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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05905-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-05905-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, se dispone: 2. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por la señora Mónica Lucía Amaris Otero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05905-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

30 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05905-01
Demandante: Mónica Lucía Amaris Otero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 30 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05905-01
Demandante: MÓNICA LUCÍA AMARIS OTERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Tema: Acción de tutela contra providencia que niega el medio de control de
nulidad electoral. Inhabilidad por celebración de contrato. Revoca
improcedencia para negar amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del 3 de
octubre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 22 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado, la señora Mónica Lucía Amaris Otero pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción, acceso a la administración de
justicia, trabajo, mínimo vital, vida digna, «a ser elegido» y a los principios de «legalidad»
y «prohomine».

A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia del 13 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que denegó pretensiones en la demanda de nulidad electoral 47001-23-
33-000-2023-00317-00-01

2. Pretensiones

La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE
DEFENSA y CONTRADICCIÓN, ACCESO A LA JUSTICIA, AL TRABAJO, AL MINIMO VITAL,
A SER ELEGIDO, A UNA VIDA DIGNA, PRINCIPIO PROHOMINE Y AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, toda vez que el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN QUINTA, dentro de la providencia SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA TRECE (13) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO
(2025) proferida por la Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, incurrió en
un defecto sustantivo pues se observa que de manera errada, desconocieron las pruebas
aportadas durante el debate procesal y se aparta de los precedentes judiciales determinados
en casos similares e incurre en vía de hecho judicial.

SEGUNDA: QUE SE DEJE SIN EFECTO LA PROVIDENCIA SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA DE FECHA TRECE (13) DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025)

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05905-01
Demandante: Mónica Lucía Amaris Otero

proferida por la Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, CONSEJO DE
ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN QUINTA.

TERCERA: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN QUINTA, que, en el término de esta providencia, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente
Litis., ordene REVOCAR o dejar sin efectos la sentencia de Segunda Instancia dictada con
ponencia de la Magistrada ponente: Dra. GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

La señora Mónica Lucía Amaris Otero participó como candidata a la Asamblea
Departamental del Magdalena por el partido Cambio Radical en las elecciones
territoriales correspondientes al periodo constitucional 2024-2027.

El 19 de diciembre de 2023, por medio de apoderado judicial, promovió demanda de
nulidad electoral contra el formulario E-26 de 26 de noviembre de 2023, mediante el cual
se declaró la elección de la señora Candy Julieth Sánchez Vásquez como diputada de la
Asamblea Departamental del Magdalena.

La demanda se sustentó en que la elegida se encontraba incursa en las causales de
inhabilidad previstas en los artículos 49, numerales 5 y 6 de la Ley 2200 de 2022 y 33,
numeral 4 de la Ley 617 de 2000, por cuanto, dentro del año anterior a la elección,
intervino en la gestión de negocios y en la celebración de contratos con entidades
públicas en interés propio o de terceros, a través de la sociedad Maestre & Sánchez
S.A.S., de la cual era accionista y representante legal suplente y cuyo representante legal
principal era su cónyuge.

El proceso se adelantó bajo la radicación 47-001-2333-000-2023-00317-00 y
correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Magdalena que,
mediante sentencia del 23 de octubre de 2024, declaró la nulidad parcial del acto de
elección, al considerar acreditada la configuración de la causal de inhabilidad. Concluyó
que la cesión de acciones alegada por la demandada no resultó oponible a terceros y que
las pruebas demostraron su participación accionaria y el beneficio derivado de los
contratos celebrados por la sociedad durante el periodo inhabilitante.

Inconforme, la demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que el 13 de marzo de 20251, revocó la sentencia
del Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, denegó la nulidad de la elección
de la señora Candy Julieth Sánchez Vásquez, al estimar que la sola calidad de accionista
no configuró la causal de inhabilidad y que no se acreditó una conducta personal, activa
y directa de la demandada en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con
entidades públicas.

