yony Alberty Sogamoso Morales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05826-01
Demandante: Yony Alberty Sogamoso Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Requisitos
generales de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 22 de octubre de 2025, dictada por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, que resolvió:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Yony Alberty Sogamoso
Morales, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Arauca y el Tribunal Administrativo de Arauca.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de septiembre de 2025, el señor Yony Alberty Sogamoso Morales interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Arauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Arauca, por estimar vulnerados los derechos y garantías
fundamentales al debido proceso, de presunción de inocencia, a la libertad y a ser
indemnizado. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1.Tutelar mis derechos fundamentales del orden constitucional, invocados en esta
acción, como lo son: derecho al debido proceso, derecho a la presunción de inocencia,
derecho a la libertad y derecho a la indemnización y reparación integral y demás
mencionados en la presente acción constitucional, que fueron vulnerados al suscrito y
mi núcleo familiar.
2.Dejar sin efectos las sentencias de fecha de día once (11) de enero de dos mil
veinticuatro (2024). Emanada por el juzgado Tercero Administrativo de Arauca, dentro
del proceso radicado con el No. 2014-00368-00, y la Sentencia de segunda instancia
de fecha dieciséis (16) de mayo dos mil veinticinco (2025), proferida por el honorable
Tribunal Administrativo de Arauca.
3.Ordenar a las accionadas que profieran una nueva sentencia conforme a los principios
procesales constitucionales de presunción de inocencia e "in dubio pro reo" y demás
derechos fundamentales invocados en esta presente acción constitucional y a la
jurisprudencia aplicable.
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Demandante: Yony Alberty Sogamoso Morales
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
De la situación que da origen al medio de control
Mediante Resolución del 26 de junio del 2008, la Unidad Nacional contra el Terrorismo
Estructura de Apoyo de Arauca resolvió la situación jurídica del señor Yony Alberty
Sogamoso Morales y profirió en su contra medida de aseguramiento de detención
preventiva, por el delito de rebelión, entre otros1. En esa época varias personas,
incluido el señor Sogamoso Morales, fueron señaladas como probables integrantes
de las milicias autodenominadas FARC y ELN que operaban en el municipio de
Arauca. El 11 de junio de 2009, el Fiscal delegado ante los Jueces Penales del Circuito
Especializado de Bogotá profirió resolución de acusación por el delito de rebelión. La
investigación respecto de los demás delitos precluyó.
Posteriormente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca profirió sentencia
de primera instancia de 9 de junio de 2010, por la cual absolvió al acusado en
aplicación del principio in dubio pro reo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Arauca, por sentencia del 11 de julio de 2012, confirmó la decisión recurrida.
La privación de la libertad fue del 15 de junio de 2008 al 11 de junio de 2010.
Del medio de control de reparación directa
El señor Yony Alberty Sogamoso Morales junto con sus familiares (compañera
permanente, hija, hijastras, madre, padre y tío) presentaron demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se declarara
responsable y se condenara administrativa y extracontractualmente por la privación
injusta de la libertad. En consecuencia, se reconocieran perjuicios materiales y
morales a su favor y a sus familiares.
Correspondió conocer del proceso en primera instancia (rad. 81001-33-33-002-2014-
00368-00) al Juzgado Tercero Administrativo de Arauca que, en sentencia del 11 de
enero de 2024, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
El juzgador no encontró acreditado un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Por el contrario, quedó probado que la privación de la libertad obedeció a
una medida de aseguramiento legítima, necesaria y proporcional, sustentada en
pruebas que permitieron inferir su posible participación en la conducta punible
establecida por la ley penal. En ese juicio se demostró únicamente el daño, pero no
los demás elementos de la responsabilidad estatal (la imputación fáctica y jurídica).
En contra de esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación que,
entre otras razones, lo sustentó en que la responsabilidad del Estado por la privación
injusta de la libertad es de carácter objetivo, puesto que en el proceso penal no se
desvirtuó la presunción de inocencia. Sostuvo que, en su caso, la fiscalía no debió
emitir medida de aseguramiento en su contra sin tener los elementos probatorios
suficientes para sustentar la culpabilidad por el delito de rebelión. Tal actuar provocó
un daño que debía ser reparado.
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Narcotráfico, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, conservación o financiación de plantaciones y extorsión.
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El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia del 16 de mayo de 2025, confirmó
la decisión del a quo al considerar que, aunque existió un daño no era posible imputar
responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación porque no se acreditó una conducta
negligente ni descuidada constitutiva de falla en el servicio. Dijo que la detención
preventiva fue proporcional, razonable y ajustada a derecho porque para el momento
en que se impuso esa medida al demandante existían pruebas de las que se deducía
su posible responsabilidad en los hechos investigados.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Sostuvo que el material probatorio que aportó la Fiscalía General de la Nación en el
proceso penal no demostró su responsabilidad más allá de toda duda razonable, por
la presunta conducta penal de rebelión simple. Al contrario, aseguró que existió
incertidumbre sobre la participación en los hechos que le imputaron y por los que
estuvo privado de la libertad durante casi dos años de manera injusta. Aunado a que,
en su caso, la medida de aseguramiento no debió aplicarse porque no representaba
un peligro para la sociedad.
Advirtió que, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, debió ser
indemnizado, tal como se hizo con otras personas que por los mismos hechos fueron
investigados. Así que, a pesar de que sufrió un daño antijurídico junto con su núcleo
familiar, los jueces de instancia no declararon la responsabilidad patrimonial del
Estado, en aplicación del principio constitucional de in dubio pro reo, previsto en la
jurisprudencia a nivel de órganos de cierre y de la Corte Interamericana.
