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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05908-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05908-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 20 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa, quien actúa en nombre propio, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-01 Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05908-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05908-01
Accionante: MARÍA ALICIA CLEONICE NARANJO MESA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 20 de octubre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
que se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de septiembre de 2025, la parte accionante acudió al juez constitucional con
el fin de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la seguridad social y al trabajo, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare que con el actuar de los operadores judiciales que intervinieron en el
proceso en el que se tramitó mi demanda, se vulneraron:

• El Derecho fundamental al debido proceso por vía hecho (artículo 29 de la Constitución
Política)
• El Derecho a la pensión de vejez
• El Derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución Política)

• A Los que tenía derecho en mi condición de ciudadana y funcionaria pública.

2. En consecuencia, que se ordene a la Sección Segunda – Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que revoque el fallo 19 de mayo de 2025, dictado en el
Proceso: nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm. 110013335026-2020-
00354-01.

3. Que en su lugar el Tribunal reconozca mi condición de pre pensionada, la falta de
acreditación de la mejora en el servicio luego de mi declaratoria de insubsistencia, y haga
valer mis derechos fundamentales.

4. Ordene a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. mi reintegro para así poder
laborar los 2 años y 6 meses que requiero para cumplir las semanas cotizadas y poder
obtener la pensión de jubilación por vejez y me reconozca los salarios dejados de percibir
desde la insubsistencia hasta el reintegro […]”.

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Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

2. Hechos

De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales que obran en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:

La señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa fue nombrada en un cargo de libre
nombramiento y remoción mediante la Resolución n.° 0175 del 30 de enero de 2019,
en el cargo de directora técnica, código 009, grado 6, adscrito a la Dirección de
Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación
de Bogotá.

Mediante comunicación radicada el 3 de enero de 2020, bajo el n.° E‑2020‑229,
dirigida a la señora Edna Cristina Bonilla Sebá, la accionante informó que tenía la
calidad de prepensionada, en la que indicó que le faltaban dos años para cumplir la
edad requerida y que contaba con 1035 semanas cotizadas. Señaló además estar
afiliada al fondo de pensiones Colfondos del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS).

Posteriormente, mediante Resolución n.° 0492 del 28 de febrero de 2020, la entidad
declaró la insubsistencia de su nombramiento, argumentando que los empleados
de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. A lo
que agregó que los documentos aportados por la administradora de pensiones eran
ilegibles.

Con fundamento en lo anterior, la señora Naranjo Mesa presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Distrito Capital - Secretaría de Educación Distrital, con la pretensión de que se
declarara la nulidad de la Resolución n.° 0492 de 28 de febrero de 2020, mediante
la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento como directora técnica.

El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, radicado n.° 11001‑33‑35‑026‑2020‑00354‑00, que mediante
sentencia del 19 de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que, tratándose de afiliados al RAIS, el artículo 64 de la Ley 100 de 1993
les permite acceder a la pensión de vejez a la edad que escojan, siempre que el
capital ahorrado sea suficiente, razón por la cual no podía predicarse la calidad de
prepensionada respecto de la demandante. Adicionalmente, concluyó que el
servicio público prestado por la Secretaría de Educación Distrital no se vio afectado
con el nuevo nombramiento.

Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el
que alegó que la autoridad demandada no aportó copia de las hojas de vida
solicitadas, lo que impedía controvertir la legalidad del acto administrativo. Además,
reiteró que la consecuencia del despido de una persona en condición de
prepensionada es la nulidad o ineficacia del acto de desvinculación, lo que
conllevaría el reintegro, la declaratoria de continuidad en el servicio y el pago de
salarios y prestaciones dejadas de percibir.

En el recurso, además, la parte actora sostuvo que era necesaria una interpretación
sistemática del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 65 de
la misma normativa, el artículo 11 del Decreto 4712 de 2008 (modificado por los
Decretos 192 de 2015 y 848 de 2019), y las disposiciones contenidas en los artículos
65 de la Ley 100 de 1993, 7 y 14 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 832 de 1996, el

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Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

Decreto 142 del 23 de enero de 2006 y la Ley 1580 de 2012, reglamentada por el
Decreto 288 del 12 de febrero de 2014, recopiladas actualmente en el Decreto 1833
de 2016.