La decisión de segunda instancia contó con un salvamento de voto por parte del
consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien sostuvo que la demandada sí intervino
en la gestión de negocios, al permitir que la sociedad obtuviera ventajas en procesos
contractuales sin informar oportunamente la supuesta cesión de acciones, lo que
configuró una intervención por acción u omisión.

1 Notificada por correo electrónico el 14 de marzo de 2025

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Demandante: Mónica Lucía Amaris Otero

La señora Mónica Lucía Amaris Otero solicitó la aclaración y complementación de la
sentencia de segunda instancia, con el fin de que se explicaran las razones por las cuales
no se tuvo por acreditada la intervención en la gestión de negocios ni el beneficio derivado
de los contratos celebrados por la sociedad Maestre & Sánchez S.A.S.

Mediante providencia del 27 de marzo de 20252, el Consejo de Estado-Sección Quinta
denegó la solicitud de aclaración y complementación, al considerar que los argumentos
expuestos correspondieron a un desacuerdo con la decisión de fondo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El accionante señaló que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia
cuando se trata de providencias judiciales.

En cuanto a los defectos específicos, señaló que el Consejo de Estado-Sección Quinta
incurrió en:

Defecto sustantivo por omisión en la aplicación de lo previsto en numeral 5, artículos 49
de la ley 2200 de 2022 y artículo 33, numeral 4, de la ley 617 del 2000, a la que, dice, se
le debe dar aplicación taxativa y literal de la inhabilidad, consistente en el “haber
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o
en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio
o de terceros”.

Resaltó que la señora Candy Julieth Sánchez era representante legal suplente
(Subgerente) y socia de la sociedad comercial Maestre & Sánchez SAS. Junto con su
cónyuge y en tal calidad, gestionó negocios y celebró contratos con entidades públicas
para ser ejecutados en el departamento del Magdalena.

Indicó que la señora Candy Julieth Sánchez Vásquez fue subgerente de la sociedad
durante el periodo inhabilitante de 12 meses anteriores a la elección, es decir, entre el 29
de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, conforme lo certifica la cámara de
comercio.

Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio allegado al proceso,
puesto que, se encontraba plenamente acreditada la participación accionaria y
representación legal suplente de la demandada en la sociedad Maestre & Sánchez
S.A.S., con una participación de la demandada como socia de la empresa del 51% y su
calidad de subgerente que se extendió hasta el 27 de noviembre de 2023.

Precisó que se demostró el elemento subjetivo de la inhabilidad, pues al expediente se
allegaron los contratos relacionados seguidamente a nombre de la sociedad Maestre &
Sánchez S.A.S., sociedad comercial, que actuó de manera unitaria y directa en los
contratos de compraventa celebrados con el SENA y de obras civiles con el municipio de
El Piñón- Magdalena; así mismo, actuó consorciada con FOV S.A.S. en contrato de obras
civiles de infraestructura de transportes con el Sistema Estratégico de Transporte Público
-SETP.

Agregó que estaba acreditada la calidad de accionista de la señora Candy Julieth
Sánchez Vásquez en la compañía Maestre & Sánchez durante el lapso comprendido
entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023; por lo que se debía tener en
cuenta la incidencia determinante del contrato que se aportó como prueba, en el que se
certificó que, en efecto, la sociedad contaba con una accionista mujer, de condición
2 Notificada por estado el 28 de marzo de 2025

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Demandante: Mónica Lucía Amaris Otero

emprendedora, y bajo la gravedad del juramento se determinó que era, en efecto, la
accionista del 51 % de la sociedad, que no es otra que la demandada en el proceso
electoral.

Desconocimiento del precedente sentado por la misma Sección Quinta del Consejo de
Estado al respecto, en sentencia 00080 del 2019 con ponencia del Magistrado Ponente
Dr. Alberto Yepes Barreiro de 11 de abril de 2019, en la cual se estableció que: “El anterior
estudio resulta de suma relevancia para resolver el problema jurídico que examina la
Sala, no solo porque en el sub examine está demostrado que los contratos que, a juicio
de los demandantes dan cuenta de la inhabilidad, fueron suscritos por una persona
jurídica sin ánimo de lucro, sino porque, además lo que está en duda es si el demandado
tenía la calidad representante legal de la ESAL que los celebró”.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado-Sección Quinta solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, al estimar que la parte actora
se limitó a reiterar los argumentos expuestos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad electoral, con el propósito de reabrir una discusión de naturaleza estrictamente
legal y convertir la tutela en una instancia adicional.

