Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05888-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05888-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05888-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
14 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05888-00
Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05888-00
Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
Accionado: Consejo de Estado-Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial. Falta de legitimación en la casusa por activa. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Francisco
Solís Enciso Cruz y Carlos Eduardo Aragón Rodríguez en contra del Consejo de
Estado-Sección Primera y el Consejo Nacional Electoral.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Francisco Solís Enciso Cruz y Carlos Eduardo Aragón Rodríguez, en nombre propio,
promovieron acción de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la participación política, a la igualdad y “a la
conformación y funcionamiento de partidos políticos”1, que consideraron vulnerados
por el Consejo Nacional Electoral y por la Sección Primera del Consejo de Estado,
con ocasión a la demora injustificada en proferir sentencia en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado número 11001-03-24-000-
2011-00138-00.
2. Hechos
El escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 1959 del 26 de agosto de
2010, declaró la pérdida de la personería jurídica del partido ALAS por no obtener el
2% de los votos válidos depositados en el territorio nacional para el Senado de la
República o Cámara de Representantes.
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado A7D2FE5C91E8908D 52FA3DCC84931F5D
F29EE2FDF467B7D4 73BC72D864772FBE.
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05888-00
Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
2.2. Contra el mencionado acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto a través de la Resolución 2319 del 15 de diciembre de 2010, en el
sentido de no reponer la decisión impugnada.
2.3. Por lo anterior el partido ALAS (hoy SOMOS) presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Consejo de Nacional Electoral, con el fin
de que se infirmaran las mencionadas resoluciones. Adicionalmente solicitó la
suspensión provisional de los actos demandados.
2.4. El conocimiento del asunto correspondió al Consejo de Estado-Sección Primera
bajo el radicado número 11001-03-24-000-2011-00138-00, autoridad que, con auto
de ponente del 2 de julio de 2013 admitió la demanda y ordenó la suspensión
provisional de los actos acusados.
2.5. El Consejo Nacional Electoral presentó recurso de reposición contra la citada
providencia, el cual fue desatado a través de proveído del 11 de diciembre de 2014,
en el sentido de confirmar el auto recurrido. Adicionalmente, con auto del 24 de junio
de 2015, el despacho ponente, aclaró el numeral segundo de la providencia del 11
de diciembre de 2014 en el sentido de especificar que se ordenaba la suspensión
únicamente del numeral 4° del artículo 4° de la Resolución 1959 de 26 de agosto de
2010.
2.6. La parte actora sostuvo que el Consejo Nacional Electoral desacató la orden de
suspensión por más de tres años, hasta que el 13 de diciembre de 2016, mediante
Resolución 3189 reconoció de manera provisional la personería jurídica.
2.7. Los solicitantes pusieron de presente que, como consecuencia de esa tardanza,
el partido político no pudo participar en elecciones regionales de 2015, por lo que
quedó excluido del escenario político en condiciones de desigualdad. De igual forma
indicaron que estuvo privado de acceder a la financiación estatal, toda vez que tardó
hasta el 22 de febrero de 2018 en expedir la Resolución 418, a través de la que se
entregaron recursos económicos, pero sin el correspondiente retroactivo.
2.8. Por otra parte, los accionantes afirmaron que el Consejo de Estado no ha emitido
fallo de fondo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-03-24-000-2011-00138-00, a pesar de haber transcurrido doce años desde la
admisión de la demanda.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones, el accionante solicitó:
“1. PRINCIPAL: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso,
a la participación política, a la igualdad y a la conformación y funcionamiento de
partidos políticos (arts. 13, 29, 40, 107 de la Constitución Política), los cuales han
sido vulnerados por el Consejo Nacional Electoral (sic), por más de doce (12)
2
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Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
años, la impugnación interpuesta (sic) contra la pérdida de la personería jurídica
del Partido Político SOMOS (antes ALAS)
2. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Consejo de Estado:
a) Proferir una decisión de fondo, clara y definitiva sobre la impugnación
presentada por el Partido SOMOS, dentro de un término perentorio y razonable
fijado por su despacho (no superior a 10 días).
b) Adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la
participación efectiva del Partido SOMOS en las elecciones al Congreso de la
República y Presidencia dela República de 2026, en condiciones de igualdad
frente a las demás colectividades políticas.