Advirtió que las decisiones de primera y segunda instancia adoptadas en el proceso
de reparación directa por él promovido desconocieron, entre otras, la sentencia de
unificación de 15 de agosto de 2018 del de Consejo de Estado (rad. 66001-23-31-
000-2010-00235-01) en la que se consideró que si una persona es privada de la
libertad (por una medida de aseguramiento o detención preventiva) y, posteriormente,
es absuelta por la aplicación del principio de in dubio pro reo se configura un daño
antijurídico que debe ser indemnizado. Esto se debe a que la privación de la libertad
fue una carga que la persona no estaba en el deber jurídico de soportar. En esa
decisión, el Consejo de Estado unificó su posición y dejó claro que la indemnización
por privación injusta de la libertad no requiere probar la falla del servicio, sino la
existencia del daño antijurídico. La absolución por in dubio pro reo demuestra la
inocencia de la persona en el proceso penal y, por lo tanto, la injusticia de la detención.
Citó también la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional en la que se
reafirmó que la absolución basada en la duda razonable (in dubio pro reo) es un
fundamento válido para la reparación directa. Dijo que, si bien el juez penal debe
aplicar la medida de aseguramiento bajo ciertos parámetros legales, el hecho de que
el proceso concluya con la absolución por falta de certeza sobre la responsabilidad
penal evidencia que la detención fue una carga desproporcionada para la persona,
haciendo que el daño sea antijurídico.
A continuación, indicó que, en casos como el suyo, la responsabilidad del Estado es
de carácter objetivo. Es decir que no se requiere demostrar que la fiscalía o el juez
penal actuaron en forma equivocada o con falla del servicio. Y que la indemnización
procede por la simple configuración del daño antijurídico causado por la privación
injusta de la libertad que una persona sufre y que ante la duda a favor del acusado
debe ser absuelta. En esos eventos se presenta un desequilibrio en las cargas
públicas.
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En concordancia con lo anterior, explicó que la presunción de inocencia es una
garantía fundamental del debido proceso y cuando el Estado no logra desvirtuarla,
debe actuar bajo el principio in dubio pro reo. En esos casos la medida de detención
preventiva que justificó un riesgo procesal o la posibilidad de condena resulta injusta
desde su origen porque no se pudo probar la culpabilidad del detenido. Como soporte
jurisprudencial citó la sentencia SU- 072 de 2018, así como el artículo 8.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 22 de septiembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al
Tribunal Administrativo de Arauca y al Juzgado Tercero Administrativo de Arauca, en
calidad de demandados, y a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Belkys
Teresa Garrido Parales, Angie Lucia Sogamoso Neme, Durley Katerine Parales
Garrido, Karen Andrea Parales Garrido, David Sogamoso Leitón, Ana Lucia Morales
Ochoa y Hebert Sogamoso Sánchez, en condición de terceros con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Arauca señaló que la acción de tutela no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional por lo que debe declararse
improcedente.
Advirtió que el actor lo que pretende es que el juez constitucional examine nuevamente
un asunto que ya estudió la jurisdicción de lo contencioso-administrativa en primera y
segunda instancia. En efecto, en la acción de tutela interpuesta se expuso una crítica
personal frente a las decisiones de los jueces de instancia y se invocan como
vulnerados derechos fundamentales, lo que no resulta suficiente para que supere el
referido requisito de relevancia constitucional.
Sostuvo que la sentencia de segunda instancia [dictada en el proceso de reparación
directa con radicado 81001-33-33-002-2014-00368-01] se sustentó en la normativa y
precedente judicial aplicable, así como en la valoración probatoria de los documentos
aportados al expediente. Y en el trámite de dicho juicio se respetaron las garantías
legales de los sujetos procesales, quienes en las oportunidades concedidas ejercieron
el derecho de defensa y contradicción.
Respecto al presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial, explicó que, en
la sentencia de segunda instancia, objeto de tutela, se indicó que, con posterioridad a
la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, el Consejo de Estado modificó
el criterio mediante el fallo de 6 de agosto de 2020. Según la nueva postura, el hecho
de que una persona resulte privada de la libertad en un proceso penal que termina
con sentencia absolutoria no es suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial
del Estado. Agregó que en la sentencia se estudiaron los elementos de
responsabilidad, para lo cual acudió a las motivaciones de esta.
Por último, observó que en este caso no se alegó una irregularidad procesal ni se trata
de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
El Juzgado Tercero Administrativo de Arauca guardó silencio en esta etapa
procesal.
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6. Intervención de los terceros con interés
La Fiscalía General de la Nación pidió declarar improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional. En este caso, el actor
no sustentó de manera adecuada y conforme con la regla jurisprudencial, las causales
específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente.
Además, advirtió que no se evidencia vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales, pero si la intención de utilizar la acción de tutela como mecanismo
para reabrir el debate legal en el que se negaron las pretensiones de reparación
directa, lo cual no procede dado que el juez de tutela no puede usurpar la función del
juez natural del asunto.
Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque no existe
relación de causalidad entre las actuaciones de esa entidad y la presunta vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el actor.
7. Sentencia de primera instancia
El 22 de octubre de 2025, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia, en la cual negó la solicitud de tutela,
por las siguientes razones:
En primer lugar, precisó que el reclamo constitucional formulado sería estudiado solo
respecto a la sentencia de 16 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de Arauca
que fue la que puso fin al proceso de reparación directa.