Resaltó que, al tratarse de una providencia proferida por una alta corte, el análisis de
procedibilidad debía ser especialmente riguroso, y que la demanda no demostró una
afectación arbitraria o desproporcionada de derechos fundamentales.

De manera subsidiaria, sostuvo que no se configuraron los defectos sustantivo y fáctico
alegados, puesto que la sentencia cuestionada expuso una motivación suficiente y
razonable, identificó de forma clara los elementos concurrentes exigidos para la
configuración de la inhabilidad y concluyó, a partir de una valoración integral del material
probatorio, que no se acreditaron actuaciones personales, activas y comprobadas de
intervención en la gestión de negocios.

Resaltó que la sola condición de accionista o subgerente de la demandada no estructuró
la causal invocada; luego, la decisión respetó el precedente jurisprudencial y la
autonomía judicial.

El Tribunal Administrativo de Magdalena allegó el expediente digital, pero nada dijo
sobre la acción de tutela.

La señora Candy Julieth Sánchez Vásquez y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio pese a haber sido debidamente notificados de la
acción.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 3 de
octubre de 2025, declaró improcedente la tutela, al considerar que del análisis integral
del escrito de tutela se advirtió que los reproches formulados se encaminaron, de manera
predominante, a controvertir el criterio jurídico y probatorio adoptado por la Sección
Quinta en el marco del proceso electoral, sin que se hubiera demostrado una afectación
iusfundamental autónoma, directa y de entidad constitucional.

Expuso que los cargos alegados reprodujeron los mismos planteamientos desarrollados
en la demanda de nulidad electoral y en las instancias correspondientes, dirigidos a

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cuestionar la forma en que el juez natural valoró las pruebas y aplicó las normas que
regulan las causales de inhabilidad, aspectos que fueron objeto de un estudio expreso,
razonado y suficientemente motivado en la providencia cuestionada.

Resaltó que la sentencia reprochada explicó de manera detallada los presupuestos
normativos y jurisprudenciales exigidos para la configuración de la causal de inhabilidad
alegada, precisó los elementos que debían acreditarse de forma concurrente y efectuó
una valoración integral del acervo probatorio, a partir de la cual concluyó que no se
demostró una intervención personal, activa y directa de la elegida en la gestión de
negocios o en la celebración de contratos con entidades públicas. Asimismo, se observó
que la providencia expuso las razones por las cuales la sola calidad de accionista no
resultó suficiente para estructurar la inhabilidad, lo que descartó la existencia de una
decisión arbitraria, caprichosa o desprovista de motivación.

Advirtió que la providencia que se pronunció sobre la aclaración solo se limitó a reiterar
que los argumentos propuestos por la solicitante evidenciaron un desacuerdo con el
sentido del fallo, sin introducir elementos nuevos que exigieran pronunciamiento
adicional, lo cual se ajustó a la naturaleza y finalidad de dicho mecanismo procesal. Por
consiguiente, tampoco se identificó, en esa decisión, una vulneración autónoma de
derechos fundamentales que habilitara la intervención del juez constitucional.

Con base en lo anterior, concluyó que la acción de tutela se utilizó como un mecanismo
para reabrir un debate estrictamente legal y probatorio ya resuelto de manera definitiva
por la jurisdicción contencioso-administrativa, con el propósito de obtener una nueva
instancia de revisión, finalidad que resultó incompatible con el carácter subsidiario y
excepcional del amparo constitucional. Por tal razón, se determinó que la controversia
careció de relevancia constitucional, lo que condujo a declarar la improcedencia de la
acción de tutela por el incumplimiento de dicho requisito.

