Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05889-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05889-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05889-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de enero de 2026
Demandantes: Leonardo Javier Gámez Pineda y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05889-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintidós [22] de enero de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05889-01
Demandante: LEONARDO JAVIER GÁMEZ PINEDA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial - Reparación Directa –
Confirma declaratoria de improcedencia – falta de relevancia
constitucional y de agotamiento de todos los medios de defensa
judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 7
de noviembre de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 19 de septiembre de 2025, el señor Leonardo Javier Gámez Pineda y otros1, a
través de apoderado, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Decisión con el fin de que se les amparen sus
derechos fundamentales al «buen funcionamiento a la administración de justicia, al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica y demás derechos conexos y
complementarios».
Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión
del fallo proferido el 29 de agosto de 2025 por la autoridad judicial en mención, que
confirmó la sentencia del Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 05001-33-33-028-2013-00685-00/01.
1 Los accionantes son: Leonardo Javier Gámez Pineda quien actúa en nombre propio y el de su hija,
la joven Sara Valentina Gámez Corredor, Sandra Patricia Corredor, Juan José Cuy Reyes, Aura Lilia
Villate Ruiz, Andrea Nataly Cuy Villate, Oscar Javier Cuy Villate, William Alejandro Cuy Villate, Juan
Ricardo Cuy Villate, y Lilian Fabiola Cuy Villate.
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Demandantes: Leonardo Javier Gámez Pineda y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05889-01
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
4.1. Considere procedente la queja constitucional en tanto que, la Sentencia N°241
AP del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por la sala
segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia objeto de la solicitud de
amparo, se incurrió en los defectos enunciados.
4.2. Como consecuencia de lo anterior, solicito se ampare los derechos
fundamentales quebrantados de mis poderdantes, y se deje sin efectos la sentencia
N°241 AP del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025), proferida por
la sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del
mecanismo de control de reparación directa radicado con el número
05001333302820130068500/01.
4.3. Se ordene a la sala segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la sentencia de tutela,
se emita en segunda instancia un nuevo pronunciamiento de fondo.2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El señor Leonardo Javier Gámez Pineda y otros ejercieron el medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional por los «perjuicios materiales e inmateriales que les habría causado el
accidente3 de tránsito ocurrido […], cuando el camión […] en el que transportaban
mercancía (cemento), fue requerido por uniformados de la Policía Nacional para su
traslado a la estación de policía […]».
• El 27 de marzo de 2017, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien se
acreditó que el conductor del vehículo fue requerido en dos oportunidades por la
Policía Nacional, ello se enmarcó en procedimientos de control propios de la función
policial.
• En criterio del juzgado, «no se demostró que dichas actuaciones hubiesen
vulnerado derechos fundamentales ni que hubiesen sido arbitrarias o ilegales.
Tampoco se evidenció que el procedimiento policial hubiese configurado una
privación injusta de la libertad, toda vez que no se acreditaron presupuestos como
el uso de la fuerza, la restricción de la locomoción o la incomunicación del conductor,
que permitieran considerar que se trató de una detención en sentido estricto».
• Agregó que, no se acreditó el nexo causal, porque todo apunta a que el accidente
ocurrió «por una aparente falla mecánica del automotor durante su descenso por
2 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
3 «el vehículo fue nuevamente interceptado por otros agentes de policía quienes, sin atender a la
explicación del conductor sobre la revisión ya realizada, le ordenaron regresar a la estación de San
Cristóbal. Durante ese trayecto de retorno, mientras descendía por una pendiente pronunciada, el
conductor perdió el control del vehículo, lo que obligó a lanzarse del camión, resultando lesionado,
y produciéndose además la pérdida total del vehículo y la afectación de otros bienes».
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una pendiente, y no en una acción u omisión atribuible a los uniformados».
• El 29 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Decisión confirmó la decisión del a quo, al exponer que la actuación de la
demandada se encontró enmarcada en el deber legal de vigilancia y control,
máxime, cuando los agentes de policía están habilitados «para recabar de los
particulares, la exhibición de los permisos, salvoconductos y demás requisitos
establecidos en la legislación para el transporte de pasajeros y/o carga, en el
territorio nacional».