En segundo lugar, respecto de la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de
la Nación, la negó porque fue parte demandada en el proceso ordinario.
En tercer lugar, encontró superados los requisitos generales de procedibilidad, por lo
que prosiguió con el estudio del desconocimiento del precedente alegado en la
demanda de tutela, según el cual, cuando la absolución penal se fundamentó en
insuficiencia probatoria o en el principio in dubio pro reo, el Estado debe indemnizar
los perjuicios causados.
Para establecer el presunto desconocimiento del precedente, el fallador de tutela
acudió a las consideraciones que sustentaron la sentencia cuestionada y concluyó
que la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto alegado, si se tenía en
cuenta que frente a la privación injusta de la libertad decidió conforme a la evolución
jurisprudencial más reciente, sin apartarse del precedente aplicable ni desconocer los
parámetros fijados por el órgano de cierre de la jurisdicción-contenciosa.
Señaló que el tribunal demandado encontró que la medida de aseguramiento
impuesta al señor Yony Alberty Sogamoso Morales se fundamentó principalmente en
los testimonios y declaraciones practicados que para la fiscalía tenían credibilidad y
solidez para inferir la posible vinculación en los hechos investigados. Por ello, concluyó
que el fallador ordinario advirtió que esa medida restrictiva fue razonable y
proporcional, conforme con los elementos de juicio disponibles para el momento en
que se dictó.
En consecuencia, resaltó la conclusión a la que llegó la autoridad demandada referida
a que, aunque la absolución obedeció a la aplicación del principio in dubio pro reo, ello
no implicó irregularidad o arbitrariedad alguna para el momento en que se decretó la
medida de aseguramiento.
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Por lo anterior, dijo que «lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, sin que este
mecanismo puede convertirse en una tercera instancia.»
8. Impugnación
El señor Yony Alberty Sogamoso Morales impugnó la decisión de primera instancia
por considerar que tanto el Tribunal Administrativo de Arauca como el juez de tutela
de primera instancia incurrieron en un defecto fáctico y sustantivo al validar la legalidad
inicial de la detención sin ponderar su resultado material, el cual fue una absolución
por duda razonable (in dubio pro reo).
Precisó que la sentencia atacada de 16 de mayo de 2025 confunde la legalidad de la
medida restrictiva al momento de su expedición con la antijuridicidad del daño
causado, descrita en «el artículo 17 de la Ley 1407 de 2010».
Insistió en que la privación de la libertad durante dos años, basada en elementos
probatorios que fueron posteriormente insuficientes para desvirtuar la presunción de
inocencia, se convierte en un daño antijurídico que no tenía el deber legal de soportar.
Sin embargo, advirtió que el fallo definitivo se limitó a verificar que existían testimonios
iniciales, pero no analizó la desproporción de la carga impuesta a él impuesta como
sindicado por parte del ente acusador. En este punto, alegó que las pruebas que en
principio soportaron la detención resultaron endebles, por lo que no aportaron certeza
para condenar y la consecuencia de ello fue la absolución.
En ese entendido, consideró que la interpretación restrictiva plasmada en el fallo
cuestionado, referida a que debe determinarse si la medida fue inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria, anula en la práctica la figura de la
responsabilidad estatal por in dubio pro reo en sede contenciosa, lo que contraria el
espíritu del artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia unificada, como
lo es la sentencia SU-072 de 2018.
En este caso, aseguró que la absolución por falta de certeza y pruebas contundentes
después de una detención tan prolongada implica que el daño al que fue sometido,
como lo es la pérdida de la libertad y las consecuencias que de ella se derivan, se
torna antijurídico por el solo hecho de que la justicia no pudo probar su
responsabilidad. Así que, el actor considera que ese daño debe ser reparado por el
Estado tanto al detenido como al núcleo familiar, que padeció la ausencia de un
esposo, hijo y padre de familia y no es aceptable que se le traslade el costo de la
ineficacia probatoria de la fiscalía. Tal proceder contraría la Sentencia C-037 de 1996
y los principios de la responsabilidad estatal.
Concluyó que el sustento de la responsabilidad del Estado no es la culpa o la falla del
juez, sino la existencia de un daño antijurídico por la ineficacia probatoria.
Por último, advirtió que el fallo impugnado omitió pronunciarse sobre un hecho central
de la demanda de tutela, referido a la violación del derecho a la igualdad frente a otras
personas privadas de la libertad en el mismo proceso penal que fueron compensadas
tanto por daños materiales como inmateriales.
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En consecuencia, el actor solicitó revocar el fallo de tutela de primera instancia y, en
su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que negó la
acción de tutela promovida por el señor Yony Alberty Sogamoso Morales contra el
Tribunal Administrativo de Arauca por la presunta vulneración de los derechos y
garantías fundamentales al debido proceso, de presunción de inocencia, a la libertad
y a ser indemnizado al proferir la sentencia de 16 de mayo de 2025, con la que
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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de reparación directa promovida por el ahora tutelante (rad. 81001-3333-002-2014-
00368-01).
Para realizar un estudio de fondo, previamente la Sala deberá analizar si la presente
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la acción de tutela porque en este caso no se cumple el requisito
general de relevancia constitucional.
Para resolver la controversia, la Sala abordará el cumplimiento del requisito general
de relevancia constitucional en el caso concreto.
(i) Del requisito general de relevancia constitucional en el caso concreto
El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones,
por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala
Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce de relevancia constitucional
deben verificarse algunos presupuestos5.
