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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05848-01

Tutela: carácter subsidiario de la acción de tutela. SUBSIDIARIEDAD-No procede para interferir en las

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05848-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05848-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05848-01

Accionante: MARIELLA NARVÁEZ MENESES Y OTRO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
TUTELA- Carácter subsidiario de la acción de tutela. SUBSIDIARIEDAD-No procede para interferir en las
decisiones que están pendientes en el proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 23 de octubre de 2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 17 de septiembre de 2025, Mariela Narváez Meneses y Luisa Fernanda Buitrón
Narváez, actuando por medio de apoderado judicial, formularon acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, que alegaron vulnerados por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Popayán y Tribunal Administrativo del Cauca,
al proferir los autos del 20 de febrero de 2024 y 12 de mayo de 2025

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05848-01
Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

respectivamente, dentro del proceso de reparación directa contra el Hospital Nivel I
El Bordo E.S.E. y otros con radicado núm. 19001-33-33-005- 2020-00096-00/01.

En virtud del amparo, solicitaron que (se transcriben las pretensiones, incluso con
errores):

«1. TUTELE los derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la
administración de justicia de las señoras LUISA FERNANDA BUITRÓN
NARVAÉZ y MARIELLA NARVAÉZ MENESES , por la decisión contenida en el
Auto Interlocutorio No. 286 de 20 de febrero de 2024 del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Popayán, proferido durante el curso de la audiencia
inicial, mediante el cual, negó la práctica del dictamen pericial, el cual, fue
confirmado mediante Auto No. 160 del 12 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cauca

2. Como consecuencia de lo anterior se deje sin efectos el Auto Interlocutorio
No. 286 de 20 de febrero de 2024, proferido por el al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, por medio del cual, negó el
decreto de una prueba pericial solicitada por la parte demandante y Auto No. 160
del 12 de mayo de 2025 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, que
confirmó la decisión de negar el decreto de dicho medio de prueba.

3. Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales ORDENE
al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, decretar la prueba pericial,
designe un médico el cual realice el correspondiente dictamen, conforme a lo
solicitado den la demanda.»

1. Hechos relevantes

Las accionantes, junto con otros familiares, interpusieron demanda en contra del
Hospital Nivel I El Bordo E.S.E., Clínica La Estancia S.A., el Hospital Universitario
San José de Popayán, la Asociación Mutual La Esperanza-ASMET Salud EPS ESS,
FABILU LTDA- Clínica Colombia ES y el Departamento del Cauca-Secretaría de
Salud Departamental, en ejercicio del medio de control de reparación directa por la
falla en la prestación del servicio médico asistencial y por la neumonía nosocomial
que adquirió Luis Ángel Buitrón en el centro hospitalario que produjeron su muerte.

El apoderado de los accionantes solicitó como prueba pericial «Oficiar a la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, para que designe especialista
en “neuro cirguía” (sic) y uno en infectología, para que se sirva absolver, con los

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05848-01
Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

debidos soportes de literatura médica, el cuestionario que oportunamente
presentaría.»

El Juzgado Quinto Administrativo de Popayán negó el decreto de la prueba al
considerar que «es de carácter indeterminada y no reúne los requisitos del Artículo
220 del Código General del Proceso Art. 220 del Código General del Proceso y la
Ley 1437 de 2011, en el sentido de que el formulario (preguntas) debe ser aportado
con la demanda por lealtad procesal, debido proceso y derecho de defensa » (sic).

La parte demandante interpuso recurso de reposición y de apelación, en contra del
auto que negó la práctica de la prueba. Argumentó que ningún requisito prevé que el
cuestionario deba entregarse desde la demanda, e incluso está permitido que el juez
decrete la prueba y realice él mismo el cuestionario.

El juzgado no repuso la decisión y concedió el recurso de apelación. Explicó que de
conformidad con los artículos 218 y 219 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo- CPACA-, que a su vez remiten al CGP, para el
decreto de la prueba pericial debe cumplirse con el requisito de aportar el
cuestionario. En consecuencia, como la parte no lo aportó, la solicitud de la prueba
debía negarse.

El 12 de mayo de 20251, El Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión
del auto apelado. Al respecto indicó que el artículo 219 del CPACA, modificado por
la Ley 2080 de 2021, previó que en el auto que se decrete la prueba a solicitud de
una de las partes, debe determinarse el cuestionario que resolverá el experto. En
consecuencia, si bien la solicitud fue hecha en la oportunidad procesal
correspondiente, no la acompañó del cuestionario. Adicionalmente, indicó que, si
bien es cierto que no es un requisito contemplado en el artículo 162 del CPACA, en
el 219 sí. Igualmente sustentó su argumento con providencias que hacen el mismo
análisis del Consejo de Estado2 y del Tribunal Administrativo del Cauca3.