Finalmente, mediante sentencia del 19 de mayo de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión
apelada, al considerar que la demandante no era beneficiaria de la estabilidad
laboral reforzada como prepensionada, dado que ostentaba un cargo de libre
nombramiento y remoción.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En particular, enfatizó que el
asunto reviste suficiente relevancia constitucional, en la medida en que se debate
un aspecto que incide en el reconocimiento de su derecho a la pensión de vejez.

De otra parte, la actora señaló que el juez de primera instancia “sin ningún análisis
afirmó que no cumplía con los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, sin
considerar que dicha norma no es aplicable a mi caso, pues la disposición pertinente
es el artículo 65 de la misma ley”.

Sostuvo que el Tribunal accionado al resolver el recurso de apelación, incurrió en el
mismo error al inaplicar la norma correspondiente. Manifestó, además, que solicitó
a la Secretaría de Educación Distrital el envío de la hoja de vida de la persona
nombrada en el cargo del cual fue declarada insubsistente, solicitud que no fue
atendida adecuadamente, ya que la entidad aportó únicamente el currículum de
quien ocupó el cargo de director técnico en propiedad en 2019, prueba que, a su
juicio, era necesaria para acreditar la mejora en el servicio y, por ende, la presunción
de legalidad del acto administrativo.

Indicó que a la fecha de presentación de la acción de tutela, no se le ha reconocido
la pensión de vejez debido a que le faltan 125 semanas de cotización, toda vez que
efectuó el cambio de régimen y actualmente se encuentra afiliada a Colpensiones.

Refirió que, de manera oportuna, informó a su empleadora que le faltaban dos años
y dos meses para cumplir las 1150 semanas requeridas, sin que se le reconociera
su condición de prepensionada.

Adujo que la decisión objeto de reproche incurrió en los defectos sustantivo y
fáctico, al aplicar el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 en lugar del artículo 65 de
esa misma normativa, así como por no valorar las pruebas aportadas que
demostraban su condición de prepensionada ni requerir la hoja de vida de la
persona que ocupó el cargo de director técnico.

Por último, señaló que la autoridad judicial accionada citó las sentencias del 8 de
febrero de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 1, y la
sentencia SU-915 de 2013 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce
que a los funcionarios de libre nombramiento y remoción se les aplica la estabilidad
laboral reforzada cuando están próximos a consolidar su estatus pensional. No

1
Radicado n.º 25000-23-25-000-2012-01184-01.

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obstante, indicó que dichas decisiones no fueron aplicadas adecuadamente a su
caso, ya que se desconoció su verdadero alcance.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

El magistrado sustanciador de la decisión objeto de reproche constitucional solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la sentencia
cuestionada aplicó correctamente la normatividad pertinente y valoró de manera
integral las pruebas obrantes en el proceso ordinario.

Indicó que la accionante no ostentaba la calidad de prepensionada, dado que el
empleo que desempeñaba era un cargo que solo podía ser ejercido por personas
de la entera confianza de la entidad, en atención a razones del servicio. En
consecuencia, sostuvo que, bajo tal circunstancia, no era necesario examinar si a
la actora le faltaban menos de tres años para adquirir el derecho pensional.

Señaló que en el ejercicio de la potestad discrecional de remoción respecto de
empleados no amparados por fuero de estabilidad relativa, la jurisprudencia ha sido
uniforme en establecer que dicha facultad puede ejercerse en cualquier momento,
sin necesidad de motivar el acto y sin requerir o aceptar previamente la renuncia,
como lo sostiene la accionante.

4.2. Respuesta del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá

La titular del despacho judicial indicó que conoció del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante contra la Secretaría de
Educación Distrital, y que en dicho trámite se decidió negar las pretensiones de la
demanda. Señaló que esa determinación fue confirmada por el superior funcional,
de modo que ambas providencias cuentan con la debida motivación y fueron
proferidas con pleno respeto de las garantías procesales.