Se observa que el señor Yony Alberty Sogamoso Morales dirigió la acción de tutela
contra: (i) la sentencia de 11 de enero de 2024 del Juzgado Tercero Administrativo de
Arauca, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por el señor Yony Alberty Sogamoso Morales contra la Fiscalía General de
la Nación (rad. 81001-3333-002-2014-00368-01) y (ii) la sentencia de 16 de mayo de
2025 del Tribunal Administrativo de Arauca, que confirmó la primera.
Frente a las anteriores providencias, el actor alega una indebida valoración normativa,
probatoria y jurisprudencial e insiste en la discusión de naturaleza legal que promovió
ante el juez ordinario, dirigida a demostrar que la privación de la libertad que sufrió fue
injusta porque no se logró desvirtuar la presunción de inocencia en el proceso penal
adelantado en su contra y el juez lo absolvió en aplicación del principio in dubio pro
reo.
A juicio del demandante estaba demostrado el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia (falla del servicio) en el proceso penal que se adelantó en
5
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la
acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
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Demandante: Yony Alberty Sogamoso Morales
su contra, por lo que procedía declarar la responsabilidad administrativa y
extracontractual de la entidad demandada y, en consecuencia, el daño antijurídico
debía repararse. Esa discusión legal quedó resuelta por los jueces de instancia en el
proceso de reparación directa, como se muestra a continuación.
La controversia planteada la resolvió en primera instancia el Juzgado Tercero
Administrativo de Arauca en la sentencia de 11 de enero de 2024, que negó las
pretensiones de la demanda. El fallador no encontró acreditado un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
Esa decisión se sustentó en las normas y jurisprudencia aplicable al caso tanto del
Consejo de Estado sobre el régimen de responsabilidad del Estado por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, contemplado en los artículos 65, 68 y
69 de la Ley 270 de 1996, en concreto por la presunta privación injusta de la libertad
alegada por el demandante. El fallador de primer grado también valoró las pruebas
arrimadas al proceso y las practicadas y con fundamento en estas encontró
demostrado el daño, por cuanto el actor estuvo privado de su libertad en un centro de
reclusión desde el 15 de junio de 2008 hasta el 11 de junio de 2010.
No obstante, el juzgado al estudiar la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva advirtió que fue apropiada, razonada y conforme a derecho.
Sostuvo que la captura del señor Yony Alberty Sogamoso Morales sucedió en estricto
cumplimiento de los artículos 336 y 357 de la Ley 600 de 2000, ya que, frente al delito
de rebelión resultaba inescindible resolver la situación jurídica del indagado, la fiscalía
tenía elementos probatorios con los que infirió la presunta responsabilidad y la
conducta punible (rebelión) es de aquellas en las que es procedente la detención
preventiva.
El fallador también advirtió que el demandante no utilizó los instrumentos habilitados
para su defensa en el proceso penal a instancia de la fiscalía, como el control de
legalidad de la medida de aseguramiento ante el juez y el recurso ordinario procedente
contra la resolución de acusación. Sostuvo que tal pasividad no podía atribuirse a la
entidad demandada y en este caso incluso podría predicarse que el daño se dio por
culpa exclusiva de la víctima al no interponer los recursos de ley, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
Concluyó que solo se demostró uno de los elementos de la responsabilidad estatal (el
daño), pero no los demás (la imputación fáctica y jurídica a la demandada), por lo que
como el daño no era antijurídico no procedía el estudio de imputación del daño.
El demandante interpuso oportunamente recurso de apelación con los siguientes
argumentos:
Advirtió que el considerar que el daño se causó por culpa exclusiva de la víctima
desconoce los precedentes constitucionales y administrativos que exigen la aplicación
del régimen objetivo de la responsabilidad en los eventos de privación injusta de la
libertad.
En ese entendido, sostuvo que el juez administrativo no podía realizar juicios de valor
respecto de las decisiones de la justicia penal. De aceptar tal conducta tendría que
asumirse que sí era responsable del punible que se le imputó. Tal conclusión vulneraría
nuevamente su derecho fundamental a la presunción de inocencia, dado que el juez
penal lo declaró inocente al no encontrar acervo probatorio eficaz. Así que no podía el
juez de lo contencioso afirmar que su misma conducta generó su detención.
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En relación con la responsabilidad por servicio defectuoso de la administración de
justicia, citó apartes de la sentencia C-528 de 2003 de la Corte Constitucional y de la
sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado para advertir que procede declarar la responsabilidad del Estado cuando
quien estuvo privado de la libertad es absuelto bajo el principio in dubio pro reo, pues
esa detención es injusta.
Aseguró que el proceso penal se basó en supuestos, quizás malintencionados por los
declarantes, lo que se evidenció con el resultado final que fue la absolución porque las
pruebas para declarar la responsabilidad penal eran insuficientes para desvirtuar la
presunción de inocencia del acusado. Ello permite concluir que tampoco existió razón
suficiente para iniciar la investigación penal. Esa falencia en la actuación de la fiscalía
y del juez penal es antijurídica y el Estado debe reparar el daño causado.
Insistió en que aplicando la línea argumentativa del artículo 90 de la Constitución, si la
sentencia penal es absolutoria, se entiende implícitamente que no existía razón
suficiente para iniciar la persecución penal, analizada desde el eje del daño causado.
Y aunque el fallador de primer grado adujo una culpa exclusiva de la víctima por no
interponer los recursos de ley, ello no resta importancia al hecho de que la privación
injusta de la libertad se habría podido evitar, si la fiscalía hubiese presentado una
indagación preliminar eficiente, veraz y eficaz, antes de que se le impusiera una
medida de aseguramiento y se iniciara su persecución penal.