1 Cfr. SAMAI, Índice 6 del Tribunal Administrativo del Cauca. Proceso radicado No. 19001-33-33-005-20-00096-

01.
2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Magistrado Ponente. William Barrera Muñoz dentro

del proceso de radicado 2018-00804-01. Auto del 28 de octubre de 2024.
3 Cfr. Tribunal Administrativo del Cauca. Magistrado Ponente: David Fernando Ramírez Fajardo dentro del

proceso 2021-00055-01, Providencia de 7 de febrero de 2024.

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Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

2. Fundamentos de la solicitud

Frente a los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales se
manifestó sobre la subsidiariedad y la inmediatez, e indicó que la acción no está
encaminada a reprochar una sentencia de tutela.

Sobre la subsidiariedad, adujo que interpuso recurso de apelación en contra de la
decisión de juzgado. De tal forma que agotó el requisito de defensa ordinario frente
a la decisión judicial.

Frente a la inmediatez indicó que el recurso de apelación fue resuelto en auto
interlocutorio del 12 de mayo de 2025. Posteriormente el Tribunal profirió auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior que fue notificado el 10 de junio de
2025. En consecuencia, no se ha superado el término de 6 meses, permitiendo
concluir que se cumple el requisito de inmediatez.

Manifestó que se vulneró su derecho al debido proceso y a todas las prerrogativas
que derivan de este. Especialmente el de solicitar pruebas. Como sustento, cita la
sentencia T-916 de 2014 de la Corte Constitucional en lo referente al desarrollo de
dicho derecho y la C-034 de 2014 de la Corte Constitucional en lo referente a el
derecho a aportar y controvertir pruebas.

De conformidad con lo expuesto, la parte accionante consideró que la accionada
incurrió en defectos sustantivo y procedimental.
Frente al defecto sustantivo, argumentó que la demanda fue presentada en 2020,
cuando aún no había sido expedida la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, al
momento en que solicitó el dictamen dicha norma no estaba vigente, y la anterior no
contenía el apartado que justificó el requerimiento del cuestionario y que derivó en
que se negara la prueba.

Al referirse al defecto procedimental, argumentó que se configuró porque los
accionados le exigieron a la parte actora el cumplimiento de unas previsiones
injustificadas y excesivas frente a la prueba pericial deprecada. Lo anterior en la

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05848-01
Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
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medida en que la demanda había sido presentada y era inviable modificar una prueba
ya solicitada en una etapa específica del proceso.

3. Trámite de primera instancia

El 29 de septiembre de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela y se ordenó su notificación a las autoridades judiciales accionadas.
También dispuso vincular al Hospital Nivel I El Bordo E.S.E., a la Clínica La Estancia
S.A., al Hospital Universitario San José de Popayán, a la Asociación Mutual La
Esperanza - ASMET Salud EPS ESS, a FABILU S.A.S., al departamento del Cauca
• Secretaría de Salud, a Seguros del Estado S.A., a la Previsora S.A. Compañía de
Seguros, a Allianz Seguros S.A., a Chubb Seguros Colombia S.A., a la Aseguradora
Solidaria de Colombia, a los señores Lisseth Yanela Buitrón Narváez, Leonardo
Fabio Guaca Buitrón, Everardo Buitrón, Jesús Ovidio Guaca Buitrón, Dimar Enrique
Guaca Buitrón, Luz Edilma Buitrón, Gleicy Viviana Bedoya Narváez y a Jaime
Mauricio Narváez Meneses, como terceros con interés.

El 3 de octubre de 20254, la Asociación Mutual La Esperanza-ASMET Salud EPS
ESS presentó escrito de contestación. Solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela y subsidiariamente que no se tutelaran los derechos fundamentales
alegados por la parte actora por no demostrar vulneración alguna.

El 2 de octubre de 20255, la Juez Quinta Administrativa de Popayán contestó la
tutela. Reiteró el análisis con el que sustentó la decisión reprochada y argumentó
que la parte buscaba una instancia adicional. En consecuencia, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela.

El 3 de octubre de 20256, la Aseguradora Solidaridad de Colombia Entidad
Cooperativa contestó la tutela. Solicitó que se declarara improcedente la tutela pues
no se configuró ninguno de los defectos alegados y, en consecuencia, no cumplió
con los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

4 Cfr. SAMAI, Índice 9 y 17.
5 Cfr. SAMAI, Índice 10 y 14.
6 Cfr. SAMAI, Índice 11 y 15.

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Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
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De esta misma forma, el 3 de octubre de 20257, el Hospital Nivel I El Bordo E.S.E.
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta al no cumplir con
las causales que habilitan su procedencia contra providencias judiciales.

El 6 de octubre de 20258, Hospital Universitario San José De Popayán E.S.E. solicitó
declarar la improcedencia al considerar que la parte actora utilizó la acción
constitucional como una tercera instancia.

El 7 de octubre de 20259, Seguros del Estado S.A. contestó la acción de tutela y
solicitó que se declarara improcedente al carecer de relevancia constitucional.

