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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05870-00

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05870-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 19 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 20 Ibidem. 21 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05870-00 Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05870-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-05870-00
Accionante: ARGIRO DE JESÚS CANO ORTÍZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Medellín.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Argiro de Jesús Cano Ortiz solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
tutela judicial efectiva, seguridad social, dignidad humana e igualdad, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 30 de junio de 2023 y 18 de marzo de
2025, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 05001-33-
33-004-2020-00262-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que nació el 3 de junio de 1956 y el 23 de enero de 1978 contrajo matrimonio
con la señora Luz Mariela Ramírez Muñoz, de cuya unión nacieron dos hijas Paola
Andrea y Luz Mariela Ramírez Muñoz de Cano.

2.2. Indicó que la señora Luz Mariela Ramírez Muñoz laboró al servicio de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM desde el 22 de mayo de 1974 hasta el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05870-00
Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

23 de diciembre de 1988 y cotizó un total 750 semanas a pensión, sin embargo, el 23
de diciembre de 1988 falleció.

2.3. Refirió
que el 3 de abril de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, el cual le fue negado mediante la Resolución núm. RDP 020482 de 12
de julio de 2019 y confirmada por la Resolución núm. RDP 027182 de 11 de
septiembre de 2019.

2.4. Señaló que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
05001-33-33-004-2020-00262-00/01 contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

2.5. Afirmó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
sentencia de 30 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y mediante
providencia de 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó
lo resuelto en primera instancia.

2.7. Manifestó que las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra al incurrir en un defecto
fáctico, un desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa de la
Constitución.

2.8. Indicó frente al defecto fáctico que “[…] el juez no valoro (sic) la situación real de mi
poderdante y no dio aplicación a los precedentes de la Corte Constitucional, aunado
a ello aplica normas en contravía de la Constitución política de Colombia, es decir no
beneficio (sic) al demandante en el proceso contencioso […]”.

2.9. Señaló respecto al desconocimiento del precedente que las autoridades “[…]
desconocieron el precedente judicial de la Honorable Corte Constitucional en
sentencia del 28 de febrero del 2020 dictada por el JUZGADO 011 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN […]”.

2.10. Finalmente indicó que se incurrió en una violación directa de la Constitución en
razón a que “[…] el actuar de los accionados se violan normas de índole Constitucional
como es el artículo 53 de Nuestra Carta Política, por cuanto los accionados omitieron
el deber de aplicar las mencionadas sentencias T587A (sic) DE 2012 y T 415 DE 2017
y demás normas concordantes […]” a su vez “[…] no aplicaron los requisitos del test
de procedencia de la Sentencia SU-05 de 2018 de la H. Corte Constitucional […]”.

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Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] AMPARAR los derechos fundamentales del señor ARGIRO DE JESÚS
CANO ORTIZ, MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
TUTELA EFECTIVA DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES, vulnerados en
el proceso De Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho radicado
05001333300420200026200.

DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por la TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - MEDELLÍN que confirmó la
sentencia proveniente del Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín,
en el trámite De Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho.

1. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
• SIN SECCIÓN - ORAL - MEDELLÍN que proceda a dictar una nueva sentencia,
ajustado a la Constitución y la Ley y respetuosa de los derechos fundamentales
del señor ARGIRO DE JESÚS CANO ORTIZ.

2. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 23 de septiembre de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó
como tercero con interés directo en el resultado del proceso a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela, toda vez que el accionante pretende usar el mecanismo de
amparo como una tercera instancia, para lo cual señaló que “[…] el recurso de
apelación del cual realizó análisis la segunda instancia no indicó hechos nuevos, ni
razones por las cuales se considerara sí había lugar a realizar una excepción en el
caso concreto para aplicar de manera retrospectiva la norma sino que se centró en
reiterar que la Ley 100 de 1993 era la más beneficiosa para el demandante y la que
debía ser aplicada […]”.

5.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó se declare la improcedencia
de la acción de tutela, en razón a que la decisión acusada se encuentra ajustada a
derecho “[…] toda vez que, al momento del fallecimiento de la señora Luz Mariela
Ramírez Muñoz, no se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, razón por la cual no

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Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

procede la aplicación del principio de favorabilidad ni la retrospectividad normativa
[...]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe precisar
que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 30 de junio de 2023 y 18 de marzo de 2025, proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia, respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si la providencia
de 18 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue
la que hizo tránsito a cosa juzgada.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante al incurrir presuntamente en un defecto
fáctico, un desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa
de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5

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Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

6

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Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. El señor Argiro de Jesús Cano Ortiz solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la
tutela judicial efectiva, seguridad social, dignidad humana e igualdad, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 30 de junio de 2023 y 18 de marzo de
2025, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 05001-33-
33-004-2020-00262-00/01.