4.3. Respuesta del Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica se pronunció sobre el asunto y solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Asimismo, pidió su desvinculación del trámite
porque carece de competencia para atender las súplicas planteadas en la demanda.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 20 de octubre de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
el Tribunal accionado precisó los argumentos de inconformidad de la parte
demandante frente al fallo de primera instancia y realizó un análisis sobre cada uno
de los aspectos planteados.

Señaló que respecto del estudio de la condición de prepensionada, la decisión
cuestionada hizo referencia al artículo 12 de la Ley 790 de 2002, que consagra la
protección especial para las personas próximas a adquirir su pensión y que se
encuentran en procesos de renovación o reestructuración. Asimismo, explicó por

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qué la demandante no ostentaba la calidad de beneficiaria de la estabilidad laboral
reforzada, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo que desempeñaba.

Indicó que frente a la alegada desviación de poder, la autoridad judicial accionada
concluyó que no se encontraba demostrada, en la medida en que el acto de
insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y remoción goza de presunción
de legalidad y se expide en interés del buen servicio, que para el caso concreto se
soportó en elementos relacionados con la capacitación y la confianza en el
desempeño.

Precisó que en relación con la potestad discrecional de remoción respecto de
empleados de libre nombramiento y remoción no amparados por un fuero de relativa
estabilidad, la autoridad judicial reiteró la naturaleza del cargo y sostuvo que no se
acreditó que la desvinculación obedeciera a motivos ajenos al servicio ni que
hubiese generado un desmejoramiento en el funcionamiento de la entidad.

Expuso que el argumento de la accionante relativo a la existencia de un defecto
sustantivo por la inaplicación del artículo 65 de la Ley 100 de 1993 no se configura,
dado que dicha norma no era aplicable al caso. Señaló que el precepto alude a las
condiciones para acceder a la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro
individual con solidaridad cuando la persona cumple la edad, pero no alcanza el
número de semanas exigido y el capital acumulado es insuficiente.

Indicó también que no se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues
la decisión se fundamentó en los criterios establecidos por el Consejo de Estado y
la Corte Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada aplicable a quienes
ocupan empleos de libre nombramiento y remoción.

Finalmente, mencionó que no es admisible que la parte actora pretenda utilizar la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico surtido dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
demandante impugnó el fallo de primera instancia en el que solicitó que se revocara
el fallo de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales
alegados.

Sostuvo que la decisión judicial incurrió en un error al concluir que, sin excepción,
los empleados de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral
reforzada, así como al afirmar que quienes cotizan al RAIS no pueden adquirir la
categoría de prepensionados.

Manifestó que tanto la sentencia impugnada como la decisión objeto de reproche
omitieron analizar el contenido de la sentencia SU-003 de 2018 de la Corte
Constitucional, en la cual se reconoce la estabilidad laboral reforzada para los
empleados de libre nombramiento y remoción próximos a consolidar su derecho
pensional.

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Por último, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y señaló que se
arribó a una conclusión equivocada al afirmar que la acción de tutela fue promovida
como una instancia adicional destinada a reabrir el debate jurídico suscitado en el
proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 20 de octubre de 2025 de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de
tutela, y si se debe acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por
la parte actora.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.

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procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora María Alicia Cleonice Naranjo Mesa, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social y al trabajo, con ocasión de la sentencia proferida 19 de mayo de
2025, que confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda.
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del
20 de octubre de 2025, decidió negar las pretensiones de la acción de tutela, al