7. Impugnación

La demandante impugnó el fallo de primera instancia, al estimar que el a quo no tuvo en
cuenta que la sentencia objeto de la acción de tutela recayó en actuaciones materiales o
decisiones arbitrarias que se apartan del ordenamiento jurídico, carecen de fundamento
legal y violan flagrantemente derechos fundamentales, lo que configura una vía de hecho
judicial por indebida valoración de pruebas y por darle una aplicación indebida a la norma.

Advirtió que la Sala ha debido analizar el fondo del asunto, pues las pruebas que obran
en el expediente demostraron que la demandada en el proceso de nulidad electoral sí
intervino en la gestión de negocios, por cuanto con su participación como accionista de
Maestre & Sánchez S.A.S., esa sociedad adquirió un puntaje adicional por
emprendimiento y empresas de mujeres en procesos precontractuales ante el Sistema
Estratégico de Transporte Público de Santa Marta y la Alcaldía de El Piñón (Magdalena).

Insistió en que la Sección Quinta del Consejo de Estado se restringió a manifestar que
«no existe prueba de que ella haya realizado gestión alguna ante la administración
pública directamente o por interpuesta persona», sin siquiera entrar a valorar el actuar de
la demandada, Candy Julieth Sánchez Vásquez.

Consideró que el presente caso amerita el estudio en contexto de toda la situación, donde
efectivamente se estudie la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 49
de la Ley 2200 de 2022 por la participación de la demandada como accionista de una
persona jurídica que actúa como proponente u oferente en un proceso de selección con
una entidad pública.

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Añadió que en el acervo probatorio se encontró que la demandada cedió la totalidad de
las acciones en provecho del otro socio, el señor Luis Alejandro Maestre Quiroz
(cónyuge), y con ello, se evidencia que dentro del año anterior de la elección como
diputada, aquella no tenía tal calidad. No obstante, al proceso se allegaron los
documentos de los procesos contractuales con las entidades públicas, en los que se
evidencia que la sociedad participó en esas actuaciones sobre la base de que la
demandada era accionista para ese tiempo, y por esta circunstancia obtuvo un beneficio.

Reiteró que la providencia cuestionada desconoció el precedente jurisprudencial de la
misma Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado al respecto, al que se refirió en
la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia, que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, para, en su
lugar, estudiar de fondo la acción y denegar el amparo pretendido, por cuanto no se
configuran los defectos alegados por la demandante.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar que, a diferencia de lo considerado en el fallo de primera
instancia, la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de
encontrarse demostrados los defectos alegados por la accionante, se afectarían las
garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o indebida valoración
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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probatoria por parte de la autoridad judicial accionada podría afectar prerrogativas de las
partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que ameritan la
intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no
netamente legal o económica, toda vez que concierne a la garantía superior de elegir y
ser elegido, en virtud de la cual el Estado debe garantizar la transparencia en los procesos
electorales.

Cabe agregar que, en el presente caso, el fallo cuestionado revocó el que accedió a las
pretensiones, lo que evidencia que el demandante no tuvo la oportunidad de discutir los
nuevos argumentos que expuso la Sección Quinta del Consejo de Estado para denegar
sus pretensiones.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 47-001-2333-000-2023-00317-01, el auto que resolvió la
aclaración de la providencia cuestionada y con el cual se puso fin al proceso, fue
notificado por estado del 28 de marzo de 2025, y la tutela fue presentada el 22 de
septiembre de 2025, es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA, ni del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de nulidad electoral.

4. Análisis del caso concreto

En el caso materia de análisis, la demandante alegó ante el juez ordinario de la acción
de nulidad electoral que la elección de la señora Candy Julieth Sánchez Vásquez como
diputada de la Asamblea Departamental del Magdalena estaba viciada de nulidad por
cuanto incurrió en la causal de inhabilidad consagrada en los artículos 49, numerales 5 y
6 de la Ley 2200 de 2022 y 33, numeral 4 de la Ley 617 de 2000, que prohíben al diputado
haber intervenido en la gestión de negocios y en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros.

