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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05853-00

De elección popular: exige un examen integral, a la luz de las causales de nulidad

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05853-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR ajustado al ordenamiento jurídico el fallo proferido en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación el 3 de julio de 2025, que confirmó el fallo del 26 de septiembre de 2024, proferido en primera instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca; dictados en el curso del proceso con radicado IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-1441038, por las razones que anteceden. En consecuencia, DECLARAR INFUNDADOS los cargos de revisión formulados por la señora Maritza Orozco Paima, por las razones aquí expuestas. 39 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254) Recurrente: Maritza Orozco Paima Demandado: Procuraduría General de la Nación Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 SEGUNDO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05853-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS (23) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019, modificada
por la Ley 2094 de 2021

Temas: REVISIÓN DE FALLOS DISCIPLINARIOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
DE ELECCIÓN POPULAR – Exige un examen integral, a la luz de las causales de nulidad
de los actos administrativos, señaladas en el artículo 137 del CPACA, y de revisión,
previstas en la Ley 2094 de 2021 / DECISIONES DISCIPLINARIAS REVISADAS EN EL
CASO CONCRETO – Se ajustaron al ordenamiento jurídico aplicable / Error de hecho en
la apreciación de la prueba – no se configuró. ERROR DE HECHO EN LA VALORACIÓN
PROBATORIA – no se configuró. El contenido de la audiencia del principio de oportunidad
puede valorarse como prueba indiciaria - el indicio permite considerar probado un hecho
inferido, a partir de demostrar el hecho indicador a través de las demás pruebas. Exclusión
probatoria de testimonios – pruebas que no contribuyen a la constatación de la hipótesis
del subexamen / ERROR EN LA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA – no
se configuró. La calificación de la conducta típica en el escenario de la responsabilidad
penal no condiciona o extingue el reproche en el sistema disciplinario. Difiere en razón a
las finalidades y funciones que persiguen ambos modos de ius puniendi del Estado.

Surtidas las etapas previstas en el artículo 59 de la Ley 2094 de 20211, la Sala
procede a dictar sentencia en el marco de la revisión automática de la sanción
disciplinaria dictada por la Procuraduría General de la Nación en contra de Maritza
Orozco Paima, dentro del proceso con radicado IUS E-2020-065823/IUC D-2020-
1457638.
I. ANTECEDENTES

Trámite de la actuación disciplinaria

1.
Mediante auto de 3 de febrero de 20202, la Procuraduría Regional de Amazonas
ordenó iniciar investigación en contra de Maritza Orozco Paima, con fundamento en
la denuncia pública que efectuó el noticiero Noticias Uno en la trasmisión de
televisión de 1 de febrero de esa anualidad, en la que señaló que el 27 de octubre
de 2019, en una diligencia de registro y allanamiento, miembros de la policía judicial
hallaron que la mencionada señora estaba comprando votos desde su vivienda; se

1
El 7 de noviembre de 2025 se avocó conocimiento del presente asunto. Por medio de auto de 13 de febrero de 2026, se
decretó como prueba documental los expedientes del proceso disciplinario IUS E-2020-065823/IUC D-2020-1457638 y del
proceso penal radicado 91001-61-01-509-2019-80178-00. Se negó el decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por la
disciplinada. En firme la anterior decisión, el proceso pasó al despacho para dictar sentencia el 24 de febrero de 2026.
2
Documento obrante en página 2 del expediente disciplinario digitalizado, Samai 2: Archivo5ED_Cuadernounicofls1238(.pdf)
NroActua 2.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

indicó que, pese a la evidencia hallada en su contra y a que cursaba un proceso
penal por estos hechos, fue elegida como concejala del municipio de Leticia y
desempeñaba tal cargo.

2.
En auto de 4 de febrero de 2020, la mencionada autoridad ordenó la apertura de
indagación preliminar en contra de Maritza Orozco Paima3. Posteriormente,
mediante auto del 6 de junio de 2022, dio inicio formal a la investigación 4 y declaró
su cierre el 2 de marzo de 20235.

3.
En decisión de 31 de agosto de 20236, la Procuraduría Regional de Instrucción
de Amazonas formuló pliego de cargos. Individualizó e identificó a la investigada y
propuso un único cargo en su contra. Expuso que, haciendo una valoración integral
de las pruebas7 se desprendía que la señora Maritza Orozco Paima, en su calidad
de concejala de Leticia, durante el proceso electoral del 27 de octubre de 2019, se
encontraba al parecer comprando votos en su vivienda; de ahí que estimó que pudo
incurrir en falta disciplinaria al tenor de los artículos 34.18, 38.19 y 4810 del Código
Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), en concordancia con el artículo 390 del
Código Penal11.

3
A su vez, ordenó la práctica de las siguientes pruebas: i) ofició a la Unidad Seccional de la Fiscalía de Leticia, para que
informara si se adelantaba algún proceso penal por hechos relacionados con compra de votos en contra de Martiza Orozco y
en caso afirmativo, remitiera copia de las actuaciones adelantadas hasta el momento, ii) oficiar al comando del Departamento
de Policía de Amazonas, para que remitiera copia de los informes, documentos y videos, que soporten el operativo de
allanamiento efectuado en la casa de la investigada, iii) de lograr identificarse testigos de los hechos, citarlos y efectuar la
respectiva diligencia, iv) oficiar a la Secretaría del Concejo Municipal para que aportara copia del acto de elección, la
credencial, acta de posesión y certificado de tiempos de servicios y honorarios devengados para el 2019 y hoja de vida de la
investigada. Se ordenó la notificación personal de todos los presuntos responsables de los hechos investigados e informarles
que, con sustento en los numerales 2 y 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, tienen derecho a designar un defensor y a
solicitar ser oídos en declaración libre y espontánea, hasta antes de dictar fallo de primera instancia. Ordenó a la secretaría
el registro correspondiente en el Sistema de Información Misional. Se verificó que mediante oficio 444 se efectuó la citación
a la señora Maritza Orozco del proceso disciplinario iniciado en su contra. El día 10 de febrero de 2020, se hizo presente la
investigada en la Secretaría de la Procuraduría Regional de Amazonas y fue notificada personalmente de la respectiva
providencia. Decisión en páginas 4 a 6 del expediente disciplinario. 4
Entre otras determinaciones, dispuso tener como queja iniciada de oficio por esta Procuraduría Regional de Instrucción
Amazonas, el escrito con el que inició y promovió la investigación y se ordenó la práctica de las siguientes pruebas: i) oficiar
a la Fiscalía Amazonas, para que remitiera copia del proceso penal adelantado bajo la noticia criminal
910016101509201980178 y ii) al Concejo Municipal para que certificara si la investigada ejercía el cargo de Concejal de
Leticia; a su vez, ordenó informar los derechos del disciplinado como sujeto procesal de acuerdo al artículo 112 de la Ley
1952 de 2019. Samai, 2. Páginas 48 a 54 del expediente disciplinario. 5
Se corrió traslado por 10 días para que la investigada presentara alegatos previos a la evaluación de la investigación. Páginas 92 y 93 del expediente disciplinario. 6
Páginas 97 a 110 del expediente disciplinario. 7
Refirió las siguientes pruebas: i) video de noticiero Noticias Uno de 1 de febrero de 2020, ii) oficio 20640-01-02-034 de 1 de
julio de 2020, por medio del cual la Fiscal Tercera Seccional Delegada informó a los Jueces Penales del Circuito de Leticia
del proceso que se adelanta en su despacho contra Maritza Orozco Paima, iii) oficio 20640-02-03-UAP 144 de 13 de diciembre
de 2022, por el cual la Fiscalía informó que se dio aplicación al principio de oportunidad y iv) copia del proceso penal radicado
bajo número NUNC 91001610509201980178. 8
“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias,
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
“Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código”. 9
“Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la
ejecutoria del fallo, las siguientes:
“1.

Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa
de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político”. 10
(Faltas gravísimas). 11
“Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o
entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por
la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o
se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
“(…)”.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Decisión de primera instancia

4.
Fenecidas las etapas procesales correspondientes12, en sentencia de 26 de
septiembre de 202413, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca
declaró responsable disciplinariamente a Maritza Orozco Paima, por considerar que
se encontraba probado el cargo que le fue imputado; en consecuencia, le impuso
sanción de destitución e inhabilidad general por diez (10) años. Fundamentó su
decisión en las pruebas que dieron inicio a la actuación penal, a saber, la diligencia
de registro y allanamiento en su lugar de residencia, el testimonio de los policías
judiciales y la audiencia de aplicación al principio de oportunidad. Consideró que
dichas pruebas constituían elementos significativos en el análisis de la conducta de
la disciplinada, pues comportaban diferentes señalamientos en su contra de cara al
incumplimiento de deberes y las prohibiciones de la función pública que desempeña.

5.
Precisó que, si bien en la actuación penal no se determinó su responsabilidad
dada la aplicación del principio de oportunidad, tal circunstancia no la eximía per se
de responsabilidad en materia disciplinaria. Señaló que su conducta frente al cargo
formulado (corrupción de sufragante), era típica, ilícita sustancialmente y culpable,
bajo la calificación de falta gravísima de conformidad con el artículo 48.1 del Código
Único Disciplinario14 que, además, transgredió los artículos 615 y 20916 de la
Constitución Política.

6.
Expuso que la denuncia anónima realizada el 27 de octubre de 2019 puso en
conocimiento de las autoridades que se estaban comprando votos en la vivienda de
la procesada, lo cual fue confirmado por la policía judicial en diligencia de registro y
allanamiento del lugar, en la que se sorprendió a la acusada ejerciendo la conducta
y se le incautó la suma en efectivo de $410.000 en billetes de denominaciones de
$10.000 y un cuaderno anillado que contenía un amplio listado de nombres de
familias o personas y se anotaba un valor en dinero frente a cada uno. Así mismo,
consideró tener en cuenta la manifestación de la procesada en el acto de disculpas
públicas17, dado en la audiencia de aplicación del principio de oportunidad.

12
En auto de 10 de enero de 2024, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca avocó el conocimiento del
presente asunto, en virtud de la remisión efectuada por la Procuraduría Regional de Amazonas, en razón a la competencia;
adicionalmente, dispuso tramitar la diligencia bajo el procedimiento ordinario consagrado en el libro IV, Título IX, artículo 225
y ss de la Ley 1952 de 2019 con la reforma introducida por la Ley 2094 de 2021; dispuso un término para que los sujetos
procesales presentaran descargos y solicitaran las pruebas pertinentes. Mediante escrito de 8 de febrero de 2024 (folios 141
a 145), la disciplinada expuso sus descargos y solicitó: i) se incorporara como prueba el acta de suscripción del principio de
oportunidad, ii) se decretaran y practicaran los testimonios de Mary Danna Sánchez Huan y Olga Damaso Cahuache Huani,
iii) se oficiara a la Fiscalía General de la Nación para que allegara copia del expediente que se adelanta en contra de la
investigada por esos hechos y iv) a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara las credenciales que le habían
sido otorgadas como concejal del municipio de Leticia. En providencia de 3 de julio de 2024 se accedió a sus solicitudes
probatorias. El 12 de julio siguiente, se allegó al proceso el expediente penal, el 2 de agosto se practicaron los testimonios
(páginas 177 a 180) y el 30 del mismo mes se incorporaron las mencionadas credenciales (páginas 190 a 199). El 3 de
septiembre de 2024 el despacho corrió traslado para alegar de conclusión de conformidad con el artículo 225 E de la Ley
1952 de 2019. En ese sentido la disciplinada se pronunció el 17 del mismo mes y año (páginas 211 a 212 del expediente
disciplinario).
13
Páginas 213 a 257. Decisión notificada por correo electrónico el 27 de septiembre de 2024.
14
Precisó que si bien la legislación aplicable para el procedimiento es la Ley 1952 de 2019, bajo el principio de legalidad, la
tipicidad de la conducta debe ceñirse a la norma vigente para la época de los hechos, esto es, la Ley 734 de 2002.
15
“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
16
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones.
“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
17
La concejala pidió disculpas públicas en los siguientes términos: “Señora juez, señora fiscal y ciudadanía en general, hoy
quiero compartir la importancia que tiene la democracia en nuestra sociedad. En virtud de esa importancia, debemos evitar

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

7.
Frente a la ilicitud sustancial (antijuricidad) de su conducta, señaló que el
comportamiento de la concejala del municipio de Leticia -comprar votos- infringía
directamente el deber funcional de su cargo, esto es, trasgredió el principio de la
moralidad pública, con lo cual comprometió el orden político-democrático y la
transparencia del modelo electoral.

8.
En cuanto al elemento subjetivo, señaló que la conducta se ejerció a título de
dolo, puesto que la procesada conocía de su ilicitud y voluntariamente la llevó a
cabo; en ese sentido, expuso que la señora Maritza Orozco Paima tenía la
capacidad y aptitud para comprender la antijuricidad de sus actos, por cuanto había
sido Concejal del municipio de Leticia desde el 2016 y, por ende, debía conocer con
suficiencia los principios que regían el desempeño del cargo como el de la
moralidad, máxime cuando al posesionarse juró cumplir la Constitución Política, los
acuerdos y deberes como consta en la respectiva acta. Así mismo, pudiendo
orientar voluntariamente su comportamiento, optó por ejecutar la conducta de
comprar votos en el marco de las elecciones territoriales para el periodo 2020-2023.

9.
En lo que respecta a la imposición de la sanción, expuso que al tenor de lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1952 de 201918, teniendo en cuenta que la
conducta fue calificada como gravísima a título de dolo, la sanción que correspondía
era la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. Para su graduación, tuvo
en cuenta los siguientes agravantes19: i) el grave daño social de la conducta; ii) la
afectación a los derechos fundamentales; iii) el conocimiento de la ilicitud; y, iv) la
naturaleza de los perjuicios. Así, determinó que la sanción fue razonable, objetiva y
atendió los principios de lesividad y necesidad.

Recurso de apelación

10.
La sancionada reprochó que la autoridad disciplinaria valoró como prueba
inequívoca de su responsabilidad en la comisión de la conducta cuestionada
(corrupción de sufragante), lo manifestado por ella en la audiencia de aplicación del
principio de oportunidad celebrada en la actuación penal. Señaló que el propósito
de tal facultad prevista en materia penal no recae en el allanamiento de cargos, sino
en la posibilidad que tiene la Fiscalía de renunciar a la persecución penal ante la
supuesta vulneración de ciertos bienes jurídicos, con el fin de evitar un desgaste
innecesario en el sistema judicial.

11.
Cuestionó que la calificación de la conducta se efectuara a la luz del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, pues dicha disposición prevé la configuración de una falta
gravísima cuando se realice objetivamente, a título de dolo, una descripción típica

todo tipo de actos que generen dudas sobre la honradez y la transparencia del voto. Y evitar todo tipo de actos que sean
similares a la compra de votos y a la corrupción de electorados, para avanzar como sociedad. Debemos pulir la democracia,
señora fiscal, señora juez, doctor Mijail, aquí el secretario y compañero, es un compromiso que lo hemos hecho y lo vamos
a hacer, que no debemos dar ni comprar ni vender nuestro voto. Debemos votar a conciencia. Muchísimas gracias.
Señora juez señora fiscal ciudadanía en general y aquí los presentes quiero pedir disculpas por los hechos ocurridos”.
(destacado por la Procuraduría).
18
Expuso que si bien dicha ley era aplicable solo para los aspectos procesales, indicó que para efectos de aplicar los criterios
de la graduación de la decisión, acudía a tal artículo, en la medida que aquí se distinguían los criterios para establecer los
atenuantes y agravantes de la sanción.
19
Consideró que para el caso bajo estudio no resultaba procedente la aplicación de ningún criterio de atenuación de la sanción
(diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función, confesión de la falta o la aceptación de cargos,
haber resarcido el daño por iniciativa propia y haber devuelto o restituido el bien afectado con la conducta).

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

de la ley penal como consecuencia de la función o cargo público. A su juicio, en el
sub-examen, el tenor de la disposición mencionada no se cumplimenta, en la
medida que no se acreditó en la justicia penal la realización del delito respectivo.

12.
En concordancia con lo anterior, adujo que aun cuando en la decisión
cuestionada se expuso que la responsabilidad disciplinaria y la penal persiguen
finalidades diferentes, lo cierto es que en el caso concreto la falta disciplinaria
constituye el único cargo formulado en contra de la señora Maritza Orozco Paima,
que se deriva de la realización de una conducta punible a título de dolo.