5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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considerar que el Tribunal accionado analizó con suficiencia los argumentos de la
demanda al concluir que la actora no era prepensionada según el artículo 12 de la
Ley 790 de 2002, y que la insubsistencia de su cargo de libre nombramiento y
remoción estaba amparada por la presunción de legalidad y sustentada en razones
de buen servicio, y que no hubo desviación de poder ni defecto sustantivo, pues el
artículo 65 de la Ley 100 de 1993 no era aplicable. Además, determinó que no se
desconoció el precedente judicial sobre estabilidad laboral reforzada y que la tutela
no puede usarse como una instancia adicional para reabrir debates ya resueltos en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La parte accionante impugnó la decisión judicial y cuestionó que se afirmara que los
empleados de libre nombramiento y remoción no tienen estabilidad laboral reforzada
y que quienes cotizan al RAIS no pueden ser considerados prepensionados. Señaló
que tanto la sentencia impugnada como la reprochada omitieron valorar la SU‑003
de 2018 de la Corte Constitucional, que reconoce dicha estabilidad para servidores
de libre nombramiento próximos a adquirir su pensión. Reiteró los argumentos de la
tutela, encaminados a establecer que se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo
y por desconocimiento del precedente judicial, y que fue equivocada la conclusión
según la cual el mecanismo constitucional se utilizó como una instancia adicional
para reabrir el debate del proceso ordinario.

Descendiendo al caso bajo examen, la Sala anticipa que revocará la sentencia
impugnada y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no supera el requisito de la relevancia constitucional, al acudirse a esta vía
constitucional con el fin de reabrir un debate zanjado por el juez natural, como pasa
a exponerse.

En el sub examine, la parte accionante, a través de apoderado judicial, interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución n.° 0492 del 28 de febrero de 2020, que
declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de directora técnica,
código 009, grado 6, adscrito a la Dirección de Formación de Docentes e
Innovaciones Pedagógicas.

Dentro de las normas violadas y el concepto de violación, señaló los artículos 2, 6,
25, 29 y 125 de la Constitución Política; 12 de la Ley 790 de 2002; y 12 y 13 del
Decreto 190 de 2003; 25, 29, 30 de la Ley 909 de 2004. En ese mismo acápite,
indicó que a la demandante le faltaban dos años y dos meses para alcanzar la edad
de jubilación y que contaba con 1035 semanas cotizadas, lo que la hacía
beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada por ostentar la condición de
prepensionada.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que mediante sentencia de 19 de noviembre de 2024 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que por la naturaleza del cargo que
desempeñaba la actora no era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, lo
que no permitía analizar si al momento de la desvinculación faltaban tres años para
adquirir el derecho pensional.

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación con
fundamento en los siguientes argumentos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05908-01
Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

“Primero, no es cierto que el acto administrativo que se ataca fuera motivado por el
mejoramiento del servicio, atendiendo criterios de confianza y manejo, en atención a
garantizar el interés público. A pesar de los múltiples requerimientos hechos a la
demandada, para que aportara las hojas de vida, esto no se produjo y solo se encontró
que quien reemplazó a la Dra. Naranjo, estuvo vinculada un corto tiempo.

El Juez de primera instancia no valoró a la luz del articulo 241 del C.G.P los indicios que
se desprenden respecto de su conducta. La renuencia a enviar las Hojas de Vida
solicitadas, por parte de la pasiva, quien tan solo remitió la hoja de vida de la persona
que tiene el cargo en carrera y a quien mi cliente reemplazó. Entrar a desvirtuar la
presunción legal de realidad del Acto administrativo, se vuelve imposible, si la autoridad
que tiene en su poder las pruebas y se niega a suministrarlas, aunado a que la
consecuencia clara del despido de una persona prepensionada, es la nulidad o ineficacia
de dicho acto, que conlleva al reintegro y la declaratoria sin solución de continuidad y el
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la expedición del acto objeto
de estudio y hasta su reintegro efectivo.

(...)

A lo anterior, se tiene que, para el momento en que la demandada SECRETARIA DE
EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C., expidió la RESOLUCION No 0492 de 28
de febrero del 2020, mediante la cual se declaró insubsistente del cargo que venía
ejerciendo de manera impecable desde el 30 de enero de 2019; la Señora Naranjo Mesa,
contaba con un aproximado de 1.035 semanas cotizadas, faltándole 115 semanas
aproximadas para alcanzar las 1150, para alcanzar la Garantía de Pensión Mínima de
Vejez GPM, así también tenía 55 años cumplidos y a solo 1 año y 11 meses aproximados
de alcanzar la edad pensional, y apenas un capital acumulado de 295.607.571
aproximado, muy por debajo del requisito mínimo, siendo así las cosas la demandante,
claramente no cumplía con los requisitos obligatorios para alcanzar la prestación mínima
necesaria de que trata el Art. 65 de la ley 100 de 1993.

