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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05897-00

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05897-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Número único de radicación: 110010315000-2025-05897-00 Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05897-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05897-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD. EL PROCESO
EJECUTIVO EN EL QUE SE PROFIRIÓ LA DECISIÓN CUESTIONADA SE
ENCUENTRA EN CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO VITAL, TRABAJO Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante TRIBUNAL

2

Número único de radicación: 110010315000-2025-05897-00
Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ

El señor JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social y a los

principios de cosa juzgada y retroactividad de ley, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 1o.

de septiembre de 2025, dentro del proceso ejecutivo identificado con

el numero único de radicación 2022-00330-02.

I.2.- Hechos

Indicó que, mediante sentencia de 29 de marzo de 2019, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2015-00582-00, el

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

MOCOA2 ordenó a COLPENSIONES reconocer y pagar en su favor

la pensión de jubilación a partir del 23 de julio de 2006 y con efectos

fiscales a partir del 31 de enero de 2010, por efecto de prescripción

y, además, dispuso que las mesadas adeudadas fueran debidamente

2 En adelante el Juzgado

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Número único de radicación: 110010315000-2025-05897-00
Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ

ajustadas conforme al IPC, siendo objeto de recurso de apelación

por dicha entidad, el cual fue resuelto de manera confirmatoria por

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, mediante

sentencia de 23 de junio de 2021.

Manifestó que el 17 de marzo de 2022, le solicitó el pago a

COLPENSIONES, cumpliendo con todos los requisitos exigidos, sin

embargo, esta hizo caso omiso a tal reclamación.

Aseguró que por lo anterior, presentó acción de tutela ante el

TRIBUNAL, con el objeto de que COLPENSIONES diera

cumplimiento a lo dispuesto en las referidas providencias, no

obstante, esta entidad mediante Resolución núm. SUB 117763 de 5

de mayo de 2022, negó la liquidación del retroactivo, bajo el

argumento que aún se encontraba activo laboralmente.

Arguyó que presentó proceso ejecutivo, el cual le fue asignado el

numero único de radicación 2022-00330-00, atribuido en primera

instancia al JUZGADO que, mediante providencia de 26 de enero de

2023, libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la

ejecución.

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Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ

Aseveró que el JUZGADO mediante providencia de 5 de diciembre

de 2024, aprobó la liquidación del crédito. Posteriormente, solicitó la

actualización de los intereses moratorios, por lo que a través de

proveído de 26 de marzo de 2025, lo modificó y aprobó su

actualización en cuantía de $744.878.932.oo, y condenó en costas y

agencias en derecho en un porcentaje de 4% a la parte vencida.

Mencionó que COLPENSIONES presentó recurso de reposición y, en

subsidio, de apelación, siendo resuelto este último por el TRIBUNAL

mediante providencia de 1o. de septiembre de 2025 que, revocó la

decisión de 26 de marzo de este año, y ordenó devolver el expediente

al JUZGADO para resolver sobre la liquidación del crédito que

presentó en su momento teniendo en cuenta su retiro laboral a partir

del 1o. de agosto de 2023.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la decisión cuestionada va en contravía absoluta

del derecho al debido proceso, puesto que omitió analizar si era

viable el estudio del recurso de apelación interpuesto contra la

aprobación y/o modificación de la liquidación del crédito.

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Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ

Indicó que la entidad accionada no actuó conforme a la ley y lo que

hizo fue reabrir un debate sobre un proceso ya resuelto, esto es,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento que dio

origen al proceso ejecutivo, transgrediendo el principio de la cosa

juzgada e incurriendo en desconocimiento del precedente

jurisprudencial en lo que refiere a las decisiones ejecutoriadas, lo

que va en contravía de lo establecido en las sentencias T-177 de 25

de abril de 1995 y T-685 de 8 de agosto de 2003, proferidas por la

Corte Constitucional.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó:

“[…] PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD y
COSA JUZGADA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL
DERECHO AL PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES DE MANERA
RETROACTIVA RECONOCIDAS EN TÍTULOS JUDICIALES, AL MÍNIMO
VITAL Y MÓVIL violentados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
PUTUMAYO, que incurrió en VÍA DE HECHO al haber incurrido en
DEFECTO PROCEDIMENTAL porque actúo completamente al margen
del procedimiento establecido para el proceso ejecutivo del Artículo
446 del CGP aplicable al CPACA por remisión de normas, al revocar
actuaciones judiciales que se encontraban debidamente
ejecutoriadas y que la parte demandada en su oportunidad procesal
no ejercicio en debida forma el derecho a la defensa, no interpuso
los recursos de ley en contra de las actuaciones procesales yendo en
contravía del TITULO EJECUTIVO base de recaudo.

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Actor: JOSÉ IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ

SEGUNDO: ORDENAR a la accionada Corporación TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO QUE DEJE SIN EFECTOS el Auto de
fecha 1 de septiembre del 2025 proferido por el dentro del Proceso
Ejecutivo No.86001 33 33 001 2022 00330- 02 en el que funjo como
Demandante: José Ignacio Carvajal Gómez y como Demandada la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones mediante
el cual decide Revocar la providencia del 26 de marzo de 2025
dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que aprobó
la liquidación del crédito y lo RECHACE DE PLANO al no haber actuado
COLPENSIONES de conformidad con el proceso contemplado en el
Artículo 446 del CGP.

