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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05896-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05896-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACCEDER a la desvinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho, y, NEGAR las demás solicitudes de la misma naturaleza elevadas por la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Documentación Digital del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Garzón Gómez Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 11001-03-15-000-2025-05896-00 SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el señor José Garzón Gómez contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y otros. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05896-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de octubre de 2025

Demandante: José Garzón Gómez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05896-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Dieciséis [16] de octubre de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05896-00
Demandante: JOSÉ GARZÓN GÓMEZ
Demandados: NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Derecho de acceso a la información. Declara la
improcedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito recibido el 22 de septiembre de 2025, el señor José Garzón Gómez,
en nombre propio, ejerció acción de tutela con el objeto de lograr el amparo de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia e igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Superior de la
Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho, a causa de los múltiples problemas
que evidencia en el sistema de consulta de procesos de la jurisdicción ordinaria.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Por lo anterior y por las razones oficiosas que considere el despacho, en sede de tutela
como juez constitucional, de manera respetuosa solicito a esa judicatura tutelar los
derechos fundamentales invocados y ordenar a la autoridad competente unificar
materialmente la consulta de los procesos de la jurisdicción ordinaria al sistema SAMAI,

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o al sistema de la Corte Constitucional, o a única plataforma o herramienta con idénticas
características a las anteriores1.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor José Garzón Gómez informó que la jurisdicción ordinaria tiene al servicio de
la ciudadanía múltiples opciones de consulta, empero, ninguno de esos medios se
encuentra actualizado y no les permite realizar «consultas sencillas y ágiles, pues
exige la elección de variables dentro de una extensa gama de posibilidades, que hacen
inviable e imposible la consulta2»

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante manifestó que sus derechos de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad se han visto quebrantados con ocasión del funcionamiento de
los mecanismos de gestión judicial y documental dispuestos por la jurisdicción
ordinaria para que la ciudadanía pueda consultar los expedientes que se tramitan ante
los diferentes despachos judiciales.

Adujo que el artículo 9. ° de la Ley 22133 dispone que los estados y traslados de los
procesos judiciales se conservarán en línea para la consulta permanente de cualquier
interesado, lo cual sí se cumple, a su juicio, en la jurisdicción contencioso
administrativo y en la Corte Constitucional.

Aseguró que el avance en materia de tecnología «obliga a que todas las instancias
estatales permitan el acceso de sus actuaciones a través de las tecnologías de la
información, facilitando con ello la comunicación Estado-ciudadano, y que en la rama
judicial garantiza además de un trato igualitario, el acceso a la administración de
justicia, con significativos reducciones de costos y tiempo, lo que ahora no ocurre con
la jurisdicción ordinaria por la existencia de un inadecuado sistema de consultas que
no opera de manera nacional y general4».

1 Cita del texto original con posibles errores.

2 Cita del texto original con posibles errores.
3 «POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA PERMANENTE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 806 DE 2020 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR
LOS PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO
DE JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES».
4 Cita del texto original con posibles errores.

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Reprochó la desigualdad entre las ciudades principales y los territorios, la cual
beneficia en mayor medida a los «denominados nacionales, y que ahora se ve reflejada
en la desinformación que existe en la ausencia de homogeneidad de la información».

Finalmente, citó apartes de la sentencia C-121 de 2023 relativa al derecho a la
igualdad.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 23 de septiembre de 2025 se admitió la acción de tutela de
la referencia y ordenó notificar en calidad de extremo demandado, a la Nación, Rama
Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

En calidad de terceros con interés, se dispuso integrar a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

1.6. Contestaciones

1.6.1. La Corte Suprema de Justicia, por conducto de su presidente, solicitó la
desvinculación de esta judicatura en el asunto de la referencia, comoquiera que adujó
que carece de legitimación en la causa por pasiva respecto al objeto de la acción de
tutela.

1.6.2. El Centro de Documentación Digital del Consejo Superior de la Judicatura,
solicitó la desvinculación de la entidad con sustento en que no es la responsable de
atender a las exigencias del actor, razón por la cual, considera que no ha incurrido en
la vulneración alegada.

Respecto al fondo del asunto, aseguró que, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-
91009 de 2011, el Centro de Documentación Digital [Cendoj] es el administrador
funcional del portal web de la Rama Judicial y el responsable de garantizar el espacio
para la publicación de la información administrativa y judicial emitida por las diferentes
dependencias, a través de los sistemas de información como Justicia Siglo XXI,
plataforma mediante la cual se realiza el registro de actuaciones judiciales y tiene como
fin el facilitar la consulta de los asuntos de interés por los usuarios del servicio de
administración de justicia en virtud del artículo 228 de la Constitución Política y los
artículos 2. ° y 7. ° de la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, Ley 1712 de 2014.