3. SUBSIDIARIAMENTE, y mientras adopta la decisión definitiva, se ordene al
Consejo Nacional Electoral implementar medidas provisionales de protección,
consistentes en reconocer temporalmente la personería jurídica del Partido
político SOMOS, a fin de permitirle inscribir listas de candidatos y avalar
candidato presidencial para las elecciones de 2026, de conformidad con el
precedente sentado en la Sentencia SU-257 de 2021.
4. Que se disponga lo necesario para que la presente acción sea remitida a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dada la trascendencia nacional
de la problemática aquí planteada y la necesidad de unificar jurisprudencia en
materia de derechos fundamentales de participación política y pluralismo
democrático”2.
La parte actora, solicitó como medida provisional “adoptar medidas inmediatas que
permitan al Partido político SOMOS participar en los actos preparatorios del proceso
electoral, como la inscripción de listas y la expedición de avales, en condiciones de
igualdad con las demás fuerzas políticas”3.
Como fundamento a sus pretensiones afirmó que la mora injustificada del Consejo
de Estado en proferir sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado número 11001-03-24-000-2011-00138-00, vulnera sus
garantías constitucionales.
Sostuvo que tal circunstancia impide al partido político SOMOS ejercer su derecho a
presentar listas de candidatos al Congreso de la República, así como postular
candidato propio a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026.
Adicionalmente, adujo que a otros partidos en similar situación les había sido
restituida su personería jurídica, en virtud de la SU-257 de 2021, proferida por la
Corte Constitucional, sin embargo, en su sentir, el partido SOMOS ha sido
discriminado al perpetuar un limbo jurídico, que le impide competir en igualdad de
condiciones con las demás agrupaciones políticas.
Por último, manifestó que la Sección Primera del Consejo de Estado vulnera el
derecho de asociación política al demorar la solución del asunto, pues por más de
2 Ibid.
3 Ibid.
3
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Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
doce años se ha anulado “de hecho la existencia legal del Partido Político SOMOS,
desconociendo el pluralismo político que la Constitución consagra como principio
esencial”4
El señor Francisco Solís Enciso Cruz aseveró ser el representante legal del partido
SOMOS y afirmó que aportaba el documento que acreditaba su calidad de gerente.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 23 de septiembre de 20255
admitió la acción de tutela; ofició a la autoridad judicial para que remitiera el
expediente del proceso objeto de amparo; vinculó como terceros con interés a
quienes hayan participado en el proceso de nulidad y restablecimiento (partido ALAS
-actualmente SOMOS-); requirió a la parte accionante para que allegara los
documentos relacionados en el acápite de pruebas del escrito de tutela6; negó la
medida provisional solicitada; ordenó la notificación a las partes y suspendió los
términos.
4.2. Contra la anterior decisión el señor Francisco Solís Enciso Cruz interpuso
recurso de apelación, solicitó que se accediera a la solicitud de medida provisional y
allegó los documentos requeridos, excepto el certificado que lo acreditaba como
gerente del partido SOMOS. El Despacho ponente, mediante providencia del 15 de
octubre de 20257, rechazó por improcedente el recurso interpuesto.
4.3. Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.3.1. La Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado8 allegó el
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
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4.3.2. El Consejo Nacional Electoral9 solicitó su desvinculación de la presente
acción, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que considera
que no es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones de la parte actora.
4 Ibid.
5 Índice 00004 aplicativo SAMAI, certificado B9965D1FB599BFCC 1AD23AFB040BBFCB 552181752109CD98
499436EA5DE04CB5.
