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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05849-00

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05849-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso la sociedad Gisaico SAS por conducto de apoderado, por las razones expuestas en la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05849-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05849-00
Accionante: Gisaico S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Declara improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por la sociedad Gisaico S.A.S., quien actúa por
conducto de apoderado, en contra de la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, supuestamente ocurrida con ocasión de la providencia del 5 de mayo de
2025, al interior del medio de control de controversias contractuales con radicado
54001-23-33-000-2015-00375-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que entre el 16 y 17 de
diciembre de 2010, el municipio de Gramalote, Norte de Santander, fue destruido por
una remoción en masa provocada por lluvias y sismos, lo que obligó a evacuar a
toda su población. En 2014, la Gobernación del Norte de Santander inició el proceso
de licitación pública para construir la vía Miraflores-Puente Cuervo, como parte del
plan de reconstrucción.

3. La sociedad accionante, quien participó en calidad de oferente en el proceso
de selección, manifestó que durante el proceso licitatorio no se publicaron las
propuestas en la plataforma SECOP I, lo que adujo, vulneró el principio de
publicidad2. Por otro lado, en desarrollo del proceso licitatorio, el informe de

1
Acción de tutela presentada el 18 de septiembre de 2025.
2
La Gobernación de Norte de Santander sostuvo que el Decreto 734 de 2012 había sido derogado por el Decreto 1510
de 2013, y que no se configuraba incumplimiento normativo, toda vez que esta última no exigía expresamente la
publicación de las ofertas, sino los estudios previos, pliegos, adendas, observaciones, y el contrato adjudicado. Esta
normativa fue derogada posteriormente por el Decreto 1082 de 2015.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05849-00
Accionante: Gisaico SAS

evaluación del 31 de enero de 2015 declaró no habilitada la propuesta de Gisaico
SAS, mientras que los consorcios Pavimentar Kivu y Vías de Gramalote sí fueron
habilitados.

4. La parte actora sostuvo que corrigió los requisitos jurídicos y presentó la
documentación técnica, incluyendo pólizas y dictámenes periciales, que acreditaban
el cumplimiento de lo requerido por la entidad territorial, pero que, no obstante, a
pesar de la subsanación, en la audiencia del 18 de febrero de 2015 se mantuvo su
inhabilitación técnica.

5. El 5 de marzo de esa anualidad fue adjudicada la Licitación Pública LP-SEG-
41-2013 al consorcio Pavimentar Kivu, siendo suscrito posteriormente el contrato
resultante de esta bajo el núm. 00130-2015. El actor alegó que, de haber sido
habilitado, su propuesta habría obtenido el mayor puntaje conforme a lo establecido
en el pliego de condiciones.

6. El 10 de septiembre de 2015, Gisaico SAS instauró demanda4 ante el Tribunal
Administrativo de Santander, solicitando la nulidad del contrato, el reconocimiento de
su propuesta como la mejor calificada y una indemnización por perjuicios5 derivados
de la exclusión que consideró injustificada.

7. Mediante providencia del 11 de agosto de 2022 el Tribunal negó las
pretensiones, argumentando que la sociedad accionante no acreditó ser el mejor
oferente. La parte actora apeló, señalando omisiones probatorias, contradicciones
argumentativas y desviaciones del objeto del proceso6. La Sección Tercera,
Subsección A de esta corporación, confirmó la decisión del a quo mediante
providencia del 5 de mayo de 20257.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora alegó la presunta vulneración del derecho fundamental al
debido proceso por parte de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado.

9. La sociedad accionante sostuvo que el ad quem incurrió en un defecto fáctico
al supuestamente omitir pruebas esenciales del expediente, como las propuestas
completas de todos los oferentes y las evaluaciones técnicas y financieras, que