Alegó que, como consecuencia de la orden de captura, él y su familia sufrieron
señalamientos y repudio de la sociedad, lo que resultó injusto y no estaba en el deber
jurídico de soportar.
Por último, resaltó que el Estado ya ha aceptado su responsabilidad y ha indemnizado
a algunas de las víctimas que fueron vinculadas y privadas de la libertad en procesos
previos por los mismos hechos (delito de rebelión), a través de conciliación ante la
Procuraduría Regional de Arauca aprobada por el juez de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativa. De manera que debía tener un tratamiento igual, como
soporte aportó un acta de conciliación extrajudicial entre una persona que fue privada
de la libertad y la fiscalía, en la que esta entidad propuso reparar los perjuicios morales,
pero no los materiales, por lo que se llegó a un acuerdo parcial entre las partes solo
respecto de ese punto y quedó agotado el requisito de conciliación frente a las
pretensiones no conciliadas. También sentencia de 2015 del Juzgado Segundo
Administrativo de Arauca en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de reparación directa promovida por hechos similares al encontrar en ese
caso que la privación de la libertad fue injusta. Esa providencia fue modificada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca, pero para adicionar la
condena.
El anterior recurso le correspondió resolverlo al Tribunal Administrativo de Arauca que,
mediante sentencia de 16 de mayo de 2025, confirmó la providencia apelada. La
decisión estuvo sustentada en primer lugar en la postura jurisprudencial de la Sección
Tercera del Consejo de Estado frente a la responsabilidad del Estado por la privación
de la libertad con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política.
En ese punto, el fallador de segundo grado precisó que la Sección Tercera del Consejo
de Estado6 había sostenido que en los casos en que una persona era detenida
preventivamente y luego recuperaba la libertad porque resultaba absuelta bajo los
supuestos de que: (i) el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta
no era constitutiva de hecho punible o (iv) en aplicación del principio in dubio pro reo,
6
Se citaron las sentencias del 2 de mayo del 2007, exp.. 15463, reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del
6 de abril de 2011, exp.. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y del 4 de diciembre del 2006, exp. 13468, reiterada en sentencia
de unificación de 17 de octubre del 2013, exp.. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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inmediatamente surgía un daño que no se estaba en la obligación de soportar y que
el Estado era patrimonialmente responsable en aplicación de un régimen objetivo de
responsabilidad.
Agregó que tal postura se aplicaba sin importar si el agente judicial actuó o no
conforme a la ley, porque debían garantizarse derechos y principios constitucionales
como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada
por la administración, tornaba en injusta la privación. Aclaró que esa alta corte no
descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad
estatal por privación injusta de la libertad.
Empero, señaló que el anterior criterio jurisprudencial se modificó en la sentencia de
reemplazo del 6 de agosto de 2020 de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado7, proferida en cumplimiento de un fallo de tutela8, que dejó sin efectos la
providencia de unificación del 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección
Tercera. En esa decisión se consideró:
(…) Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de
un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión,
no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez
que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora
de un daño antijurídico imputable a la administración.
Como se advirtió en precedencia, el daño es el primer elemento que debe acreditarse en
el análisis de imputación , por cuanto constituye la causa de la reparación; no obstante,
pese a su existencia, es posible que no haya lugar a declarar la responsabilidad estatal,
en las hipótesis en que “existe pero no se puede atribuir al demandado (…), el daño
existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un
daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre’’
(…) En ese orden de ideas, se concluye que no se demostró que las entidades
demandadas hubieran incurrido en falla alguna en del servicio, pues las decisiones y
medidas que restringieron la libertad de la señora Martha Lucía Ríos Cortés, lejos de ser
arbitrarias e irracionales, se sustentaron para la época en que se impusieron, en la ley y
en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso penal, en armonía con las
circunstancias y elementos con los que se contaba al momento de proferirlas. (…).
A continuación, el ad quem acudió a lo determinado sobre el particular por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 para sostener que:
En efecto, la Jurisdicción Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución
Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación
injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996,
que determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen
específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de
la libertad.
Así mismo, la Corte reiteró que en materia de reparación directa se acepta la aplicación
del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que
definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de
responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisó que en determinados eventos, entre los cuales se hace
referencia a la absolución por in dubio pro reo, y a aquellos en los cuales se declaró
atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva,
sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada,
irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con
efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
7
Rad. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947), CP José Roberto Sáchica Méndez.
8 Sentencia de 15 de noviembre de 2019, rad. 11001 0315000201900169 01, CP Martín Bermúdez Muñoz.
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Bajo los anteriores parámetros, la Honorable Corte Constitucional, en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que
el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en aras del
principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a lo cual no contradice, en principio, la
jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la
Constitución Política.
De acuerdo con todo lo expuesto, se tiene que la privación de la libertad de una persona
puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la
perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, por lo que es menester determinar si,
a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se
puede considerar como tal, y si, por consiguiente fue esa persona quien dio lugar a la
apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento
de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos. Así
entonces, se deberá tener en cuenta si la medida fue legal, razonable y proporcionada.
Expuesto lo anterior, el Tribunal se refirió al daño antijurídico y a su definición
jurisprudencial, para concluir que, en el caso concreto, según los elementos
probatorios obrantes en el expediente se acreditó la existencia del daño alegado, ante
la privación de la libertad del demandante hasta cuando se profirió sentencia
absolutoria. De forma que, indicó que esa restricción del derecho a la libertad causa
un daño que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya
una razón que imponga tal carga.