• Agregó que «el siniestro se produjo por una falla mecánica del vehículo (pérdida
de frenos) y la decisión del conductor de continuar el trayecto en una vía con
pendiente, sin adoptar las medidas preventivas necesarias».
• Concluyó que «aunque el conductor fue requerido por la autoridad, no se acreditó
que hubiera existido una coacción ilegítima ni que la Policía asumiera la conducción
del vehículo o impidiera al señor Gámez verificar las condiciones técnicas del mismo
antes de reanudar la marcha».
• La providencia que puso fin a la controversia contenciosa fue notificada el 1 de
septiembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los tutelantes consideraron que la autoridad judicial accionada trasgredió sus
garantías constitucionales porque el tribunal accionado realizó una «falsa y falta de
motivación, al no estar fundada en las normas que regulaban el procedimiento
policial para la época de los hechos; […]».
Alegaron que la «incorrecta valoración de la prueba recaudada por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia condujo a que en la sentencia se plasmaran
conclusiones contraevidentes sobre la posible configuración de una eximente de
responsabilidad que habría vulnerado los derechos fundamentales […]».
Resaltaron que el «tribunal valoró de forma sesgada la prueba trasladada, como
son las declaraciones de miembro de la SIJIN, miembros de la policía nacional y del
agente de tránsito; entre otras, y descartó sin motivación la contradicción de esas
versiones, con el resto del material probatorio».
Precisaron que, la providencia controvertida «adolece de una motivación aparente.
Como ya se indicó, la sala utiliza normas o que no son aplicables para el caso, o
que para la fecha de los hechos no estaban vigentes, dando así una motivación
aparente a la decisión, pero en realidad con normas imprecisas».
Indicaron que, el ad quem no confrontó «en el análisis de imputación […] el deber
funcional de los policías. Solamente realiza una falsa motivación del grado del
cumplimiento de las funciones de los gendarmes en el desarrollo del procedimiento
policial».
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Expusieron que, el juez de segundo grado incurrió en argumentaciones
contradictorias, ya que «reconoce que hubo orden de retorno y custodia policial,
pero concluyen que no hubo imposición de recorrido ni coacción, sin explicar cómo
se concilian ambas afirmaciones».
Además, señalaron que desconoció el precedente contenido en las siguientes
providencias:
➢ 26 de febrero de 2014, expedida por la Subsección C de la Sección Tercera
de esta corporación, referente a que constituye una violación del debido
proceso «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional»;
➢ expedientes 25000-23-26-1996-03282-01 y 19001-23-31-1998-05110-01,
«vulnerando el deber de motivar integralmente la sentencia; y la posición de
garante de los policías con los ciudadanos en el desarrollo de
procedimientos policivos4»;
➢ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Nicolás Yepes,
providencia de 19 de mayo de 2025, con rad 23001233100020100040001
(65433): «Además, debe tenerse en cuenta que, cuando el juez no
encuentra acreditada la falla en el servicio, tampoco le está vedado realizar
el análisis del caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, es decir,
riesgo excepcional o daño especial».
➢ la sentencia C-237 de 2005 y las de unificación 363 de 2021 y 072 de 2018,
relativas al «derecho fundamental a la libertad y a la libre locomoción», y las
C-619 de 2001 y C-763 de 2002, proferidas referentes al «principio tempus
regit actus».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 29 de septiembre de 2025 el magistrado sustanciador de la
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandado al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión.
Por su parte, vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al
Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, al ministro de
Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
precisó que los accionantes pretenden usar la tutela como una tercera instancia,
4 «(Cfr. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION
SEGUNDA – SUBSECCION A Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ Bogotá
D.C., doce (12) de enero dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03019-
00(AC))».
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máxime cuando la solicitud de amparo no cumple con los requisitos
jurisprudenciales para su procedencia.
1.6.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
indicó que «la sentencia de primera instancia se fundamentó en el análisis del
material probatorio obrante en el expediente, aplicando la normativa vigente al
momento de proferir el fallo. Por tanto, este Despacho considera que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora, […]».
1.6.3. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, alegó que la solicitud
de tutela debe negarse, comoquiera que la decisión del tribunal se ajustó a las
pruebas que se aportaron, y la parte demandante no demostró los hechos que
sustentaron las pretensiones de la demanda de reparación directa.
