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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05879-00

Fecha
20 de octubre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05879-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05879-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

20 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05879-00
Accionante: Heidi María Echeverría de la Rosa
Accionados: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y
Tribunal Administrativo de Magdalena
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por la señora Heidi María
Echeverría de la Rosa contra las sentencias proferidas el 4 de diciembre de 2024 y el 9
de julio de 2025 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
y el Tribunal Administrativo de Magdalena, respectivamente.

SÍNTESIS 1

La actora cuestiona las sentencias que accedieron parcialmente a sus pretensiones en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la E.S.E.
Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche para obtener el reconocimiento de una
relación laboral encubierta (contrato realidad). Se declara la improcedencia de la
demanda por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
accionante reitera los argumentos que ya fueron debidamente debatidos y resueltos en
el proceso ordinario.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 19 de septiembre de 2025, Heidi María Echeverría de la Rosa presentó, en
nombre propio, una demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección
de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia. En criterio de la accionante, esas garantías constitucionales
fueron vulneradas por las sentencias proferidas el 4 de diciembre de 2024 y el 9 de julio
de 2025 por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el
Tribunal Administrativo de Magdalena, respectivamente, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 47001-3333-001-2023-
00344-00/01, promovido por la actora contra la E.S.E. Hospital Universitario Julio
Méndez Barreneche.

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Defecto sustantivo /
Prescripción de acreencias laborales / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05879-00
Accionante: Heidi María Echeverría de la Rosa
Se declara la improcedencia de la demanda

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia,
igualdad y favorabilidad laboral.

2. Que se deje sin efectos la sentencia que declaró la prescripción de las acreencias
laborales.

3. Que se ordene al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
emitir una nueva decisión, teniendo en cuenta la suspensión de términos decretada
durante la emergencia sanitaria.

B. Hechos

3. La señora Heidi María Echeverría de la Rosa prestó sus servicios como Auxiliar de
Enfermería en la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, entre el 3 de
abril de 2013 y el 30 de abril de 2020. Durante ese tiempo, estuvo vinculada mediante
contratos de prestación de servicios.

4. El 29 de junio de 2023, la señora Echeverría de la Rosa le solicitó a la E.S.E.
Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche el reconocimiento y pago de sus
acreencias laborales por considerar que se había generado una relación laboral
encubierta. El Hospital negó la solicitud por medio de la Resolución 226 del 17 de julio
de 2023.

5. El 30 de agosto de 2024, la señora Heidi María Echeverría de la Rosa presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Resolución 226 del 17 de julio de 2023 con el fin de que se reconociera la
relación laboral entre ella y la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y,
como consecuencia, se condenara al Hospital al pago de las prestaciones laborales y
demás emolumentos a que tenía derecho.

6. En sentencia del 4 de diciembre de 2024, el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Por un lado, declaró la nulidad de la Resolución 226 del 17 de julio de 2023 y la
existencia de la relación laboral entre la actora y el Hospital; sin embargo, por otra parte,
declaró la prescripción de las acreencias laborales en vista de que las reclamó después
de tres años de terminada la relación laboral.

7. Tanto la actora como la parte demandada presentaron recursos de apelación contra
la anterior decisión. En su recurso, la señora Echeverría de la Rosa solicitó que se
revocara o modificara el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en el cual
se declaró probada la excepción de prescripción de las acreencias laborales. Adujo que
el Juzgado no consideró que los términos de prescripción y caducidad fueron
suspendidos con ocasión del Covid-19, según el Decreto 564 del 15 de abril de 2020.

8. Mediante sentencia del 9 de julio de 2025, el Despacho 004 del Tribunal
Administrativo de Magdalena decidió confirmar la sentencia de primera instancia en
vista de que encontró que estaban acreditados los tres elementos esenciales de la
relación laboral. Además, sostuvo que el Decreto 564 de 2020 se refería a la suspensión
de términos en procesos judiciales y, en vista de que la interrupción del término se dio

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05879-00
Accionante: Heidi María Echeverría de la Rosa
Se declara la improcedencia de la demanda

por vía administrativa –con la reclamación–, no era aplicable al caso de la actora; en el
cual, en cualquier caso, tampoco hubo una suspensión de los términos en sede
administrativa.

C. Fundamentos de la vulneración

9. La accionante afirma que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia porque, en las sentencias enjuiciadas incurrieron en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.

