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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05875-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05875-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, por la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05875-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

16 de abril de 2026

Demandante: Ana Rosa García Blanco y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-05875-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05875-01
Demandante: ANA ROSA GARCÍA BLANCO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma el fallo
que denegó el amparo solicitado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 27 de noviembre de 2025, por la cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Con escrito radicado el 19 de septiembre de 20251, la señora Ana Rosa García
Blanco y otros2 presentaron acción de tutela en contra de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, para que se protegieran sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión
de la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada en el proceso de reparación directa identificado con el radicado número
47001-23-33-000-2018-00118-00/01, con la cual revocó el fallo de primera
instancia que había declarado la caducidad del medio de control y, en su lugar,

1
Remitido por correo electrónico con fecha «jueves, 18 de septiembre de 2025 5:41 p. m.»
2
Isabel Mercedes Arévalo García, Luisa Marcela Arévalo García, Orlando Rafael Arévalo Chiquillo,
Juan Andrés Arévalo García, Yeysy Isabel Arévalo García, Rosmery Arévalo Chiquillo, Yolis Beatriz
Arévalo Chiquillo, Elsie Isabel Arévalo Chiquillo, Duvis Marina Arévalo Chiquillo, Olga Paticia
Arévalo Chiquillo y Juan Carlos Ferrer Arévalo (como heredero de la señora Presentación Esther
Arévalo Chiquillo).

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1

Demandante: Ana Rosa García Blanco y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-05875-01

denegó las pretensiones de la demanda.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

MANERA DE REMEDIAR LAS VIOLACIONES

Habiéndose establecido en la Sentencia del 11 de agosto de 2025, expedida por la
Subsección A de la Sección Tercera - Sala de Lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, que en el presente caso de desplazamiento forzado no opera el
fenómeno de la caducidad, se expida un nuevo fallo en que se declare la
responsabilidad administrativa y extracontractual de los demandados:

1.- Porque contrario a cómo piensa el fallo objeto de esta acción constitucional, en
la victimización de los accionante hubo estrecha y evidente participación de agentes
del Estado, como se demostró fehacientemente en el plenario, toda vez que las
autoridades municipales del municipio de Sabanas de San Ángel en este caso
puntual, ocurrido en el contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas de los
derechos humanos en ese lugar, epicentro de operaciones del Bloque Norte de las
AUC, como también se demostró y reconoce el fallo, cohonestaron con el olímpico
despojo de parte de los bienes que consumó el desplazamiento forzado de las dos
familias Arévalo García y de la familia Arévalo Chiquillo.

2.- O, en su defecto, y en el mismo sentido, y como lo ha establecido la
jurisprudencia de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado se dé aplicación
al precedente contenido en varias jurisprudencias de la Corte IDH que contemplan
que la creación legal de las autodefensas generó, con la aquiescencia del Estado
colombiano, el exponencial fenómeno paramilitar, así como también aquellas que
de todos modos le endilga responsabilidad al Estado por el criminal actuar de
terceros con su aquiescencia y que ocasionan violaciones graves de derechos
humanos.

3.- Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa y
extrapatrimonial del Estado, se dé aplicación los artículos 25, 28 y 69 de la Ley
1448 de 2011 que consagran el derecho a la reparación integral de las víctimas y
que aun cuando en el trámite del proceso de reparación directa no se haya podido
establecer el monto o valor del perjuicio por la privación del uso del tractor ni el del
ganado hurtado, por aplicación de la normativa de la misma Ley 1448 de 2011, se
ordene, además del pago de la indemnización por perjuicios morales y violación de
derechos constitucional y convencionalmente amparados, la condena en abstracto.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

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1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que los señores Ana Rosa García Blanco y otros3
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por el homicidio del señor Luis Guillermo Arévalo
Chiquillo, la pérdida de sus bienes y su posterior desplazamiento forzado.

Indicó que en la demanda ordinaria se afirmó que el Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia AUC al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias
«Jorge Cuarenta» ingresó a las fincas «Si me Dejan» y «Las Mercedes», en
jurisdicción de Sabanas de San Ángel (Magdalena) y secuestró, torturó y asesinó
al señor Luis Guillermo Arévalo Chiquillo, hurtó 777 cabezas de ganado y un
tractor marca «Fordson Super Major» de propiedad de Orlando Arévalo Chiquillo
y, finalmente, provocó el desplazamiento forzado de los demandantes.

Agregó que también se mencionó que alias «Jorge Cuarenta» entregó dicho
tractor al municipio de Sabanas de San Ángel y que durante 6 años la Cooperativa
de Servicios Públicos de Sabanas de San Ángel lo utilizó para actividades de
recolección de basuras, entre otras. Este expediente se identificó con el radicado
47001-23-33-000-2018-00118-00.