3
Cuyo objeto era la “Construcción de la vía de acceso al municipio de Gramalote ubicado en Miraflores, tramo vial
Miraflores- Puente Cuervo K0+540,00-K9 +423,31, Departamento Norte de Santander”
4
Pretendiendo la nulidad de la Resolución núm. 000134, expedida y publicada el 18 de febrero de 2015, mediante la
cual se adjudicó el proceso de selección y del instrumento contractual derivado de ella. Índice 2 del aplicativo SAMAI,
exp. 54001-23-33-000-2015-00375-01, certificado 7B2DC0AF08C82819 915345CC4149AE8F 20626296ACDA0212
64E23250C417479F, Pág. 208-218
5
La parte actora consideró que al no haberle sido adjudicada la licitación y el contrato resultante de esta, se generó
para ella un perjuicio económico que ascendió a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($5.401’312.575) M/L, toda vez que en su
sentir fue injustificada y sin fundamento legal ni técnico.
6
La parte accionante cuestionó que la entidad estatal haya considerado que el concreto convencional difería del usado
en pilas preexcavadas, cuando en su sentir, el pliego solo exigía experiencia en concreto de 3.000 psi o superior, sin
especificar su aplicación. Criticó además que en su criterio el término “concreto convencional” fue introducido por
testigos y no por el pliego de condiciones, y que esta reinterpretación favoreció intereses particulares. Sostuvo que el
pliego fue claro y no impuso condiciones adicionales, por lo que cualquier ambigüedad debía resolverse en favor del
proponente. Finalmente, señaló que el Tribunal incurrió en contradicción al valorar uno de los testimonios, y que se
desestimaron los dictámenes periciales que presentó sin ser objetados ni controvertidos por otro perito, lo que consideró
un yerro probatorio, pues en su sentir no se acreditó la calidad de experto de los testigos, y las pericias debieron tener
plena validez.
7
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 54001-23-33-000-2015-00375-01

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Accionante: Gisaico SAS

acreditaban en su sentir, la superioridad de Gisaico SAS, aunado a que también
ignoró el acta de audiencia del 10 de febrero de 20158, vulnerando el debido proceso.

10. Afirmó que, aunque la autoridad judicial accionada reconoció que Gisaico SAS
debía ser habilitado técnicamente, negó sus pretensiones por una supuesta falta de
justificación matemática, sin valorar otras evidencias en el expediente que
demostraban el cumplimiento de los requisitos puntuables, omisión que consideró le
impidió adoptar una decisión justa y contradijo el reconocimiento previo de la
habilitación.

11. Reprochó que se le exigió a la sociedad tutelante demostrar que su propuesta
era la mejor frente a todos los oferentes, trasladándole «indebidamente» la carga
probatoria9 y desconociendo el principio de confianza legítima. Además, adujo que
interpretó erróneamente el dictamen pericial10, vinculándolo a pretensiones que no
planteó, y abordó aspectos ajenos al recurso, incurriendo en una decisión ultra
petita.

12. Finalmente, consideró una carga probatoria excesiva exigir una simulación
hipotética sobre el impacto de excluir al adjudicatario11 pues los criterios de
evaluación ya estaban aplicados y bastaba con incorporar la propuesta de Gisaico
SAS para evidenciar su superioridad.

13. La parte actora adujo también que el ad quem incurrió en un defecto por falta
de motivación al omitir el examen sobre si Gisaico SAS presentó la mejor oferta,
limitándose a señalar que no existían elementos probatorios suficientes, sin explicar
por qué esa supuesta insuficiencia impedía resolver las demás pretensiones,
rompiendo la coherencia argumentativa de la providencia.

14. Además, reiteró el hecho de que la autoridad judicial accionada
presuntamente fundamentó su decisión en un supuesto no planteado por el
demandante - la inhabilitación del consorcio Pavimentar Kivu - y afirmó sin sustento
técnico que su exclusión alteraría los criterios de evaluación para la adjudicación. En
ese entendido, adujo que la ausencia de justificación y el desvío del análisis hacia
aspectos no controvertidos configuraban una falta de motivación en aspectos
decisivos, lo que justificaba la procedencia de la acción de tutela.

15. La parte actora consideró que se configuró un defecto por violación directa
de la Constitución, toda vez que, en su sentir, la decisión judicial desconoció
principios fundamentales como el debido proceso, la igualdad de trato entre
oferentes y la confianza legítima pues estimó que esta omitió valorar los criterios de
evaluación definidos por la Gobernación en el pliego de condiciones, ignoró el
impacto de la habilitación de Gisaico SAS en el resultado final y utilizó elementos
no vinculados al litigio, lo que constituyó una trasgresión ius fundamental.