Agregó que, con el propósito de superar los desafíos consecuencia de la
fragmentación tecnológica y avanzar hacia un servicio más eficiente, accesible y
concentrado, como parte del cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan

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Estratégico de Transformación Digital 2021-2025, el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó el Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ) mediante el Acuerdo pcsja23-
12094 de 11 de octubre de 2023, por el cual se procura consolidar una única
plataforma de gestión judicial, administrativa y documental, que promueva la
interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones y dependencias de la Rama Judicial,
en cuanto a la tramitación electrónica, el control de actuaciones, términos y decisiones
en los procesos, a través de la parametrización, monitoreo, automatización de flujos
de trabajo, reglas y rutas en función de las etapas procesales, la especialidad y el ciclo
de vida de la causa.

Afirmó que el sistema se implementará por fases y de manera gradual en los
despachos. En la primera fase se incluyen los distritos judiciales de Bogotá, Pereira,
Armenia, Manizales, Sincelejo, Villavicencio y Medellín en la especialidad laboral. Las
fases siguientes «podrán priorizar servicios específicos con la Ventanilla Judicial
Electrónica, el reparto, el sistema de gestión documental electrónica y el trámite
electrónico de las tutelas». Así, adujo que el SIUGJ podrá funcionar sobre una o varias
plataformas tecnológicas integradas en estándares definidos, por lo que se contempla
la posibilidad de reutilización e integración de sistemas existentes, previa valoración
técnica por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la
aprobación del Consejo Superior de la Judicatura.

Finalmente, indicó que el artículo 7. ° del referido acuerdo define que la gestión de los
proyectos y de la operación de los servicios SIUGJ estará a cargo de la Unidad de
Transformación Digital de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ese
orden, insistió en que no es posible atribuirle alguna responsabilidad al Cendoj.

1.6.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó ser desvincula de esta acción
de tutela en atención a que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto,
a su juicio, «el manejo de las herramientas digitales para la gestión de procesos
judiciales está a cargo de la Rama Judicial, la cual no pertenece al Sector Justicia».

1.6.4. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla también manifestó que lo pretendido
con este mecanismo constitucional consiste en la unificación material de la consulta
de los procesos de la jurisdicción ordinaria en el sistema Samai, en el que aplica la
Corte Constitucional, o en una única plataforma con características similares, por lo
tanto, aseveró que ello está fuera de su alcance de conformidad con las funciones
atribuidas a la entidad.
1.6.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial destacó que en la acción
de tutela se debe analizar en primera medida la legitimación en la causa por pasiva,
en tanto esta se debe ejercer respecto de la entidad en la cual recae el deber de cumplir
con lo requerido. Además, indicó que este medio constitucional solo es procedente en
el evento en que se supere el estudio de los requisitos adjetivos, particularmente, el
relativo a la naturaleza subsidiaria de la tutela. Ello, por cuanto alegó que la parte

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actora cuenta con los medios judiciales ordinarios idóneos para exigir la protección de
los derechos fundamentales que considera vulnerados.

En ese sentido, acotó que, en lo que concierne a la DEAJ, no existe una vulneración
iusfundamental, «máxime cuando está acreditado que el actor no acreditó de manera
clara y concreta el origen de la presunta actuación vulneradora así como las
circunstancias fácticas que considera vulnera o amenaza los derechos fundamentales
deprecados, así como no probó la existencia de un perjuicio irremediable, mucho
menos la relevancia constitucional de los argumentos alegados, razón por la cual, la
demanda del epígrafe se torna improcedente5».

Por lo anterior, solicitó que se «rechace por improcedente» la acción de tutela ante el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

1.6.6. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
precisó que, de conformidad con el artículo 5. ° de la Ley 489 de 1998, la competencia
administrativa de los organismos y entidades del estado «deberán ejercer con
exclusividad, potestades y atribuciones inherente, de manera directa e inmediata,
respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley [...] 6»

En ese orden, indicó que es improcedente para el ministerio que se le atribuyan
obligaciones sobre funciones y competencia «que por ley no le son asignadas,
especialmente lo relacionado con la infraestructura o páginas web de la RAMA
JUDICIAL JURISDICCION ORDINARIA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO., ya que el MINTIC solo fija las políticas
de telecomunicaciones, pero son las entidades dentro de sus competencias, las que
determinan como administran sus páginas web [...]».