1.7. Fallo impugnado
El 7 de noviembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo. En primer lugar, destacó que,
si bien uno de los sustentos normativos del tribunal se refiere a una norma que no
se encontraba vigente para la época de los hechos, ello no fue determinante en la
adopción de la decisión cuestionada, «pues esta no solo se sustentó en la aplicación
de dicha ley, sino en la falta de prueba de un nexo de causalidad entre las
actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y el daño alegado por los
demandantes […]».
Precisó que, «los argumentos expuestos por los demandantes para alegar
simultáneamente una decisión sin motivación, una violación directa de la
Constitución y los defectos fáctico y sustantivo son insuficientes para adentrarse en
un estudio sobre la configuración de estos. Por consiguiente, no demuestran la
relevancia constitucional del asunto».
Indicó, frente al cargo por desconocimiento del precedente «que aquellos ni siquiera
explicaron por qué los problemas jurídicos resueltos en las providencias que
invocaron resultaban similares a los que motivaron su demanda de reparación
directa, lo cual impide adentrarse en cualquier estudio sobre la configuración del
defecto en cuestión».
1.8. Impugnación5
La parte accionante manifestó que, el cargo por defecto sustantivo es relevante
desde el punto de vista constitucional, por la indebida implementación de una norma
que no estaba vigente para la fecha de los hechos, lo que «relajó el estándar de
legalidad policial aplicable al momento de los hechos [y] [s]e elevó indebidamente
la carga de la parte actora (exigiendo prueba de coacción perentoria/control material
del vehículo), desnaturalizando el análisis del nexo causal».
Señaló que, los yerros que se refieren a la falta de motivación y defecto fáctico
también son relevantes porque «el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió
5 El fallo fue notificado el 20 de noviembre de 2025, la impugnación se presentó el 24 siguiente.
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explicar por qué descartó pruebas determinantes (declaraciones de agentes, minuta
de vigilancia, conceptos del Ministerio Público) y por qué aplicó normas no vigentes.
Esa omisión no es un simple error legal, sino una vulneración constitucional».
Destacó que, también es relevante el cargo por desconocimiento del precedente
«sobre responsabilidad estatal por procedimientos policiales que imponen cargas
ilegítimas o generan riesgos excepcionales. «Además, debe tenerse en cuenta que,
cuando el juez no encuentra acreditada la falla en el servicio, tampoco le está
vedado realizar el análisis del caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, es
decir, riesgo excepcional o daño especial» (Cfr. CE SCA S3 Subsección C C.P. Dr.
N. Yepes, 19 de mayo de 2025, Radicación: 23001233100020100040001 (65433))
(Cfr. Acción de tutela página 5; además página 18, 26 y 33)».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por el extremo activo, de conformidad con lo establecido en los Decretos
1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 7 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado al interior del presente
mecanismo constitucional.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia Constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 202210, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia11.
Sobre el particular, se considera que, como lo expuso el a quo constitucional, este
asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que, al interior del proceso contencioso, las
autoridades judiciales consideraron que el daño se acreditó, mas no el nexo causal,
razón por la cual, es posible concluir, de los argumentos expuestos en la tutela, que
lo pretendido por los accionantes es reabrir el debate probatorio al punto de intentar
explicar que, con un debido estudio de la documental y testimonial referenciada, se
podía acreditar la falla en el servicio endilgada.
Ahora bien, se advierte que, en materia de tutelas contra providencias judiciales, le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente
en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran solo los fundamentos de los
accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso contencioso,
expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un indebido e
irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, se convertiría el mecanismo constitucional en una
tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta sala, los argumentos que se resumen en la
indebida valoración probatoria no cuentan con la carga argumentativa para ser
estudiados en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque
además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria, se insiste, es
posible colegir que no se desvirtúa la consideración realizada por el tribunal frente
a la exigencia de una prueba que demostrara que el actuar de agentes de la policía
fue la fuente determinante del daño, sin que, a la postre el extremo activo se refiriera
o desvirtué las consideraciones del tribunal referentes a: una posible falla mecánica
del camión [pérdida de frenos]; el hecho de que no se acreditó una «coacción
ilegítima», o que no se probó que se le hubiera impidiera al señor Gámez verificar
las condiciones técnicas del mismo antes de reanudar la marcha.