En tal medida, considera configurados los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente, por cuanto el Consejo de Estado Sección Quinta no
tuvo en cuenta que la causal de inhabilidad es taxativa y se configura solo con la sola
intervención del diputado en la celebración de contratos con entidades públicas, lo que
estuvo debidamente demostrado en el proceso y que, de paso, se desconoció un
pronunciamiento de la misma sección proferido en 2019, en el cual se explicó que el tener

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la calidad de representante legal de una sociedad es suficiente para que se configure la
causal.

En consecuencia, los defectos serán analizados de manera conjunta, pues pretenden
controvertir la decisión adoptada, para señalar que la señora Candy Julieth Sánchez
Vásquez se encontraba inhabilitada para ejercer el cargo de elección como diputada.

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que, en la sentencia de segunda instancia, cuyo análisis discute la demandante, se
hicieron las siguientes precisiones:
56. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones diferenciadas, las
cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades autónomas o independientes,
así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del
nivel departamental, ii) la relacionada con la celebración de contratos con entidades públicas
de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo departamento, y iii) la referida a haberse desempeñado como
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado
en el respectivo departamento.

57. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, estas causales de inhabilidad persiguen
como objetivo común preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existir una
relación relevante con el Estado, potencialmente ventajosa para alguno de ellos. Al respecto, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha explicado lo siguiente:

Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen por
estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda electoral que puedan
derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con
la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de
contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre
la entidad pública o sobre otros proponentes5.
(…)

60. Respecto de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, la
jurisprudencia ha identificado cuatro (4) presupuestos para su configuración:

(i) Un elemento temporal, referente a la fecha de la elección y que se extiende durante el año
que la precede6.
(ii) Un elemento geográfico, que dirige la atención al lugar donde se gestionaron los negocios
lo cual debe coincidir con el departamento de la elección respectiva.
(iii) Un elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y comprobadas del
demandado ante la entidad pública para lograr un fin patrimonial o extrapatrimonial,
independientemente de su éxito.
(iv) Un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que motiva las
gestiones adelantadas.

61. En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la gestión de negocios
se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro candidato ante una entidad pública
con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u obtener una respuesta favorable frente a un interés
extrapatrimonial. Ahora bien, no toda diligencia que se adelante con una autoridad configura la
causal, pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva, para cuya
valoración también interesa el móvil, causa, aspecto modal o de propósito que la anima. De ahí que
las actuaciones que se atribuyan al demandado deban estar debidamente probadas y no ser el
resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas.

62. Ahora bien, en estas gestiones se puede intervenir en nombre e interés propio, como apoderado,
agente oficioso «o cualquier otra figura que permita asumir la defensa de intereses ajenos». Así

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 11001-

03-15-000-2018-02417-01.
6 En el caso de los diputados, este plazo está previsto en doce (12) meses antes de la elección, como se observa en

el numeral 5 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

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mismo, la Sala ha advertido en la actividad inhabilitante un intercambio que requiere una reacción o
respuesta por parte de la entidad pública concernida, aunque esta sea negativa.

63. Se ha considerado como «intervención en la gestión de negocios» ante entidades públicas, por
ejemplo, la influencia que ejerció un aspirante para obtener la vinculación de un tercero por contrato
con el municipio, la participación de un candidato en la autorización que dio la junta directiva de una
empresa para postularse como contratista de entidad pública y las instrucciones impartidas por el
candidato al mandatario de una sociedad sobre el alcance de su oferta en el marco de un proceso
de contratación, entre otras.

64. En contraste, se ha descartado la conducta prohibida tratándose de un servidor público que obra
en ejercicio de sus atribuciones legales, pues en este escenario sus actuaciones no persiguen un
interés propio ni de terceros particulares, sino que buscan satisfacer el interés general. A la misma
conclusión se ha llegado frente al administrador de la sucursal o gerente administrativo de la empresa
contratista, y a quien actuó por poder en una audiencia de sorteo de adjudicatario ocurrida con
posterioridad a la selección del mismo.