Precisó que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena
mediante sentencia del 8 de marzo de 2023, declaró la caducidad del medio de
control en atención a que las presuntas omisiones demandadas ocurrieron entre
los años 1996 y 2005, mientras que los demandantes tuvieron conocimiento de
ello por lo menos desde el 10 de enero de 20074, así que el plazo para presentar
la demanda finalizaba el 11 de enero de 2009; no obstante, esta se presentó el 10
de abril de 2018. En esta oportunidad, también se indicó que no se presentaba
ninguna causal que pudiera dar lugar a apartarse a la regla jurisprudencial sobre el
fenómeno de la caducidad, siendo imperativa su aplicación.

Manifestó que presentó recurso de apelación contra la anterior providencia, el cual
resolvió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia del 11 de agosto de 2025, con la que revocó la decisión de primer grado
y en su lugar negó las pretensiones de la demanda. Esto, al considerar que no se
demostraron los elementos para declarar la responsabilidad extracontractual del

3
Ana Rosa García, Isabel Mercedes Arévalo García, Luisa Marcela Arévalo García, Orlando Rafael
Arévalo Chiquillo, Rosmery del Carmen García Barrios (en la acción de tutela se vinculó como
tercera con interés), quien actuó en nombre y representación de su hijo menor de edad Juan
Andrés Arévalo García (presentó la acción de tutela como mayor de edad), Yeysy Isabel García
Arévalo, Rosmery Arévalo Chiquillo, Elsie Isabel Arévalo Chiquillo, Yolis Beatriz Arévalo Chiquillo,
Presentación Esther Arévalo Chiquillo (presentó la acción de tutela su heredero Juan Carlos Ferrer
Arévalo), Duvis Marina Arévalo Chiquillo y Olga Patricia Arévalo Chiquillo.
4
De conformidad con lo dispuesto en el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

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Estado.

Refirió que, respecto de la caducidad, se señaló que entre 2015 y 2018 los
demandantes continuaban en situación de vulnerabilidad, pues acudieron a
instancias públicas con el fin de solicitar el acceso a los apoyos de emergencia
para mitigar las consecuencias adversas derivadas del desplazamiento forzado;
por lo que concluyó que no había operado el fenómeno de la caducidad.

Añadió que también se destacó en la mencionada providencia que, para
demostrar la responsabilidad estatal por los daños causados por grupos armados
ilegales, debía acreditarse al menos un indicio de omisión o tolerancia por parte de
las autoridades competentes o la existencia de un deber concreto de protección
incumplido; sin embargo, los demandantes no lograron demostrar el vínculo causal
entre la conducta estatal y el daño sufrido, limitándose a afirmaciones generales
sobre la expansión del paramilitarismo en el departamento del Magdalena.

El anterior proveído se notificó vía electrónica el 20 de agosto de 2025.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora formuló los siguientes reparos frente a cada autoridad demandada:

1.4.1. Defecto fáctico:

La parte actora indicó que la autoridad judicial demandada omitió la valoración de
pruebas documentales aportadas que demostraban la participación del alcalde del
municipio de Sabanas de San Ángel en los hechos que los victimizaron.

Señaló que el alcalde no solo no protegió los bienes hurtados, sino que fue
cómplice del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en la
expropiación y posterior desplazamiento de las víctimas.

Mencionó que con los documentos anexos a la demanda se probó la participación
del municipio de Sabanas de San Ángel en la expropiación forzada del tractor
hurtado de las fincas «Si Me Dejan» y «Las Mercedes», pues a su juicio, después
de hurtar el tractor «Fordson Super Major», alias «Jorge Cuarenta» entregó dicha
máquina a la administración municipal.

Manifestó que dicho bien fue utilizado por la Cooperativa de Servicios Públicos de
Sabanas de San Ángel en labores de recolección de basura y riego de jardines
municipales, hasta que el 18 de abril de 2007 el municipio lo reintegró mediante
una simple acta de entrega; por lo tanto, a su juicio, el alcalde del mencionado
ente territorial obró como cómplice del grupo paramilitar.

Precisó que con la demanda se aportó la Resolución 115 de marzo 7 de 2012, en
la que la administración municipal dio cuenta de las irregularidades en torno al
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tractor «Fordson Super Major» y con ello se lograba demostrar que el municipio de
Sabanas de San Ángel se benefició del uso del tractor de manera concomitante al
hecho del desplazamiento, lo que a su vez comprueba la complicidad del alcalde
con el actuar criminal de las autodefensas.

Refirió que la existencia del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia AUC y la aquiescencia del Estado con esta organización criminal sí
estaba demostrada en el plenario, así como toda suerte de violaciones graves de
los derechos humanos cometidas de manera sistemática por tal agrupación.