Por lo anterior, solicitó su desvinculación tras advertir que carece de legitimación en la
causa por pasiva en el asunto de la referencia, debido a que no tiene injerencia en el
objeto de la acción de tutela y, por ende, no se le puede endilgar ningún tipo de
responsabilidad en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor José Garzón Gómez, de conformidad con lo establecido en

5 Cita del texto original con posibles errores.
6 Cita del texto original con posibles errores.

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los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Corte Suprema de Justicia, el Centro de Documentación Digital del Consejo
Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitaron su desvinculación del
proceso de la referencia.

Al respecto, la Sala anuncia que accederá a la referida petición respecto del Ministerio
de Justicia y del Derecho, entidad que fue vinculada en calidad de demandada. Tal
decisión obedece a que, tal como lo indicó la referida cartera en su intervención, no
tiene competencia para decidir sobre el objeto de la acción de tutela relacionado con
«el manejo de las herramientas digitales para la gestión de procesos judiciales»,
puesto que está a cargo de la Rama Judicial la cual no hace parte del sector justicia.

Las solicitudes de la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Documentación Digital
del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones serán denegadas al considerar que fueron llamados
a este trámite tutelar en calidad de terceros por presentar interés en el resultado que
se adopte.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión del presunto
funcionamiento deficiente de las plataformas a través de las cuales se realizan las
consultas de gestión judicial y documental en la jurisdicción ordinaria.

Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) las generalidades de la acción
de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela; (iii) los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; (iv) derecho de acceso a la
información; y (v) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable7.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a
las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia8.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

8 «En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones».

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.6. Derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
de los artículos 229 de la Constitución, del derecho fundamental al debido proceso y
de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al
derecho de acceso a la administración de justicia.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva «las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías
constitucionales previstas en la Constitución y en la ley»10.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que «esta garantía no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas
de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los
estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión»11.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:

[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”12, y de
otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público
sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal
finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de

9 «Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010».
10 Sentencia T-476 de 1998.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
12 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas13.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996 Estatuaria
de la Administración de Justicia14 y con sustento en los principios de celeridad,
eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director
del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria
o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado
Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica
irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta
más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y
asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii)
la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la
justicia material15»

2.7. Derecho de acceso a la información

Esta prerrogativa es reconocida en el artículo 74 de la Constitución Política de
Colombia como un derecho fundamental, en el sentido de señalar que «[T]odas las
personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley […]».

En el ámbito internacional, en los tratados reconocidos por Colombia, también se
encuentra prevista esta facultad en los artículos 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
convenios en los cuales la posibilidad de investigar, recibir y difundir informaciones por
cualquier medio, se encuentra íntimamente relacionada al derecho a la libertad de
opinión y expresión, en tanto el flujo de datos es parte fundamental del ejercicio del
control político, económico, social, ambiental, institucional, entre otros, que ejerce la
ciudadanía en el marco de un país democrático.

La Ley 1712 de 2014 tiene por objeto regular este precepto «[…] los procedimientos
para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de

13 Ibidem.
14 Ibídem.
16 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional”.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandante: José Garzón Gómez
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información», señala que se desarrolla con sujeción a los principios de máxima
publicidad para el titular universal, de acceso a la información pública y transparencia;
este último dentro del cual confluyen los principios de buena fe, facilitación, no
discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación
proactiva y responsabilidad en el uso de la información.

En el artículo 4. ° de la norma ejusdem, también se indica que «[E]n ejercicio del
derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre
la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los
sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido
excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar
contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una
sociedad democrática».

Dicha norma también determina que está dirigida a todas las entidades públicas en
todos los niveles de la estructura del Estado en la que también están involucradas las
ramas del poder en Colombia; y a personas naturales como jurídicas que presten o
ejerzan funciones de igual índole.

Por su parte, en la Ley 1755 se establecen las reglas por las cuales se debe regir el
derecho de petición que se encuentra directamente relacionado con el acceso a la
información.

2.8. Caso concreto

2.8.1. En el sub examine, la parte actora solicitó que se accediera al amparo de sus
prerrogativas constitucionales de acceso a la administración de justicia y a la igualdad,
garantías que consideró vulneradas con ocasión de las presuntas falencias que
presentan las plataformas de consulta, gestión judicial y documental de la Rama
Judicial en la jurisdicción ordinaria.

