Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05888-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-05888-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05888-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
24 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05888-01
Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 19 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05888-01
Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Temas: Mora judicial en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Improcedencia de la acción de tutela. Falta de legitimación en la causa
por activa
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 14
de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 19 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, los señores Francisco
Solís Enciso Cruz y Carlos Eduardo Aragón Rodríguez, el primero, quien afirma ser el
gerente del partido político SOMOS y el segundo, quien actúa en causa propia, pidieron
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
partición en política y <<a la conformación y funcionamiento de los partidos políticos.>>
A juicio de los tutelantes, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la mora judicial del Consejo de Estado, Sección Primera en proferir sentencia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-03-24-000-2011-
00138-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. PRINCIPAL: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política,
a la igualdad y a la conformación y funcionamiento de partidos políticos (arts. 13, 29, 40, 107 de la
Constitución Política), los cuales han sido vulnerados por el Consejo Nacional Electoral (sic), por más
de doce (12) años, la impugnación interpuesta (sic) contra la pérdida de la personería jurídica del Partido
Político SOMOS (antes ALAS)
2. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Consejo de Estado:
a) Proferir una decisión de fondo, clara y definitiva sobre la impugnación presentada por el Partido
SOMOS, dentro de un término perentorio y razonable fijado por su despacho (no superior a 10 días).
b) Adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la participación efectiva del Partido
SOMOS en las elecciones al Congreso de la República y Presidencia de la República de 2026, en
condiciones de igualdad frente a las demás colectividades políticas.
3.SUBSIDIARIAMENTE, y mientras adopta la decisión definitiva, se ordene al Consejo Nacional
Electoral implementar medidas provisionales de protección, consistentes en reconocer temporalmente
la personería jurídica del partido político SOMOS, a fin de permitirle inscribir listas de candidatos y
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Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
avalar candidato presidencial para las elecciones de 2026, de conformidad con el precedente sentado
en la Sentencia SU-257 de 2021.
4. Que se disponga lo necesario para que la presente acción sea remitida a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, dada la trascendencia nacional de la problemática aquí́ planteada y la necesidad
de unificar jurisprudencia en materia de derechos fundamentales de participación política y pluralismo
democrático”.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 1959 del 26 de agosto de 2010,
declaró la pérdida de la personería jurídica del partido ALAS por no obtener el 2% de los
votos válidos depositados en el territorio nacional para el Senado de la República o
Cámara de Representantes, decisión que fue confirmada a través de la Resolución Nro.
2319 de 15 de diciembre de 2010.
El partido ALAS (hoy SOMOS) promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Consejo Nacional Electoral, con el fin de que se declarara la nulidad
de las resoluciones Nros. 1959 de 26 de agosto de 2010 y 2319 de 15 de diciembre de
2010, cuyo conocimiento correspondió al Consejo de Estado, Sección Primera, bajo el
radicado 11001-03-24-000-2011-00138-00, autoridad que por auto dictado el 2 de julio
de 2013, admitió la demanda y ordenó la suspensión de los actos acusados.
Contra el auto admisorio de la demanda, el Consejo Nacional Electoral presentó recurso
de reposición que fue resuelto mediante proveído del 11 de diciembre de 2014 en el
sentido de confirmar el auto admisorio y, por auto dictado el 24 de junio de 2015, la
autoridad accionada aclaró el numeral 2 del auto del 11 de diciembre de 2014, en el
sentido de señalar que ordenaba únicamente la suspensión del numeral 4.º del artículo
4.º de la Resolución 1959 de 26 de agosto de 2010.
La parte actora afirmó que el Consejo Nacional Electoral desacató la orden de suspensión
por más de tres años, hasta que el 13 de diciembre de 2016, mediante la Resolución Nro.
3189 reconoció de manera provisional la personería jurídica y como consecuencia de
esa tardanza, dicho partido no pudo participar en las elecciones regionales de 2015,
quedando así excluido con condiciones de desigualdad, además, estuvo privado de
acceder a la financiación estatal, toda vez que, hasta el 22 de febrero de 2018, se expidió
la resolución 418, por medio de la cual, se le entregaron recursos económicos, sin el
correspondiente retroactivo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado no ha emitido
fallo de fondo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-03-24-000-2011-00138-00, a pesar de haber transcurrido doce años desde la
admisión de la demanda.
En ese sentido, destacó que la mora injustificada de la autoridad accionada ha vulnerado
sus derechos fundamentales a la participación política, a la igualdad, al debido proceso
y a una decisión en un plazo razonable y a fundar y ejercer libremente partidos y
movimientos políticos con personería jurídica.
Afirmó que la inactividad de la Sección Primera del Consejo de Estado ha creado un
estado de incertidumbre estructural que compromete de manera grave e inminente sus
derechos de participación política, así como los de la comunidad que representa el
partido, pues su mora desnaturaliza el derecho a participar en la conformación, ejercicio
y control político, dado que impide que el partido político SOMOS pueda presentar listas
al congreso y postular un candidato presidencial para el año 2026.