Adujo que en la demanda de reparación directa se documentó que entre 1998 y
2005 alias «Jorge Cuarenta» fue de facto la máxima autoridad en Sabanas de San
Ángel. Para ello, hizo referencia a la sentencia del 31 de julio de 2024 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras, en la que se citó un informe suscrito por el director del Sistema de
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que declaró zona de riesgo el
casco urbano y áreas rurales de dicho municipio.

Agregó que el defecto fáctico también se configuró toda vez que con el informe
268 del 9 de noviembre de 1998 con asunto «investigación, verificación y análisis
del accionar de grupos delincuenciales», se demostraba la aquiescencia del
Estado con las violaciones a Derechos Humanos cometidas por Bloque Norte de
las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en Sabanas de San Ángel.

Indicó que, si bien ese documento nunca llegó al expediente, lo cierto es que este
revela el respaldo institucional a grupos paramilitares por omisión u acción de
agentes estatales.

1.4.2. Defecto sustantivo:

Expuso que el alcalde es la autoridad de policía al mando y está obligado a
conservar el orden público, puesto que la Ley 387 de 19975 le confirió el deber de
proteger los bienes de las víctimas de desplazamiento forzado al alcalde y a los
comités municipales, distritales y departamentales para la atención integral a la
población desplazada por la violencia.

1.4.3. Desconocimiento del precedente:

Adujo que el fallo de segunda instancia dictado en el proceso ordinario desconoció
la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado por violaciones graves de los
derechos humanos cometidas por terceros que actúen con la aquiescencia del
Estado, que fue el contexto dentro del cual ocurrieron los hechos.

5
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia.

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Hizo referencia a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 dictada en
el radicado 050001-23-25-000-1999-01063-01 (expediente 32988), según la cual,
deben ser aplicados los estándares internacionales de protección a derechos
humanos en el análisis de conductas del Estado y sus agentes.

Señaló que en las sentencias de las masacres Ituango y Mapiripán, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declaró como hecho probado no solo la
aquiescencia de las autoridades del Estado colombiano con el fenómeno de las
autodefensas, sino que su creación se dio por disposiciones legales emitidas por
el mismo Estado.

Manifestó que, en la sentencia Comerciantes versus Colombia, la mencionada
corte aludió a la obligación de garantizar y proteger el pleno ejercicio de los
derechos humanos y prevenir la violación de estos por actos cometidos por
terceros que actúan con la anuencia del Estado.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 26 de septiembre de 2025 se requirió a la parte accionante para
que allegara los poderes especiales que legitimaran al apoderado para interponer
la acción de tutela, aclarara el nombre de una de las accionantes e individualizara
a los intervinientes del medio de control de reparación directa 47001-23-33-000-
2018-00118-00/01.

Los actores, a través de su apoderado judicial, aportaron los poderes especiales
requeridos, aclaró que el nombre de la accionante es Duvis Marina6 Arévalo
Chiquillo e individualizó a las partes e intervinientes del medio de control de
reparación directa 47001-23-33-000-2018-00118-00/01.

Por lo anterior, mediante auto de 14 de octubre de 2025, se admitió la acción de
tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar a la autoridad demandada y, en
calidad de terceros con interés, a la señora Rosmery del Carmen García Barrios7,
a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a la Policía
Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Tribunal Administrativo del
Magdalena.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

6
De conformidad con el registro civil de nacimiento.
7
Quien también integró la parte demandante del proceso ordinario, pero no aportó poder especial
para incoar la acción de tutela de la referencia.

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El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia cuestionada
consideró que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, pues se
pretende utilizar como una instancia adicional para reabrir discusiones procesales
que fueron ampliamente tratadas en las dos instancias de la reparación directa.

Expuso que al tratarse de una acción de tutela contra una providencia de alta
corte, la parte tutelante tenía la carga de mostrar una arbitrariedad transversal en
la decisión, por lo que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

De manera subsidiaria, solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela en
caso de considerar que se satisfacen los requisitos de procedencia. Esto pues, a
su juicio, con la providencia demandada no se incurrió en defecto fáctico porque
fue proferida en cumplimiento del precedente judicial en vigor respecto de que, en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, corresponde aplicar criterios
flexibles e indiciarios respecto de los medios de prueba.

Resaltó que en el fallo se tuvieron en cuenta todos los medios contenidos en el
expediente y se concluyó que el daño antijurídico fue resultado del accionar de
una estructura armada ilegal, puntualmente, de un grupo integrante de la
organización paramilitar denominada Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de
Colombia AUC.

Precisó que no resulta posible, ni de manera directa o indiciaria, imputar el daño a
acciones u omisiones concretas y precisas de las autoridades estatales
demandadas, a falta de material de prueba que demostrara la alegada connivencia
o tolerancia estatal con dicho grupo.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Esta entidad solicitó su desvinculación, pues existe falta de legitimación en la
causa por pasiva en atención a que no emitió la providencia acusada y, por tanto,
no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la parte actora.