Aunado a lo anterior, el Ad-quo debió tener en cuenta la sentencia T 055 de 2020,
proferida por la Corte Constitucional, en la que se analizó la reclamación de un trabajador
desvinculado que pidió el reintegro, al alegar que tenía la condición de prepensionado
por encontrarse afiliado a un fondo privado, y no contar con el capital suficiente para
acceder a una pensión mínima, es así, que se analizó en el caso concreto, y se advirtió
que el accionante, si bien estaba a la espera de cumplir los 62 años, el 17 de septiembre
de 2020, y no cumplía con el monto mínimo en su cuenta para pensionarse de
conformidad con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, había superado las semanas
exigidas que le permitían beneficiarse con la garantía de pensión mínima, pues, en el
último reporte recibido, su fondo de pensiones certificó que contaba con 1.264 semanas
para tal efecto....

(...)

Es claro que Naranjo Mesa contaba con fuero de prepensión, para el 28 de febrero de
2020, lo que pudo corroborar el Ad-quo con la misma información aportada tanto con la
historia pensional de la demanda, ratificada en la misiva enviada con anticipación a la
acá demandada, o bien bajo la facultad de que trata el numeral 5 del Art. 247 del CPACA,
puede corroborar el Ad-quem con corte al 28 de febrero de 2020 su estado de capital, a
pesar de la documental no atacada en proceso y que tiene plena validez, al ser
agregadas en el auto de pruebas...

Por demás, una situación que no fue tachada de falsa por parte de la demandada es el
trato diferenciado al que mi mandante fue sometida, pues fue la única declarada
insubsistente, en el cambio de Secretaria. Esto, a pesar de que la Entidad conocía que
varias personas, incluida mi representada, se encontraban en condición de prepensión.
No es dable que una Entidad, abusando ilegal e inconstitucionalmente de su potestad
nominadora, decida vulnerar los derechos de una sola trabajadora prepensionada,
vulnerando el principio de igualdad laboral respecto de otros trabajadores en iguales
condiciones”.

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Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

En el escrito de apelación la parte actora alegó que la declaratoria de insubsistencia
no tuvo motivo real de mejoramiento del servicio y que la entidad se negó
injustificadamente a entregar las hojas de vida solicitadas, impidiendo desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado. Refirió que, al momento
de su despido, cumplía las condiciones de prepensionada, por lo que gozaba de
protección especial, a lo que agregó que hubo trato desigual y que la jurisprudencia
ampara a quienes se encuentran en circunstancias similares.

La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 19 de mayo de 2025, confirmó la decisión
que negó las pretensiones de la demanda. Dicha decisión tuvo como fundamento
los siguientes argumentos:

“De conformidad con lo anterior, por regla general los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción, que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de
2004, no gozan de estabilidad laboral reforzada por la naturaleza de sus funciones o la
confianza que exige su labor. De la misma manera, acreditan la condición de pre
pensionables únicamente las personas vinculadas al sector público o privado, que están
próximas (dentro de los 3 años o menos) a acreditar los dos requisitos necesarios para
obtener la pensión de vejez (edad y el número de semanas -o tiempo de servicios) y
consolidar así su derecho a la pensión. Mientras que a quienes les falta únicamente la
edad para acceder a la pensión de vejez no se consideran acreedores de la estabilidad
laboral reforzada, pues dicho requisito puede ser cumplido posteriormente sin demostrar
una vinculación laboral, al contar con el número de semanas.