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Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
Finalmente, sostuvo que la urgencia del amparo es evidente y la adopción de una medida
provisional no constituye un privilegio indebido, sino una garantía mínima para evitar la
consumación de un daño irreparable a los derechos fundamentales del partido político y
de sus militantes.
5. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Primera, en donde cursa el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro. 11001- 03-24-000-2011-00138-00,
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por falta de legitimación en la
causa por activa, por cuanto los accionantes no ostentan la calidad de parte dentro del
referido proceso.
En ese sentido, precisó que, los sujetos procesales dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho del que se predica la presunta mora judicial son el partido
Alas y el Consejo Nacional Electoral, siendo ellos los únicos legitimados para promover
el mecanismo de amparo.
De otra parte, informó que el referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se encuentra en el turno número 150 para fallo, por lo que, de conformidad con lo previsto
por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, no puede ser decidido hasta que no se resuelvan
aquellos expedientes que están en turnos anteriores, e indicó que la demora en la
resolución obedece a causas justificadas por el número de procesos y el estricto respeto
del orden cronológico de los turnos.
Por último, manifestó que, en todo caso, la mora alegada no puede atribuírsele dado que
desempeña el cargo de consejero de Estado desde el 12 de agosto de 2025.
El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación de la acción de tutela dada su
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la autoridad competente
para satisfacer las pretensiones de la parte accionante.
Los demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro.
11001- 03-24-000-2011-00138-00, no hicieron ninguna manifestación, pese a haber sido
notificados a los correos electrónicos mabelhermidaviera@gmail.com,
carloseduardo176@hotmail.com y carlosaragonr1@gmail.com. 1
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia dictada el 14 de
noviembre de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de legitimación en la causa por activa.
Destacó de dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001- 03-
24-000-2011-00138-00 el partido ALAS (hoy SOMOS) actuó como demandante y el
Consejo Nacional Electoral como demandado y si bien, dentro del mismo proceso, el
señor Carlos Eduardo Aragón presentó un poder otorgado por la señora Mabel Herminda
quien se identificó como representante legal de partido SOMOS, hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela, la autoridad accionada no le había reconocido
personería ni se había pronunciado respecto de la solicitud, además, en el escrito de
tutela manifestó actuar en nombre propio y no allegó documento alguno que lo faculte a
defender los intereses del partido SOMOS.
De otra parte, afirmó que, pese a que el señor Francisco Solís Enciso Cruz interpuso la
solicitud de amparo en calidad de representante legal del partido SOMOS y en el escrito
de tutela informó que aportaba el respectivo documento que lo acreditaba como gerente
1 A través de comunicación enviada el día 2 de octubre de 2025.
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Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
del referido movimiento, no lo hizo, pese a haber sido requerido para tal fin en el auto
admisorio de la tutela.
Por lo anterior, concluyó que los accionantes no tienen legitimación en la causa por activa,
lo que conlleva a declarar la improcedencia de la acción de tutela.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió revisar la decisión del fallo de la acción de tutela en
primera instancia toda vez que, el señor Carlos Eduardo Aragón Rodríguez, como
apoderado del partido político SOMOS, incurrió en el yerro de no advertir tal condición
ante la autoridad judicial ni aportar el respectivo poder; sin embargo, precisó que tiene
poder otorgado por la actual representante legal del partido SOMOS, desde el mes de
mayo de 2025, para actuar ante el Consejo de Estado en el trámite de revocatoria directa
de la Resolución 2545 de 2018, por medio del cual se declaró la pérdida de la personería
jurídica del partido SOMOS, radicado Nro. 11001-03-24-000-2011-00138-00, por lo que
solicita que se tenga en cuenta dicho documento, que adjunta.
De otra parte, manifestó que hubo un error por parte del señor Francisco Solís Enciso al
presentarse como gerente del partido SOMOS, sin serlo, dado que es, ex candidato del
senado por el periodo de 2018 y actual precandidato a la presidencia 2026-2030.
Por lo anterior, solicitó enmendar los errores cometidos en la acción de tutela y acción a
lo solicitado en las pretensiones de esta.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque los señores Carlos Eduardo
Aragón Rodríguez y Francisco Solís Enciso Cruz carecen de legitimación en la causa
para cuestionar el trámite surtido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 11001- 03-24-000-2011-00138-00, debido a que no son parte ni terceros
con interés dentro del proceso, por lo que tampoco son titulares de los derechos
discutidos y carecen de interés directo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa por activa y, finalmente, (iii) análisis
del caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
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Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
3. La legitimación en la causa por activa
Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en sentencias T-
511 de 2017 y T-005 de 20222, la Corte Constitucional señaló que la legitimación en la
causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por consiguiente,
de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente el amparo
solicitado.
La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».
A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su nombre.
Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien actúa en
nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los derechos, (ii)
apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o personero municipal»3.