13.
Bajo el anterior panorama, la disciplinada expuso que la decisión de primera
instancia carece de debida motivación e incurrió en interpretación discrecional frente
a lo que preceptúa la ley y la formulación del cargo en su contra20.

Decisión de segunda instancia

14.
En sentencia de 3 de julio de 2025, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular, confirmó la decisión de primera
instancia21. Previo a resolver los cargos de la apelación, el ad quem efectuó un
análisis de la totalidad del acervo probatorio legalmente acopiado22. En cuanto al
reproche de la valoración de la audiencia que dio aplicación del principio de
oportunidad al interior de la actuación penal, expuso que las manifestaciones de
responsabilidad que efectuó la procesada en dicho proceso no se tendrían como
una confesión, pero sí podrían ser valoradas como indicio de responsabilidad, en
los términos previstos en el artículo 196 del CGD23. En ese sentido expresó:

“Bajo ese derrotero, es evidente que el hecho indicador como son las
manifestaciones en el proceso penal ante el Juez Segundo Penal Municipal de
Leticia, por parte de la señora MARITZA OROZCO PAIMA, de no reiterar en la
conducta, el dar disculpas por los hechos ocurridos, y las evidencias de que cumplió
con el compromiso pedagógico ante la comunidad para prevenir tales prácticas
corruptas, permiten inferir lógicamente la existencia del hecho indicado: la compra de
votos realizada por la disciplinable.”

20
Páginas 262 a 264 del expediente disciplinario. Recurso presentado el 11 de octubre de 2024 y concedido mediante auto
de 13 de noviembre de ese año.
21
Páginas 280 a 299.
22
Expuso que la imposición de la sanción se fundamentó en la totalidad del material probatorio y no solo respecto de lo
manifestado por la disciplinada en la audiencia del principio de oportunidad aludida. Respecto a las demás pruebas allegadas
por la Fiscalía General de la Nación, el ad quem efectuó las siguientes acotaciones: i) sobre el formato de fuentes no formales
-FPJ- 26- de 27 de octubre de 2019, destacó la denuncia anónima efectuada el día de las elecciones de autoridades
territoriales y que puso en conocimiento de la Fiscalía la presunta ocurrencia de compra de votos en la vivienda de la señora
Martiza Orozco Paima; ii) de las actuaciones surtidas en el allanamiento y registro anotadas en informe -FPJ-18- de 27 de
octubre de 2019, señaló que se expuso la forma en cómo se sorprendió a la funcionaria procesada ejerciendo la conducta
enrostrada, sumado a que arrojó al suelo un fajo de billetes y un cuaderno que contenía un listado de familias de la ciudad de
Leticia; iii) desestimó los testimonios solicitados por la defensa para desacreditar el cargo formulado contra la procesada,
consideró que no se trataban de testigos que presenciaran realmente los hechos y que solo dieron cuenta de la amistad que
sostenían con la enjuiciada por 13 años, pues en lo demás expresado en dicha diligencia carece de credibilidad y coherencia;
por ejemplo, Mary Danna Sánchez Huani, frente al interrogante sobre lo que observó ese día en la vivienda de la concejala,
indicó que había mucha gente en el lugar y no alcanzó a ver lo que estaba haciendo la policía, indicó que solo sabe que ese
día capturaron a Maritza Orozco pero que no sabe nada más; en cuanto al testimonio de Olga Damaso Cauache, destacó
que cuando le preguntaron sobre lo ocurrido en la diligencia de allanamiento, manifestó no ver nada, que solo supo que se
llevaron a la concejala porque estaba dando dinero supuestamente, pero que ella vio todo y le consta que no estaban
repartiendo dinero, luego, le preguntaron por los elementos incautados y ella señaló que no vio nada.
23
Artículo 196. Elementos. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario
infiere lógicamente la existencia de otro hecho. A la par de ello, el ad quem aludió a un fallo de la Corte Suprema de Justicia
que estableció: “En punto de las declaraciones auto incriminatorias fuera del proceso y a parte de las hipótesis antes
mencionadas, lo relevante para su validez es que las mismas emerjan espontáneamente, es decir, sin engaño ni coacción
alguna. Caso en el cual pueden ser valoradas a modo de indicio frente a las reglas de la sana crítica”. Corte Suprema de
Justicia. Radicado No. 53.404. Decisión del 5 de diciembre de 2018. M.P. Eyder Patiño Cabrera.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

15.
Aunado a ello, expresó que, al considerarse como prueba indiciaria, es claro que
por sí sola no tiene la virtualidad de fundamentar la determinación de la
responsabilidad disciplinaria, por lo que es necesario apreciarla en conjunto con las
demás pruebas allegadas y practicadas en el plenario para dicho propósito.

16.
Respecto a que no estaba probada su responsabilidad disciplinaria en la medida
que no se determinó la misma en materia penal, el ad quem reiteró que la acción
disciplinaria es independiente de la penal24. En suma, señaló que la Fiscalía
renunció a su persecución penal a cambio del compromiso de la procesada a la
reparación integral y a la promesa de no repetición de estos hechos, lo que implicó
que aquella se disculpara por su conducta contraria a derecho y efectuara unas
labores pedagógicas con la comunidad. Si bien no hay una declaración de
responsabilidad penal, la aplicación del principio de oportunidad exigía unos
elementos materiales probatorios mínimos que fundamentaran la comisión de la
conducta.

17.
Reiteró que la responsabilidad de la disciplinable no se debía fundamentar
únicamente con base en lo expuesto en la audiencia del principio de oportunidad,
sino con la valoración probatoria en conjunto de los demás elementos de prueba;
de ahí que se podía establecer con certeza el hecho endilgado en el auto de cargos
en contra de Maritza Orozco Paima.

18.
Al hilo del anterior argumento, consideró que el a quo determinó correctamente
la calificación de la conducta bajo el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, al
adecuarse a la descrita en el artículo 390 del Código Penal25. Precisó que, ante la
independencia de la acción disciplinaria frente a la penal, no era necesario la
determinación de la responsabilidad en la segunda materia para efectuar al interior
de la actuación disciplinaria la adecuación objetiva de la conducta a un
comportamiento descrito en la ley penal26. Así mismo, estimó que la ilicitud
sustancial se acreditaba en el entendido de que la disciplinada con su conducta

24
Según lo establecido en el artículo 2° del CDU igual en el inciso final del artículo 2 del CGD, modificado por el artículo 1 de
la Ley 2094 de 2021. Así mismo, citó a la Corte Constitucional que se pronunció al respecto en la sentencia C – 244 de 1996:
“[S]i bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la
potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la
responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente
establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce
dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función
pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades. Etc., y su finalidad es la de garantizar el buen
funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la
autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la
conducta oficial de los servidores estatales”. (Resaltado de la Procuraduría).
25
Para dicho fin, especificó cada elemento del tipo penal, a saber, sujeto activo, verbo rector, ingredientes normativos y
elementos subjetivos del artículo 390 del Código Penal, frente a la conducta cuestionada en el caso concreto.
26
Sobre la diferenciación de las acciones penal y disciplinaria, aludió a lo manifestado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-244 de 1996, que señala: “Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes
puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas
ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los
procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción
disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración
en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen e inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad
es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones
son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su
cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.
“La acción penal, en cambio, cubre tanto la conducta de los particulares como la de los funcionarios públicos, y su objetivo es
la protección del orden jurídico social. […]”. (Negrillas del juzgador disciplinario en segunda instancia).

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

transgredió el principio de la moralidad administrativa que rige a la función pública,
previsto en el artículo 209 de la Constitución Política.

Con tal exposición, la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos de Elección
19.

Popular confirmó en su integridad la sanción de destitución e inhabilidad general
impuesta en la primera instancia27.

Intervenciones en el trámite del recurso extraordinario revisión

20.
La disciplinada invocó como causal de revisión la consagrada en el numeral 2
del artículo 238C de la Ley 1952 de 2019 -adicionada por el artículo 56 de la Ley
2094 de 2021-, esto es, violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho
en la apreciación de la prueba. Subsidiariamente, invocó la causal 5° ibidem -error
en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad-.

Expuso que la causal 2° se configuraba cuando el fallador efectuaba una
21.

construcción fáctica de una valoración errada de la prueba, a partir de tergiversar o
cercenar el contenido de un medio de convicción.

22.
Adujo que la tergiversación en la apreciación de la prueba se materializó cuando
se valoró el principio de oportunidad adoptado en el proceso penal, dentro de la
acción disciplinaria, como un elemento constitutivo de grado de certeza sobre la
comisión de la conducta de la procesada; no obstante, tal prueba no era contentiva
de una decisión judicial que determinara su responsabilidad, ni comportaba una
confesión o pronunciamiento sobre la comisión o no de la conducta. De ahí que no
podía convertir las disculpas públicas que ofreció la procesada28 para acceder al
principio de oportunidad en la acción penal, en una “prueba fuerte” o “indicio grave”
dentro de esta actuación para acreditar la materialidad o autoría de la conducta,
pues esa determinación tergiversa la naturaleza jurídica de dicha facultad existente
en la ley procesal penal y además con tal estimación se vulneraba la presunción de
inocencia de la procesada29.

27
Bajo el acápite 6.2.5. denominado Otras determinaciones, el ad quem dispuso remitir el proceso ante el Consejo de Estado
para la correspondiente revisión automática, así mismo, expuso que para dicho fin se suspendía la ejecución del fallo
adoptado. De otra parte, ordenó notificar personalmente a los sujetos procesales de la decisión y corrió traslado por 30 días
para que ejercieran su derecho a la defensa y las garantías procesales, previo al control integral sobre la decisión disciplinaria.
28
Indicó que la tergiversación de esta prueba “se hizo más patente cuando se observan las palabras empleadas y la forma
como fueron leídas. Expresiones de carácter protocolario –“disculpas”, “compromiso de no repetición”, “rechazo a la compra
de votos”-, impuestas como condición para acceder al mecanismo y orientadas a la reparación simbólica del tejido social,
fueron interpretadas como si revelaran, por sí mismas, la admisión de los hechos y la asunción de dolo. Este salto lógico
desatiende dos datos de contexto que el expediente no desmiente: primero, que el principio de oportunidad no exige reconocer
responsabilidad penal, y segundo, que el lenguaje utilizado en esas audiencias es formal, estandarizado y muchas veces
redactado por los intervinientes institucionales, de suerte que su lectura aislada, ajena a su teología, no autoriza a entenderla
como una “confesión” ni como una corroboración fáctica de hipótesis incriminatorias. Convertir exigencias restaurativas en
prueba, es, precisamente, el corazón de la tergiversación: extraer de un acto procesal un contenido que no tiene y sobre el
cual la propia autoridad judicial que lo controló no se pronunció, porque no le compete hacerlo”.
29
Al respecto expuso: “En sede constitucional, se ha precisado el carácter reglado y excepcional del principio de oportunidad,
con control judicial y respeto de garantías; su activación no sustituye el juicio de responsabilidad ni opera como atajo para el
establecimiento de la verdad fáctica. En sede legal, el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal dispone que la decisión
de prescindir de la persecución “extinguirá la acción penal” respecto del beneficiado, previsión incompatible con cualquier
lectura que la equipare a reconocimiento de culpabilidad. Y, como regla matriz, el artículo 7 del mismo estatuto reafirma la
presunción de inocencia hasta que media decisión judicial firme de responsabilidad penal, lo que, por identidad de razón y
por expresa recepción del artículo 14 del CGD en materia disciplinaria, se traduce en un deber estricto de no derivar
conclusiones incriminatorias de actos que no deciden responsabilidad, so pena de desnaturalizar su función y cargar
indebidamente la balanza probatoria contra el investigado”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

23.
Señaló que los medios de convicción no se jerarquizan según su origen, sino por
su calidad epistémica. Bajo ese fundamento, reprochó que el fallador cercenara los
testimonios de descargo, con ocasión del vínculo personal existente entre las
testigos y la procesada, y a su vez, por su carente motivación frente a tal exclusión
probatoria, pues no aludió a contradicciones internas o externas de la prueba que
la justificaran. Señaló que el cercenamiento se agravaba por darle un valor
probatorio preferente y acrítico a las piezas procesales del proceso penal relativas
a los documentos de origen policial y denuncia anónima, pues su valor no era
intrínsicamente superior de manera automática al de los testimonios directos de
ciudadanos, menos cuando esas piezas devienen de las autoridades que
ejecutaron el operativo.

24.
De otra parte, manifestó que el cercenamiento también se proyectó sobre el
estándar de “persuasión” suficiente exigible en materia disciplinaria de cara a
derruir la presunción de inocencia. Al respecto, explicó que en virtud de que el
debate probatorio se resolvió por simple elección de preferencia sobre las fuentes
de las pruebas, esto es, desestimar los testimonios sin justificación y al mismo
tiempo, conferir credibilidad cierta a los documentos de la autoridad operante, sin
corroboraciones adicionales30.

25.
Adujo que tal cercenamiento comportaba una transgresión a las garantías del
proceso disciplinario, pues los artículos 29 Superior, 14 y 159 del Código General
Disciplinario consagran el derecho a la defensa y a la obligación de valorar la
prueba en conjunto. Explicó que la omisión de someter las declaraciones de los
testigos a un análisis material de contenido, coherencia y corroboración constituía
una discriminación probatoria que distorsiona el proceso y conlleva a arribar a
conclusiones arbitrarias31. De ahí que, al existir duda sobre la responsabilidad de la
procesada, en materia disciplinaria se resolvía de igual forma que en derecho penal,
a favor de la investigada.

26.
Frente a la causal 5° que invocó de manera subsidiaria, arguyó que la decisión
sancionatoria prescinde de una motivación reforzada sobre la necesidad e
idoneidad de una inhabilidad extensa, desatiende atenuantes calificados, como
ausencia de antecedentes, conducta posterior y medidas restaurativas cumplidas;
omitió ponderar el dato institucional de mínima lesividad reconocido por la autoridad
penal y reposa en agravantes enunciativos desvinculados de la prueba del caso.

27.
Afirmó que se vulneró el principio de proporcionalidad, tras verificar que existió
una contradicción en la valoración de la sanción entre la autoridad penal y la
disciplinaria, pues la primera, bajo la aplicación del principio de oportunidad en
virtud del numeral 13 del artículo 324 CP, concluyó que la conducta afectó

30
Adujo que tal circunstancia configuraba un error de hecho. Indicó: “Si los testimonios de Sánchez Huani y Cahuache se
valoran con el estándar debido -esto es, si se reconoce su naturaleza de percepción directa, su coherencia recíproca y la falta
de refutación objetiva en la motivación-, el cuadro probatorio pierde la apariencia de unanimidad incriminatoria y aparece, en
cambio, el conflicto de versiones que la administración debía resolver con razones y corroboraciones, no con
descalificaciones por vínculo. La certeza afirmada en la sentencia deja de ser tal y, como mínimo, emerge la duda razonable
que impide sancionar. En esa medida, el cercenamiento de estas pruebas no solo vulnera la sana crítica y el deber de
apreciación integral, sino que afecta el resultado: sin la amputación probatoria, el fallo no habría podido afirmar, con el grado
de convicción exigido, la entrega de dinero a cambio de votos”. (Negrilla original del texto).
31
Señaló que: “En el presente caso, la arbitrariedad es evidente: no se señaló una sola contradicción interna entre las
declaraciones de ambas testigos, ni se explicó cómo el contexto de la preparación del ‘sancocho’ y la espera de los resultados
electorales resultaría incompatible con los demás elementos de cargo”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

mínimamente bienes colectivos; mientras que la Procuraduría adujo que con la
conducta se incurrió en un grave daño social, razón por la que impuso la sanción
de destitución e inhabilidad por 10 años. Por manera que, estimó que dicha sanción
deviene en arbitraria32.

28.
La Procuraduría General de la Nación expuso que la sanción disciplinaria
impuesta se encontraba conforme al ordenamiento jurídico33. Señaló que lo
sustentado por la disciplinada en la intervención del trámite de recurso, se limitaba
a reiterar un argumento expuesto en la instancia procesal correspondiente, el cual
fue desestimado en la decisión de segunda instancia.

29.
Expuso que se cumplió con los presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial,
culpabilidad y proporcionalidad en el trámite disciplinario. Precisó que, de acuerdo
con los hechos probados, quedó claro que se ejerció la conducta descrita en el
artículo 390 del Código Penal y que el actuar de la procesada fue consciente,
deliberado y que por ser servidora pública se le exigía con mayor rigurosidad un
comportamiento ajustado a la legalidad y a proteger el principio democrático. A su
vez, desconoció sus deberes funcionales, con lo cual afectó directamente la
transparencia, imparcialidad y rectitud que orientan la función pública.