Teniendo en cuenta que el cargo desempeñado por la parte demandante de director
técnico código 009 grado 6, asignado a la Dirección de Formación de Docentes e
Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del Distrito, era de libre
nombramiento y remoción, se concluye que no es beneficiaria de la estabilidad laboral
reforzada de pre pensionado, tal como lo expuso la Corte Constitucional en la
multicitada sentencia de unificación, razón por la cual resulta lo suficientemente claro
que tal empleo únicamente podrá ser ejercido por personas de la entera confianza de la
entidad, siempre que tal determinación se adopte por razones del servicio y no por
motivos personales o arbitrarios, lo que hace innecesario estudiar si la demandante
efectivamente le hacían falta menos de 3 años para adquirir su derecho pensional.

(...)

Una vez examinado el plenario no se encuentra medio de prueba en el que se acredite
que la entidad demandada al declarar insubsistente el nombramiento de la demandante,
hubiese actuado con desviación de poder, por lo tanto, la señora Naranjo Mesa no logró
desvirtuar la presunción de haberse expedido con sujeción a la normativa que lo regía y
que otorgaba la facultad discrecional para remover a la demandante en función de
organizar la entidad demandada, de acuerdo con su concepción subjetiva.

Por lo cual, la entidad demandada al proferir el acto acusado bien pudo tener en cuenta
varios elementos indicativos de la conveniencia para el buen servicio público de remover
a la demandante, tales como capacitación y confianza en el desempeño, entre otros y,
por lo tanto, correspondía a la demandante la carga procesal probatoria, para demostrar
que tuvo motivos o fines contrarios al buen servicio público al proferir el acto acusado.

Y es que, en materia del ejercicio de la potestad discrecional de remoción de empleados
no amparados por fuero de relativa estabilidad, la jurisprudencia ha sido uniforme en
señalar que la misma puede ser ejercida en cualquier tiempo, sin necesidad de
motivación y sin pedir o aceptar con antelación renuncia como lo aduce la demandante.
Es por ello, que la falta de motivación expresa de los actos discrecionales de remoción
de empleados, no amparados por fuero de estabilidad, como son los de libre
nombramiento y remoción, no genera la nulidad del acto por falta de motivación”.
De igual manera, expuso que la sentencia SU-003 de 2018 señaló que los
empleados de libre y nombramiento y remoción, por regla general, no podían ser

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Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

beneficiarios de estabilidad laboral, tales como prepensión. Adicionalmente, fijó las
reglas para que una persona pueda ser considerada prepensionado y gozar de
estabilidad laboral, lo cual según expuso no resultaba aplicable al caso de la
accionante por la naturaleza del cargo que ostentaba.

Conforme con lo anterior, la Sala observa que con los argumentos planteados por
la parte accionante en sede de tutela se pretende continuar el debate jurídico que
se propuso en el trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
esto es, la inconformidad con la declaratoria de insubsistencia, al considerar que no
estuvo fundada en criterios reales de mejoramiento del servicio y que, por el
contrario, vulneró la protección reforzada derivada de su condición de
prepensionada. La accionante insiste en que la entidad no aportó las hojas de vida
solicitadas, impidiendo controvertir la presunción de legalidad del acto; que para la
fecha de desvinculación cumplía los requisitos objetivos de prepensión; que el juez
de primera instancia omitió valorar estos elementos y la jurisprudencia aplicable; y
que, además, se presentó un trato desigual al ser la única desvinculada pese a que
otros funcionarios se encontraban en igual situación.

En ese sentido, si bien la parte actora alega que la decisión objeto de reproche
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial, lo cierto es que los mismos se invocan con el propósito de insistir en los
argumentos que fueron expuestos en la demanda y en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda y que fue confirmada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así las cosas, la Sala observa que la acción de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional, en tanto se pretende volver sobre un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural en el proceso que originó la controversia, fin para el que
no está instituida la acción constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo de 20 de octubre de 2025,
proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 20 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
María Alicia Cleonice Naranjo Mesa, quien actúa en nombre propio, contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones aquí expuestas.

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Accionante: María Alicia Cleonice Naranjo Mesa

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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