Mencionó que la acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia, ya que
la parte accionante no logró acreditar los defectos que se configuraron en la
decisión demandada.

1.6.3. Procuraduría Delegada de Intervención 9 ante el Consejo de Estado

Esta autoridad solicitó su desvinculación por considerar que no es un tercero con
interés en esta acción de tutela. Además, porque el Ministerio Público interviene
discrecionalmente en los procesos y ante las autoridades judiciales o
administrativas no como parte o tercero, sino como sujeto procesal especial.

Agregó que dentro del medio de control el agente del Ministerio Público no
intervino ni rindió concepto alguno.
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1.6.4. Fiscalía General de la Nación

Esta entidad consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido
a que no existe relación de causalidad entre las actuaciones de la entidad y la
presunta vulneración de derechos fundamentales, razón por la cual solicitó que se
acepte su desvinculación.

Adujo que la acción de tutela es improcedente, puesto que no cumple con los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional y, además, la parte actora
no sustentó de manera adecuada los defectos especiales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.6.5. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Esta entidad consideró que no existe vulneración de los derechos fundamentales
de los accionantes, pues sus pretensiones dentro del medio de control de
reparación directa se resolvieron de manera desfavorable debido a la ausencia de
pruebas que confirmaran la participación de la Policía Nacional.

Señaló que en la sentencia cuestionada se demostró la inexistencia de los
requisitos para atribuirle una responsabilidad estatal, pues si bien es clara la
producción de un daño antijurídico por el deceso del señor Luis Guillermo Arévalo
Chiquillo y el posterior desplazamiento forzado de sus parientes, no se configuró el
nexo causal entre tales hechos y una acción u omisión por parte de los
funcionarios de la institución policial.

Agregó que la carga de la prueba respecto de la responsabilidad administrativa y
extracontractual de la institución recaía en la parte actora, que no cumplió con
dicha carga.

Afirmó que tampoco se configura un perjuicio irremediable o una amenaza
inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo
transitorio; razón por la que solicitó que se denieguen las pretensiones de la
demanda constitucional.

1.6.6. Tribunal Administrativo del Magdalena

Esta entidad allegó copia del expediente del medio de control de reparación
directa objeto de esta demanda.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado denegó el amparo solicitado.

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Mencionó en el acápite denominado cuestión previa que denegaría las solicitudes
de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional y de la Procuraduría Delegada de Intervención 9 ante el Consejo
de Estado; sin embargo, en la parte resolutiva no emitió orden alguna al respecto.

Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad por los siguientes motivos:

i) Versaba sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales de
personas que tienen la calidad de desplazados por el conflicto armado al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la sentencia
que en la segunda instancia negó las pretensiones de la acción.

ii) La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y en
relación con los cargos presentados por los accionantes no proceden los recursos
extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.

iii) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados.

iv) No se trataba de una tutela contra sentencia de tutela.

En relación con los defectos específicos alegados por la parte actora, el a quo los
resolvió de la siguiente manera:

a) Defecto fáctico:

Sostuvo que este no prosperaba puesto que el texto de la sentencia cuestionada
demostraba que estos medios de prueba sí fueron estudiados, por los siguientes
motivos:

Indicó que en la providencia demandada se dejó claro que se encontraba
acreditado el primer daño antijurídico alegado, en tanto que el homicidio de Luis
Guillermo Arévalo Chiquillo se produjo el 12 de abril de 2001; sin embargo, la
autoridad judicial accionada consideró que en el acervo probatorio no existían
elementos suficientes para endilgar responsabilidad al Estado.

Advirtió que la parte accionante hizo referencia a la Resolución 115 de 2012 por
medio de la cual se hizo devolución de un tractor de marca «Fordson Super
Major», prueba que, a juicio de la parte actora fue desconocida por la autoridad
judicial demandada, pese a que demostraba la connivencia del alcalde con el
mencionado grupo paramilitar.

Mencionó que de dicho acto administrativo no se desprendía la alegada
connivencia entre las entidades estatales demandadas y el grupo paramilitar, pues
en este solo se indicó que se devolvería al peticionario la referida maquinaria, en
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consideración a que la alcaldía no contaba con soporte documental que diera
cuenta de la forma cómo tal máquina resultó en poder de la Cooperativa de
Servicios Públicos de Sabanas de San Ángel.

Señaló que la mencionada resolución no constituía prueba que tuviera incidencia
en la decisión del asunto, pues con ella no se acreditaba el nexo causal entre los
hechos que originaron la demanda de reparación directa y la presunta
participación estatal en estos y tampoco correspondía a un indicio de tal vínculo.

Agregó que lo único que ese acto comprobaba eran las razones por las cuales la
alcaldía resolvió devolver el tractor. Precisó que el municipio tampoco fungió como
parte demandada en el medio de control ordinario; por lo que, resultaba un
contrasentido que mediante la acción de tutela se alegara una supuesta
connivencia entre la alcaldía municipal y el grupo paramilitar dada la situación
ocurrida con el tractor, cuando la demanda del medio de control ni siquiera se
dirigió contra dicho ente territorial.