Establecido el primer elemento de responsabilidad del Estado, el juzgador de segundo
grado procedió a verificar si ese daño es imputable o no a la entidad demandada, para
el efecto hizo el siguiente análisis probatorio:
Se recuerda que a juicio de la parte demandante la privación de la libertad a la cual fue
sometido YONY ALBERTY SOGAMOSO MORALES debe calificarse como injusta, ya
que su presunción de inocencia no fue desvirtuada, por lo tanto, no estaba en el deber
jurídico de soportar una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.
En el presente asunto, se acreditó que YONY ALBERTY SOGAMOSO MORALES fue
vinculado junto con otras personas, a una investigación penal por el delito de rebelión,
actuación de la que se encuentra probado se desarrolló el siguiente trámite:
• Providencia del 13 de junio 2008, proferida por la Unidad Nacional contra el Terrorismo
– Estructura de Apoyo Arauca-Arauca, por medio de la cual se dio apertura formal de la
instrucción, de conformidad con lo previsto en el artículo 331 y 332 del ordenamiento
penal, por señalamientos de la pertenencia de SOGAMOSO MORALES a grupos al
margen de la Ley, que delinquían en el Municipio de Arauca (folios 45 a 46 del archivo
No. 1 del expediente digital de primera instancia).
• Decisión del 26 de junio de 2008, proferida por la Unidad Nacional contra el Terrorismo
– Estructura de Apoyo Arauca-Arauca, a través de la cual definió la situación jurídica
entre otros, de YONY ALBERTY SOGAMOSO MORALES resolviendo:
“PRIMERO: IMPONER medida de Aseguramiento consistente en Detención
Preventiva, sin beneficio de Excarcelación en contra de (…) YONI ALBERTI
SOGAMOSO MORALES (…) de condiciones civiles conocidas en el presente
diligenciamiento, como presunto responsables de la comisión de los delitos de
REBELION, CONCIERTO PARA DELINQUIR y EXTORSION, ello de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
SEGUNDO: NEGAR el beneficio de libertad provisional a los sindicados por
expresa prohibición de la ley y por lo considerado en otras determinaciones. (…)”
Lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones:
“(…) Observamos que los testigos IVAN JIMENEZ GARRIDO ha dicho sobre
YONNY SOGAMOSO que es miliciano del eln, que participó en el hurto de un
ganado en la Finca Tres Matas en el año 2003, cuando metieron el ganado en la
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finca de JOAQUIN FLOREZ; aporta sus rasgos físicos y como señal particular
indica que tiene una quemadura en el brazo derecho y en la oreja derecha.
LUIS ALEXIS da cuenta de YONNY SOGAMOSO quien responde al mismo
nombre, lo señala como una de las personas que trabaja con la guerrilla robando
ganado y suministrando información de los movimientos de la tropa. Reporta los
datos y señales físicos particulares de esta persona.
OMAR ANTONIO por su parte lo señala como unos de los colaboradores de la
guerrilla, de trabajar con alias POLLO GRIFO FAUSTINO MEJIA robando
ganado, asegurando de paso que es una de las personas que hacen inteligencia
para la guerrilla. DIMAR AREGENIS reitera los apuntalamientos efectuados a
este sindicado, dice que es el encargado de robar ganado y colaborar con
información, a las farc, e igualmente lo hace con miembros del eln.
(…) Los señalamientos de participación de SOGAMOSO MOTALES, en los
comportamientos criminosos endilgados a las farc, son reportados por los
testigos quienes sin ninguna duda lo tildan de ser uno de los encargados de
hurtar ganado en asocio de otras de las personas aquí capturados; también lo
sindican de aportar información sobre las tropas a los miembros de los grupos
armados ilegales que delinquen en esa zona. Advirtiendo que existe
concordancia, convergencia que no se evidencian motivos de venganza o
animadversión por los testigos, para esta Delegada ofrecen motivos de
credibilidad teniendo en cuenta que son coetáneos, descriptivos e ilustrativos
sobre las actividades o funciones ejercidas por este sindicado, que en sus
descargos atina a negar enfáticamente cualquier participación situándose como
un trabajador.
Bajo estas perspectivas esta Delegada proferirá en su contra medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva. (…).” (Folios 60 a 106 del
archivo No. 1 del expediente digital de primera instancia)
• Providencia del 11 de junio de 2009, proferida por la Fiscalía delegada ante los
Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, por medio de la cual se calificó el mérito del
sumario entre otros, de YONY ALBERTY SOGAMOSO MORALES resolviéndose proferir
resolución de acusación por el delito de REBELION, atendiendo a las siguientes
consideraciones:
“(…) Que este se dedicó al hurto de ganado, es miliciano suministra información
a la guerrilla sobre las tropas, ha sido visto en compañía de comandante
GABINO transporta en lanchas rápidas personal de la guerrilla, está dedicado al
hurto de ganado para la subversión, trabaja en compañía de FAUSTINO MEJIA
y POLLO GRIFO también colabora a las milicias del ELN.