9.1. En relación con el defecto sustantivo, afirma que tanto el Juzgado como el Tribunal
“aplicaron de manera incorrecta las normas sobre prescripción” y desconocieron el
contexto del Covid-19 y la suspensión de términos. Puntualmente, alega el
desconocimiento del Decreto 564 de 2020 y la “interpretación restrictiva” del Decreto
491 de 2020 al exigirle prueba de un acto administrativo en el cual la entidad demandada
en el proceso ordinario hubiese ordenado la suspensión de términos en sede
administrativa.

9.2. En cuanto al desconocimiento del precedente, sostiene que la Corte
Constitucional, en la sentencia T-309 de 2022, determinó que, en contextos como el
Covid-19, debía prevalecer la sustancia sobre la forma y aplicarse una “interpretación
garantista” de las normas procesales. También citó una sentencia de la Sección Primera
del Consejo de Estado y otra de la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior
de Medellín (sin incluir datos de referencia, como el radicado) sobre la suspensión
extraordinaria del término de prescripción en virtud del Decreto 564 de 2020.

D. Trámite procesal

10. Por auto del 22 de septiembre de 20252, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, al
despacho ponente del Tribunal Administrativo de Magdalena y a la E.S.E. Hospital
Universitario Julio Méndez Barreneche para que rindieran un informe sobre los hechos
objeto de la demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

11. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta 3 (accionado)
solicitó su desvinculación y que se declare la improcedencia de la demanda por
considerar que no se demostró la alegada vulneración de los derechos fundamentales
de la actora. Además, incluyó un recuento de las actuaciones procesales del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y envió el enlace de Samai del proceso
ordinario.

12. El Tribunal Administrativo de Magdalena 4 (accionado) no rindió informe, pero allegó

2
Índice 4 del expediente digital disponible en Samai
3
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
4
Índice 12 del expediente digital disponible en Samai

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05879-00
Accionante: Heidi María Echeverría de la Rosa
Se declara la improcedencia de la demanda

copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

13. La E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche5 (tercero con interés)
solicitó que se declare improcedente o, subsidiariamente, se niegue la demanda de
tutela por considerar que (i) el asunto carece de relevancia constitucional, por cuanto
los reproches de la actora son meras inconformidades con la decisión del proceso
ordinario; (ii) el Tribunal accionado presentó razones suficientes para fundamentar su
decisión, que está amparada por la autonomía judicial (iii) la declaratoria de prescripción
fue consecuencia de la inactividad de la actora; y (iv) no hubo una violación del derecho
a la igualdad.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.

G. Cuestión previa

15. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada
por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, pues dicha
autoridad judicial fue vinculada en calidad de accionada, por haber proferido la sentencia
del 4 de diciembre de 2024, cuestionada por la actora. De esa manera, su intervención
en el proceso resulta indispensable para que ejerza su defensa y se pronuncie sobre los
hechos y reproches presentados en la demanda de tutela.

H. Providencia objeto de análisis

16. El accionante cuestionó las sentencias proferidas el 4 de diciembre de 2024, por el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, y el 9 de julio de 2025,
por el Tribunal Administrativo de Magdalena. No obstante, la Sala centrará su estudio en
la sentencia del 9 de julio de 2025, por ser la providencia que puso fin a la controversia.
Además, ante una eventual decisión favorable, sería el Tribunal Administrativo de
Magdalena la autoridad judicial encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.

I. Sentido de la decisión

17. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pues la actora pretende revivir el debate que fue
resuelto en el proceso ordinario al presentar argumentos que ya fueron analizados allí.

5
Índice 9 del expediente digital disponible en Samai

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Accionante: Heidi María Echeverría de la Rosa
Se declara la improcedencia de la demanda

En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela 6.

J. El requisito de relevancia constitucional

18. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales. 7 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada8, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.

19. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. 9

20. En la sentencia SU-215 de 2022 10, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constituc ional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir

6 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional

ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
7
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Se declara la improcedencia de la demanda

debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

21. Para la Corte Constitucional 11, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

22. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 12.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

23. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

23.1. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona la sentencia proferida el 9 de julio
de 2025, por el Tribunal Administrativo de Magdalena, pues considera que incurrió en
los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

24. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional 13 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,

11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.

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desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.
14
24.1. La jurisprudencia constitucional ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error judicial debe ser ostensible, arbitrario y capric hoso, en desconocimiento
de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez constitucional no
puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir.

25. Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa
relevante para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver
nuevos casos, ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir
un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de
la decisión posterior” 15.

25.1. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.

L. El caso concreto

26. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación arbitraria
o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

27. Se evidencia que los argumentos presentados por la accionante fueron expuestos
ante el Tribunal Administrativo de Magdalena en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2024 por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.