30.
En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, señaló que se determinó de
acuerdo con los parámetros fijados por la Ley 1952 de 2019 y que la autoridad
disciplinaria efectuó una valoración integral de los criterios de atenuación y
agravación para dosificar la sanción de manera objetiva, razonable y proporcional,
de conformidad con los principios de lesividad y necesidad.

31.
Sobre la validez de la decisión, expuso que la Procuraduría General de la Nación
era competente para emitir tal decisión en materia disciplinaria y que sus actos se
expidieron de conformidad con la Constitución Política y el marco legal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Control automático e integral de revisión de la actuación disciplinaria

32.
La Ley 2094 de 202134 instituyó la procedencia del recurso extraordinario de
revisión frente a las decisiones de naturaleza disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, contentivas de sanciones de destitución, suspensión e

32
Explicó que: “(…) De un lado, la Procuraduría General de la Nación calificó la falta como gravísima a título de dolo y, bajo
esa etiqueta, impuso la sanción de destitución en inhabilidad general por diez años, apoyándose en la afirmación de un ‘grave
daño social’ que, según su razonamiento, afectó la moralidad administrativa y la transparencia del sufragio. Del otro, la Fiscalía
General de la Nación, titular de la acción penal, activó el principio de oportunidad con fundamento en la causal 13 del artículo
324 del Código de Procedimiento Penal, que presupone que los hechos ‘afectan mínimamente bienes colectivos’ y que, por
ello, la finalidad de política criminal puede satisfacerse con medidas restaurativas y compromisos de no repetición, sin
necesidad de agotar la persecución”.
33
Intervención obrante a índice 26, Samai.
34
La Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) derogó la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de
2011. Dicho código entró en vigor a partir del 1 de julio de 2021, en virtud de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).
Con ocasión a la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Petro Urrego vs
Colombia), se reformó el Código General Disciplinario por medio de la Ley 2094 de 2021. Esta nueva disposición incorporó
las siguientes modificaciones: i) estableció las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos disciplinarios; ii) otorgó
facultades “jurisdiccionales” disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación para juzgar y juzgar con suspensión,
destitución e inhabilidad a los servidores públicos; iii) consagró el recurso extraordinario de revisión para controlar las
actuaciones disciplinarias adelantadas por dicha entidad, así como sobre algunas decisiones que adopte frente a los
servidores públicos de elección popular.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

inhabilidad impuestas a los servidores públicos de elección popular que se
encuentren en ejercicio del cargo o por conductas cometidas durante el
cumplimiento del mandato popular.

33.
Bajo este mecanismo, el legislador impuso al juez contencioso administrativo
efectuar un control automático e integral de carácter obligatorio de las actuaciones
y decisiones disciplinarias de la naturaleza descrita.

34.
A la luz del estudio de exequibilidad efectuado por la Corte Constitucional en
sentencia C-030 de 202335 y, las reglas fijadas por el Consejo de Estado en auto de
unificación de 3 de diciembre de 202436, tal control implica confrontar tanto las
actuaciones surtidas en el proceso disciplinario como la decisión que impuso la
sanción, con el ordenamiento jurídico aplicable a la materia cuyo contenido se
encuentra inscrito tanto en las normas de derecho interno como aquellas que se
inscriben en el bloque de constitucionalidad, referido a las garantías que el sistema
interamericano de protección de derechos estatuye frente a los servidores públicos
elegidos mediante el mecanismo democrático del voto.

35.
Con ese propósito, y en garantía de los derechos involucrados, al juez
contencioso le corresponde efectuar un control que permita revelar la presencia de
vicios que puedan conducir a la configuración de las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 CPACA, así como aquellas hipótesis previstas en el artículo 56 de
la Ley 2094 de 2021 (violación directa de la ley sustancial; violación indirecta de la
ley por error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba; incongruencia
entre el pliego de cargos y el fallo; nulidad originada en el curso del proceso
disciplinario; error en la dosificación de la sanción disciplinaria; por haberse
recobrado documentos decisivos, sin culpa de la parte, después de dictada la
decisión; proferir la sentencia con fundamento en documentos falsos o cuando el
cambio de precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado modifique
favorablemente la decisión recurrida).

Este control judicial que a la vez que automático e integral puede ser rogado,
36.

conduce a que el Consejo de Estado deba examinar el estricto cumplimiento de

35
Por medio de la cual se efectuó el estudio exequibilidad de la Ley 2094 de 2021.
36
Las reglas aquí fijadas se relacionan con: i) la procedencia (procede contra las decisiones de segunda instancia o de doble
conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que impongan sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad a servidores públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un cargo de
elección popular al momento de la imposición de la sanción. Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto
de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha
sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas); ii) suspensión provisional de la sanción
disciplinaria (la ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de revisión, esto es, hasta la
ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve el recurso de revisión); iii) la intervención del sancionado (el servidor
público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la
Procuraduría General de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y
permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o
través de apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales distintas a la legitimidad, oportunidad
y sustentación de los motivos de inconformidad); iv) el trámite de notificación del auto que avoca conocimiento, el cual debe
notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días
siguientes, podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su escrito de intervención,
en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021); v) la procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble
conformidad (en el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción disciplinaria impuesta por la
procuraduría, procederá el recurso de doble conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA); vi)
competencia para resolver este último recurso (el recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas
por las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala Especial de Decisión que siga en orden
numérico) y vii) el control integral (corresponde a un examen integral sobre la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad
de la actuación administrativa de la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias dictadas en su interior).

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

todos los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, la legalidad, la ilicitud
sustancial, el debido proceso, la protección a la garantía de la presunción de
inocencia, la celeridad, la culpabilidad, la favorabilidad, la igualdad, los fines de la
sanción disciplinaria, el derecho a la defensa, la proporcionalidad, motivación,
debida interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios propios de la
materia, entre otros aspectos.

37.
Ya en el ámbito del análisis probatorio, el examen conlleva el de la interpretación
y valoración probatoria hecha en sede disciplinaria que no es lo mismo que un nuevo
examen integral de las pruebas con base en las cuales se adoptaron las decisiones
administrativas disciplinarias, pues bajo el sistema de revisión, el juez contencioso
no funge como titular de una potestad disciplinaria sino como garante de sus fines
de manera que el análisis que está a su cargo debe enfocarse en asuntos de orden
constitucional; ante el justo equilibrio de los fines que se persiguen con la actuación
disciplinaria. Lo anterior, sin perjuicio que con base en la revisión de los elementos
de evidencia y el análisis efectuado sobre aquellos por la autoridad competente,
puedan revaluarse los supuestos de la responsabilidad y la decisión emitida por la
autoridad disciplinaria.

Control rogado y control integral

38.
Previo a efectuar el control integral del proceso disciplinario y de la decisión
proferida, la Sala debe determinar si tal como lo alegó la disciplinada, la
Procuraduría General de la Nación incurrió en el evento descrito en el numeral 2 del
artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, esto es, si violó indirectamente la ley sustancial
por error de hecho en la apreciación de la prueba, tras tergiversar y cercenar el
material probatorio obrante, lo que produjo la declaratoria de responsabilidad en la
decisión de 3 de julio de 2025; subsidiariamente, revisará si el fallador disciplinario
trasgredió los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la dosificación de la
sanción disciplinaria.

39.
Resuelto lo anterior, en caso negativo, se realizará el examen integral del proceso
disciplinario en los demás ámbitos previstos, que comprometan la legalidad y
constitucionalidad del proceso y la decisión. Por tanto, teniendo como premisa que
la revisión de validez que aquí se efectúa exige contrastar el trámite sancionatorio
en concreto con las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo
disciplinario y el resto del ordenamiento jurídico, esta Sala Especial de Decisión
adoptará la siguiente ruta de análisis: i) se contrastarán los fallos disciplinarios
objeto de revisión con las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del
CPACA. Considerando que la primera de aquellas consiste en la expedición “con
infracción de las normas en que deberían fundarse”, ese cotejo permitirá trazar el
puente necesario con el ordenamiento disciplinario que las decisiones
sancionatorias debían consultar, y verificar el cumplimiento de los aspectos propios
de ese régimen sancionatorio; y, ii) se analizarán las causales específicas de
revisión previstas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, en los aspectos que no
hubiesen quedado comprendidas -y despejadas- en el examen anterior.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o de derecho en la
apreciación de la prueba

40.
Esta modalidad de infracción normativa que se invoca por la disciplinada
pretende corregir errores jurídicos a efecto de garantizar el derecho material y
reparar agravios a los derechos del disciplinado. Su enunciado revela un control
objetivo de naturaleza bifronte propio para la recta aplicación del derecho sustancial
cuando el fallador incurre en un error de hecho o de derecho en la apreciación de
las pruebas porque deja de valorarlas o realiza una valoración defectuosa con
proyección directa sobre la norma sustancial que dice aplicar, como para la
protección del disciplinado, titular de derechos cuyo contenido y régimen se fija en
nomas de derecho positivo.

41.
Para emprender el estudio de la causal referida, se impone examinar el contenido
fáctico de las pruebas legalmente allegadas al expediente, de cara al análisis
probatorio que efectuó la autoridad disciplinaria bajo el corpus de derechos y
garantía del disciplinado.

• Video de transmisión de noticias del canal Noticias Uno, con el titular
de “Corrupción Electoral” (3 minutos con 15 segundos)

42.
En dicha difusión, se expusieron varios casos presuntos de corrupción en el
departamento de Amazonas para el día de las elecciones de 27 de octubre de 2019.
Desde el minuto 1 con 24 segundos hasta el minuto 2 con 8 segundos, el noticiero
se refiere a los hechos ocurridos en la vivienda de la señora Maritza Orozco Paima.
Indicaron que, según lo informado por la Policía, en el operativo de registro y
allanamiento, la mencionada concejal botó un fajo de billetes al suelo y en el lugar
de la diligencia fueron encontradas sustancias alucinógenas que se estaban
ofreciendo también a cambio de votos, pese a ello dicha candidata fue elegida y
sigue desempeñando su cargo con normalidad.

• Reporte de Iniciación FPJ-1, correspondiente al informe de la policía
judicial que fundamentó la orden de registro y allanamiento en la
vivienda de la disciplinada37. Actuación que dio inicio al proceso penal
que se adelantó por los mismos hechos, bajo radicado NUNC
91001610509201980178

43.
Se consignó que hacia las 5:45 am del 27 de octubre de 2019 llegó un ciudadano
-sin identificarse- a las instalaciones de la seccional de la fiscalía, para informar que
en la calle 10 con carrera 3, en una casa perteneciente a la señora Maritza Orozco
Paima estarían comprando votos a todas las personas que lleguen al lugar. Indicó
que conoce que hay aproximadamente 50 personas en lista para ir a cobrar a las 8
de la mañana. Con tal información, los miembros de la Policía Judicial se acercaron
a esa calle y encontraron a tempranas horas del día, a 20 personas en fila afuera
de una vivienda, correspondiente a la descrita por el denunciante. Con base en la

37
Páginas 5 a 6 del expediente penal digitalizado en archivo: 9ED_NUNC9100161015092019(.pdf) NroActua 2, índice 2,
Samai.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

denuncia y lo evidenciado por los miembros que fueron hasta esa calle, se emitió la
orden de registro y allanamiento en la casa de la señora Maritza Orozco Paima.

• Informe de Investigador de campo FPJ-14-38, correspondiente a la
entrevista del funcionario Alexander Enrique Collado González,
adscrito a la Policía Nacional de la SIJIN que participó en la diligencia
de registro y allanamiento

44.
El servidor público narró que llegaron a la vivienda para darle trámite a la
diligencia a las 9:40 am; encontraron a varias personas fuera de la casa y el portón
de acceso se encontraba cerrado, por lo que se identificaron como funcionarios de
la Policía Nacional e insistieron para que les dieran ingreso a la vivienda. Señaló
que al interior de esta había una aglomeración de 60 personas aproximadamente.

45.
Una vez ingresaron, el funcionario se desplazó hasta el fondo de la casa en
donde se encontró a una señora que tenía en sus manos un fajo de billetes de
denominación de $10.000, quien al verlo arrojó dicho dinero hacia la escalera del
segundo piso y se presentó como Maritza Orozco; seguidamente, dicha señora
entró en pánico, se puso a llorar e incitó a las personas para que no permitieran la
presencia de los funcionarios en la casa, toda vez que no tenían permiso para ello.
Seguidamente, en compañía de su hijo, la señora se dirigió al segundo piso y por la
cantidad de personas, los policías no pudieron seguirla, hasta que llegaron otros
dos miembros de la policía a apoyar la diligencia, momento en el que la mayoría de
los presentes evacuaron la vivienda.

46.
Los funcionarios de la SIJIN accedieron al segundo piso y encontraron a una
persona que arrojó una bolsa negra por una ventana; no obstante, lograron
recuperarla y asegurarla para su incautación, indicaron que su contenido era una
sustancia de color verde de características similares a la marihuana. Otro de los
elementos materiales de prueba incautados fue una libreta que se había ocultado
en otra de las habitaciones del segundo piso, que contenía una lista de nombres de
personas con números de cédula y cifras de dinero. Finalizada la diligencia se
capturó a la señora Maritza Orozco y a Cosme Lis Cardozo, este último por cuanto
entorpeció la labor de la policía al incitar a las personas a forzar la puerta de la
entrada para que pudieran salir, impidiendo al funcionario Carlos Leiva -quien se
encontraba en la entrada- mantener el lugar cerrado.

• Informe de Investigador de campo FPJ-11-, por medio del cual se hizo
solicitud de análisis de elementos materiales de prueba39

47.
Además de relacionar alguna información de la diligencia de registro y
allanamiento, se consignó bajo el título de “Resultados de la actividad investigativa
(descripción clara y precisa de los resultados)”, respecto de la bolsa plástica de color
negro con una sustancia verde en su interior, que se efectuó una prueba
colorimétrica, de la cual se pudo establecer que dicha sustancia correspondía a

38
Páginas 111 a 113, expediente penal.
39
Páginas 23 a 27, expediente penal.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

“Marihuana y sus derivados” y que su peso era de 256 gramos. Sobre este
procedimiento se adjuntó al informe registro fotográfico.