Refirió que los actores también aludieron a que, luego del decreto de pruebas de
oficio, allegaron como prueba la sentencia del 31 de julio de 2024 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras, en la cual se da cuenta de las graves violaciones a los derechos
humanos cometidas por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia
AUC en el municipio de Sabanas de San Ángel.

Señaló que para los demandantes tal providencia era importante para la
resolución del asunto porque revelaba el historial de violaciones del Bloque Norte
de las AUC, las mismas a que se refiere el fallo objeto de esta tutela, y de lo que
como allí se comprueba y lo que todavía padece el municipio de Sabanas de San
Ángel.

Resaltó que la autoridad judicial demandada sí tuvo en cuenta el contexto por el
que atravesó dicho municipio dado el actuar de grupos de autodefensas allí
asentados, que justamente era lo pretendido al aportar en el trámite de segunda
instancia la mencionada sentencia del 31 de julio de 2024.

Destacó que, para esto, en la providencia acusada se tomó como fuente el informe
publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica denominado «[l]a tierra se
quedó sin canto. Trayectoria e impactos del bloque norte en los departamentos de
Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, Tomo 1», el cual fue decretado como
prueba de oficio en segunda instancia.

Mencionó que, aunque en la sentencia de segunda instancia atacada sí se
reconoció la presencia de grupos paramilitares en el municipio de Sabanas de San
Ángel, no se acreditó así fuera con pruebas indiciarias que el Estado tuviera algún
tipo de participación o connivencia específicamente frente al homicidio de Luis
Guillermo Arévalo Chiquillo, el hurto de sus bienes y cabezas de ganado y el
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posterior desplazamiento de sus familiares.

Expuso que no se tuvo en cuenta «el informe No. 268 del 9 de noviembre de 1998
de los investigadores Judiciales, cuyo asunto es «INVESTIGACIÓN,
VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIONAR DE GRUPOS
DELINCUENCIALES».

Mencionó que este documento no fue aportado durante el trámite del medio de
control de reparación directa, tal y como la propia parte actora reconoció en el
escrito de tutela. Añadió que los accionantes no aportaron copia de dicho informe
con el escrito de tutela, ni enlace de acceso, razón por la cual no era posible que
de la sentencia atacada se desprendiera el desconocimiento de un informe que no
fue allegado al expediente y del que no se cuenta con algún medio de acceso.

Refirió que los accionantes acusaron que los medios de prueba obrantes en el
expediente daban cuenta de la «aquiescencia y colaboración del Estado» en
Sabanas de San Ángel por dos razones, pues, por un lado, consideraron que la
alcaldía del municipio hizo uso del tractor que fue hurtado a la familia tras el
desplazamiento forzado y, por otro lado, sostuvieron que era un hecho notorio que
«el contubernio entre la institucionalidad y el Bloque Norte de las AUC venía de
1997».

Manifestó que, como lo explicó la autoridad judicial accionada, la decisión judicial
obedeció a que no se encontraron al menos indicios de que los hechos cometidos
por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y que
motivaron la demanda de reparación directa hubieran sido realizados con la
connivencia de agentes estatales.

Concluyó que la subsección demandada sí tuvo en cuenta las pruebas allegadas
por la parte demandante al medio de control de reparación directa, así como el
contexto en el municipio de Sabanas de San Ángel y la presencia en tal territorio
de grupos de autodefensas; por tanto, no se concretó la omisión probatoria
alegada en el escrito de tutela y por ello, no se configuró el defecto fáctico
alegado.

b) Desconocimiento del precedente judicial:

La parte actora sostuvo que en la sentencia acusada no se tuvo en cuenta:

i) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: las de las
masacres Ituango versus Colombia y de Mapiripán contra el mismo estado, así
como la 19 Comerciantes. Refirió que, en las dos primeras, se declaró como
hecho probado no solo la aquiescencia de las autoridades del Estado colombiano
con el fenómeno del paramilitarismo, sino que su creación se dio por disposiciones
legales emitidas por el mismo Estado y, en la tercera, la obligación de garantizar y
proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y prevenir su violación por
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actos cometidos por terceros que actúan con la aquiescencia del Estado.

ii) La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado,
Sección Tercera (radicado 050001-23-25-000-1999-01063-01) según la cual
deben ser aplicados los estándares internacionales de protección a derechos
humanos en el análisis de conductas del Estado y sus agentes.

Mencionó que no se desconoció la jurisprudencia antes mencionada puesto que
en el proceso ordinario no se estaba debatiendo la forma en que surgieron las
Autodefensas en Colombia. También porque en dichas sentencias no se concluyó
que el Estado colombiano fuera responsable de todas las acciones criminales
cometidas por los grupos de autodefensas, tal como lo planteó la parte actora.