6 La parte actora afirmó que con la solicitud de amparo aportaba los siguientes documentos: (i) Copia de la
Resolución mediante la cual el CNE declaró la pérdida de personería jurídica del Partido ALAS; (ii) copia del
recurso o impugnación interpuesto contra esa decisión; (iii) memoriales de impulso procesal presentados por el
Partido SOMOS ante el Consejo de Estado; (iv) constancias de radicación y de que el asunto permanece sin
decisión; (v) documento que acredita a Francisco Solís Enciso como Gerente del Partido SOMOS; y (vi)
copia de la SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional. No obstante, de la revisión de los archivos adjuntos a la
presente acción de tutela, el Despacho encontró que la parte actora omitió anexar los documentos mencionados.
Por lo tanto, se requirió a los accionantes con el fin de que los allegaran, en el término de tres (3) días.
7 Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado D2424DB4D4A0BDA4 9A96EF1E42165793
126110E3FDB532D6 90EDA231EAB375E8.
8 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado 9D57AD52086618A3 492C850F10251DC9
118D6ED88C29CDC5 DD3C9041A27B01DC.
9 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado 7A1D8F9307378AB8 6E7A2096210EA6DA
77FB3FE0BBA10C62 07768DE53335D2D7.
4
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Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
4.1. El Consejo de Estado-Sección Primera10, a través del magistrado titular en
donde cursa el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-
03-24-000-2011-00138-00, pidió al juez constitucional declarar la improcedencia por
falta de legitimación en la causa por activa, en tanto los actores no ostentaban la
calidad de parte dentro del referido proceso.
Precisó que “los sujetos procesales dentro del proceso que se alega la presunta mora
judicial son el Partido Alas y el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual son ellos
los únicos legitimados para promover el mecanismo de amparo para controvertir por
vía de tutela cualquier actuación u omisión en el marco de ese proceso y no los
señores Francisco Solís Enciso Cruz y Carlos Eduardo Aragón Rodríguez”11.
Al margen de lo anterior, informó que el asunto objeto del amparo se encontraba en
el turno número 150 para fallo, por lo que no podía ser decidido hasta que no se
resuelvan aquellos expedientes que están en los primeros turnos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 63ª de la Ley 270 de 1996. Por ende, a su juicio, la
demora en la resolución obedece a causas justificadas por el número de procesos y
al estricto respeto del orden cronológico de los turnos.
Por último, esbozó que la tardanza en proferir sentencia no podía serle atribuida, en
razón a que desempeña el cargo de consejero de Estado desde el 12 de agosto del
presente año.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
3. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
10 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 2A3BCFF5D6CD71EA DF9BF42EF60A3C58
B9C5B6B2BFEACA9E D34BAF50803C3F30.
11 Ibid.
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Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden
si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter
general, que habilitan la interposición de la tutela13 y otros de carácter específico, que
tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.
4.1. Legitimación en la causa
La Corte Constitucional, al interpretar el artículo 86 Superior16 y el artículo 10 del
Decreto 2591 de 199117, ha indicado que el titular de la solicitud de tutela es la
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo
a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]”.
17 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.|| También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.
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Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
persona cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de una autoridad pública o de un particular en los casos definidos por la ley; y, en
esa medida, podrá promover la protección de las garantías constitucionales: (i) de
forma directa; (ii) por medio de representante legal (evento de los menores de edad,
los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de
apoderado judicial; o (iv) por intermedio de un agente oficioso. Y, en todo caso,
también pueden ejercer la acción el Defensor del Pueblo y los Personeros
Municipales18.
En los casos de acciones de tutela en el marco de procesos judiciales, es preciso
expresar que, dado el carácter personalísimo de los derechos fundamentales, el
titular, que sea parte en el proceso ordinario, es el único habilitado para invocar la
protección del derecho al debido proceso que puede vulnerarse o resultar
amenazado por efecto de una sentencia o un auto 19. De ninguna manera, podrá
solicitar directamente el amparo constitucional quien fungió como apoderado judicial
en aquella ocasión, pues su calidad no genera ipso facto la suplantación del titular
del derecho20. En ese orden, de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017 y SU-620 de 1996, los titulares de
los derechos invocados, que se encuentran legitimados para ejercer la acción de
amparo directamente o a través de representante, son las partes y los terceros
interesados que participaron de los referidos trámites21.