• Informe FPJ-18- Actuaciones en allanamientos y registros40

48.
En este documento, se amplió la relación de los hechos y se narraron en los
siguientes términos:

(…) Los señores Intendente Carlos Enrique Leiva Perea, patrullero Alexander
Collado, patrullero José Fidelio Ventura Salvador, patrullero Carlos Jhon Ocampo
Balbuena, patrullero Max Castro Ferreira, con el acompañamiento de los señores
Intendente Hernán Enrique Palacio Moreno como fotógrafo; procedimos a cumplir
con la diligencia de registro y allanamiento otorgado por la Fiscalía Local 01 URI de
Leticia, bajo el radicado de la referencia, orden expedida el día 27 de octubre de
2019, teniendo en cuenta investigación que se adelanta por el delito de
CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE; procedimos a desarrollar la diligencia de registro
y allanamiento en el inmueble (…) llegamos debidamente identificados como
miembros de la Policía Nacional, (…), procediendo a golpear la puerta principal,
donde después de un par de minutos, abren la puerta y se observa en el interior del
inmueble, una gran concentración de personas entre hombres, mujeres y niños, a los
cuales procedimos a indicarles que éramos funcionarios de la SIJIN de la Policía
Nacional, y que se estaba desarrollando una diligencia de registro y allanamiento, al
ver que las personas hacían caso omiso de las indicaciones, se procedió a ingresar
al inmueble y requerir a la propietaria, quien fue sorprendida en la habitación del
primer piso que se encuentra al final del pasillo haciendo entrega de dinero a las
personas que se encontraban allí, esta persona de sexo femenino que fue
identificada como la señora MARITZA OROZCO PAIMA, quien funge actualmente
como concejal de Leticia por el partido conservador colombiano; al verse sorprendida
por el señor patrullero ALEXANDER COLLADO GONZALEZ, arroja al suelo del
corredor del primer piso del inmueble, un fajo de billetes amarrados con un caucho,
los cuales al contarlos dieron la suma de ($410.000), en denominaciones de $ 10.000,
el cual fue fijado fotográficamente como EMP No. 1, elemento hallado y rotulado por
el señor patrullero ALEXANDER COLLADO, al mismo tiempo que arrojó un cuaderno
argollado hacia una habitación, el cual fue fijado fotográficamente como EMP No. 2,
el cual al verificar, logramos percibir que contenía un listado de familias de la ciudad
de Leticia; (…) COSMEN LIZ CARDOZO CATACHUNGA salió de forma altanera y
sin acatar las indicaciones de no abrir la puerta porque estábamos en diligencia de
registro y allanamiento hechas por el suscrito intendente CARLOS LEIVA, abrió de
forma brusca el portón principal, indicándole a las personas en el interior para que
salieran, tornándose casi una estampida de las mismas, (…), así mismo, mientras el
señor patrullero CARLOS JHON OCAMPO intentaba grabar el momento en que
producía la entrega del dinero a una ciudadana por parte de la señora MARITZA
OROZCO, le fue arrebatada por las demás personas presentes; una vez salieron
todas las personas hacia la calle y controlada la situación, se le puso de presente la
orden de registro y allanamiento nuevamente a la señora MARITZA OROZCO PAIMA
(…), por otra parte, (…), se observó en el segundo piso del predio, a dos personas
de sexo masculino, quienes intercambian una bolsa plástica de color negra, la cual
es arrojada a un costado del inmueble entre la pared de la casa y la del vecino al lado
derecho; motivo por el cual una vez iniciada la diligencia de registro y allanamiento,
se procedió a verificar el elemento arrojado, y se logró determinar que en el interior
de la bolsa plástica, contenía un bloque de sustancia vegetal verdosa, con olor y
características similares a la marihuana, motivo por el cual se procedió a identificar a
los dos sujetos como ENRIQUE ALEXANDER MEDINA CAHUACHE (…) y CARLOS
ANTONIO CABRERA OROZCO (…), este último hijo de la señora MARITZA
OROZCO PAIMA, quienes fueron capturados por el delito de Tráfico, Fabricación o
Porte de Estupefacientes, puestos a disposición de la fiscalía URI de la ciudad de

40
Páginas 65 a 71, expediente penal.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Leticia, bajo el NUNC 910016101509201980179; posteriormente se dio inicio al
registro total del inmueble, (…) procedemos a verificar el primer piso del inmueble,
donde se registra la habitación No. 4, (…) donde se encontró a la señora MARITZA
(…) al momento de ingresar repartiendo el dinero a las personas que se encontraban
en el lugar, de igual forma se encontró la libreta donde tenía los apuntes de las
personas que se le pagaba, (…)”.

49.
Bajo el título de Informe de Allanamiento y Registro, se consignó que se indagó
a la señora Maritza Orozco Paima y a Cosmen Liz Cardozo Catachunga, quienes
manifestaron no tener ninguna observación sobre la diligencia.

• Formato de escrito de acusación de 23 de diciembre de 201941

50.
Como fundamento fáctico de la acusación, la Fiscalía reiteró los hechos
consignados en el informe FPJ-18-42. Seguidamente bajo el título de Calificación
Jurídica formuló acusación en contra de Maritza Orozco Paima y Cosmen Liz
Cardozo Catachunga, respectivamente, por los delitos de Corrupción al sufragante43
y Tráfico de votos44. A la par de ello, precisó que era dable estimar con alta
probabilidad que los procesados incurrieron como coautores de las conductas
punibles mencionadas, pues aquellos tenían pleno conocimiento de su actuar
delictivo, teniendo en cuenta que se vislumbró la forma en como estaban ejecutando
la conducta antijurídica.

• Respuesta a oficio S/N del 27/10/2019 emitida por la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, Seccional Amazonas de la Policía
Nacional45

41
Páginas 38 a 46, ídem. 42
Indicó: “Iniciada la diligencia de registro y allanamiento se encontró dentro de la casa en la habitación identificada por la
policía con el número 4, a la señora MARTIZA OROZCO PAIMA, repartiendo dinero a personas que allí se encontraban,
hallando, además, una libreta con apuntes de nombres de personas a las que les estaba pagando. MARITZA OROZCO
PAIMA, al verse sorprendida por el patrullero ALEXANDER COLLADO GONZÁLEZ arrojó al corredor del primer piso del
inmueble un fajo de billetes amarrados con un caucho, dinero que al contarlo ascendió a la suma de $410.000= en
denominación de $10.000= de igual manera arrojó un cuaderno argollado hacia una habitación, el cual, al revisarlo tenía
apuntes que corresponden a nombres de familias del municipio de Leticia.
“El señor COSMEN LIZ CARDOZO CATACHUNGA, quien se encontraba en la casa con la señora MARITZA OROZO PAIMA,
se negó a acatar las indicaciones de la policía de no abrir la puerta porque se estaba llevando a cabo la diligencia de
allanamiento, procediendo éste a abrir el portón principal y a indicarle a las personas que se encontraban en el interior de la
casa, que salieran, generando con ello una estampida de las personas por querer salir, además de ponerlas en riesgo;
frustrando así mismo con su proceder, el procedimiento del patrullero CARLOS JHON OCAMPO, quien graba el momento en
que MARITZA OROZCO PAILA, le entregaba el dinero a una ciudadana, dado que la cámara le fue arrebatada por las
personas que salían del inmueble.
“Continuando la policía con el registro y allanamiento sorprendieron en el segundo piso del inmueble a dos personas de sexo
masculino que intercambiaban una bolsa plástica de color negra, la cual fue arrojada a un costado del inmueble entre la
pared de la casa y la del vecino del lado derecho; al verificar la policía el elemento arrojado establecieron que se trataba de
una bolsa que en su interior contenía una sustancia vegetal verdosa con olor y características similares a la marihuana,
generando este segundo hecho dentro de la casa de MARITZA OROZCO PAIMA, una segunda investigación bajo el NUNC
9100161001509201980179.
“Por la situación fáctica que se he expuesto a lo largo de mi exposición, a los señores MARITZA OROZCO PIAMA y COSMEN
LIZ CARDOZO CATACHUNGA, la Fiscalía es Formulo Imputación de Cargos el pasado 29 de octubre de 2019, por los
siguientes delitos: a MARITZA OROZCO PIAMA de corrupción al sufragante tipificado en el artículo 390 del C.P. delito
agravado por el inciso tercero del precitado artículo, y a COSMEN LIZ CARDOZO CATACHUNGA por el delito de Tráfico de
Votos tipificado en el artículo 390 A de la misma norma”. 43
Artículo 390 del Código Penal: “El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue
dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o extranjero habilitado por la Ley, con el
propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga
de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.” Se anotó en la acusación: “Con la circunstancia de agravación del inciso tercero del precitado artículo,
que refiere: ‘La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público’”. 44
Artículo 391A del Código Penal: “El que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero dádiva con la
finalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, voten
en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido en un plebiscito, referendo, consulta popular o
revocatoria de mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos
(1200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

45
Página 84, expediente penal.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

51.
Se expuso que de acuerdo a la información sistematizada de antecedentes
penales y/o anotaciones, así como órdenes de captura de la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), figuró la señora Maritza Orozco Paima
con un historial de dos órdenes de captura canceladas, así: i) emitida por la Fiscalía
Seccional Unidad Primera de Administración Pública y Justicia de Bogotá, por medio
de oficio 36630 de 27 de marzo de 2003, en proceso número 3362 por el delito de
Interés Indebido en la Celebración de Contratos consagrado en el artículo 409 del
Código Penal; y ii) emitida por la misma autoridad, por medio de oficio 359606 el 18
de junio de 2003, “sin motivo”.

• Solicitud presentada por el abogado defensor para que se aplique el
principio de oportunidad por los delitos imputados a ambos
procesados46

Se fundamentó en el numeral 13 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 47. Para
52.

su cumplimiento, propuso las siguientes actividades: i) disculpas públicas en una
emisora reconocida en el departamento de Amazonas, ii) reparto de 500 volantes
donde se genere consciencia respecto a los reproches que recaigan sobre la
conducta, objeto de investigación y iii) disculpas en audiencia pública.

• Grabación de la audiencia de legalización del principio de oportunidad,
celebrada el 19 de febrero de 2021 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con función de control de garantías48

53.
La juez conductora del proceso expuso una síntesis del proceso, bajo la cual
indicó que la investigación inició a causa de una denuncia anónima, por medio de
la que se conoció que Maritza Orozco Paima -candidata a concejal del partido
Conservador- iba a comprar votos en su vivienda, el día de las elecciones 27 de
octubre de 2019. De ahí que, con fundamento en dicha información se emitió una
orden de registro y allanamiento en el respectivo lugar, diligencia en la que resultó
capturada junto con el señor Cosme Liz Cardozo Catachunga, por los delitos de
corrupción al sufragante y tráfico de votos, respectivamente.

54.
La juez señaló que, para el momento de la audiencia del principio de oportunidad,
el proceso penal se encontraba en etapa de juicio, como quiera que el 3 de julio de
2020 se formuló acusación en contra de los procesados mencionados. No obstante,
la delegada de la Fiscalía General de la Nación informó que el abogado defensor
de los acusados le solicitó que se diera aplicación al principio de oportunidad, toda
vez que reunían los requisitos del numeral 13 del artículo 324 del Código de
Procedimiento Penal, es decir, se afectaron mínimamente los bienes colectivos, se
dio la reparación y aseguran que el hecho no se volverá a presentar.

Expuso que los procesados se comprometieron a entregar 500 volantes
55.

contentivos de juicios de reproche contra las conductas fraudulentas y a dictar

46
Página 114 a 116. Se anexó el acuerdo suscrito con las partes para solicitar la aplicación al principio de oportunidad.
47
“El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
“Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el
hecho no volverá a presentarse.
(…)”.
48
Samai, índice 2. Archivo: 11ED_11AudioAudienciaPrin(.mp4) NroActua 2.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

charlas a la comunidad para generar consciencia al respecto. Así mismo, a expresar
disculpas públicas en la correspondiente audiencia. La aquí disciplinada, expresó
sus disculpas, en los siguientes términos:

“Señora juez, fiscal y ciudadanía en general, hoy quiero compartir la importancia que
tiene la democracia en nuestra sociedad, en virtud de esa importancia debemos evitar
todo tipo de actos que genere duda sobre la honradez y la transparencia del voto y
evitar todo tipo de acto que sea asimilable a la compra de votos y la corrupción del
electorado, para avanzar como sociedad debemos pulir la democracia. Señora fiscal,
señora juez, doctor Mijail, aquí el secretario y mi compañero, es un compromiso que
lo hemos hecho y lo vamos a hacer que no debemos dar ni comprar ni vender nuestro
voto, debemos votar a consciencia. Muchísimas gracias”49.

La juez de control de garantías concluyó que se reunían los requisitos para dar
56.

aplicación al principio de oportunidad, en la medida que se acreditó con un mínimo
de prueba, la existencia del delito50, que los procesados no tenían antecedentes y,
por su arrepentimiento y actitud en el proceso, se deducía que el hecho no volverá
a presentarse. Se precisó que la aplicación al principio de oportunidad no
comprometía la presunción de inocencia de los beneficiados.

• Grabación de 2 minutos y 4 segundos de la diligencia de allanamiento
y registro de 27 de octubre de 201951

57.
Los funcionarios a cargo de la diligencia ingresaron a la vivienda y se identificaron
como miembros de la Policía Nacional. Uno de los policías se ubicó en la entrada
de la vivienda y fue quien efectuó la grabación desde ese punto de locación. Al
interior de la casa se encuentra una gran aglomeración de personas 52 quienes
intentaron salir al ver la presencia de los uniformados53. Uno de los señores abrió la
puerta y empezó a evacuar el lugar en desacato de las instrucciones dadas por el
funcionario que estaba en la entrada; al mismo tiempo, en el segundo 48, una mujer
manifestó que “no están dando nada” y que estaban preparando un chocolate,
seguidamente, otras voces de mujeres reiteran que solo están haciendo chocolate.

58.
En el minuto 1 con 9 segundos, en la grabación se alcanza a vislumbrar la
fachada del segundo piso; a través de un ventanal se ve a dos hombres que se
49
Minuto 30 con 23 segundos de la grabación de la audiencia. Al minuto 31 con 40 segundos, el señor Cosme Liz Cardozo
Catachunga, expuso sus disculpas, así: “Señora juez, señora fiscal, ciudadanía en general y aquí los presentes quiero pedir
disculpas por los hechos ocurridos”.
50
Con base a las pruebas que enlistó, a saber:
1. Informe de actuaciones de allanamiento y registro en la vivienda de la señora Maritza Orozco, por medio de la cual, se
incautó unos elementos materiales de prueba que fundamentaron la vinculación de los acusados a la actuación penal por el
delito de corrupción al sufragante.
2. Informe del investigador de campo de 27 de octubre de 2019 que dio cuenta del registro fotográfico del allanamiento, en el
cual se encuentran 4 hojas de un cuaderno de nombres de personas y familias.
3. Acta de incautación de $420.000 en billetes de baja denominación.
4. Certificado electoral del 27 de octubre de 2019.
5. Oficio emitido por la Policía Nacional que informa sobre antecedentes penales.
6. Informe ejecutivo FPJ-3 del 27 de octubre de 2019.
7. Identificación de los acusados en informe de laboratorio y reseña decadactilar de los acusados.
8. Acta de derechos de los acusados, acta de legalización de captura y formulación de imputación y medida de aseguramiento.
9. Entrevista de Alexander Enrique Collado González.
10. Memorial de solicitud del principio de oportunidad presentado por la defensa.
11. Acta de acuerdo para la aplicación del principio de oportunidad.
12. Actas 57383 y 57384 emanada de la coordinación de terminación anticipada y justicia restaurativa.
13. CD con las actividades pedagógicas y registro fotográfico que realizaron los acusados en aras de obtener este beneficio.
51
Samai, 2. Archivo: 10ED_VID_20191027_094745m(.mp4) NroActua 2.
52
Se aprecia en el video que podían ser más de 50 personas.
53
No se evidencia que se encuentren ingiriendo ningún tipo de alimentos, o en ejercicio de alguna actividad social; estaban
todos de pie, sin efectuar ninguna actividad.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

asoman en varias ocasiones y corren moviendo presuntos objetos que no se
alcanzan a ver. Hacia el minuto con 17 segundos, se escucha una mujer gritando y
llorando al fondo de la casa (no se comprende lo que dice). Al minuto 1 con 47
segundos, el funcionario de policía que está grabando se percató de lo que estaba
sucediendo en el segundo piso -el actuar de los dos hombres- y le avisó de esa
situación a los policías que se encontraban al fondo de la vivienda, expresando:
“pilas con los de arriba”.

59.
Hacia los 2 minutos con 14 segundos está terminando la evacuación de personas
y por ende el policía de la entrada se retira de ahí y les indica a otros funcionarios
que lo acompañen para revisar el segundo piso. Ingresaron hasta una parte de la
casa en donde se alcanza a ver la cocina y un área social (minuto 2 con 24
segundos)54; en ese momento, el policía detuvo a uno de los hombres que iba
saliendo, pues reconoció que era quien estaba en el segundo piso y procedió a
requisarlo55, en el desarrollo de esa labor se terminó la grabación.

• Testimonios de las señoras Mary Danna Sánchez Huani y Olga Damaso
Cahuache56. Decretados en la actuación disciplinaria, como pruebas de
descargo de la procesada

60.
El 2 de agosto de 2024, a las 9:18 por medio de la plataforma Microsoft Teams
de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca, se llevó a cabo la
práctica de la declaración testimonial de la señora Mary Danna Sánchez. Intervino
en la diligencia la testigo mencionada, Maritza Orozco Paima, el abogado
comisionado para dirigir la diligencia Daniel Eduardo Rodríguez y el Procurador
Regional de Cundinamarca Willington Rodríguez Arévalo. Sobre los hechos objeto
de controversia se formularon las siguientes preguntas57:

• Interrogantes formulados por la señora Maritza Orozco Paima:

Pregunta: […] Señora Mary Danna, ¿cómo conoció a la señora Maritza Orozco
Paima? Respuesta: Le conocí cuando ella estaba haciendo las campañas de puerta
a puerta. Pregunta: Manifieste hace cuanto tiempo la conoce. Respuesta: Hace como
13 años. Pregunta: Manifieste donde se encontraba en las elecciones pasadas.
Respuesta: En el barrio Tauchí en la casa de la señora. Pregunta: Indique que se
encontraba realizando en la casa de la señora Maritza Orozco. Respuesta:
“Estábamos esperando los resultados de las votaciones. Pregunta: ¿Puede recordar
cuántas personas se encontraban en la vivienda? Respuesta: No se puede contar
porque había mucha gente. Pregunta: ¿Que se encontraban realizando? Respuesta:
Nosotras las mujeres estábamos haciendo un sancocho para las personas que
estaban ahí. Pregunta: ¿Evidenció algo anormal o movimiento de dinero en la casa
de la señora Maritza Orozco? Respuesta: “No señora, no miré nada anormal, todo
estaba normalito”.