TERCERO: ORDENAR A LA ACCIONADA CORPORACIÓN TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE PUTUMAYO que ordene la devolución del
proceso al Juzgado de origen Juzgado 1 Administrativo de Mocoa
para que proceda a continuar con el trámite de rigor en ocasión a la
solicitud de actualización de la liquidación del crédito presentada por
mi apoderada que fue aprobada mediante Auto del 26 de marzo del
2025 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL rindió informe en el que destacó que la

solicitud de amparo de la referencia debe despacharse

desfavorablemente, comoquiera que los derechos deprecados por el

actor no fueron vulnerados.

Indicó que la acción de tutela de la referencia no cumple con el

requisito de subsidiariedad, puesto que el proceso ejecutivo

cuestionado, aún se encuentra en trámite, esto es, el escenario

judicial idóneo en el que el actor puede seguir ejerciendo su derecho

de defensa.

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Manifestó que la acción de tutela está concebida para la protección

inmediata de derechos fundamentales, no obstante, la controversia

planteada en el caso sub examine corresponde a un asunto

meramente legal y económico.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente el amparo

invocado y su desvinculación del presente trámite constitucional,

dado que a su juicio, ha actuado con suma diligencia y no ha

vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante.

I.6.2.- COLPENSIONES indicó que la presente solicitud de amparo

debe declararse improcedente, máxime si se tiene en cuenta que no

ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por el actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que el JUZGADO solicitó su desvinculación en la

presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el JUZGADO conoce del proceso

ejecutivo objeto de tutela, le asiste interés directo en las resultas del

proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala

denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en

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la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se

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sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 1o. de septiembre de 2025,

proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual revocó lo dispuesto por

el JUZGADO en auto de 26 de marzo de este año, dentro del proceso

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ejecutivo identificado con el número único de radicación 2022-00330-

02.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social y a los

principios de cosa juzgada y retroactividad de ley, puesto que, a

juicio del actor, la decisión cuestionada va en contravía absoluta del

derecho al debido proceso, puesto que omitió analizar si era viable el

estudio del recurso de apelación interpuesto contra la aprobación y/o

modificación de la liquidación del crédito.

Indico que la entidad accionada no actuó conforme a la ley y lo que

hizo fue reabrir un debate sobre un proceso ya resuelto, esto es,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento que dio

origen al proceso ejecutivo, transgrediendo el principio de la cosa

juzgada e incurriendo en desconocimiento del precedente

jurisprudencial en lo que refiere a las decisiones ejecutoriadas, lo

que va en contravía de lo establecido en las sentencias T-177 de 25

de abril de 1995 y T-685 de 8 de agosto de 2003, proferidas por la

Corte Constitucional.

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Señaló que la entidad accionada no actuó conforme a la ley, y lo que

pretende es reabrir un debate sobre un proceso fallado

transgrediendo la cosa juzgada incurriendo en desconocimiento

del precedente jurisprudencial en lo que refiere que las los autos

interlocutorios ejecutoriados, de oficio o a petición de parte, no está

prevista en el ordenamiento jurídico como fórmula procesal lo cual

no obra en perjuicio de las modificaciones sea el resultado del trámite

del ejercicio de los diferentes medios de impugnación, por lo que se

pasó por alto lo establecido en las sentencias T-177 de 1995, T-685

de 2003, entre otras.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

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especial, el requisito de la subsidiariedad.

• Del requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se

encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

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idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Asimismo, esta Sección4 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite

el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,

señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es

3
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2017-
03006-00.

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procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de

las actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI, se

logra evidenciar que el pasado 1o. de septiembre de 2025, el

TRIBUNAL revocó la liquidación y modificación del crédito hecha

por el JUZGADO dentro del proceso ejecutivo censurado y ordenó

la devolución del expediente a este último para su trámite, teniendo

la liquidación del crédito presentada por el actor y su retiro laboral a

partir del 1o. de agosto de 2023, como se evidencia a continuación:

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Por tanto, para la Sala resulta evidente que la acción de tutela de la

referencia no cumple con el requisito general de la

subsidiariedad, porque el proceso ejecutivo dentro del que se

profirió la decisión aquí cuestionada se encuentra en curso, pues

hasta la fecha el JUZGADO no se ha pronunciado ni resuelto la

liquidación del crédito de conformidad con las consideraciones

expuestas por el TRIBUNAL en la mencionada providencia.

En efecto, el proceso que motivó la instauración de esta acción

constitucional aún se encuentra en trámite y, por ende, la

intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello, por

cuanto, se reitera, es el mismo proceso ejecutivo el adecuado para

hacer valer los derechos que el actor estima vulnerados y mal haría

el juez de tutela en suplantar las competencias que le están dadas

al juez de conocimiento.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la solicitud de

amparo de la referencia respecto de la decisión judicial proferida al

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interior del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 2022-00330-02, debe ser declarada improcedente por

no cumplirse el requisito general de la subsidiariedad, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 5 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

5
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por la parte actora por falta del requisito de

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el JUZGADO, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

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subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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