El 23 de octubre de 202510 la Sección Primera del Consejo de Estado dictó
sentencia en la que declaró improcedente la acción al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

Explicó que como las providencias reprochadas no finalizaron la litis, dado que el
proceso objeto de tutela actualmente se encuentra en trámite de primera instancia,
la intervención del juez constitucional en este asunto se encuentra vedada. En este
sentido, la Sala advirtió que la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos que
contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha
finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta
irregularidad procesal en la decisión que pone fin al proceso.

El 6 de noviembre de 202511 la parte accionante impugnó el fallo. Argumentó que
cumplió todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles. En este mismo sentido
indicó que la jurisprudencia constitucional tiene previstas las tutelas contra autos
interlocutorios cuando vulneran procesos fundamentales.

7 Cfr. SAMAI, Índice 12 y 18.
8 Cfr. SAMAI, Índice 16
9 Cfr. SAMAI, Índice 19.
10 Cfr. SAMAI, Índice 24.
11 Cfr. SAMAI, Índice 28.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05848-01
Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

Finalmente, volvió a analizar los requisitos de procedibilidad especiales y generales
de la tutela contra providencia judicial y solicitó que se revocara el fallo impugnado y
que se amparara la acción de tutela.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Primera, que declaró improcedente el amparo.

5. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental12. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii)
que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela13.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;

12 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
13 Ibidem.

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Acción de tutela – Segunda instancia

trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los
medios de defensa no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados14.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales15.

La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo tramite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable16. La precitada

14 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.

15 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.

16 6
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Coporación judicial, en sentencia SU-062 de 2018, estableció́ las razones principales
que refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió́ el
encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (...). [L]a acción de tutela que
no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del
debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su
juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un proceso
son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso de manera
que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan
afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad,
y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que
existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se
atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica».

Caso concreto

Los accionantes consideraron que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
al negar una prueba pericial solicitada en primera instancia y al confirmar dicha
decisión. Afirmaron que las autoridades judiciales accionadas al proferir los autos
reprochados incurrieron en defecto sustantivo y procedimental. Lo anterior al aplicar

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la Ley 2080 de 2021 al caso objeto de la litis cuando el proceso inició antes de que
la profirieran, y porque los accionados le exigieron a la parte actora el cumplimiento
de unas previsiones injustificadas y excesivas frente a la prueba pericial deprecada.

Respecto de las decisiones tomadas, la Sala advierte que, como se mencionó
previamente, la tutela es improcedente para cuestionar actuaciones judiciales cuyo
trámite aún está en curso, ya que la parte actora cuenta con la posibilidad de agotar
los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos mecanismos no
existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable17.

En refuerzo de la inobservancia del requisito de subsidiariedad, advierte la Sala que
los argumentos traídos en la causa constitucional no fueron planteados de manera
completa ni oportuna ante el juez natural. De la revisión de las actas de las
audiencias surtidas ante el juzgado y de la grabación de la audiencia del 20 de
febrero de 2024, se constata que, al momento de sustentar los recursos, el actor se
limitó en señalar que no estaba obligado a aportar el interrogatorio; sin embargo, en
ningún momento sostuvo que, para la fecha de presentación de la demanda, no se
encontraba en vigencia la Ley 2080 de 2021. Aunque tales consideraciones fueron
posteriormente incorporadas en un escrito de adición al recurso sustentado en
estrados, el Tribunal, mediante providencia del 12 de mayo de 2025, las rechazó por
extemporáneas.

Se trata, entonces, de un argumento nuevo, consistente en afirmar que, al no
encontrarse vigente la Ley 2080 de 2021 para la época de presentación de la
demanda, no podía exigirse la incorporación del interrogatorio escrito. Dicho
planteamiento no fue formulado al sustentar los recursos ordinarios y solo se
introduce en sede de tutela, lo que pone de relieve que la acción constitucional ha
sido empleada como una instancia adicional. Tal proceder desnaturaliza la finalidad
de la tutela, pues no resulta admisible someter al juez constitucional razones que no
fueron previamente puestas en conocimiento del juez natural, quien es el primer
llamado a garantizar la protección de los derechos de las partes.

17 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

Además, en el caso bajo estudio, el proceso sigue estando en trámite, por lo que no
es procedente que el juez constitucional se inmiscuya en un asunto propio del juez
de conocimiento del proceso ordinario, que aún no ha tenido su finalización. En este
sentido, las decisiones reprochadas no pusieron fin al mismo al ser decreto de
pruebas de primera instancia. Además, se advierte que no se acreditó que se
causara un perjuicio irremediable como consecuencia de dicha decisión.

Mal haría esta Sala en entrar a decidir un asunto propio de los jueces de
conocimiento del caso objeto de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra
en curso. Una vez finalice, la parte accionante podrá acudir a los recursos que le
otorga el CPACA, lo contrario implicaría no atender uno de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela como es la subsidariedad.

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 23 de octubre de 2025,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente
el amparo, por los motivos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025, por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-05848-01
Solicitante: Mariella Narváez Meneses y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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