• Interrogantes formulados por el funcionario comisionado:

54
De acuerdo con la imagen que se logra apreciar de la cocina, no se vislumbra ningún elemento sobre la estufa, ni alimentos
u objetos que den cuenta que se está preparando algún alimento.
55
Ese hombre alcanza a verse con claridad en el minuto 1 con 10 segundos de la grabación, asomado en el ventanal del
segundo piso. A los 2 minutos con 22 segundos, ese mismo hombre atravesó la cocina para salir y es en ese momento en
que el Policía lo reconoció y lo retiene.
56
Grabaciones de las diligencias testimoniales en Samai, índice 2. Archivos: 37ED_DILIGENCIATESTIMONIA(.mp4)
NroActua 2 y 38ED_DILIGENCIATESTIMONIA(.mp4) NroActua 2.
57
Se trascriben literalmente y en su totalidad.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Pregunta: Informa que el día de las elecciones, el 27 de octubre de 2019, usted se
encontraba en un bien inmueble del barrio Tauchí, ¿conoce si ese bien pertenece a
la señora Maritza?, Respuesta: “Si”. Pregunta: “¿Se encontraba en el momento en
que miembros de la Policía Nacional hicieron la diligencia de registro y allanamiento?
Respuesta: Si. Pregunta: ¿Qué observó en el momento de la diligencia cuando
llegaron los policías? Respuesta: “con tanta gente, uno que estaba atrás,
sinceramente no alcancé a ver que realmente hizo la policía”. Pregunta: ¿usted no
observó ni el allanamiento ni el procedimiento de la policía? ¿Correcto? Respuesta:
Sí señor. ¿Cuál es su relación con la señora Maritza? Respuesta: “Es una amiga de
campañas”.

• Interrogantes formulados por el Procurador Regional:

Pregunta: “Usted dice que llegaron los policías ese día a hacer un procedimiento
policial, en el inmueble donde se encontraban el día de las elecciones, ¿verdad?
Respuesta: “Si señor”. Pregunta: ¿Y ese día capturaron a alguien? Respuesta: “No
señor”. Pregunta: “¿Usted no recuerda? O ¿no se llevaron a nadie?” Respuesta: “Si
solo se llevaron a la señora Maritza”. Pregunta: “Usted sabe ¿por qué fueron las
razones que se la llevaron?” Respuesta: “La verdad no sé, no señor, por qué le
llevaron eso sí, como le dije al otro doctor, mucha gente entonces pues uno no estaba
ahí a la expectativa por qué hicieron”. Pregunta: “¿sabe en qué momento recobró ella
la libertad?” Respuesta: “La verdad yo no sé cuándo recuperó la libertad”. Pregunta:
“¿Conoce los hechos por los cuales se está investigando a la señora Maritza?”
Respuesta: “Si señor, yo sí creo que sí”. Pregunta: “¿Qué le puede decir usted a esta
diligencia?, ¿Qué sabe?, ¿Qué hechos sabe?” Respuesta: “La verdad yo no sé, lo
que yo sé que cogieron a la señora ese día y el resto la verdad nosotros no tenemos
televisor para mirar, ni radio si quiera, porque somos personas muy humildes
entonces no. Solo eso puedo decir”. Pregunta: “¿La señora Maritza fue electa?”
Respuesta: “Si señor”. Pregunta: “¿Actualmente es concejal?” Respuesta: “Si señor”.
Pregunta: “¿Cuánto lleva de concejal en Leticia?” Respuesta: “Mucho tiempo”.
Pregunta: “¿Es reconocida políticamente en la ciudad de leticia?” Respuesta: “Si
señor, reconocida. Es lo único que puedo decir que si es reconocida políticamente.
Pregunta: “¿Y usted después de ver esos hechos ocurridos en la casa de ella, no le
quedó como la inquietud de ver qué pasó después?” Respuesta: “La verdad no
señor”.

En la misma fecha y el mismo medio, se efectuó la diligencia testimonial de la
61.

señora Olga Damaso Cahuache, a quien se le preguntó:

• Preguntas formuladas por la disciplinada:

Pregunta: “[…] Señora Olguita manifieste a este despacho si conoce a la señora
Maritza Orozco” Respuesta: “Pues yo la distingo hace 13 años atrás porque es el
tiempo de su política que ella siempre ha ido de barrio en barrio, tocando puertas y
es una señora tan buena, así no sea tiempo de política, ha sido una señora
colaboradora. No tengo nada que decir”. Pregunta: “¿Cuánto tiempo señora Olguita
conoce a la señora Maritza?” Respuesta: “hace 13 años”. Pregunta: “Manifieste a
este despacho, ¿dónde se encontraba el día de las elecciones pasadas? Respuesta:
“En casa de la señora Maritza unidos con muchas personas”. Pregunta: “Diga este
despacho ¿cuántas personas se encontraban en la casa? Respuesta: “En realidad
había muchas y no daba tiempo ni de contar porque había muchos apoyándole a la
señora”. Pregunta: “Indique a este despacho señora Olguita, ¿qué se encontraban
realizando en la casa de la señora Maritza Orozco? Respuesta: “Yo como estaba
todo el tiempo así, ayudando y colaborando estábamos en un momento que
queríamos hacer sancocho, había muchas personas, mayormente mujeres haciendo
sancocho, otras pelando plátano y otras ahí contentas haciendo recochas y cuando
llegó la policía”. Pregunta: “Señora Olguita (…) quiero que diga si en algún momento
usted vio algo anormal, movimiento de recursos, que se estaban dando o que yo le

19

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

estaba comprando el voto (…)” Respuesta: “En realidad yo no miré nada de
movimiento de plata nada, en una colaboración lo que yo miré es que daba cafecito,
pancito apoyando la gente y la gente dándole barra a ella porque en la política
siempre la hemos querido apoyar como mujeres porque ella es camelladora y berraca
porque ella siempre estuvo ayudándole como mujer”.

• Interrogatorio formulado por el profesional comisionado:

Pregunta: “Señora Olga me informa usted si se encontraba el día 27 de octubre de
2019 en el bien inmueble ubicado en el barrio Tauchí” Respuesta: “Sí Doctor”.
Pregunta: ¿Se encontraba en el momento que miembros de la Policía Nacional
realizaron la diligencia de allanamiento? Respuesta: “Si doctor, ahí estuve presente
y miré todo, pero ahí no estaban en movimiento de dar plata, nadie estaba dando
plata, estamos en un momento de hacer los sancochos”. Pregunta: “Me indica qué
observó en el momento del allanamiento” Respuesta: “Yo no vi nada, el único que
fue que cogieron a la señora Maritza la llevaron y no sabíamos por qué fue el motivo,
porque solo porque fue el alboroto que estábamos contentos y alegres porque
estábamos en un día que mejor dicho el día de elección, la gente estaba alborotada
haciéndole barra y todo, solo fue eso que yo vi, no vi más otra cosa”. Pregunta: “Me
indica usted que se dio cuenta que capturaron a la señora Maritza, y que en ese
momento no sabía por qué la capturaban, pero posteriormente ¿se enteró usted por
qué fue la captura? Respuesta: No señor. Pregunta: ¿Nunca se enteró? Respuesta:
“No señor. Porque pensaban que la señora estaba repartiendo plata pero ella no
estaba dando era nada de nada, nada de plata hubo ese día”. Pregunta: “Me indica
usted si vio a la señora Maritza Orozco repartiendo o dando dineros para que la
apoyaran en su campaña electoral” Respuesta: “No señor, soy consciente porque no
vi nada, porque ni yo cogí nada de lo que era de plata. No estaba dando plata a
nadie”. Pregunta: “Señora Olga conoce usted si después de las elecciones la señora
Maritza Orozco ¿repartió algunos volantes? Respuesta: Sí señor. Pregunta: ¿Qué
decían esos volantes? Respuesta: “Pues la realidad yo no le puedo explicar bien
porque yo no se nada no se leer bien y no se nada”. Pregunta: “¿Escuchó usted si
en alguna emisora del Amazonas, se pronunció la señora Maritza Orozco?
Respuesta: “No señor”. Pregunta: ¿Conoce usted si la señora Maritza Orozco Paima,
realizó alguna serie de charlas en la comunidad? Respuesta: “No señor, no sé”.

• Interrogatorio realizado por el Procurador Regional:

Pregunta: “[…] ¿Hace catorce años conoce a la señora Maritza Orozco?” Respuesta:
“Hace como 13 añitos, cuando ella empezó en política”. Pregunta: “¿La conoce es
por temas electorales, políticos?” Respuesta: “Si señor”. Pregunta: “¿Trabajaba usted
para ella?” Respuesta: “Siempre hemos hecho sancocho, nos buscaba para hacer
‘sancochitos’ para brindar a las personas. Siempre hemos sido mujeres apoyándola
a ella”. Pregunta: “Cuando usted no está en estas actividades, normalmente ¿qué
realiza en la ciudad de Leticia? ¿A qué se dedica?” Respuesta: “Yo soy ama de casa,
no tengo estudio y no puedo trabajar”. Pregunta: “¿Es líder social?” Respuesta:
“Pues si a veces me gusta trabajar así apoyar a la gente o a la señora Maritza en
tiempos de política. Pregunta: “Y en esas elecciones territoriales de octubre de 2019,
¿la señora Maritza fue elegida como concejal de leticia?” Respuesta: “Sí señor, muy
querida y muy conocida” Pregunta: “¿Sabe si ella pertenece a algún grupo político o
partido político?: Respuesta: “Conservador”. Pregunta: “¿Sabe si es liderado por
algún senador o representante a la cámara?”: Respuesta: “No señor, eso si no sé”.
Pregunta: “Usted menciona que ese día llegó la policía al inmueble de la señora
Maritza, recuerda más o menos un aproximado de ¿qué hora sería?” Respuesta:
“Mas o menos eran como las 9 de la mañana”. Pregunta: “¿No habían cerrado
todavía las urnas?” Respuesta: “No señor, estaba empezando”. Pregunta: “¿Se
llevaron ese día a la señora Maritza?” Respuesta: “Si ese día se la llevaron, nosotros
quedamos muy tristes porque no sabíamos por qué la llevaba a ella, hasta lloramos
y todo”. Pregunta: “¿Y se la llevaron solo a ella o a otras personas? Respuesta: “Solo

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
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a ella”. Pregunta: ¿A los cuantos días usted volvió a tener contacto con ella?
Respuesta: “No señor, porque ella no tenía tiempo de hablar con nosotros. Eso es
todo lo que le puedo decir que yo vi. Pregunta: “En el momento que llego la policía y
realizo la diligencia que se fue con la señora Maritza, ¿usted vio si la policía incautó
algo?” Respuesta: “No doctor, nada de eso, no se vio nada”. Pregunta: ¿Cuántos
policías había? Respuesta: “Mas o menos como 7 - 8 policías”. Pregunta:
¿Actualmente la señora Maritza es concejal del municipio de Leticia? Respuesta: “si
señor”. Pregunta: “¿Reconocida en las comunidades?” Respuesta: “sí señor”.
Pregunta: “¿Podría usted explicarle un poquito al despacho o describirle cómo es la
casa de la señora Maritza?” Respuesta: “Ella vive en Tauchí en un barrio que se
inunda, humilde, la casita es un pedazo de madera y un pedazo de material”
Pregunta: “Donde usted se encontraba, ¿hay un patio adentro? Respuesta: Si hay un
patio dentro. Nosotros estábamos en un patio adentro.

62.
Con el anterior material probatorio, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular arribó a las siguientes conclusiones: i) las
actuaciones trasladadas del proceso penal58 constituyeron plena prueba de la
responsabilidad disciplinaria de la concejala Maritza Orozco Paima, pues según los
informes policiales, se encontró a la mencionada señora en flagrancia ejecutando la
conducta reprochable -compra de votos-; ii) las pruebas de descargo59 no aportaron
elementos de juicio para derrumbar la situación fáctica conocida por los demás
medios de prueba, pues no corresponden a testigos que han presenciado y que le
consten los hechos sucedidos, toda vez que en sus respuestas afirmaron no darse
cuenta de los sucesos de la diligencia de allanamiento y registro; y iii) lo
manifestado en la audiencia que dio aplicación al principio de oportunidad se valoró
como prueba indiciaria de responsabilidad de la procesada60.

63.
Como se expuso antes, la disciplinada reprochó que se efectuó una valoración
errada de las pruebas, a partir de tergiversar lo manifestado en la audiencia de
aplicación del principio de oportunidad que devino en la determinación de su
responsabilidad y a su vez, por cercenar los testimonios de descargo, tras destacar
el vínculo personal existente entre las testigos y la procesada; también, por su
carente motivación en esa exclusión probatoria y conferirle credibilidad cierta a los
documentos de la autoridad policial, sin una corroboración adicional.

64.
Revisada la valoración efectuada al contenido de la diligencia que dio aplicación
al principio de oportunidad en el proceso penal por parte de la autoridad disciplinaria
bajo el título de “Manifestaciones de responsabilidad realizadas por la disciplinable
por fuera del proceso”61, la Sala constata que la autoridad disciplinaria confirió un
valor probatorio adecuado a dicha prueba, en la medida que consideró que tenía
una menor idoneidad para corroborar por sí misma la hipótesis que se ventila, de
ahí que estimó que apenas constituía un indicio de responsabilidad de la procesada,
en los términos del artículo 196 del Código General Disciplinario.

58
Relativas a los informes policiales que aquí se relacionaron y las pruebas incautadas como el dinero, los cuadernos que
dieron cuenta que se trataba de listas de familias de la ciudad de Leticia quienes recibieron pagos por valor de 10 a 100 mil
pesos. La Procuraduría estimó que los policías judiciales sorprendieron en flagrancia a la concejala Maritza Orozco Paima en
la práctica corrupta de comprar votos a las personas que se encontraban en su vivienda, según lo aducido por el funcionario
entrevistado que participó en la diligencia y que ingresó desde el comienzo a la habitación en la que se encontraba la
disciplinada.
59
Referidas a los testimonios de las señoras Mary Danna Sánchez Huani y Olga Damaso Cahuache.
60
En donde el hecho indicador se conforma por las afirmaciones de la disciplinada relativas a disculparse por los hechos
ocurridos y el hecho indicado corresponde a la compra de votos por parte de la disciplinable. Precisó que por sí misma, esta
prueba no podía corroborar la responsabilidad disciplinaria de la procesada.
61
Páginas 292 y 293 del expediente disciplinario.

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65.
Contrario a lo manifestado por la disciplinada, la Sala encuentra que el medio de
prueba en cuestión no fue valorado como un elemento constitutivo de grado de
certeza sobre la comisión de la conducta, ni se consideró como una “prueba fuerte”
o “indicio grave” dentro de la actuación que dio por determinada la autoría y
materialidad de la compra de votos.

66.
Como se expuso, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular valoró el contenido de la audiencia del principio de oportunidad
dada en la actuación penal, como un indicio de responsabilidad de la procesada. Al
respecto, explicó que tal prueba trasladada, pese a que investía “un menor poder
disuasorio directo”, podía ser valorada como un indicio de responsabilidad.

67.
La Sala recuerda que el indicio permite considerar como probado un hecho que
se infiere, a partir de demostrar un hecho indicador con base a los demás medios
de prueba62. Así, el indicio parte de un hecho probado, establecido en el proceso
por cualquier medio de prueba -distinto del mismo indicio-, esto es, que otros medios
de prueba permiten considerar acreditado el hecho indicador; de manera que el
hecho indicado se proyecta como la consecuencia lógica que se infiere del primero,
lo cual permite la existencia del indicio63.