Para resolver, el Consejo de Estado Sección Quinta, tuvo como pruebas (i) el certificado
de existencia y representación legal del 7 de noviembre de 2023 emitido por la Cámara
de Comercio de Santa Marta, donde consta que la señora Candy Julieth Sánchez
Vásquez fungía como Subgerente de la Sociedad Maestre & Sánchez S.A.S. De esta
prueba la Corporación resaltó las facultades del gerente como representante legal de la
empresa y (ii) el acta 006 del 1 de octubre de 2020, en la que consta la reunión en que
se nombró al revisor fiscal, señor Alfredo José Vargas de Agua, la cual evidencia que la
señora Candy Julieth Sánchez Vásquez figuraba como accionista en una representación
del 5% y ya no en un 51% como lo fue en algún momento de su vínculo con la sociedad.

Luego de hacer el anterior preámbulo general, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
resolvió el fondo del asunto de la siguiente manera:

a) Presunta intervención en la gestión de negocios por la condición de accionista de la
sociedad Maestre y Sánchez S.A.S
(…)

73. Sin embargo, la calidad de accionista no constituye causal de inhabilidad para los diputados y,
de ella no puede deducirse o inferirse que realizó gestión de negocios porque tal actuación debe ser
personal, activa, cierta, comprobable y encontrarse demostrada.

74. Es de resaltar que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la atribución de
adelantar los actos propios para el desarrollo del objeto social, de manera general, se ejercen por
quien ostenta la representación legal de la persona jurídica lo cual no puede confundirse con quienes
tienen la condición de accionistas de aquella. En ocasiones anteriores, esta judicatura ha acudido al
concepto de persona jurídica y a su representación para resolver cuestiones similares 7. (…)
(…)

75. En este caso, el señor Luis Alejandro de Jesús Maestre Quiroz quien actuaba como
representante legal de Maestre y Sánchez S.A.S, de conformidad con el artículo 39 de los estatutos
sociales, contaba con las siguientes facultades: «El representante legal podrá celebrar o ejecutar
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionan
directamente con la existencia o funcionamiento de la sociedad. El gerente no tendrá
limitación por cuantía para suscribir actos o contratos».

76. Acorde con lo expuesto, la señora Candy Julieth Sánchez Vásquez, en calidad de simple
accionista, no incurrió en la causal de inhabilidad, ni de tal condición puede deducirse su intervención
en la gestión de los negocios, pues si bien es cierto en algunos procesos contractuales se acreditó
que su participación accionaria le permitió a la S.A.S., adquirir puntaje adicional por el factor de
género de emprendimiento y empresas de mujeres, no existe prueba de que ella haya realizado
gestión alguna ante la administración pública directamente o por interpuesta persona.

7 Radicación 11001-03-28-000-2018-00080-00 (Acumulado), M.P. Alberto Yepes Barreiro

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05905-01
Demandante: Mónica Lucía Amaris Otero

77. Y es que para que pueda configurarse la inhabilidad cuando eventualmente se demuestre que la
gestión del negocio fue adelantada por quien tiene la condición de socio y a través de la persona del
representante legal, resulta indispensable que dicha gestión resulte probada, lo cual no ocurrió en el
caso que nos ocupa.

b). De la presunta intervención de negocios por ser subgerente

78. Es cierto que la demandada, como subgerente, tenía la posibilidad de actuar en los casos en
que el gerente se encontrara impedido para hacerlo por una falta absoluta o temporal, tal como
quedó expresamente consignada en los estatutos de la sociedad:

79. Contrario a lo señalado por el tribunal de instancia, el subgerente de una sociedad actúa solo
cuando se presentan faltas absolutas o temporales, situaciones que no se acreditaron en el presente
caso, en tanto de la prueba aportada no obra documento que dé cuenta de que la demandada, en
virtud de su calidad de subgerente actuó en nombre y en representación de la sociedad.