28. En el recurso de apelación, la actora alegó, como lo hace ahora en sede de tutela,
que la declaratoria de prescripción de sus acreencias laborales desconoció la
suspensión de términos judiciales ordenada en virtud del Covid-19 mediante el Decreto
564 de 2020. En el recurso, sostuvo que, para el momento en que finalizó su relación
laboral con la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, los términos de
prescripción y caducidad en los procesos judiciales estaban suspendidos por motivo de
la pandemia y, por lo tanto, no se había configurado la prescripción de sus acreencias
laborales.

28.1. Particularmente, la actora expuso lo siguiente:

[El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta] olvidó que mediante
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social
declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional
y en tal sentido, mediante el Decreto 564 del 15 de abril de 2020 se determinó que los

14
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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términos de prescripción y de caducidad previstos, en cualquier norma sustancial o procesal
para derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial,
sean de días, meses o años, fueron suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que
el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

[…] Partiendo de lo anterior, al momento de la terminación de la relación laboral entre la
actora y la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, es decir el 30 de abril del
2020, los términos de prescripción se encontraban suspendidos, razón por la cual dicho
termino de extintivo de derechos recién empezó a contar con la reanudación de términos
acontecida el 01 de julio del 2020 y como la reclamación administrativa fue presentada por
mi cliente en fecha 29 de junio de 2023, antes de los 3 años, dicho termino se interrumpió
oportunamente.

29. En la sentencia del 9 de julio de 2025, el Despacho 004 del Tribunal Administrativo
de Magdalena estudió los argumentos presentados por la accionante y determinó que
la suspensión de términos prevista en el Decreto 564 de 2020 no era aplicable al caso
porque se refería expresamente a la suspensión de términos en escenarios judiciales .
Entonces, en vista de que la interrupción del término de prescripción se dio con la
presentación de la reclamación por vía administrativa, la única forma de aplicar la
suspensión era si la autoridad administrativa hubiese. expedido un acto con una orden
en ese sentido, lo cual no ocurrió. El Tribunal resolvió los reproches de la actora en los
siguientes términos:

[…] el apoderado de la parte demandante sostiene que, para calcular el término de
prescripción, debe tenerse en cuenta la suspensión de términos ordenada por el Consejo
Superior de la Judicatura durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del
Covid-19. En apoyo de su argumento, hace referencia al Decreto 564 del 15 de abril de
2020 […]

No obstante, el Decreto 564 de 2020 se refiere expresamente a la suspensión de los
términos de prescripción y caducidad para ejercer acciones ante la administración de
justicia y tribunales de arbitramento, con ocasión de la imposibilidad de acceso a dichos
escenarios durante la emergencia sanitaria. Por esta razón, dicha norma […] no resulta
aplicable al presente caso, en tanto la solicitud que interrumpe el término de prescripción
es la presentada en sede administrativa.

Lo anterior para significar que la demandante no podía interrumpir el término prescriptivo
de las acreencias laborales acudiendo directamente a la Administración de justicia, pues
antes debía obtener un pronunciamiento expreso o ficto de la entidad demandada sobre el
derecho a debatir en sede judicial.

En tal sentido, al tratarse de una actuación realizada en sede administrativa, la norma
aplicable para efectos de suspensión del término de prescripción no es el Decreto 564 de
2020, sino el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 […]

No advierte la Sala que, con ocasión a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social, la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche
hubiera expedido actos administrativos tendientes a suspender los términos en actuaciones
administrativas. Tampoco fueron allegados por la parte demandante las pruebas que
demostrarían la existencia de tales actos […]

30. De conformidad con lo anterior, resulta evidente que los reproches que alega la
actora en sede de tutela –relacionados con la aplicación de la suspensión de términos
con el fin de concluir que no habían prescrito las acreencias laborales que pretendía en
el proceso ordinario– ya fueron analizados y resueltos durante el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho por parte del Tribunal Administrativo de Magdalena, por

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Se declara la improcedencia de la demanda

cuanto son idénticos a los que presentó en el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia del proceso ordinario.

31. Si bien ahora la accionante alega la configuración de un defecto por
desconocimiento del precedente y un defecto sustantivo, se advierte que estos
argumentos están también dirigidos a cuestionar la no aplicación de la suspensión de
los términos de prescripción y caducidad en el caso de la actora, según lo dispuesto en
el Decreto 564 de 2020. Así las cosas, respecto de esos defectos también se incumplió
el requisito de relevancia constitucional.

32. En síntesis, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, pues la actora se limitó a reiterar los argumentos
planteados en el recurso de apelación, que ya fueron resueltos por Tribunal
Administrativo de Magdalena en la sentencia del 9 de julio de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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