(…) En respuesta a lo alegado por la defensa solo cabe resaltar que el ente
acusador da plena credibilidad a lo afirmado por los testigos de cargo es el
examen objetivo en conjunto de todo lo arrimado al proceso, lo que nos permite
a través de la sana critica, dilucidar que no existe elemento probatorio formal que
hasta el momento demuestre que existe enemistad, que haga obrar con mala fe
a los declarantes. La prueba recaudada a través del testimonio lejos de
desprestigiarse se ha venido fortificando, a través de la aceptación de
responsabilidad de los participes, quienes no encuentran ante la fortaleza de la
prueba que aceptar su responsabilidad como se ha demostrado a través de todo
lo actuado, quedando perfectamente claro que es la oportuna intervención de los
hermanos JIMENEZ GARRIDO lo que permite desvertebrar la célula subversiva
de las FARC, es el análisis no sólo de lo afirmado por los testigos en esta
aseveración, concordantes con los informes orientadores de la investigación, lo
que le da el valor que el mismo legislador y la jurisprudencia ha dado al
testimonio; como en el caso que nos ocupa testimonios legalmente recaudados
y que no es el tema del debate que nos ocupa. Los medios probatorios en los
delitos de rebelión, son los mismos que son señalados en código de
procedimiento penal siendo entonces el testimonio uno de ellos lo que nos
permite que del análisis de su contenido podamos demostrar que se tiene la
capacidad para enrostrar sin el mínimo de consideración que se tiene la certeza
de la responsabilidad de los sindicados.
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(…) La fiscalía considera que del análisis de los elementos probatorios que han
sido allegados se puede encontrar existen les medios probatorios que permiten
determinar con certeza la responsabilidad del señor JHONI SOGAMOSO por lo
que será llamado a responder en juicio por el delito de REBELION. (…).” (Folios
107 a 209 del archivo No. 1 del expediente digital de primera instancia)
• Providencia fechada 9 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Arauca, a través de la cual se dictó sentencia absolutoria a favor de YONY
ALBERTY SOGAMOSO MORALES. En dicha decisión se consideró con relación a lo
que es relevante dentro del presente proceso lo siguiente:
“(…) Ahora bien las numerosas pruebas de descargo deben examinarse en
consonancia con e[l] hecho plenamente probado en el proceso, esto es, la
presencia física de las FARC, en la vereda la Comunidad y sectores aledaños,
aprovechando la ausencia total del estado, circunstancia que como lo enseña la
experiencia promedio, impone a los moradores de aquellos, relaciones
elementales con los insurgentes, como hospedaje, alimentación, contribuciones
etc, sin que ellas puedan ser considerada como elementos del tipo penal de
rebelión, conclusión extrema y equivocada que en la práctica se traduciría en la
judicialización de una porción muy importante de la población rural araucana.
La anterior reflexión queda corroborada con la información suministrada por los
hermanos Jiménez Garrido en la etapa del juicio, según la cual, a medida que
las contradicciones entre la comunidad y ellos se agudizaban, los procesados
acudían a los milicianos de las FARC, lo que resulta incompatible con los cargos
que les formulan de ser miembros orgánicos de la organización guerrillera, pues
resultaría ilógico que un miliciano, pudiendo hacerlo, se dedicara a Llamar a sus
pares, durante largo tiempo, para que los expulsaran del lugar.
(…) Los procesados están amparados por la presunción de inocencia y el estado
a través del órgano investigador, con la carga de la prueba de la responsabilidad
penal, no logró desvirtuarla, respecto de los señores (…) JHONI ALBETI
SOGAMOSO MORALES (…).
(…) Toda duda se resuelve a favor de los acusados. Para condenar se requiere
certeza sobre la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal de los
acusados. (…).” (Folios 210 a 338 del archivo No. 1 del expediente digital de
primera instancia)
• Contra la anterior decisión, se interpuso recurso de apelación por la Fiscalía. El tribunal
Superior del Distrito Judicial de Arauca mediante providencia 11 de julio de 2012,
confirmó la absolución decretada en favor de YONY ALBERTY SOGAMOSO MORALES
(folios 331 a 653 del archivo No. 2 del expediente digital de primera instancia).
• Dicha decisión quedó debidamente ejecutoriada a partir del 27 de enero de 2014, tal y
como así se observa en la constancia proferida por el secretario del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Arauca, teniendo en cuenta que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 18 de diciembre de 2013, inadmitió
la demanda (folio 711 del archivo No. 3 del expediente digital de primera instancia).
De lo anterior, el Tribunal concluyó que el señor Sogamoso Morales fue investigado
junto con otras personas por la supuesta comisión del delito de rebelión, y, como
consecuencia de ello, privado físicamente de su libertad, y que el juicio penal terminó
con su absolución.
No obstante, sostuvo que «el hecho de que una persona resulte privada de la libertad
dentro de una investigación penal no resulta suficiente para declarar la
responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida
restrictiva proferida en su oportunidad resultó injusta y, en tal caso, generadora de un
daño antijurídico imputable a la administración.»
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En el caso estudiado, aclaró que la investigación penal se adelantó en vigencia de la
Ley 600 de 2000 y según esa normativa (arts. 314, 316, 319, 322, 355 y 356) para la
adopción de la medida de aseguramiento de detención preventiva era necesario la
existencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con fundamento en
el material probatorio existente en el proceso penal.
En virtud de tal exigencia, el Tribunal observó que la medida de aseguramiento se
sustentó en la declaración de dos ex integrantes de un grupo al margen de la ley [Jair
Molina Agudelo y Norma Oviedo Millan] y el testimonio de tres hermanos [Iván
Jiménez Garrido, Luis Alexis Jiménez Garrido y Omar Antonio Jiménez Garrido],
quienes se refirieron a las presuntas actividades que desempeñó el demandante
dentro de la organización al margen de la ley e hicieron una descripción de sus
características morfológicas. Sostuvo que esas declaraciones tienen fuerza probatoria
más categórica que aquella que brindan los indicios graves de responsabilidad, en
consecuencia, la medida de aseguramiento superó las exigencias del artículo 356 de
la Ley 600 de 2000.