Advirtió que la sentencia atacada atendió a los estándares vigentes para estudiar
la responsabilidad del Estado en casos de graves violaciones a derechos
humanos cometidas por grupos al margen de la ley. Esto, pues la autoridad
judicial accionada expuso de forma clara que era necesario demostrar que el
homicidio de la víctima y el consecuente desplazamiento forzado de sus
familiares, así como el hurto del ganado y la maquinaria agrícola, se hubiese
producido por la tolerancia de las autoridades estatales.

c) Defecto sustantivo:

Recordó que los accionantes afirmaron que se desconoció la Ley 387 de 19978,
mediante la cual se le confirió el deber de proteger los bienes de las víctimas de
desplazamiento forzado al alcalde y a los comités municipales, distritales y
departamentales para la atención integral a la población desplazada por la
violencia.

Desestimó dicho defecto puesto que el debate central del proceso ordinario no giró
en torno a la aplicación o no de la Ley 387 de 1997, sino a una controversia
probatoria sobre el nexo causal a fin de imputar responsabilidad administrativa y
extracontractual al Estado.

Indicó que el argumento según el cual se desconocieron los deberes de protección
en cabeza del alcalde y de los comités municipales, distritales y departamentales
para la atención integral a la población desplazada por la violencia no acreditaba
la existencia del referido nexo causal entre el daño y la presunta omisión o acción
en cabeza de agentes estatales.

Advirtió que la consagración normativa de un deber en el ordenamiento jurídico no
implica que en el caso específico se hubiese demostrado su incumplimiento, pues

8
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia.

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para ello era necesario que probatoriamente se acreditara el desacato a esa
obligación, lo cual en el caso no se logró comprobar.

Concluyó que la subsección accionada utilizó sus facultades como juez para
decretar pruebas de oficio y utilizó el estándar vigente para la declaratoria de
responsabilidad del Estado, y aun así encontró que no se habían aportado
pruebas, ni siquiera indiciarias, que demostraran la aquiescencia o connivencia del
Estado con los hechos del caso.

1.8. Impugnación

Con memorial remitido el 11 de diciembre de 2025, la parte actora impugnó el fallo
de primera instancia, el cual se notificó vía electrónica el 3 del mismo mes y año.

Sostuvo que es un «total desacierto» la conclusión del a quo, según la cual, el
Estado no es responsable de todos los actos delictivos realizados por grupos
paramilitares.

Agregó que, de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, específicamente la del caso Masacre de Mapiripán contra
Colombia «(numerales 96 a 96-17) (sic)», la autoridad judicial demandada debía
entender que el Estado es responsable porque la «creación legal» de las
autodefensas fue lo que generó el fenómeno paramilitar en el país. Citó apartes de
dicha sentencia.

Mencionó que, del precitado pronunciamiento, se establece que la normativa que
dictó el Estado colombiano y los actos de los paramilitares a quienes creó la
misma, lo hacen responsable por violación de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que pidió revocar la
sentencia.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 26 de febrero de 20269, se declararon infundados los
impedimentos manifestados por los magistrados Gloria María Gómez Montoya 10 y
Omar Joaquín Barreto Suárez11, al no encontrar acreditadas las causales
invocadas.

9
Providencia suscrita Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro Luis Blanco
Jiménez y Alexei Julio Estrada.
10
Quien manifestó que tiene una amistad íntima con la magistrada María Adriana Marín, la cual
también suscribió la providencia cuestionada en el presente mecanismo constitucional.
11
Debido a que su cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita a una unidad
nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que fue vinculada al proceso como tercero
con interés y porque sostiene una amistad íntima con el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez,
quien suscribió la providencia judicial que se reprocha mediante la presente acción de tutela.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de
199112, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia conforme a
lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte
accionante con ocasión de la sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de
reparación directa identificado con el radicado número 47001-23-33-000-2018-
00118-00/01, con la cual revocó el fallo de primera instancia que había declarado
la caducidad del medio de control y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201213, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,

12
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
13
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

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observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.14

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual
y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.15

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

14
Ibidem.
15
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.

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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Caso concreto

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión
de la sentencia de 11 de agosto de 2025, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado número 47001-23-33-000-2018-00118-00/01, con la
cual revocó el fallo de primera instancia que había declarado la caducidad del
medio de control y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

El a quo denegó la protección invocada al considerar que ninguno de los defectos
específicos se configuró.

Los accionantes impugnaron al argumentar que sí procede el amparo solicitado
pues consideran que, en la sentencia de Mapiripán versus Colombia, se establece
que la normativa que dictó el Estado colombiano y los actos de los paramilitares a
quienes creó la misma, lo hace responsable por violación de los artículos 1.1 y 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que pidió revocar la
sentencia.