En lo que respecta a la legitimación por activa cuando se invocan los derechos
fundamentales a la representación política y a elegir y ser elegido, la Corte
Constitucional en la SU-329 de 2024 determinó lo siguiente:
18 Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2019. Expediente No.
2019-04660-00(AC).
20 La Corte Constitucional, en la sentencia T-658 de 2002, estableció: “[…] podemos responder al primer
interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de una causa ordinaria puede alegar un interés directo para incoar
en su propio nombre la acción de tutela, cuando los derechos fundamentales supuestamente vulnerados
corresponden al titular de la causa ordinaria que representa judicialmente? || Para dar respuesta a este
cuestionamiento, es preciso tener en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997, expresamente determinó
que: «...no puede alegarse vulneración de los propios derechos con base en los de otro...», y en Sentencia T-
575 de 1997, igualmente, sostuvo que: «...la calidad de apoderado no genera ipso facto la suplantación del titular
del derecho...». || A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos razones: (i) El interés en la defensa
de los derechos fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en terceros y, por otra parte, (ii) la relación
de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia.
Así lo manifestó la Corte en la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), al
sostener que «...no es válido alegar, como motivo de la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de aceptarse ello, se desquiciaría la acción de
tutela y desbordaría sus linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los derechos [fundamentales] de otro
no vale como motivo para solicitar la propia tutela...» […]. || Ciertamente, si la entidad que tiene a su cargo el
proceso ejecutivo de cobro coactivo por incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social ha
incurrido en una vía de hecho, el que puede resultar afectado con tal proceder no es el apoderado del ejecutado
sino este último directamente, de manera que es a él a quien corresponde promover la acción de amparo
constitucional en los términos de lo previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991. Por este aspecto, la
presente tutela no está llamada a prosperar ya que no son los derechos fundamentales del accionante los que
se encuentran presuntamente amenazados por la actuación procesal del Seguro Social - Seccional Bolívar-”.
21 La Corte Constitucional en sus sentencias T-265 de 2017 y SU-620 de 1996 determinó que “[…] el derecho al
debido proceso se desagrega en una serie de principios particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena
y eficaz del sujeto procesal y a protegerlo de la eventual conducta abusiva que pueda asumir la autoridad que
conoce y resuelve sobre la situación jurídica sometida a su decisión”. Y en el Auto 027 de 1997 estableció que
son sujetos procesales quienes hacen parte de “la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo
del reconocimiento”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05888-00
Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
“[L]a acción de tutela contra providencia judicial es de carácter excepcional. Esto
quiere decir que, en lo que a la legitimación en la causa por activa se refiere, el
estudio que debe realizar el juez de tutela es estricto, en el sentido de que, en
principio, una providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos
entre las partes. Esto implica que, en principio, sólo quienes participaron dentro
del correspondiente proceso judicial, o aquellos que debiendo haber sido
llamados al trámite no lo fueron, estarían legitimados para reclamar la
vulneración de sus garantías fundamentales a causa de una decisión judicial”.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
legitimación en la causa por activa, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Al revisar el escrito de tutela, la Sala observa que, en síntesis, la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
participación política, a la igualdad y “a la conformación y funcionamiento de partidos
políticos”22, que consideró vulnerados con ocasión a la demora injustificada en
proferir sentencia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con el radicado número 11001-03-24-000-2011-00138-00, adelantado por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
5.2. El análisis de las actuaciones en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, así como el informe brindado por la Secretaría de la Sección Primera del
Consejo de Estado23, evidencia que el partido ALAS (hoy SOMOS) actuó como
demandante y el Consejo Nacional electoral como demandado.
Ahora bien, en sede de tutela acudieron como accionantes los señores Francisco
Solís enciso Cruz -quien se identificó como representante legal del partido SOMOS-
y Carlos Eduardo Aragón Rodríguez.