2.8.2. Al respecto, la Sala anuncia que declarará la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia por cuanto el asunto expuesto por el señor José Garzón Gómez
en realidad se concreta en la presunta infracción de una garantía colectiva16.

Lo anterior obedece a que, la inconformidad del tutelante, concerniente a que padece
el defectuoso funcionamiento de las diferentes plataformas dispuestas por la Rama
Judicial para la consulta de los procesos judiciales que conoce la jurisdicción ordinaria,
realmente se circunscribe al presunto quebrantamiento del derecho de acceso a la
información de la ciudadanía en general, y que ello repercute de manera negativa en
la prestación del servicio de administración de justicia.

16 Ver sentencia de 6 de julio de 2023 dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
expediente 11001-03-15-000-2023-01488-01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Garzón Gómez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05896-00

Además, solicitó «ordenar a la autoridad competente unificar materialmente la consulta
de los procesos de la jurisdicción ordinaria al sistema SAMAI, o al sistema de la Corte
Constitucional, o a única plataforma o herramienta con idénticas características a las
anteriores».

En ese orden, la Sala denota que sus alegaciones y pretensiones, antes de estar
relacionadas con la presunta vulneración de sus derechos individuales, en tanto no
demostró una afectación de manera concreta y directa, lo que realmente revelan es la
intención de poner en evidencia la afectación generalizada en el ámbito del servicio de
administración de justicia en el sector de la justicia ordinaria.

Ello, por cuanto al descender al caso particular del señor Garzón Gómez, esta
judicatura no advierte un solo argumento a partir del cual se acredite que el ejercicio
de su derecho de acceso a la administración de justicia se haya impedido de manera
absoluta. En otras palabras, no alegó ni demostró con contundencia que, en algún
proceso que adelante en alguno de los despachos judiciales de la jurisdicción
ordinaria, con ocasión de las falencias de los portales dispuestos para la ciudadanía,
se le hubiese negado la interposición de recursos, el derecho de defensa, intervención
o cualquier otro tipo de actuación que desembocara en una decisión desfavorable e
injusta respecto de sus intereses.

Por lo tanto, al tratarse de un asunto en el que, lejos de acreditar la violación de
garantías subjetivas, afloran manifestaciones generales y tendientes a procurar el
amparo de un beneficio colectivo, se concluye que esta acción de tutela no es
procedente en atención a su carácter subsidiario, comoquiera que el actor cuenta con
la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, norma que es
del siguiente tenor:

ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de
personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos
e intereses colectivos.

De otro lado, en el artículo 2. ° de la Ley 472 de 1998 se establece que las acciones
populares «[s]on los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible»

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2.8.3. En gracia de discusión, conviene señalar que no se advierte la vulneración de
los derechos fundamentales del señor José Garzón Gómez, en tanto, como se indicó
en líneas previas, no demostró que hubiese resultado afectado de manera directa y
concreta dentro de alguna de las causas judiciales de su interés, aunado a que, en
todo caso, los canales o plataformas dispuestas para la consulta de los procesos en la
jurisdicción ordinaria son las mismas para la ciudadanía general.

Lo anterior implica que, la carga que alega como transgresora no solo la debe soportar
el actor sino todas y cada una de las personas que usan el servicio de administración
de justicia de la referida jurisdicción hasta tanto se implemente el Plan Estratégico de
Transformación Digital 2021-2025, por el cual el Consejo Superior de la Judicatura
adoptó el Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ) mediante el Acuerdo pcsja23-
12094 de 11 de octubre de 2023, esto es, como lo indicó el Centro de Documentación
Digital del Consejo Superior de la Judicatura en su informe, el sistema con el que se
procura consolidar una única plataforma de gestión judicial, administrativa y
documental, que promueva la interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones y
dependencias de la Rama Judicial.

Así las cosas, esta colegiatura declarará la improcedencia de este medio de amparo
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

2.9. Conclusión

La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo invocada por el señor José
Garzón Gómez contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y
otros, comoquiera que no se satisfizo el análisis del requisito relativo a la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: ACCEDER a la desvinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho, y,
NEGAR las demás solicitudes de la misma naturaleza elevadas por la Corte Suprema
de Justicia, el Centro de Documentación Digital del Consejo Superior de la Judicatura
y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por el señor
José Garzón Gómez contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura y otros.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
(Aclara voto)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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