68.
Conforme a lo expuesto, lo manifestado en la audiencia del principio de
oportunidad no comporta prueba de la responsabilidad de la procesada, en tanto
que la aplicación de tal prerrogativa procesal consagrada en la ley penal no permite
establecer la responsabilidad del involucrado en esa materia; al mismo tiempo, las
expresiones realizadas por la señora Maritza Orozco Paima en tal diligencia no
admiten abiertamente el reconocimiento de la comisión de la conducta; empero, a
partir de las disculpas que ofreció por los hechos ocurridos y el compromiso que
adquirió de no reiterar la conducta, valoradas en conjunto con los demás elementos
probatorios que dan cuenta de que se capturó en flagrancia y que corroboran la
tesis formulada por la policía judicial sobre los hechos ocurridos el 27 de octubre de
2019, es dable estimar como hecho indicador, el reconocimiento de responsabilidad
expresado libremente por la disciplinada en ese proceso.

69.
La Sala aclara que sin otros medios de prueba directos que corroborasen la
hipótesis en cuestión, el hecho indicador no se configuraría, al no existir otros
medios de prueba que permitan la construcción fáctica contenida en el mismo.

62
“Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado
el inferido. En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios
previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad.
Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una
operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho
desconocido”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21.521, C.P. Ruth Stella Correa,
ver también sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 21.806, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esos términos el artículo
196 del Código General Disciplinario consagra: “Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador,
del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro hecho”. De lo anterior se desprende que el indicio se compone
de 3 elementos i) un hecho -que indica-, ii) otro hecho que es el indicado y iii) relación de causalidad o conexión entre el
primero y el segundo.
63
“El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio,
esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico
de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la
existencia del indicio”. Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.

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70.
La autoridad disciplinaria había efectuado un acucioso análisis probatorio
respecto de los demás medios de prueba directos, a partir de los cuales consideró
probada la responsabilidad de la disciplinada por compra de votos, dado que estimó
que al interior de la investigación efectuada por la Fiscalía, la señora Orozco Paima
fue sorprendida en flagrancia ejerciendo dicha conducta, razón por la cual se puso
en evidencia en la diligencia al arrojar el dinero al suelo, ponerse a llorar e incitar a
las personas a que no permitieran la presencia de la Policía en su casa; de ahí que
se permita distinguir como hecho indicador por los demás medios de prueba, que la
aquí disciplinada fue sorprendida ejerciendo la conducta reprochada, por lo que
reconoció haber cometido el comportamiento para poder acceder al beneficio
consagrado en la ley procesal penal y, en ese orden, se puede inferir como hecho
indiciado, la comisión de la conducta que sirvió de base a la declaración de
responsabilidad disciplinaria de la aquí procesada por la compra de votos.

71.
Bajo tal entendimiento, la Sala comparte la valoración probatoria efectuada por
la autoridad disciplinaria frente a las manifestaciones expresadas por la procesada
en la actuación penal adelantada por estos hechos, en el sentido de estimar la
misma como prueba indiciaria de responsabilidad de la señora Maritza Orozco
Paima, en donde el hecho indicador es su reconocimiento de responsabilidad al
interior del proceso penal -el cual se construyó a través de los demás medios
probatorios- y el hecho indicado que se infiere es la compra de votos que se
encontraba ejecutando.

72.
La Corte Suprema de Justicia ha admitido en diferentes pronunciamientos la
validez probatoria de las manifestaciones de responsabilidad al interior de otras
actuaciones procesales, siempre que las mismas se hayan efectuado de manera
libre y sin coacción64. Específicamente, en procesos de responsabilidad disciplinaria
que consagran libertad probatoria para lograr averiguar la verdad material -
responsabilidad o no del sujeto disciplinable-65, dicha autoridad, en asuntos de su
competencia ha precisado que se puede valorar como prueba el contenido de la
audiencia del principio de oportunidad dada en el marco de actuaciones penales,
por los mismos hechos, sin perder de vista que cada proceso es autónomo e
independiente y teniendo en cuenta que como otro medio de prueba, puede ser
controvertida en el transcurso de la actuación66.

64
Radicado No. 53.404 decisión de 5 de diciembre de 2018. MP: Eyder Patiño Cabrera.
65
“Artículo 131 de la Ley 734 de 2002. Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”.
66
Por medio de la acción de tutela, se ha demandado bajo el defecto fáctico y procedimental, providencias judiciales que han
valorado lo manifestado en las audiencias que dan aplicación al principio de oportunidad dentro de actuaciones penales, en
procesos de responsabilidad disciplinaria y se ha indicado que: “(…) en el derecho disciplinario si se puede emplear como
prueba el principio de oportunidad que le fue concedido en el proceso penal No 1100160005522015800-01, adelantado por
la Fiscalía 22 Especializada de la Unidad Nacional Anticorrupción de Bogotá y que fue allegado a la investigación e
incorporado en audiencia de pruebas y calificación del 3 de septiembre de 2017, por lo tanto se le debe aclarar al apelante
que la acción disciplinaria de los abogados, es muy distinta a la acción penal y se ejerce de manera autónoma e independiente,
no obstante el artículo 85 de la Ley 1123 de 2007 nos dice cuáles medios de prueba son admisibles, validos e idóneas,
debiendo resaltarse que pueden ser controvertidas en el trascurso de la actuación, sin que se hubiera hecho. Es decir, si bien
es cierto que el derecho disciplinario tiene diferentes fines a las del derecho penal, no por esta razón la sanción disciplinaria
no cumple con sus funciones previstas en la Constitución y la Ley. Lo que equivale a decir es que en las diferentes audiencias
el disciplinado en ningún momento controvirtió la prueba allegada por la Fiscalía 22 Especializada de la Unidad Nacional
Anticorrupción, ni los tacho de falso, pues siempre su defensa se refería a los casos que confesó en esa oportunidad, por lo
tanto el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía General de la Nación, no lo desconoció el disciplinable. De modo
que han sido válidamente recaudos y objeto de contradicción en este proceso, razón por la cual, podían ser utilizadas
para basar en ellos la sentencia hoy recurrida.

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73.
En este punto, la Sala encuentra necesario precisar, que si bien bajo las reglas
del proceso penal, así como en el marco de los fines que persigue la sanción penal,
no se logra predicar la responsabilidad en esa materia del investigado, tal
circunstancia no extingue ni limita las funciones de prevención y corrección por
medio de las cuales se garantiza la efectividad de la función pública de cara a la
potestad punitiva del Estado que recae sobre los servidores públicos frente al
desempeño de sus deberes especiales, en el marco de la responsabilidad
disciplinaria. Es decir, la determinación o no de la responsabilidad penal del
disciplinado no ata el juicio que efectúa el juez en el régimen del derecho
disciplinario, en la medida que los fines y funciones que consagran ambas formas
del ejercicio del ius puniendi del Estado son disímiles.

Por tales motivos, la Sala disiente del reproche expuesto por la disciplinada. Se
74.

considera razonablemente valorado el contenido de la audiencia del principio de
oportunidad, de conformidad con las reglas de la sana crítica en comunidad con las
demás pruebas en que se basaron las conclusiones disciplinarias.

75.
En cuanto al cargo formulado por la disciplinada en relación con el supuesto
cercenamiento de las pruebas de descargo -los testimonios de Mary Danna
Sánchez Huani y Olga Damaso Cahuache-, la Sala encuentra que tal como lo
concluyó la autoridad disciplinaria, el contenido de dichos medios probatorios no
logra desacreditar la situación fáctica construida a partir de los demás elementos de
evidencia que sirvieron para la corroboración de la responsabilidad de la
disciplinada.

76.
A su vez, la motivación expuesta por la Procuraduría para justificar la exclusión
probatoria de dichos testimonios fue suficiente, en la medida en que expuso las
afirmaciones de las testigos sobre las cuales consideró que incurrieron en
contradicciones, vacilaciones y omisiones en la información que proporcionaron.

77.
Revisadas las diligencias testimoniales que se practicaron con las mencionadas
señoras (párrafo 60 y 61); especialmente, sobre la descripción proporcionada por
las testigos en relación con lo sucedido en la diligencia de allanamiento y registro
efectuada en la vivienda de la señora Maritza Orozco Paima, corresponde a una
información que no contribuye a la averiguación de lo que estaba ocurriendo
verdaderamente en dicho lugar y por ende, tampoco cumplimentan su finalidad
relativa a constatar que la aquí involucrada no estaba ejerciendo la conducta
reprochada.

78.
La información dada por las testigos carece de utilidad probatoria, en la medida
que no contribuyen a la corroboración de la hipótesis en cuestión. Las testigos
abiertamente manifiestan que por la aglomeración de personas que había en la
vivienda de la señora Maritza Orozco Paima no pudieron observar nada, aunado a
que no se tiene certeza si realmente conocieron o presenciaron los hechos; por
ejemplo, no conocían sobre la totalidad de los capturados de ese día, ni el
procedimiento efectuado por la policía, ni tampoco dieron datos completos y creíbles
sobre la descripción de la vivienda en la que se encontraban. Por ende, no tienen la
entidad suficiente para desvirtuar la construcción de los hechos efectuada a partir

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de los demás medios de prueba, los cuales si sirvieron para corroborar que el día
en que se efectuó la diligencia de allanamiento y registro, la aquí disciplinada se
encontraba comprando votos.

79.
La señora Mary Danna Sánchez Huani, pese a que afirmó que se encontraba en
la vivienda para el momento de la diligencia de allanamiento, indicó que no logró
apreciar directamente lo que hicieron los funcionarios de la policía en la vivienda de
la señora Orozco Paima, dado que había demasiadas personas en el lugar. Expresó
que se encontraban esperando los resultados de las votaciones y que de ese día
apreció que capturaron a la señora Maritza Orozco y que desconoce todo lo demás,
en razón a que es una persona muy humilde que no tiene televisor ni radio.

80.
Por su parte, la testigo Olga Damaso Cahuache indicó que estaba presente en la
vivienda de la aquí disciplinada el día de los hechos, que ella presenció todo lo que
sucedía ese día y que le constaba que no estaban “dando plata ni nada” y que se
encontraban en ese momento haciendo un sancocho. Respecto de la diligencia de
allanamiento y registro indicó que no se dio cuenta de nada de lo efectuado por la
policía, que solo evidenció cuando capturaron a la señora Maritza Orozco Paima.

81.
Bajo tal panorama, la Sala comparte la exclusión probatoria que efectuó la
Procuraduría sobre estos testimonios, ya que las declarantes no pudieron darse
cuenta de lo sucedido en la vivienda de la señora Maritza Orozco Paima, y en ese
sentido, no puede considerarse como cierto o probable que se hayan dado cuenta
si se estaba comprando votos o no en el lugar. Por tales motivos, la información que
proporcionaron no puede ser valorada a efectos de averiguar si la señora Maritza
Orozco es o no responsable de la compra de votos.

82.
Lo anterior es así, también por las resultas de la valoración probatoria en conjunto
de los demás medios obrantes en el plenario. Se conoció que la investigación penal
en contra de la señora Maritza Orozco Paima inició con una denuncia anónima, a
partir de la cual una persona informó a la Policía Judicial sobre el día, modo y lugar
en que se estaría realizando la conducta de compra de votos; información que fue
corroborada en su totalidad por la Policía Judicial en la diligencia de allanamiento y
registro efectuada, en donde encontró que efectivamente, sobre las horas
indicadas, en la vivienda señalada se encontraban más de 50 personas, esperando
obtener dinero por parte de la mencionada Concejal por prometerle su voto a ella.

83.
No emerge duda de lo consignado en los informes FPJ-1,11,14,12,18 de la
Policía Judicial, pues la información allí proporcionada no expone hipótesis
contradictoria. Especialmente el relato de los hechos consignado en los informes
FPJ-14- y FPJ-18- (párrafos 44 a 46 y 48) coinciden con la grabación aportada a
este proceso de 2 minutos y 4 segundos de la diligencia de allanamiento y registro
efectuada (párrafos 58 a 60).

84.
Los informes referidos relatan los siguientes sucesos: i) al momento de llegar a
la vivienda, los uniformados encontraron una gran concentración de personas
(aproximadamente 60); ii) dichos servidores se identificaron como miembros de la
Policía Nacional e informaron que iban a efectuar una diligencia de allanamiento y

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registro; iii) uno de los funcionarios que ingresó hasta el fondo de la vivienda
sorprendió en una de las habitaciones del primer piso a la señora Maritza Orozco
Paima, quien tiró al suelo un fajo de billetes y un cuaderno, entró en pánico y
llorando incitó a las personas para que desalojaran a los policías; iv) un hombre
llamado Cosme Liz Cardozo entorpeció la labor de la policía judicial y abrió la puerta
de manera forzada para evacuar a todas las personas que se encontraban en la
vivienda; y, v) se encontraron a dos hombres en el segundo piso con unas bolsas
negras cuyo contenido era “marihuana y derivados”.

85.
El video que se efectuó sobre la diligencia de registro y allanamiento, desde la
entrada de la vivienda, permite apreciar con claridad que en efecto se encontraron
en la vivienda de Maritza Orozco Paima el número aproximado de personas que
indicaron los funcionarios; se escucha que al momento de llegar ellos se presentan
como miembros de la Policía Nacional; se ve a un hombre que desacata la orden
del funcionario y abre la puerta de manera forzada y empieza a indicarle a las
personas que salgan del lugar, suceso correspondiente con la descripción del
comportamiento de Cosme Liz Cardozo Catachunga que se reportó en los referidos
informes; en la grabación se alcanza a observar a dos hombres que se asoman por
la ventana del segundo piso y que corren moviendo algún objeto que no se logra
ver desde el ángulo de la grabación, empero, coincide con el hallazgo anotado en
el informe de los dos hombres que estaban en el segundo piso tirando unas bolsas
negras cuyo contenido se verificó posteriormente que correspondía a “marihuana y
derivados”; en el minuto 1 con 17 segundos se escucha en la grabación a una mujer
que llora y emite afirmaciones -que no se entienden- pero se denota su conmoción
y desespero, al gritar a las personas de la vivienda, circunstancia que concuerda
con el relato del policía Alexander Collado, quien reportó que la señora entró en
pánico, empezó a llorar e incitó a las personas a salir de la vivienda; finalmente, se
observa que cuando salieron todas las personas se formó casi una “estampida”, tal
como lo anotaron los funcionarios.

86.
Otro aspecto relevante para destacar de la grabación es que evidenció las voces
de varias mujeres que salían de la vivienda y le informaban al policía que estaban
preparando un chocolate; al confrontar tales afirmaciones con los dichos de las
testigos de descargo al respecto, la señora Mary Danna Sánchez Huani adujo que
solo estaban esperando el resultado de las elecciones y la señora Olga Damaso
Cahuache indicó que se encontraban en la vivienda haciendo un sancocho, para lo
cual explicó que unas mujeres se encontraban pelando plátanos y otras cocinando.
Adicional a ello, en el minuto 2 con 24 segundos de la grabación, se alcanza a tener
una imagen de la cocina, de la que se aprecia que la estufa está absolutamente
vacía y no da cuenta que se estuviere cocinando o efectuando alguna labor para
preparar alimentos, así mismo, las personas que se observan en el video, no se
encuentran tomando chocolate, ni consumiendo alimentos. En ese contexto, es
dable desacreditar lo expuesto por las testigos de descargo sobre lo que se
encontraban haciendo en la vivienda de la señora Maritza Orozco.

87.
Bajo el anterior análisis, la aglomeración de personas que se encontraba en la
vivienda de la señora Maritza Orozco no se encuentra justificada, en la medida que
no parecían reunidas con motivo de reunión social para almorzar o desayunar, ni

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tampoco se avizora del material probatorio una razón diferente a la proporcionada
por el denunciante anónimo y los hallazgos anotados por la Policía en el
allanamiento, que dan cuenta que se encontraban allí para comprar votos; ni
siquiera otra explicación fue ofrecida por la misma señora Maritza Orozco o el señor
Liz Cosme Cardozo en la diligencia de allanamiento o al momento de su captura,
pues cuando fueron indagados guardaron silencio y no emitieron observaciones
sobre lo sucedido, según se anotó en el informe de allanamiento y registro FPJ-18-
(párrafo 18).

88.
La Sala desestima la credibilidad y utilidad probatoria de los testimonios de
descargo, en la medida que al contrastarlos con los demás medios de prueba,
dichos testimonios no logran controvertir o poner en duda la tesis fáctica que ofreció
el resto del material probatorio.

89.
Así las cosas, la Sala considera que la autoridad disciplinaria no incurrió en
ningún error de hecho o derecho en la apreciación y valoración de las pruebas que
pudiere estructurar la causal consagrada en el numeral 2° del artículo 238C de Ley
1952 de 2019. Por el contrario, se constata que la decisión de segunda instancia
proferida por la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos de Elección Popular, se
efectuó con base en la valoración individual y en conjunto de las pruebas allegadas
al proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que permitió establecer
la existencia de la conducta reprochada y la responsabilidad de la sancionada.