Para resolver, se considera:

De manera previa, se precisa que el contenido del escrito de impugnación solo se
refiere al presunto desconocimiento del precedente contenido en la sentencia
emitida el 15 de septiembre de 2002 por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso de la Masacre de Mapiripán, en la que se declaró la
responsabilidad de Colombia por la muerte de civiles a manos de grupos
paramilitares, con base en la colaboración directa y la aquiescencia de agentes del
Estado.

De modo que, se encuentra que en relación con los defectos fáctico y sustantivo,
la parte impugnante no presentó reparo alguno en relación con lo decidido por el
juez de tutela de primera instancia.

Así las cosas, el siguiente análisis se centrará en aquel reproche sobre el cual la
parte actora insistió en su impugnación. Esto, pues en atención a lo dispuesto en
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 establece que el juez que conozca de la
impugnación, estudiará el contenido de esta, cotejándola con el acervo probatorio
y con el fallo.

Por tanto, lo pretendido por la parte impugnante es que se acceda al amparo de
sus derechos fundamentales, bajo el fundamento de que cualquier menoscabo a
los derechos humanos atribuible a la acción u omisión de una autoridad pública
compromete la responsabilidad del Estado.

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En relación con el desconocimiento del precedente, debe indicarse que la Corte
Constitucional se ha referido a este «… como el conjunto de sentencias previas al
caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar necesariamente un juez o
una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta
su pertinencia para la resolución de un problema jurídico. El precedente debe ser
anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse
una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.»16

Adicionalmente, debe precisarse que esta sección en reiterados pronunciamientos
ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho
determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta
una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.

Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas
de derecho creadas por las altas cortes encuentra su fundamento en la jerarquía
del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del
ordenamiento jurídico.

Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente
jurisprudencial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que
considera desatendida, ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso
que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

Conforme con lo expuesto, solo podría corresponder a un precedente la sentencia
que contenga una regla o subregla de derecho, bien sean providencias de
constitucionalidad o de unificación.

Ahora bien, como la parte actora invocó el desconocimiento de una sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe indicarse que, la
falta de acatamiento del precedente de una sentencia de convencionalidad ocurre
cuando se ignora la jurisprudencia vinculante de la CIDH, pues esto podría
vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de las partes.

De manera que, se observa que la parte demandante cumplió con identificar la
decisión presuntamente desconocida, así como la regla que presuntamente se
desatendió, pues citó algunos apartes de la sentencia del 15 de septiembre de
2005, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la
«Masacre de Mapiripán» vs. Colombia e identificó el párrafo 110 como el
contentivo de la regla en mención, como los siguientes:

16
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.

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101. Con base en los hechos establecidos y las pruebas presentadas en el presente
caso, la Corte procederá a determinar el alcance y efectos jurídicos del
reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado
(supra párrs. 34 y 37), en el marco de la responsabilidad estatal generada por
violaciones a la Convención Americana.

102. Con posterioridad a dicho reconocimiento, en sus alegatos finales tanto orales
como escritos el Estado señaló que su responsabilidad se deriva de la actuación
irregular de sus agentes, pero no obedece a una política del Estado o de sus
instituciones ni acepta la atribución de los actos de los grupos de autodefensa como
si éstos fueran sus agentes. Colombia fundamentó sus manifestaciones
especialmente en las reglas sobre atribución de actos contenidas en los Artículos
sobre la Responsabilidad Estatal por Actos Ilícitos de la Comisión de Derecho
Internacional de Naciones Unidas.
…

107. Si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas
del Derecho Internacional general para su interpretación y aplicación186, las
obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en
definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado
por violaciones a la misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en efecto
lex specialis en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial
naturaleza de tratado internacional de derechos humanos vis-à-vis el Derecho
Internacional general. Por lo tanto, la atribución de responsabilidad internacional al
Estado, así como los alcances y efectos del reconocimiento realizado en el presente
caso, deben ser efectuados a la luz de la propia Convención.

108. En efecto, el origen mismo de dicha responsabilidad surge de la inobservancia
de las obligaciones recogidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención…
…

110. Es decir, el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra
en “actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de
su jerarquía, que violen la Convención Americana”, y se genera en forma inmediata
con el ilícito internacional atribuido al Estado. Para establecer que se ha producido
una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere
determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores
o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes
a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de
que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos
reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de
esas violaciones.

111. Dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de
particulares en principio no atribuibles al Estado. Los Estados Partes en la
Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las
normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados
en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Estado
proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas
sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva

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del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección
de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de
responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el
Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en
posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1
y 2 de la Convención. (Subrayado fuera del texto original)

De igual manera, debe indicarse que en el caso de Mapiripán se demostró la
colaboración, aquiescencia o tolerancia específica de agentes del Estado pues se
acreditó el transporte de paramilitares en esa zona. Así, en el mencionado
pronunciamiento se estableció lo siguiente:

116. En el presente caso, los actos cometidos por el grupo de paramilitares contra
las víctimas son parte de los hechos reconocidos por el Estado, por encontrarse
contenidos en el literal B del capítulo VI de la demanda interpuesta por la Comisión
(supra párrs. 34, 37 y 96.29 a 96.47), a saber:

a) según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el
aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar
ningún tipo de control, registro o anotación (supra párrs. 96.30 y 96.31);

b) el Ejército colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán.
Los paramilitares fueron transportados desde el aeropuerto en dos camiones tipo
“reo” de los que usualmente utiliza el Ejército, los cuales fueron autorizados para
acceder a la pista ante una llamada efectuada por una persona que se identificó
como oficial del Batallón “Joaquín París”. Los camiones se dirigieron a un paraje
cercano a la llamada “Trocha Ganadera” que conduce al llano y selva adentro. En la
carretera, se les unieron paramilitares de Casanare y Meta y desde allí, por vía
fluvial, pasando por “El Barrancón” –donde se encontraban la Brigada Móvil II y la
Infantería de Marina– continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta Charras, en
la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán (supra párr. 96.32);

c) los miembros del grupo paramilitar transitaron sin ser detenidos por áreas de
entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil II (supra párr. 96.32). La
colaboración entre los miembros del Ejército y las AUC involucró el suministro de
pertrechos y comunicaciones a los paramilitares (supra párr. 96.35);

d) la incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente
planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con previsiones
logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército.
La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar el
ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron conocimiento del
ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las
medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad (supra párr.
96.43);

… (Subrayado fuera del texto original)

Por su parte, se encuentra que, en el fallo cuestionado, se indicó lo siguiente:

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90. Al respecto, la jurisprudencia de la Subsección ha indicado que las autoridades
públicas son responsables de daños antijur[í]dicos cometidos por atentados de
grupos armados ilegales, cuándo conocían de la posibilidad del atentado, y no
adoptaron acciones para impedirlo, o no conociendo directamente amenazas, s[í]
debían conocer en virtud de su competencias constitucionales y legales.

91. En punto a la imputación de la responsabilidad extracontractual del Estado
resulta fundamental aportar elementos que evidencien que se presentó una falla en
el servicio. Este debe señalar, al menos a título de indicio, alguna forma de
participación de un agente estatal; sin embargo, en el caso concreto, la parte no
aportó evidencia de dicha connivencia.

De manera que, a juicio de los demandantes y conforme con lo establecido en la
sentencia del caso Mapiripán, en su caso, era suficiente con demostrar que existió
apoyo, tolerancia u omisiones del poder público que permitieron la ocurrencia de
los hechos, sin que se requiriera «… determinar… la culpabilidad de sus autores o
su intencionalidad», y tampoco «… identificar individualmente a los agentes a los
cuales se atribuyen los hechos violatorios.»

Por tanto, lo que pretende la parte actora es que la autoridad judicial demandada
aplique el criterio según el cual Estado debe responder por el actuar criminal de
terceros (paramilitares) cuando este ha ocurrido bajo su aquiescencia o por la
estructura legal que el mismo ente permitió.

Al respecto, debe indicarse que, contrario a las consideraciones de la parte
demandante, la regla convencional trazada en la sentencia en mención de la CIDH
y su estándar no implica una responsabilidad automática del Estado por los actos
de terceros, pues el estándar allí contemplado, requiere la demostración de la
colaboración, aquiescencia o tolerancia específica de agentes estatales en el
operativo que generó el daño.

No obstante, en el asunto objeto de esta demanda constitucional, se observa que
la autoridad judicial demandada no encontró acreditado ni siquiera un indicio de
esa participación o tolerancia estatal en el homicidio del familiar de los
accionantes, en el desplazamiento de la familia o el hurto del tractor.

Asimismo, lo que se advierte es que, en esta sede constitucional la parte
impugnante presentó afirmaciones generales sobre el fenómeno paramilitar en la
zona del departamento del Magdalena (donde ocurrieron los hechos por los que
demandó en sede ordinaria), soportado en este caso en las consideraciones
expuestas por la CIDH en el caso de Mapiripán; pero no logró acreditar el
desconocimiento del precedente convencional trazado en la sentencia del caso de
Mapiripán.

Por lo expuesto, debe indicarse que, en la sentencia cuestionada, aunque en el
caso de los demandantes se reconoció la existencia de un contexto de violencia
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del Bloque de las AUC en la zona de Sabanas de San Ángel, se determinó que no
obró prueba alguna, ni siquiera indiciaria con la que se acreditara la participación
de agentes estatales en el homicidio de su familiar, en el desplazamiento de estos
y el hurto del tractor.

Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado que denegó la protección
invocada por la parte actora.
FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, por la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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