Y en ese entendido, consideró que la Fiscalía General de la Nación, como ente
investigador «nunca restó credibilidad a lo afirmado por los declarantes, en relación a
la presunta participación de SOGAMOSO MORALES en los hechos materia de
investigación.», por lo que la medida resultó razonable y se ajustó a las circunstancias
y elementos con los que contaba el funcionario al momento de proferir decisión en tal
sentido.
En seguida, el Tribunal precisó que, aunque el demandante fue absuelto, ello no
implica que la detención preventiva hubiera sido proferida como consecuencia de una
irregularidad o arbitrariedad de la autoridad judicial que la decretó. La decisión de
absolución fue consecuencia de una exhaustiva valoración de la participación del
implicado en los hechos, que determinó la existencia de dudas en la comisión del
delito. Entonces sostuvo que:
[…] el hecho que el Juez Penal, en aplicación de las particularidades de esa área del
derecho, haya determinado que no se había configurado conducta típica que diera lugar
a una condena en contra de SOGAMOSO MORALES; en nada influye sobre la valoración
que puede hacer el Juez Administrativo de la legalidad de la medida restrictiva de la
libertad que se impuso en una etapa anterior a la de la sentencia, al iniciarse el proceso
penal, en el contexto de la responsabilidad administrativa.
Frente a la proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, encontró
también cumplidos esos criterios. Indicó que la detención también se justificaba para
garantizar que el investigado compareciera a la justicia y evitar que estando en libertad
pudiera entorpecer la investigación penal, dada la gravedad del delito investigado de
rebelión.
Por lo razonado, el Tribunal concluyó que no podía endilgarse responsabilidad a la
Fiscalía General de la Nación porque no se acreditó una conducta negligente ni
descuidada constitutiva de falla en el servicio.
Agregó que la sentencia absolutoria a favor del demandante no suponía
automáticamente que no tuviera el deber jurídico de afrontar un proceso penal. Y, que
no es cierto, como lo alegó el apelante que el a quo realizó una indebida valoración
probatoria, en tanto que la sentencia cuestionada analizó de manera detallada todas
las piezas procesales del expediente penal e hizo una apreciación adecuada para el
asunto en discusión.
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En este punto en particular, se refirió a la carga probatoria que debió asumir el
demandante (art. 167 CGP), pues le correspondía acreditar los dos elementos propios
del régimen de imputación de responsabilidad estatal, pero no logró probar que el
daño antijurídico sufrido fue producto de la falla del servicio.
Por último, indicó que la decisión que impuso medida de aseguramiento no fue
recurrida por el detenido, a pesar de que procedía la reposición, según el artículo 189
de la Ley 600 de 2000. Ante esa omisión citó el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 que
preceptúa la culpa exclusiva de la víctima.
Expuesto lo anterior, resta concluir, como se anunció al inicio de este capítulo, que la
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el
actor lo que pretende es que el juez constitucional retome el estudio de los cargos del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 11 de enero de 2024 del
Juzgado Tercero Administrativo de Arauca, con los que insistió en la responsabilidad
de la Fiscalía General de la Nación al imponerle una medida de aseguramiento
preventiva, que a su juicio fue injusta porque en su caso el proceso penal terminó con
decisión absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo.
Como quedó evidenciado, las razones de inconformidad frente a la negación de las
pretensiones de reparación directa en la sentencia de primera instancia quedaron
resueltas por el Tribunal Administrativo de Arauca de forma amplia en la decisión de
segunda instancia. Significa que la controversia que el actor trae en sede de tutela
quedó definida por los jueces naturales en el escenario dispuesto para ese fin, es decir
el proceso de reparación directa.
En ese orden, no es procedente que el demandante utilice como instancia adicional la
presente acción de tutela para reabrir el debate surtido en el proceso de reparación
directa rad. 81001-3333-002-2014-00368-01, en el cual el Tribunal Administrativo de
Arauca concluyó que no se reunieron los elementos para declarar responsable al
Estado por el daño causado. En concreto, como se expuso en párrafos precedentes,
esa Corporación sostuvo que aunque existió un daño no era posible imputar
responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación porque no se acreditó una conducta
negligente ni descuidada constitutiva de falla en el servicio, pues para el momento en
que se impuso la medida de aseguramiento al demandante existían elementos
probatorios que permitían inferir su posible responsabilidad en los hechos
investigados, por lo que la detención preventiva resultó proporcional, razonable y
ajustada a derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada por la parte actora, dado que en el presente
caso no se cumple con el requisito de relevancia constitucional frente a la sentencia
de 16 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de Arauca.
Finalmente, en relación con la presunta vulneración del derecho a la igualdad alegada
por el ahora tutelante ante la existencia de otros casos similares en los que el Estado
aceptó su responsabilidad y reparó el daño causado, a la Sala no le es posible
pronunciarse porque en la demanda de amparo ni en la impugnación se indican de
manera expresa en cuáles procesos judiciales se decidió en forma distinta a la
sentencia aquí cuestionada.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, se revocará el fallo de primera instancia que
negó la solicitud de amparo promovida por el señor Yony Alberty Sogamoso Morales
y, en su lugar, la declarará improcedente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05826-01
Demandante: Yony Alberty Sogamoso Morales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada del 22 de octubre de 2025, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, y, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Yony Alberty Sogamoso
Morales, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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