80. En efecto, en el proceso de contratación con entidades públicas, como el Sistema Estratégico de
Transporte Público de Santa Marta, la carta de presentación de la oferta fue suscrita por la señora
Elizabeth Margarita Vivic García, quien tenía la condición de representante legal del consorcio que
fue conformado, entre otros, por la mencionada compañía y la empresa FVO S.A.S. Igual conclusión
se arriba de otros documentos, como son el formato de conformación del proponente plural.

81. De otra parte, en el trámite previo a la celebración del contrato con el municipio de El Piñón, la
oferta económica fue suscrita por el señor Luis de Jesús Maestre Quiroz, así como la carta de
presentación de la oferta. En lo relacionado con el trámite ante el SENA, si bien se aportaron los
formatos de la actividad precontractual, estos no se encuentran diligenciados, ni existe elemento de
convicción alguno que permita determinar que fueron presentados o suscritos por la demandada
aduciendo la condición de representante legal o de subgerente.

82. Recuérdese que, para acreditar la intervención en la gestión de negocios, resulta necesario
demostrar una conducta personal y activa del futuro candidato ante una entidad pública con la que
aspira a celebrar un negocio jurídico u obtener una respuesta favorable frente a un interés
extrapatrimonial.

83. Además, dicha conducta debe ser útil, trascendente y potencialmente efectiva, para cuya
valoración también interesa el móvil, causa, aspecto modal o de propósito que la anima. De ahí que
las actuaciones que se atribuyan a la demandada deban estar debidamente probadas y no ser el
resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas.

84. Acorde con lo expuesto y como lo señaló el a quo, no existe duda para esta corporación sobre
la calidad de accionista o de subgerente de la demandada; sin embargo, tales calidades no resultan
suficientes para declarar la nulidad, pues no se encuentra probado el elemento material u objetivo
de la causal invocada, esto es, las “actuaciones concretas y comprobadas del demandado ante la
entidad pública para lograr un fin patrimonial o extrapatrimonial, independiente de su éxito”.

Del análisis efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se advierte que la
decisión estuvo ampliamente motivada y se fundó en los medios de prueba debidamente
allegados al expediente para concluir que la calidad de subgerente y accionista en la
empresa Maestre & Sánchez S.A.S. de la señora Candy Julieth Sánchez Vásquez no
tenía la virtud de configurar la causal de inhabilidad invocada en la demanda.

Asimismo, no es posible entender la configuración del defecto sustantivo alegado en
cuanto a la interpretación de la causal de inhabilidad que fue invocada; se analizó a la luz
de la interpretación jurisprudencial que ha realizado la Sala Plena del Consejo de Estado,
según la cual, en este tipo de situaciones deben analizarse cuatro elementos, a saber: el
temporal, el geográfico, el material u objetivo y el subjetivo, de manera que no resulta
acertada la tesis propuesta por la accionante, según la cual el solo cumplimiento del
elemento objetivo debía analizarse de manera taxativa para entender configurada la
inhabilidad en el presente caso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05905-01
Demandante: Mónica Lucía Amaris Otero

Así entonces, no es posible considerar que la Corporación accionada haya realizado un
análisis inadecuado o infundado de la norma o actuado en contravía de los deberes
procesales al momento de valorar las pruebas, pues se advierte que realizó un análisis
objetivo y detenido para llegar a una conclusión jurídicamente sustentada no solo en la
norma, sino en múltiples pronunciamientos de la sección.

De igual manera, la Sala observa que la sentencia 00080 del 2019 con ponencia del
magistrado ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro de 11 de abril de 2019, que alega como
desconocida la parte tutelante, no guarda identidad con el caso aquí analizado, pues en
dicha providencia, en la que se analizó la nulidad electoral de la designación del
congresista Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas, se estableció este tenía la
calidad de representante legal de una sociedad, lo cual no ocurrió en el presente caso,
donde la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró demostrado que la accionante
fungió como Subgerente de la sociedad Maestre & Sánchez S.A.S. y por ende, no tenía
a su cargo ninguna de las atribuciones propias del representante legal.

Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar denegar las
pretensiones.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada que rechazó por improcedente la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, se dispone:
2. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por la señora Mónica
Lucía Amaris Otero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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