La Corte Constitucional también ha determinado que la condición de parte o interviniente
en el proceso en que se dictó la providencia acusada es determinante para efectos de
analizar la legitimación en la causa. En sentencia SU-173 de 2015, la Corte declaró la
falta de legitimación de la causa por activa del demandante que presentó una acción de
tutela en contra de una providencia que anuló un laudo arbitral porque «carece de la
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación de laudo
arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso».
4. El análisis del caso en concreto
En el sub lite, la Sala advierte que la parte actora pretende que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación política y <<a la
conformación y funcionamiento de partidos políticos>> que estima vulnerados por la
presunta mora judicial del Consejo de Estado, Sección Primera, para proferir sentencia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001- 03-24-000-
2011-00138-00.
Para la Sala, los señores Carlos Eduardo Aragón y Francisco Solís Enciso Cruz carecen
de legitimación en la causa por activa porque no son parte ni terceros con interés en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que tampoco son titulares de
los derechos ahí discutidos, lo que a su vez implica que tampoco les asiste un interés
directo y legítimo.
Al respecto, la Sala pone de presente que si bien el señor Carlos Eduardo Aragón afirma
que es el apoderado del partido político SOMOS y aportó junto con el escrito de
impugnación dos poderes, uno, que le fue conferido el 28 de marzo de 2025, por la señora
Mabel Hermida Rivera en calidad de representante legal del partido político SOMOS
dirigido a la Sección Primera del Consejo de Estado para actuar dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001- 03-24-000-2011-00138-00 y otro,
sin fecha, que le fue conferido por la misma representante legal para actuar ante el
Consejo de Estado en el trámite de revocatoria directa de la Resolución 2545 de 2018,
2 También pueden consultarse las sentencias T-001 de 1997, T-531 de 2002, T-024 de 2019, entre otras.
3 Sentencia T-292 de 2021.
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Demandante: Francisco Solís Enciso Cruz y otro
por medio del cual se declaró la pérdida de la personería jurídica del partido SOMOS,
radicado Nro. 11001-03-24-000-2011-00138-00, lo cierto es que ninguno de los poderes
aportados tiene facultades para presentar la acción de tutela de la referencia.
Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 prevé que la acción de tutela puede
ser interpuesta mediante representante legal4 o apoderado judicial5 y que, incluso, se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular está en imposibilidad física o jurídica
de promover su propia defensa. En estos eventos, con la demanda deben aportarse los
documentos que acrediten la calidad con que se actúa6, que, para este caso, sería el
poder especial debidamente conferido por la representante legal del partido político
SOMOS para formular la acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección
Primera, documento que se echa de menos.
Conviene precisar que los poderes conferidos en los procesos ordinarios no resultan
suficientes para habilitar la representación en sede de tutela, pues, como se ve, el
ejercicio de la acción de tutela requiere de poder especial. Sobre el particular, en
sentencia T-024 de 2019, la Corte Constitucional explicó que «el poder conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
conferido para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a
estos tengan origen en el proceso inicial».
De otra parte, la Sala observa que el señor Francisco Solís Enciso Cruz tampoco tiene
legitimación en la causa por activa, pues pese a que en el escrito de tutela afirma que
ostenta la calidad de gerente del partido SOMOS e indicó que aportó el documento que
lo acredita como tal, lo cierto es nunca allegó tal documento pese a que el Juzgador de
primera instancia lo requirió para tal fin en el auto admisorio, además, en la impugnación
se afirmó <<que hubo un error escrito en el documento de la acción de tutela, en el acápite
de pruebas por parte del señor Francisco Solís Enciso C de presentarse como gerente
del partido político SOMOS, sin serlo.>>
Lo anterior quiere decir que los señores Francisco Solís Enciso Cruz y Carlos Eduardo
Aragón no tienen la calidad de intervinientes ni parte dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que alegan la presunta mora judicial. Además, a este
último no se le confirió poder para actuar en la presente acción de tutela y, en ese orden,
se itera que carecen de legitimación en la causa por activa.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela porque no supera el requisito general de
legitimación en la causa por activa, pero por las razones antes señaladas7.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
4 Tal es el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas.
5 Mediante poder otorgado con expresa facultad para promover la tutela.
6 En sentencia T-493 de 2007, la Corte Constitucional señaló: «Aunque una de las características procesales de la
acción de tutela es la informalidad, esta Corporación ha indicado que la legitimación para presentar la solicitud de
amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada. En el caso que la acción
de tutela sea impetrada por medio de apoderado judicial, la Corte ha manifestado que debe ser abogado con tarjeta
profesional y presentarse junto con la demanda de tutela un poder especial, que se presume auténtico y no se entiende
conferido para la promoción de procesos diferentes a la acción de tutela, por medio del cual se configura la legitimación
en la causa por activa sin la cual la tutela tendría que ser declarada improcedente (…)».
7 Con todo, la Sala destaca que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-24-000-2011-
00138-00 la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó sentencia el 19 de febrero de 2026
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III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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