8
Correspondiente a la audiencia pública de adjudicación del contrato.
9
Al respecto, las autoridades judiciales precisaron que la sociedad accionante debía demostrar que su oferta superaba
a todas las demás y no solamente que cumplía los requisitos mínimos. No obstante, la parte actora consideró que esto
excedía lo que debía probar, porque estimó que bastaba con exponer que fue evaluada incorrectamente, no que era la
mejor en todos los ítems de las evaluaciones.
10
El dictamen pericial fue presentado por la firma accionante para respaldar su oferta. En su sentir, el Tribunal
malinterpretó ese dictamen, usándolo para discutir temas que la sociedad actora adujo no haber planteado, como la
exclusión de otros oferentes, lo cual desviaba el enfoque de este.
11
En el sentido de plantear como sería el escenario si se excluyera al adjudicatario del contrato y se demostrara como
ello cambiaría la evaluación.

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Accionante: Gisaico SAS

2.3. Pretensiones

16. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«(…) Atendiendo a lo ocurrido, respetuosamente se solicita que se proceda al
amparo de los derechos fundamentales violentados a mi representada,
declarando y ordenando lo siguiente, o lo que la Corporación estime para
conjurar la violación o amenaza:

PRIMERA. Se declare la vulneración al derecho fundamental al debido proceso
de Gisaico S.A.S., por parte de la autoridad judicial accionada, al incurrir en
defecto fáctico, debido a contradicciones argumentativas y valoración probatoria
incompleta y, en consecuencia, se declare la procedencia de la acción de tutela
y se deje sin efectos la sentencia del 5 de mayo de 2025, y en su lugar se ordene
al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera
-Subsección A que profiera una nueva sentencia, con pleno respeto al material
probatorio obrante en el expediente, garantizando el análisis objetivo, completo
e imparcial de las pruebas y fundamentos alegados por la parte actora.» (Sic en
toda la cita)

2.4. Intervenciones

17. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 19 de
septiembre de 202512 a través del cual se ordenó notificar a a la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander y al Departamento de Norte de Santander - Secretaría de
Infraestructura como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, se
notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su
competencia.

2.4.1. La Gobernación del Norte de Santander13 solicitó ser desvinculada de la
acción por no estar legitimada en la causa por pasiva, toda vez que no intervino ni
tuvo influencia en la decisión judicial cuestionada. Frente a lo planteado por el actor
respecto al dictamen pericial, sostuvo que este ya fue objeto de debate en las dos
instancias judiciales, por lo que no tenía asidero entrar a controvertirlo en sede
constitucional.

2.4.2. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, a través del
magistrado José Roberto Sáchica Méndez solicitó declarar improcedente la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el
actor pretendía convertirla en un mecanismo para revaluar pruebas e imponer sus
propias interpretaciones respecto al asunto debatido en las dos instancias, lo que va
en contravía de la garantía de la cosa juzgada y la autonomía judicial.

18. Señaló que el actor no sustentó adecuadamente la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales, pues se limitó a cuestionar la valoración probatoria sin
demostrar una afectación directa de estos. Afirmó que la sentencia cuestionada se

12
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Índice 8 del aplicativo SAMAI

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basó en las pruebas del expediente, concluyendo que la sociedad accionante no
acreditó ser el mejor oferente.

19. Indicó que la habilitación técnica es solo una etapa del proceso, y que el actor
debía demostrar que superaba en puntaje a los proponentes habilitados, lo cual no
logró. Sostuvo que los documentos aportados no contenían referencia a la
calificación de Gisaico SAS, ya que fue declarado inhábil. En ese entendido,
advirtió que la autoridad judicial no podía concluir que a la sociedad accionante debía
habérsele adjudicado la licitación ni que la empresa adjudicataria carecía de
legitimidad.

20. Además, precisó que el modelo de ponderación de ofertas presentado por el
actor fue considerado impreciso, al incluir al consorcio Pavimentar Kivu, cuya
habilitación fue cuestionada. Adicionalmente, indicó que el dictamen pericial solo se
refirió a la inhabilidad del adjudicatario, sin evaluar al segundo proponente.

2.4.3 No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

22. Con relación a la solicitud de desvinculación de la presente acción
constitucional por parte de la Gobernación del Norte de Santander, la misma se
negará, toda vez que fue vinculada en calidad de tercero interesado en el proceso al
ser la entidad demandada en el proceso de controversias contractuales con radicado
54001-23-33-000-2015-00375-01 y se hace necesario garantizar su derecho de
defensa.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, con ocasión
de la providencia del 5 de mayo de 2025, dentro del proceso seguido bajo el medio
de control de controversias contractuales con radicado 54001-23-33-000-2015-
00375-01 incurrió en los defectos fáctico, por decisión sin motivación y por violación
directa de la Constitución y con ellos trasgredió el derecho fundamental al debido
proceso de la sociedad Gisaico S.A.S.

24. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de subsidiariedad.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

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25. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

28. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.3.1. Del requisito de subsidiariedad

29. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991.

30. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

31. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su

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competencia14.

32. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.3.1.1. Análisis del presupuesto de subsidiariedad y el perjuicio irremediable

33. La parte actora sostuvo que el ad quem interpretó erróneamente el dictamen
pericial,15 vinculándolo a pretensiones que no planteó, y abordó aspectos ajenos
al recurso, incurriendo en una decisión ultra petita.

34. Aunado a lo anterior, afirmó que la autoridad judicial accionada rompió la
coherencia argumentativa de la providencia al presuntamente omitir el examen sobre
si Gisaico SAS presentó la mejor oferta, toda vez que se limitó en su sentir a señalar
que no existían elementos probatorios suficientes que lo demostraran, sin explicar
por qué esa supuesta insuficiencia impedía resolver las demás pretensiones.

35. Adicionalmente, adujo que la ausencia de justificación y el desvío del análisis
hacia aspectos no controvertidos configuraban una falta de motivación en
aspectos decisivos, lo que justificaba la procedencia de la acción de tutela.

36. Así las cosas, en el sentir de la sociedad accionante, la providencia de la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, desconoció principios
fundamentales como el debido proceso, la igualdad de trato entre oferentes y la
confianza legítima pues estimó que esta omitió valorar los criterios de evaluación
definidos por la Gobernación en el pliego de condiciones, ignoró el impacto de la
habilitación de Gisaico SAS en el resultado final y utilizó elementos no vinculados
al litigio para adoptar su decisión , lo que constituyó una trasgresión ius
fundamental.

37. En ese entendido, en el presente asunto, los reproches formulados por la parte
actora se centraron en una presunta incongruencia interna de la providencia judicial,
derivada de la adopción de una decisión ultra petita y del abordaje de aspectos no
introducidos en su recurso de apelación. Tales señalamientos, en su sentir,
desbordaron el marco procesal legítimo y afectaron la coherencia argumentativa del
fallo.

38. Como se expuso, la sociedad tutelante sostuvo que la autoridad judicial
accionada resolvió con base en elementos ajenos al debate procesal, omitiendo
valorar aspectos esenciales como los criterios de evaluación definidos en el pliego

14
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno
de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el
artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones».
15
El dictamen pericial fue presentado por la firma accionante para respaldar su oferta. En su sentir, el Tribunal
malinterpretó ese dictamen, usándolo para discutir temas que la sociedad actora adujo no haber planteado, como la
exclusión de otros oferentes, lo cual desviaba el enfoque de este.

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de condiciones. Esta supuesta desviación, sin embargo, no configura una vía de
hecho, sino que plantea controversias susceptibles de ser revisadas mediante el
recurso extraordinario de revisión.

39. En suma, los cuestionamientos apuntan a un presunto desconocimiento del
principio de congruencia, al no existir correspondencia entre las pretensiones
planteadas en la apelación y el contenido de la decisión.

40. Al respecto, esta Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente, porque la controversia aquí planteada encuadra dentro de los
supuestos del numeral 5.° del artículo 250 del CAPCA el cual consagra la
procedencia del recurso extraordinario de revisión por falta de congruencia como una
causal de nulidad de la sentencia, que es precisamente el argumento que sustenta
la solicitud de amparo.

41. Sobre el particular, el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, establece lo
siguiente:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.»

42. Es de advertir que en el presente asunto no se acredita la amenaza inminente
de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su protección, ni
tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera urgente.

43. Por lo expuesto, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de
los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos.

44. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional16 ha sido clara en reiterar que
las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que
el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

45. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo cuando la parte accionante
no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para
obtener el amparo de sus derechos, razón por la cual se rechazará por improcedente
la presente acción de tutela.

46. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente, pues, se reitera,
dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental

16
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría
irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un
derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que interpuso la sociedad
Gisaico SAS por conducto de apoderado, por las razones expuestas en la presente
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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