90.
Además de ello, se precisa que el régimen probatorio aplicable en el proceso
disciplinario está regulado en los artículos 147 a 160 de la Ley 1952 de 2019,
disposiciones que consagran, entre otros aspectos, la necesidad y carga de la
prueba, la libertad de medios de prueba, el principio de contradicción y las reglas de
valoración. En este sentido, la Sala constata que las autoridades disciplinarias
adelantaron la etapa probatoria en armonía con lo previsto en la normativa
mencionada67.

Error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los
principios de proporcionalidad y razonabilidad

91.
La Ley 734 de 2002 consagró como fines de la sanción disciplinaria prevenir,
corregir y garantizar la efectividad de los principios previstos en la Constitución
Política, la Ley y los tratados internacionales que regulen el ejercicio de la función
pública68; así mismo, dispuso que dicha sanción debe responder a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, de ahí que debe dosificarse en correspondencia
a la clasificación de las faltas previstas en los arts. 48 y 50, a saber, en gravísimas,
graves o leves, y a su vez, la graduación debe observar los criterios fijados en el
artículo 47.

92.
Las faltas gravísimas son aquellas conductas que el legislador ha definido como
de máxima reprochabilidad, son taxativas y están expresamente definidas en la ley
(art. 48 ibidem) y tienen su sanción fijada en el artículo 44, numerales 1 y 2, a saber,
67
Actuaciones descritas en pie de página 12.
68
Artículo 16.

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“destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima” y “suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial
para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas”. Por su parte, las faltas graves
y leves son tipos abiertos, sin conductas definidas en la ley, atadas en su valoración
a los complementos normativos que integren las disposiciones relativas a los
deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
93.

Popular, previo a imponer la sanción a la disciplinada calificó la falta cometida a
partir de desarrollar un estudio acerca de su tipicidad e ilicitud sustancial. Determinó
que la conducta en cuestión se adecuaba objetivamente a un comportamiento
descrito en la ley penal, en el artículo 390 bajo el título de “Corrupción de
Sufragante” que reza:

“El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o
entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un
determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o
se abstenga de hacerlo […]”.

94.
Para adecuar la conducta en la que incurrió la señora Maritza Orozco Paima al
anterior tipo penal, la autoridad disciplinaria detalló los elementos de este (sujeto
activo, verbo rector, ingredientes normativos y elemento subjetivo), en contraste a
la cometida en el caso concreto, así:

95.
Bajo tales consideraciones, la Procuraduría concluyó que el comportamiento
reprochable ejecutado por la aquí disciplinada se encuadraba en la conducta descrita

28

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

en la ley penal, en el artículo 390; de manera que coincide con la falta gravísima, de
la que trata el artículo 48.1 del Código Único Disciplinario69.

96.
En cuanto a la ilicitud sustancial, señaló que de acuerdo con el cargo que
desempeñaba la servidora pública como concejal municipal de Leticia, su
comportamiento debía observar la moralidad administrativa consagrada en el artículo
209 de la Constitución Política como principio de la función pública. Indicó que el
acervo probatorio conducía a que la falta debía imputarse a Maritza Orozco Paima
por su participación en la compra de votos con dinero, desconociendo el principio de
moralidad que reviste la función pública, y que se demanda sobre todo de aquellos
servidores públicos que son elegidos por la confianza popular. Además de ello, bajo
el cargo que desempeñaba la aquí disciplinada, debía comprender que la conducta
que estaba realizando era ilegal, apartándose injustificadamente de las funciones
propias de su cargo y de los postulados constitucionales que rigen a los servidores
públicos; de ahí que su actuar debía enmarcarse en la modalidad del dolo.

97.
Por otro lado, la decisión de primera instancia emitida por la Procuraduría Regional
de Juzgamiento definió los atenuantes y agravantes que procedía aplicar en el caso
concreto. Tal autoridad disciplinaria determinó la improcedencia de los atenuantes
relativos a: i) la diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de
la función o la ausencia de antecedentes; ii) la confesión de la falta; iii) haber
resarcido el daño compensado o causado por iniciativa propia; iv) haber devuelto,
restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de
la falta. Tuvo en cuenta como criterio atenuante el hecho que la disciplinada no
hubiere sido sancionada fiscal o disciplinariamente en los 5 años anteriores a la
comisión de la conducta investigada. Respecto de los criterios de agravación de la
sanción, descartó la aplicación de: i) haber atribuido la responsabilidad infundada a
un tercero; ii) pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la entidad pública; iii)
ejecutar la conducta constitutiva de falta por recompensa remuneratoria. Tuvo en
cuenta como criterios agravantes de su sanción i) el grave daño social de la
conducta; ii) la afectación a derechos fundamentales; iii) el conocimiento de la ilicitud
y iv) la naturaleza de los perjuicios.

98.
Con la anterior exposición de motivos, la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos
de elección popular confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, en el
sentido de imponer a Maritza Orozco Paima la sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años por la falta gravísima cometida a título de dolo, en
virtud del artículo 48.1 del Código Único Disciplinario.

99.
El reproche formulado por la disciplinada en contra de la dosificación de la
sanción se concretó en que aquella se impuso sobre la base de una carente
motivación relativa a la necesidad e idoneidad de la misma, no consideró los
atenuantes y omitió ponderar la calificación que se efectuó en el proceso penal de
su conducta como de mínima lesividad, bajo la aplicación del principio de
oportunidad, pues la Procuraduría adujo que con la conducta reprochada incurrió

69
“ARTÍCULO 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
“1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

29

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

en un grave daño social, de ahí que le impuso una sanción de destitución e
inhabilidad para desempeñar cargos públicos por 10 años.

Esta Sala encuentra que le asiste razón a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
100.

de Servidores Públicos de Elección Popular al confirmar la sanción disciplinaria
impuesta en contra de Maritza Orozco Paima. De acuerdo al análisis probatorio
efectuado en este caso, correspondía adecuar objetivamente la conducta
reprochable ejercida por Maritza Orozco Paima a la descrita en la Ley penal en el
artículo 390, en virtud del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002; de ahí que, al
subsumirse en un tipo penal y bajo el panorama expuesto, la calificación de la
conducta no obedecía a un criterio de la autoridad disciplinaria, sino que debía
observar las consecuencias previstas en la ley fijadas para las faltas gravísimas.

Cabe precisar que la antijuricidad sustancial de la conducta supone sancionar
101.

conductas contrarias a derecho, varias de ellas regladas en forma directa en el
derecho disciplinario, otras bajo enunciados amplios, pero que de cualquier manera
encajan en los supuestos de tipicidad del tipo disciplinario, con la entidad de afectar
la función pública, esto es, del adecuado funcionamiento del Estado y la
consecución de sus fines70. Así mismo, por los fines del derecho disciplinario, la
imposición de la sanción tampoco demanda necesariamente un resultado dañino o
lesivo al Estado, como sí se reclama en el derecho penal, pues en materia
disciplinaria basta con que se afecte el deber funcional y los fines del Estado71.

Aunado a ello, la norma en desarrollo también precisa que para la procedencia
102.

de la sanción disciplinaria, la conducta antijurídica que afecta el deber funcional
supone carecer de justificación; es decir, que el comportamiento no se encuentre
excusado por alguna de las causales de exclusión de responsabilidad previstas en
el artículo 28 ibidem.

103.
En el presente caso, la apreciación de la conducta en la modalidad del dolo
obedeció al análisis efectuado bajo la ilicitud sustancial del comportamiento
desarrollado por Maritza Orozco Paima. La autoridad disciplinaria determinó que la
misma contravino los principios constitucionales que rigen la función pública -
moralidad administrativa-, así mismo, consideró que la disciplinada conocía de la
ilicitud de su comportamiento y, pese a ello la ejecutó sin ninguna causal de
exclusión de responsabilidad.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala comparte el análisis efectuado por la
104.

autoridad disciplinaria, al determinar la ilicitud sustancial de la conducta y la
categorización bajo la modalidad del dolo. Por tanto, la determinación de la sanción
70
Sobre el particular, la Corte Constitucional al examinar el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, que desarrolló el concepto de
ilicitud sustancial en materia disciplinaria, expuso que: “[…] las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la
conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento
de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber
funcional de quien tiene a su cargo una función pública.
“El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad
de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que
origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho
deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al
origen de la antijuricidad de la conducta […]”.
71
En lo que respecta al concepto de deber funcional, la jurisprudencia de esta Corporación, lo ha definido como: “[…] (i) el
cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii)
garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales [...]».

30

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Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

a imponer supone en primer lugar haber calificado la conducta conforme al régimen
legal y los criterios jurisprudenciales, tal como ocurrió en el presente caso.

Así mismo, la Sala encuentra que la dosificación de la sanción impuesta por la
105.

autoridad disciplinaria comprendió: i) las clases de sanciones dispuestas en el
artículo 44, bajo el que se prevé en el numeral 1° que a las faltas gravísimas dolosas
debe imponerse destitución e inhabilidad general; ii) el límite de las sanciones
previsto en el artículo 46, en el que se dispone que la inhabilidad general será de
10 a 20 años y iii) la totalidad de criterios consagrados para su dosificación como
atenuantes y agravantes de los que trata el artículo 47 de la Ley 734 de 2002,
replicados en la Ley 1952 de 2019.

En ese sentido, se destaca que, pese a los 3 agravantes que tuvo en cuenta la
106.

autoridad disciplinaria, la sanción que impuso a Maritza Orozco Paima por una falta
gravísima dolosa, correspondió a la menos gravosa según la clase de sanción a
imponer para esa clase de falta, esto es, destitución e inhabilidad general de 10 a
20 años.

Respecto al desconocimiento de la calificación de la falta como de mínima
107.

lesividad efectuada en el proceso penal, se recuerda de nuevo que el régimen de
responsabilidad disciplinario es independiente y disímil al consagrado en el sistema
penal. Esta distinción se manifiesta en las finalidades, funciones y sanciones
consagradas para cada forma de ejercicio del ius puniendi del Estado.

Por un lado, el derecho penal tiene su génesis en el propio modelo del Estado
108.

Social de Derecho que bajo el interés general y el orden social, ante la afectación
de bienes jurídicos, sacrifica el derecho a la libertad y el ejercicio de otros derechos
fundamentales del infractor de la ley penal; por ende, tal ejercicio punitivo está
sometido a claros límites, con la idea definida de entender que cualquier forma de
intervención en las libertades del individuo debe estar plenamente legitimada y
justificada. En ese sentido, su carácter es de última ratio y al estar observado en un
Estado fundado en la dignidad humana y la autonomía de las personas, no se debe
amparar bienes jurídicos de menor jerarquía que la libertad personal, a través de la
pena que consagra este régimen de responsabilidad.

En ese contexto, es válido considerar en el ámbito del derecho penal que la
109.

conducta ejercida por Maritza Orozco Paima sea de mínima lesividad y, por ello, la
consecuencia inscrita en el tipo penal que describe su conducta -Artículo 390 CP.
Corrupción de Sufragante-, corresponda a una pena privativa de la libertad menor -
de 4 a 8 años-. Bajo esa comprensión es que resultó aplicable en la actuación penal
el beneficio consagrado como Principio de Oportunidad, pues ante una penalización
que compromete el ejercicio de sus derechos fundamentales como el de la libertad,
por el bien jurídico que se protege -mecanismos de participación democrática-
podría devenir en ciertos eventos, en una medida innecesaria y desproporcionada 72.

72
En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-647 de 2001 precisó: “El derecho penal en un Estado democrático
sólo tiene justificación como la última ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados”,
por lo cual, “la utilidad de la pena, de manera ineluctable, supone la necesidad social de la misma; o sea que, en caso contrario
la pena es inútil y, en consecuencia, imponerla deviene en notoria injusticia”.

31

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Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

En cambio, bajo la óptica del derecho disciplinario, en donde la finalidad de la
110.

sanción del régimen de responsabilidad es garantizar la realización propia de los
fines del Estado a través de la vigilancia y corrección del ejercicio de la función
pública que desempeñan los servidores estatales y algunos particulares, la
conducta ejercida por Maritza Orozco Paima se califica como gravosa y así está
previsto en este sistema punitivo, en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, norma
vigente hoy en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019.

111.
Así las cosas, la Sala considera que la dosificación de la sanción disciplinaria
efectuada por la autoridad disciplinaria, además de observar los criterios legales
fijados para el efecto, es razonable y proporcional, pues valoró la transgresión a la
moralidad pública que deben observar los servidores públicos, en particular aquellos
que son elegidos mediante el voto popular.

Con tal motivación, la Sala concluye que no se configuró la causal de revisión
112.

consagrada en el numeral 5° del artículo 238C de la Ley 1952 de 2019.

Revisión de configuración de nulidad bajo las causales del artículo 137 del
CPACA

• Normativa aplicable en el caso concreto

El hecho que dio origen a la acción disciplinaria contra Martiza Orozco Paima -
113.

compra de votos- tuvo lugar el 27 de octubre de 2019. Si bien la Ley 1952 de 2019
“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley
734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el
derecho disciplinario”; en su artículo 265 -en su redacción original-, señaló que “[l]a
presente ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación
(…)”, lo cierto es que el plazo de entrada en vigor de esta ley se prorrogó hasta el 1
de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”'; por manera que las normas sustanciales a las que debía sujetarse el
trámite sancionatorio adelantado y los fallos disciplinarios que se revisan, son las
del ordenamiento vigente al momento de la ocurrencia del hecho investigado, esto
es, la Ley 734 de 2002.

114.
Sobre el procedimiento aplicable, el artículo 7 de la Ley 734 de 2002 señala que
“[l]a ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la
sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a
regir, salvo lo que la misma ley determine”. Precisamente, la Ley 1952 de 2019 fijó
las reglas para su entrada en vigor, y señaló en su artículo 263 transitorio que, salvo
que se hubiese producido notificación del pliego de cargos o instalada audiencia del
proceso verbal (lo que no había ocurrido en el caso concreto, párrafo 3) “se aplicará
el procedimiento previsto en esta ley”.

En la sentencia C -939 de 2002, expuso: “Como se explicó, en aparte anterior, la razón de estos límites materiales al derecho
penal es que éste implica una afectación muy intensa de la libertad de las personas, por lo cual, sólo se justifica su presencia
cuando se trate de amparar bienes jurídicos de mayor trascendencia que la propia libertad”.

32

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

115.
Revisada la actuación administrativa disciplinaria en su conjunto, se observa que
los operadores de primera y segunda instancia aplicaron en los aspectos
sustanciales, el CDU (Ley 734 de 2002) y, con base en las disposiciones adjetivas
del CGD (Ley 1952 de 2019): i) tramitaron el asunto bajo el procedimiento que
correspondía -ordinario- (artículo 225A del CGD), tal como se señaló en el auto que
avocó conocimiento (ver pie de página 12); (ii) preservaron la separación entre las
etapas de instrucción y juzgamiento -artículos 92, 203, 208, 211, 220 y 225 del CGD-
; (iii) analizaron la satisfacción de los elementos de la responsabilidad disciplinaria
• tipicidad (artículo 4 del CDU), antijuridicidad (artículo 5 del CDU), culpabilidad
(artículo 13 del CDU) y ausencia de causales de exclusión de responsabilidad
(artículo 28 del CDU)-; (iv) realizaron el juicio de subsunción de la conducta a la
descripción típica de la norma -artículo 48, numeral 1° del CDU-; (v) impusieron la
sanción pertinente -artículo 45 del CDU- y efectuaron la graduación de la falta -
artículo 47 del CDU-, previa aplicación de los criterios de agravación y atenuación
previstos en dicho cuerpo normativo.

En ese orden de ideas, los fallos disciplinarios que se revisan fueron expedidos
116.

como resultado de un procedimiento respetuoso del régimen jurídico aplicable y, en
este aspecto, se estiman ajustados a derecho.

• Competencia funcional de las autoridades disciplinarias

El Decreto Ley 1851 del 24 de diciembre de 202173 modificó las competencias
117.

disciplinarias de la Procuraduría consagradas en el Decreto Ley 262 de 2000, con
el fin de armonizarlas con la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento
introducidas por la Ley 1952 de 2019; en virtud del mismo, se asignó a las
procuradurías delegadas de instrucción la competencia para adelantar el
procedimiento hasta la notificación del pliego de cargos o el auto de archivo; y, a las
procuradurías delegadas de juzgamiento, la competencia para “[c]onocer de la
etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas
de instrucción”74.