En este punto conviene señalar que el 8 de mayo de 202524, el señor Carlos Eduardo
Aragón, presentó poder otorgado por la señora Mabel Hermida (quien se identificó
como representante legal del partido SOMOS) dentro del trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que actuara en el referido asunto,
con lo que aportó escrito de impulso procesal. Sin embargo, hasta la fecha de
presentación de la presente acción de tutela, el despacho no le ha reconocido
personería, ni se ha pronunciado al respecto de la solicitud.
5.3. Bajo este contexto, en primer lugar se observa que el señor Francisco Solís
Enciso Cruz interpuso la presente solicitud de amparo en calidad de representante
legal del partido SOMOS, para lo cual, en el escrito de tutela informó que aportaba
el respectivo documento que lo acreditaba como gerente del mencionado
movimiento.
22 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado A7D2FE5C91E8908D 52FA3DCC84931F5D
F29EE2FDF467B7D4 73BC72D864772FBE.
23 Índice 00010 del aplicativo SAMAI.
24 Índice 00132 del aplicativo SAMAI del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número
11001-03-24-000-2011-00138-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05888-00
Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
No obstante lo anterior, el despacho al observar que el solicitante omitió aportar el
referido documento, a pesar de que en el auto admisorio fue requerido con el fin de
que lo aportara a la actuación, tal prueba no fue allegada.
En ese orden, es preciso mencionar que, una vez fue revisado el expediente ordinario
objeto de reparos, la Sala constató que el señor Francisco Solís Enciso Cruz no se
ha hecho parte en el referido proceso, ni tampoco ha realizado actuación alguna, por
lo que no reúne las condiciones para que se considere que es titular de los derechos
fundamentales que adujo le fueron vulnerados y, en consecuencia, carece de
legitimación en la causa por activa.
5.4. En segundo lugar, la Subsección pone de presente que el señor Carlos Eduardo
Aragón Rodríguez, quien también acude en tutela, lo hizo en nombre propio y en
ningún momento se identificó como apoderado judicial del movimiento SOMOS.
Así entonces, huelga precisar que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dispone
que la solicitud de amparo podrá ser interpuesta directamente por la persona que se
considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo cual, en este último
caso, se debe presentar el respectivo poder25.
Al margen de lo esbozado, esta judicatura advierte, que tal y como se indicó
anteriormente, una vez revisado el expediente ordinario, si bien el señor Aragón
Rodríguez presentó poder para representar los intereses de la mencionada
agrupación en ese trámite judicial, lo cierto es que, en la presente acción
constitucional no allegó acto de apoderamiento alguno que lo faculte para defender
los intereses del partido SOMOS.
Así entonces, es forzoso concluir que no tiene legitimación para actuar en tal
condición y hay lugar a declarar la improcedencia del escrito de amparo
constitucional.
En este punto, es preciso recordarle al señor Aragón Rodríguez que no puede iniciar
trámites judiciales en ejercicio de su profesión de abogado sin aportar el debido poder
con los requisitos establecidos en la ley para tal fin, y que accionar a la administración
de justicia impone deberes que tienen que ser respetados por las partes y sus
apoderados, so pena de hacer incurrir el aparato judicial en un desgaste injustificado.
5.5. Por último, es menester advertir que los accionantes no manifestaron actuar
como agentes oficiosos del partido SOMOS, y tampoco se observa alguna
circunstancia que, al representante legal de dicho movimiento, le hubiera impedido
reclamar la defensa de sus derechos fundamentales mediante el mecanismo de
tutela, pues, incluso, llama la atención que en el trámite ordinario sí intervino.
25 Sentencia T-194 del 2012. “(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.”
9
0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05888-00
Accionante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa,
pues los accionantes no acreditaron su condición de partes o intervinientes dentro
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado
número 11001-03-24-000-2011-00138-00, que los habilitara para ejercer el presente
mecanismo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Francisco Solís Enciso Cruz y Carlos Eduardo Aragón Rodríguez en contra del
Consejo de Estado-Sección Primera y el Consejo Nacional Electoral, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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