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

19. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

20. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos

10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

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Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
21. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

22. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

23. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

24. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05870-00
Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

25. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

26. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, a la tutela judicial efectiva,
seguridad social, dignidad humana e igualdad por haber incurrido, presuntamente
en un defecto fáctico, un desconocimiento del precedente y en la causal de violación
directa de la Constitución.

27. Indicó frente al defecto fáctico que “[…] el juez no valoro (sic) la situación real de mi
poderdante y no dio aplicación a los precedentes de la Corte Constitucional, aunado
a ello aplica normas en contravía de la Constitución política de Colombia, es decir no
beneficio (sic) al demandante en el proceso contencioso […]”.

28. Señaló respecto al desconocimientodel precedente que las autoridades “[…]
desconocieron el precedente judicial de la Honorable Corte Constitucional en
sentencia del 28 de febrero del 2020 dictada por el JUZGADO 011 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN […]”.

29. Adujo que se incurrió en una violación directa de la constitución en razón a que “[…]
el actuar de los accionados se violan normas de índole Constitucional como es el
artículo 53 de Nuestra Carta Política, por cuanto los accionados omitieron el deber de
aplicar las mencionadas sentencias T587A (sic) DE 2012 y T 415 DE 2017 y demás
normas concordantes […]” a su vez “[…] no aplicaron los requisitos del test de
procedencia de la Sentencia SU-05 de 2018 de la H. Corte Constitucional […]”.

30. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.

31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada a
sus derechos fundamentales”.

32. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad gira en torno a que el Tribunal confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05870-00
Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

33. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la
providencia de 18 de marzo de 2025:

“[…] 4. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la parte demandante pretende el reconocimiento y pago
de la pensión de sobreviviente a la que indica que tiene derecho con ocasión de
la muerte de su cónyuge Luz Mariela Ramírez Muñoz, quien falleció en el año
1988.

El juzgado de primera instancia, en sentencia del 30 de junio de 2023 negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que: (i) como la causante falleció
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no les es aplicable por
favorabilidad dicha normativa ya que no tiene efectos retrospectivos; y (ii) no se
cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para realizar una
excepción y dar aplicación retrospectiva de la norma.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
en el que aduce que, si le es aplicable el principio de favorabilidad de la Ley 100
de 1993, así la muerte del causante se haya dado antes de la vigencia de dicha
normativa porque así lo ha dicho la Corte Constitucional.

[…]

En cuanto a la retrospectividad de la Ley 100 de 1993, el Consejo de Estado,
desde la rectificación hecha en la sentencia del 25 de abril de 2013, ha sido
claro en indicar que no es procedente darle aplicación a dicha figura porque la
retrospectividad implica utilizar una determinada norma a sucesos anteriores a
su entrada en vigencia, pero que nunca vieron definitivamente consolidada la
situación jurídica que de ellos se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o
no encontraron mecanismo que permitiera su resolución de forma definitiva y
en el caso de la pensión de sobreviviente la situación jurídica se consolida con
la muerte del causante y son las leyes que se encuentren vigentes a ese
momento las que son aplicables y objeto de evaluación de favorabilidad si es
del caso.

Es decir que, tal y como lo manifestó el A quo, el derecho a la pensión de
sobreviviente se causa al momento del fallecimiento del pensionado, y en el
caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobreviviente que
hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento de la señora Luz Mariela
Ramírez Muñoz, en calidad de empleado público, son las que estaban vigentes
al 23 de diciembre de 1988, pues fue cuando se produjo el deceso y por tanto,
es para esa fecha que se evalúa si se consolidó el presunto derecho reclamado.

Así las cosas, como al momento de la muerte de la señora Luz Mariela Ramírez
Muñoz la Ley 100 de 1993, no se encontraba vigente, no es procedente la
aplicación del principio de favorabilidad y mucho menos la aplicación
retrospectiva de dicha normativa.

Se aclara que los pronunciamientos de la Corte Constitucional que se profieren
vía tutela aplican es para cada caso y no constituyen un precedente que varie
la jurisprudencia del Consejo de Estado a la cual se acoge esta Sala y aunado
a ello en la sentencia del primera instancia el a quo realizó el análisis del caso
concreto de cara a los derechos fundamentales del demandante encontrando

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05870-00
Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

que tampoco se cumplieron los requisitos para realizar una excepción y aplicar
retrospectiva de la normatividad que no estaba vigente al momento del deceso
de la esposa del demandante […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del
texto].

34. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la
parte accionante no se observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese
sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del medio de control.

35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19.

36. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”20. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”21.

37. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
20
Ibidem.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05870-00
Accionante: Argiro de Jesús Cano Ortiz

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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