Por su parte, en cuanto al cargo por defecto sustantivo respaldado en la
implementación de una norma que no estaba vigente para la fecha de los hechos,
la sala comparte lo expuesto por el a quo constitucional, ya que el estudio de este
yerro en un eventual análisis de fondo no modificaría en nada la determinación
cuestionada, comoquiera que la mención de la ley 1801 de 2016 no fue
determinante al momento de la adopción del fallo cuestionado, ya que el
fundamento para negar las pretensiones fue la falta de prueba de un nexo causal
entre las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y el daño alegado por
los demandantes.
11 Énfasis de la sala.
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Ahora, en cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, esta colegiatura
considera que tampoco es relevante, porque una cita textual de un caso no es
suficiente para cumplir con la carga mínima argumentativa para su análisis de fondo,
ya que no se desarrolla porqué tal consideración es aplicable a su caso, máxime
cuando esta sala al descargar dicha providencia evidencia que versa acerca de un
caso de responsabilidad administrativa por lesiones a un soldado profesional, lo que
es ajeno a la controversia del expediente 05001-33-33-028-2013-00685-00/01.
Al respecto, se tiene que la misma suerte corre el presunto desconocimiento de las
sentencias SU-363 de 2021, SU-072 de 2018 y C-237 de 2005, porque, en primer
lugar, los accionantes se limitan a identificar esas providencias, pero no desarrollan
por qué son aplicables a su caso; y, en segundo lugar, porque las SU en mención
tratan temas de privación injusta de la libertad, lo que tampoco tiene que ver con lo
que se analizó en la demanda impetrada por Leonardo Javier Gámez Pineda y otros,
que fue la eventual responsabilidad administrativa y extracontractual por los
«perjuicios materiales e inmateriales que les habría causado el accidente 12 de
tránsito ocurrido […], cuando el camión […] en el que transportaban mercancía
(cemento), fue requerido por uniformados de la Policía Nacional para su traslado a
la estación de policía […]».
Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales de los tutelantes, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico expuesto en la
demanda contenciosa, para, a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»13 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.4.2. Además, la sala considera que tampoco se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte
actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de
la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250
12 «el vehículo fue nuevamente interceptado por otros agentes de policía quienes, sin atender a la
explicación del conductor sobre la revisión ya realizada, le ordenaron regresar a la estación de San
Cristóbal. Durante ese trayecto de retorno, mientras descendía por una pendiente pronunciada, el
conductor perdió el control del vehículo, lo que obligó a lanzarse del camión, resultando lesionado,
y produciéndose además la pérdida total del vehículo y la afectación de otros bienes».
13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05889-01
ibidem, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.
En efecto, se recuerda que el fundamentó principal de la acción de tutela se
enmarca en que el tribunal de cierre incurrió en una incongruencia y una falta de
motivación al momento de decidir la controversia.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esa tesis, lo cierto es que esta sección,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído
bajo cuestionamiento adolece de incongruencia o motivación, circunstancia que,
como se analizará más adelante, se enmarca en la causal 5. ° del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso
extraordinario de revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Especial
Veintidós de Decisión de esta Corporación14, la falta de motivación y la
incongruencia dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 201115.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia,
se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
[…]
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
[…]».
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En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia
interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia
proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales
no se podía pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]” (Destacado por la Sala)
Además, esta Corporación ha considerado que la nulidad también procede cuando
ocurre al «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando el juez
contencioso se pronuncia acerca de un objeto distinto al pretendido en la apelación]
o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso16».
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5. ° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 vigente para la fecha de interposición de la
demanda que suscitó la presente controversia, esto es, «[…] Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación […]».
Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
16 Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
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de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen […]17».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 18. Entonces,
corresponde a la sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede
de forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de
manera directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los demandantes se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, ni los accionantes lo advierten.
2.5. Conclusión
Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión del a quo, en atención a que no
puede el juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo,
toda vez que no se superan los requisitos de relevancia constitucional y
agotamiento de todos los medios de defensa judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la tutela de la referencia.
17 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
18 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del
perjuicio irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han
de ser urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona […] || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos
para el equilibrio social».
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
[Aclaración de voto]
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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