De otro lado, en los términos del artículo 22, numeral 3, literal b) del referido
118.

Decreto Ley, corresponde a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular: “[c]onocer de los recursos de apelación y de queja, al
igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se
presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los
procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones
contra servidores públicos de elección popular”.

En el asunto que se revisa, hasta la apertura de indagación preliminar la
119.

actuación fue adelantada por la Procuraduría Regional de Amazonas (auto de 10
de febrero de 2020)75. Con la entrada en vigencia del Decreto Ley en mención, la
Procuraduría Delegada de Instrucción (Procuraduría Regional de Instrucción de

73
Norma vigente para cuando se formuló pliego de cargos en la presente acción disciplinaria -31 de agosto de 2023-.
74
Artículos 12 y 13 del Decreto Ley 1851 de 2021, que adicionaron los artículos 25 y 25A del Decreto Ley 262 de 2000.
75
Página 8 del expediente disciplinario.

33

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Amazonas) dio apertura de la investigación disciplinaria el 6 de junio de 202276 y
culminó la fase de instrucción; en auto de 10 de octubre de 2023, se remitió por
competencia el proceso disciplinario a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de
Juzgamiento (Procuraduría Regional de Cundinamarca), para que adelantara la
etapa de juzgamiento, de conformidad con: i) el artículo 3° de la Ley 2094 de 2021
que ordenó separar las funciones de instrucción y juzgamiento dentro de los
procesos disciplinarios, ii) la Resolución 207 de 2021 que dispuso asignar y
distribuir las funciones jurisdiccionales disciplinarias en primera y segunda instancia,
iii) el Decreto Ley 1851 de 2021 que reconfiguró las competencias fijadas en el
Decreto 262 y 265 de 2000 y iv) Resolución 113 de 8 de abril de 2022 que distribuyó
y asignó de manera transitoria la competencia en materia de instrucción y
juzgamiento, especialmente, en su artículo 3.11 que asignó a la Procuraduría
Regional de Cundinamarca la competencia de la circunscripción territorial de las
Procuradurías Regionales de Instrucción de Amazonas y Cundinamarca.

Finalmente, se dictó sentencia de primera instancia por parte de la Procuraduría
120.

Regional de Juzgamiento de Cundinamarca y la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
decidió en segundo grado el trámite sancionatorio. En tal orden de ideas, las
autoridades disciplinarias que expidieron las decisiones en el curso procesal, así
como las sanciones objeto de revisión eran funcionalmente -y materialmente, según
quedó establecido en acápite previo- competentes para el efecto.

• Expedición de forma irregular: observancia de los requisitos
sustanciales de la formación de la sanción disciplinaria

La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la responsabilidad
121.

disciplinaria “surge cuando se comprueba la concurrencia de ciertos elementos
sistemáticamente organizados entre sí. Esto, se expresa en una estructura que ha
sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de cinco categorías a
saber: (i) la capacidad, (ii) la conducta, (iii) la tipicidad, (iv) la ilicitud sustancial y (v)
la culpabilidad”77.

Esa estructura dogmática debe ser, de un lado, leída en función de las
122.

previsiones contenidas en la norma -general o especial- que se encuentre vigente
al momento de ocurrencia de los hechos y regule de manera específica los
comportamientos materia de investigación; y, del otro, complementada con otros
elementos que hacen parte del ordenamiento jurídico disciplinario, para que la
revisión integral que se efectúa en esta sede judicial sea omnicomprensiva.

Bajo dicho entendimiento, la Sala abordará, los otros elementos inescindibles a
123.

la adopción de la decisión de la responsabilidad disciplinaria: (i) la condición de
sujeto disciplinable que ostentaba la sancionada y (ii) la prescripción y caducidad
de la acción disciplinaria.

76
Página 48 del expediente disciplinario.
77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6
de febrero de 2020, exp. 3003-17, C.P. William Hernández Gómez.

34

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modificada por la Ley 2094 de 2021

124.
También correspondería analizar en este acápite: iii) la tipicidad de la conducta
investigada y el ejercicio de subsunción típica efectuado por la Procuraduría; iv) la
ilicitud sustancial de la conducta; v) la culpabilidad; vi) la congruencia entre el cargo
imputado y el que sustentó la sanción impuesta; vii) la presencia o ausencia de
eximentes de responsabilidad y viii) la dosificación y proporcionalidad de la sanción.
No obstante, considera la Sala que la revisión de tales elementos se desarrolló bajo
el análisis de la configuración de las causales de revisión 2° y 5° invocadas por la
disciplinada, de manera que, no reiterará las consideraciones ya expuestas.

Respecto del sujeto de la acción disciplinaria, el presente caso se promovió
125.

contra Maritza Orozco Paima. Los elementos probatorios que obran en la actuación
sancionatoria revelan que la referida ciudadana fue elegida Concejal del municipio
de Leticia para el período 2016 a 2019 por el partido Conservador Colombiano78.

El artículo 25 de la Ley 734 de 2002 refiere como destinatarios de esta a los
126.

servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio. A su vez, el
artículo 123 de la Constitución Política dispone que son servidores públicos “los
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

127.
Así, los concejales municipales, como servidores públicos de elección popular,
son sujetos disciplinables en los términos del CDU. En consecuencia, la señora
Martiza Orozco Paima podía ser destinataria de la acción disciplinaria ejercida por
la Procuraduría General de la Nación.

En relación con la prescripción y caducidad de la acción disciplinaria, el artículo
128.

29 del CDU señala que dicha acción se extingue por la muerte del investigado o por
la ocurrencia de la prescripción. Asimismo, el artículo 30 ibidem, modificado por el
artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, dispone que “la acción disciplinaria caducará
si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido
auto de apertura de investigación disciplinaria”, término que empezaría a contarse
“para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las
omisivas cuando haya cesado el deber de actuar”.

A su vez, el artículo en cita consagra que “la acción disciplinaria prescribirá en
129.

cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas”.

En suma -bajo la vigencia del CDU-, la autoridad disciplinaria competente cuenta,
130.

de un lado, con un término de 5 años para proferir auto de apertura de la
investigación, a partir de la ocurrencia de la conducta que se juzga, so pena de que
opere la caducidad de la acción disciplinaria; y, del otro, con 5 años, contados desde
ese auto de apertura de la investigación disciplinaria, para proferir la decisión
correspondiente, después de lo cual se configura la prescripción de la acción.

78
Credencial emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, visible en la página 65 del expediente disciplinario.

35

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Como se aprecia, el legislador no determinó cuál es el acto que interrumpe el
131.

fenómeno prescriptivo. La Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 21 de
mayo de 2019, insistió en la postura unificada79, para señalar que “de acuerdo con
este fallo del 29 de septiembre de 2009, la Sala reitera que la sanción disciplinaria
se entiende impuesta con la expedición y notificación del acto principal que la
contiene, siendo éste el que concluye la actuación administrativa y que se tiene en
cuenta para efectos de la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria”.

Ese criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda de esta Corporación, al
132.

señalar que: “Para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria, la sanción
debe entenderse impuesta con la expedición y notificación del acto administrativo
primigenio, independientemente del momento en que se resuelvan los recursos de
la vía gubernativa cuando se haga uso de ellos”80.

Descendiendo al caso que centra la atención de la Sala, el auto de imputación
133.

formuló un único cargo en torno al siguiente comportamiento: “Corrupción de
sufragante”. La conducta censurada por el ente disciplinario se materializó en un
único momento, debe ser considerada como una falta instantánea constituida por
un comportamiento activo, y el término de caducidad de la acción disciplinaria debe
contarse desde su consumación.

Así, la Procuraduría contaba con un término de 5 años, contados entre el 27 de
134.

octubre de 2019 -fecha en que se ejerció la conducta de compra de votos- y el 27
de octubre de 2024, para dar apertura formal a la investigación. Considerando que
dicho acto procesal se produjo el 6 de junio de 2022 y fue notificado el 21 del mismo
mes y año81, el fenómeno de la caducidad no operó en el caso concreto.

A su vez, en la medida en que los 5 años con los que contaba el ente disciplinario
135.

para expedir y notificar el fallo de primera instancia transcurrirían entre el 6 de junio
de 2022 y el 6 de junio de 2027, y teniendo en cuenta que esa decisión
administrativa fue proferida el 26 de septiembre de 2024 y notificada el 27
siguiente82; el fenómeno prescriptivo tampoco se configuró.

Ahora bien, en este punto es preciso señalar que la Ley 1952 de 2019 (CGD) -
136.

expedida el 28 de enero de 2019-, eliminó el fenómeno de la caducidad de la acción
disciplinaria y modificó la forma de contar la prescripción, de la siguiente manera
(artículo 33): “La acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados para las
faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación, para las de
ejecución permanente o continuada, desde la realización del último acto y para las
omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. La prescripción se
79
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009,
exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ, C.P. Susana Buitrago Valencia.
80
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2019, exp. 3966-14, C.P. William Hernández Gómez. En la
misma línea, la Subsección B precisó, en otra oportunidad: “(…) la jurisprudencia vigente en materia de prescripción de la
acción administrativa disciplinaria, es la contenida en la sentencia de 29 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según la cual, dentro del término de cinco (5) años establecido por el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002 –sin la modificación realizada por la Ley 1474 de 2011-, la autoridad disciplinaria competente
solo debe proferir y notificar el fallo de primera o única instancia. En ese orden argumentativo, bajo la vigencia del artículo 30
de la Ley 734 de 2002, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sus dos subsecciones, ha aplicado la tesis decantada
por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación de jurisprudencia de 29
de septiembre de 2009”; sentencia del 1° de agosto de 2018, exp. 0491-2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
81
Página 58 del expediente disciplinario.
82
Página 259, ibidem.

36

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En
este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la
autoridad disciplinaria tendrá un término de dos años contados a partir del siguiente
día del vencimiento para impugnar la decisión”. Dispuso, así mismo, que en lo
atinente a las faltas relacionadas con el derecho internacional humanitario, la
prescripción será de 12 años.

No obstante, de conformidad con el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el
137.

mencionado artículo 33 entraría a regir, en principio, 18 meses después de su
promulgación, es decir, al 21 de julio de 2020. Sin embargo, el plazo de entrada en
vigor de esta ley se prorrogó, como se precisó, hasta el 1 de julio de 2021 por el
artículo 140 de la Ley 1955 de 2019.

A su vez, el 29 de junio de 2021 se expidió la Ley 2094 que, entre otros, modificó
138.

el artículo 33 del CGD (aunque mantuvo la forma de contar la prescripción -5 años
para notificar el fallo de primera instancia y 2 años más para proferir y notificar el de
segunda instancia-), y señaló que el mismo entraría a regir a partir del 29 de
diciembre de 2023.

Ambas decisiones fueron adoptadas y puestas en conocimiento del investigado
139.

antes de que operara la prescripción en la manera dispuesta por la nueva norma
que alteró la forma de computar su término.

• Otras causales de nulidad de las que trata el artículo 137 del CPACA:

Respecto al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, la Sala no
140.

evidencia que en la presente actuación las autoridades disciplinarias hayan omitido
notificar decisiones, pretermitido oportunidades o etapas procesales que puedan
estructurar esta causal de nulidad. De acuerdo con las actuaciones adelantadas por
las Procuradurías, descritas en el acápite de antecedentes (párrafos 2 a 14), las
decisiones emitidas fueron notificadas en debida forma a la aquí disciplinada.

Respecto a la falsa motivación y la desviación de las atribuciones de quien profirió
141.

el acto administrativo, la Sala no encuentra necesario analizar tales causales, en la
medida que las consideraciones expuestas en la presente providencia dan cuenta
que no están llamadas a configurarse, ni se advierten razones de intervención y
pronunciamiento adicional por parte del juez de la revisión integral.

Así las cosas, en el caso concreto no se encuentra que se haya configurado
142.

alguna causal de nulidad de las consagradas en el artículo 137 del CPACA.

Configuración de las causales de revisión previstas en el artículo 238C de la
Ley 1952 de 2019

Son causales de revisión de las decisiones disciplinarias que impongan
143.

sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de
elección popular, las siguientes:

37

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

“1. Violación directa de la ley sustancial.

“2. Violación de indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba.

“3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.

“4. Por nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

“5. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria, por violación de los principios
de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria.

“6. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión, documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o· por obra
de tercero.

“7. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

“8. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue
determinada por un delito del funcionario que profirió la decisión o de un tercero.

“9. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado se
modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión recurrida.”

En relación con las causales consagradas en los numerales 1, 3, y 4, las
144.

consideraciones esbozadas revelan la ausencia de su configuración, pues el
examen integral de legalidad efectuado sobre los fallos sancionatorios -y la
actuación administrativa que les dio origen- demostró que los mismos fueron
respetuosos de la ley sustancial aplicable, observaron la congruencia debida entre
el pliego de cargos y lo decidido en primera y segunda instancia y están
desprovistos de causal alguna de nulidad.

Frente a la causal 6°, la Sala observa que, de acuerdo con lo analizado y definido
145.

en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, en este caso, no podrían
invalidarse a través de elementos de juicio recobrados o aportados con
posterioridad a su expedición. De cualquier forma, la disciplinada no solicitó ni
aportó elementos probatorios adicionales a los que obran en la actuación
administrativa, cuya finalidad sea la de estructurar la presente causal.

En relación con las causales previstas en los numerales 7 y 8, de la revisión del
146.

material probatorio no se evidenció la presencia de documentos que manifiesten
notoriamente algún defecto que permita considerar su falsedad, pues los
documentos obrantes como elementos de juicio corresponden a los expedientes
custodiados por las autoridades disciplinaria y penal, formados durante el trámite de
los respectivos cursos procesales, bajo los cuales ninguna de las partes estructuró
algún reproche tendiente a tachar de falsa la documentación allí contenida. De ahí
que no se observa que las decisiones sancionatorias se fundamentaron en
documentos falsos. Tampoco, prevalidas de una conducta delictiva por parte de los
operadores disciplinarios correspondientes.

38

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

Respecto a la causal 9°, al momento de expedir la presente decisión, no existen
147.

precedentes de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que deban conducir
a la aplicación de un criterio diferente de aquél en el que se fundamentaron las
decisiones sancionatorias que se analizan, y que impongan su modificación en sede
de revisión.

Finalmente, considera la Sala que el control de validez que hasta aquí se efectuó,
148.

comprende los criterios del análisis integral, definidos por la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, expuestos al inicio del acápite de las consideraciones.

La Sala concluye que las decisiones disciplinarias, objeto de revisión; (i) fueron
149.

expedidas en cumplimiento y con apego a las normas en que debían fundarse, (ii)
atendieron la condición de sujeto disciplinable que ostentaba la ciudadana
sancionada; (iii) fueron expedidas por las autoridades que ostentaban la
competencia funcional para el efecto; (iv) se observó el término de prescripción y
caducidad de la acción disciplinaria; (v) sancionaron una conducta típica,
sustancialmente ilícita y dolosa; (vi) coincidió el cargo imputado y el que sustentó la
sanción impuesta; (vii) no se acreditó causal de eximente de responsabilidad; (viii)
las conclusiones probatorias se justificaron en los elementos de juicio aportados y
(ix) la sanción impuesta fue dosificada acertadamente y conforme a la calificación
de la conducta. Es decir, no se estructuró causal de nulidad contemplada en el
artículo 137 CPACA, ni se configuraron las previstas en el artículo 238C de la Ley
1952 de 2019.

En los términos de la quinta y sexta regla de unificación establecidas en el auto
150.

de 3 de diciembre de 2024, procede el recurso de doble conformidad y su trámite
será el previsto en el artículo 247 CPACA.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 23, administrando justicia y en nombre de
la república de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR ajustado al ordenamiento jurídico el fallo proferido en
segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación el 3 de julio de 2025,
que confirmó el fallo del 26 de septiembre de 2024, proferido en primera instancia
por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca; dictados en el
curso del proceso con radicado IUS-E-2019-687304 / IUC-D-2019-1441038, por las
razones que anteceden. En consecuencia, DECLARAR INFUNDADOS los cargos
de revisión formulados por la señora Maritza Orozco Paima, por las razones aquí
expuestas.

39

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05853-00 (9254)
Recurrente: Maritza Orozco Paima
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021

SEGUNDO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez
ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario
competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link . Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener
acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

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